Maximo Amezcua Álvarez

Expediente 1327/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1327/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Maximo Amezcua Álvarez
  • Isidra García Guerrero y Otros.
  • Isidra García Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio recibido vía electrónica signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual hace del conocimiento que registró el impedimento del Magistrado Basilio Rojas Zimbrón bajo el número ********************; lo que transcribe en vía de notificación para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual hace del conocimiento que ese tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, asignándole el número de recurso de queja ********************; lo que comunica en vía de notificación para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por ********************, autorizado de la parte quejosa; visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero, 100 y 101 de la Ley de Amparo vigente, téngasele interponiendo recurso de queja contra el auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, y ríndase informe justificado, para lo cual se manifiesta que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo propuesta. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ********, por propio derecho, contra actos de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1327/2022. En principio, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes expuesto se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: De esta forma, este Juzgado de Distrito advierte que respecto de los solicitantes del amparo: *******, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 3°, de la ley de la materia, artículos que consagran la improcedencia del juicio de amparo, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5°, de la Ley de la materia. En efecto, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de la Materia, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa, disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento, voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En ese contexto, es importante destacar que la firma autógrafa constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley, lo cual, en el caso concreto, como se advierte de la certificación de cuenta, en la demanda de amparo que se provee no obra la firma de los promoventes [********* Y [24]*********; por lo que dicha situación implica que fueron omisos en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 235463, publicada en la página 29, volumen 8, Segunda Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE.". Lo anterior, se corrobora con lo establecido en el artículo 204 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mismo que dispone: "Artículo 204.- Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción." (Lo destacado es propio). En tal virtud, de los razonamientos efectuados en párrafos precedentes, se advierte que no se le puede dar valor alguno a la demanda, respecto de los quejosos en cita, por haber sido presentada sin su firma. Lo anterior, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma autógrafa de los quejosos en cita, no puede decirse que exista voluntad de ejercer la acción de amparo. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo respecto de los quejosos antes destacados, toda vez que, se insiste, no exteriorizaron en la demanda de amparo su voluntad de dar inicio al juicio constitucional. En otro orden, con relación a los diversos quejosos ******* y [9]*********, por propio derecho, contra actos de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, se resuelve a continuación. Del análisis integro de la demanda de amparo respecto de los quejosos citados en el párrafo que precede, se advierte que reclaman de la autoridad responsable lo siguiente: El acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ********, a través del cual manifiesta que la responsable se niega a aplicar las medidas de apremio paras el cumplimiento del laudo, solicitado por promoción de doce de mayo del mismo año, y que consisten en lo siguiente: Negativa de vincular al procedimiento de ejecución de laudo al Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Coyuca de Benítez, Guerrero, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, al Congreso del Estado de Guerrero, a la Gobernadora del Estado de Guerreo, como representante del poder ejecutivo de la Entidad, al Titular del Órgano Interno de Control Municipal adscrito al Ayuntamiento de referencia y negativa de dar vista al gente del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de desacato. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 77, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.) "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, esta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Lo anterior se sostiene, habida cuenta que ningún fin práctico tendría, en su caso, la concesión de la protección constitucional solicitada, por las consideraciones siguientes. Como antes quedó visto en el presente juicio de amparo la parte quejosa reclama en esencia la omisión de vincular al Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Coyuca de Benítez, Guerrero, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, al Congreso del Estado de Guerrero, a la Gobernadora del Estado de Guerreo, como representante del poder ejecutivo de la Entidad, al Titular del Órgano Interno de Control Municipal adscrito al Ayuntamiento de referencia y negativa de dar vista al gente del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de desacato, todo a fin de cumplimentar el laudo en el juicio laboral *******, no obstante haberlo solicitado a través de su promoción presentada el doce de mayo de dos mil veintidós, dentro del mismo expediente de origen. Entonces, el reclamo en esencia del peticionario es que la responsable se abstiene de vincular a las dependencias que él cita para que se logre ejecutar la condena en el juicio laboral, como parte de las medidas eficaces para fijar el procedimiento de ejecución de laudo. No obstante lo anterior, ningún caso práctico tendría admitir la demanda de amparo propuesta y en un momento dado conceder el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que la presidente responsable se pronuncie al respecto, en razón de que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte el diverso juicio de amparo *******, del índice de este órgano jurisdiccional promovido por los mismos quejosos en el presente juicio, mismo que se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. A lo antes expuesto tiene aplicación la tesis I.1o.A.14 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, tomo II, materia común, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Expuesto lo anterior, del juicio de amparo que se invoca como hecho notorio al cual se le concede valor probatorio pleno, se advierte que se precisó que los peticionarios de amparo señalaron como autoridad responsable a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, a quién le reclamó la omisión de acordar las promociones de fechas once y doce de mayo de dos mil veintidós. Luego, en ese mismo juicio (******) la autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó lo siguiente: ".en lo que respecta a la omisión de acordar las promociones de fechas once de marzo y doce de mayo del año en curso, lo anterior es así, ya que la primer de las mencionadas ya fue acordada con fecha diecisiete de marzo del año en curso; por cuanto hace a la segunda esta será acordada una vez que sea resuelto el Incidente de Suspensión derivado del juicio de amparo número ******, promovido por el demandado, mismo que ya le concedido (sic), se acordará lo que en derecho proceda, respecto a las peticiones de la parte quejosa." Lo anterior, fue emitido en el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, en donde la responsable le dijo a la parte actora, que en relación al segundo ocurso presentado el doce de mayo de dos mil veintidós, sería acordado una vez resuelto el juicio de amparo ***** del índice de esta propio órgano federal, donde se pronunciaría respecto de sus peticiones insertas en la promoción referida (escrito de doce de mayo de dos mil veintidós). En ese contexto, de lo expuesto con antelación es dable advertir que en el juicio de amparo ***** del propio índice, una vez llegada la celebración de la audiencia constitucional se analizará el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, esto es, se resolverá en torno a la omisión de vincular a las dependencias de gobierno, como fue solicitado por la parte trabajadora. Ante esas circunstancias, resulta inconcuso que el juicio de amparo ***** en que se actúa, es improcedente porque ningún fin práctico tendría la concesión del amparo, en virtud de que lo reclamado en este asunto será analizado en el diverso juicio de amparo ******. Además, no debe perderse de vista que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; para la procedencia del mismo, es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución a la quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. De manera que, aun admitiendo la demanda de amparo y en un momento dado dictar en forma favorable la sentencia de amparo que se llegare a dictar, físicamente sería imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, de ahí que esté plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada; por tanto, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio en relación a los quejosos [****** y [9]********, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que designa, aunado a que se aprecia que los peticionarios no son parte patronal. En otro orden, téngaseles señalando correos electrónicos y números celulares; por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Por otra parte, como lo solicita y de conformidad con la certificación de cuenta se autoriza a ****** y ****** con nombres de usuarios "******" y "******", el acceso al expediente electrónico del presente asunto, con fundamento en los artículos 55, 62 y 64 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; por lo que, dense de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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