Maximino Díaz González

Expediente 153/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
153/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/03/2022

Partes del expediente

  • Maximino Díaz González

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por *******, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Malinaltepec, Guerrero, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Por recibido el oficio y anexos de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual remite por incompetencia el juicio de amparo ******** de su índice, promovido por ***************, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Malinaltepec, Guerrero, personalidad que se le reconoce en términos de las documentales que para tal efecto exhibe; contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el número ***********. DESECHAMIENTO Del estudio e interpretación de los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En el caso, el amparo deviene improcedente al actualizarse diversas causas que impiden su admisión y tramitación, las cuales son oficiosas por ser de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Es menester destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador puede interpretar el sentido de la demanda, para determinar con exactitud la intención del promovente, pues el obstáculo que opone el principio de que no corresponde al Juez corregir los errores de las partes, es sólo aparente, ya que en la interpretación no se va a perfeccionar el libelo constitucional, en su contenido material, cosa que ya no sería meramente interpretativa, sino nada más armonizar sus datos, para fijar un sentido que sea congruente con todos los elementos del mismo. Es aplicable la tesis: "DEMANDA DE AMPARO, INTERPRETACIÓN DE LA. En materia de amparo el juzgador puede interpretar el sentido de la demanda para determinar con exactitud la intención del promovente, pues el obstáculo que opone el principio de que no corresponde al Juez corregir los errores de las partes, es sólo aparente, ya que en la interpretación no se va a perfeccionar la demanda en su contenido material, cosa que ya no sería meramente interpretativa, sino nada más armonizar sus datos, para fijar un sentido que sea congruente con todos los elementos de la misma demanda. Este criterio no pugna con el primer párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo que dice: "la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, en sus sentencias, podrán suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada al citar la garantía cuya violación reclama, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada, pero sin cambiar los hechos o conceptos de violación expuestos en la demanda". La comprensión correcta de una demanda en cuanto a su forma, no implica ni alteración de los hechos, ni modificación de los conceptos de violación; el juzgador, pues, debe atender preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, ya que solamente en esta forma se puede compaginar una recta administración de justicia al no aceptar la relación oscura, deficiente o equívoca como la expresión exacta del pensamiento del autor de la demanda, sobre todo si su verdadero sentido se desprende fácilmente, relacionando los elementos de la misma demanda. En tal virtud, si en su demanda algún quejoso no pretendió reclamar determinados actos que aparecen en la propia demanda, y el Juez Federal se da cuenta, por la interpretación que haga de la misma, de que en realidad los actos que se pretenden combatir son otros, obra correctamente al hacer dicha interpretación". (Época: Séptima Época, Registro: 245592, Instancia: Sala Auxiliar, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 169-174, Séptima Parte, Materia(s): Común, Página: 148). De un análisis integral de la demanda de amparo en conjunto con sus documentos anexos, de acuerdo a las jurisprudencias 2a./J. 55/98, P./J. 40/2000 y 2a./J. 183/2005 sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registros 195745, 192097 y 176329, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA"; se advierte que se reclama de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad: El auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente ejecución de cumplimiento de sentencia TCA/SS/005/2019. Resulta pertinente precisar, que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, en la resolución reclamada, determinó requerir a la parte quejosa como autoridad vinculada, al cumplimiento de la ejecutoria respectiva. Asimismo, que la pretensión de la parte accionante consistió en tildar de inconstitucional el acto reclamado, con la finalidad de defender el acto administrativo correspondiente al pago del laudo emitido en el expediente ejecución de cumplimiento de sentencia TCA/SS/005/2019, por la cantidad de $525,512.60 (quinientos veinticinco mil quinientos doce pesos 60/100 moneda nacional); toda vez, que señala, que no fue oído y vencido en juicio, pues debió señalarse como autoridad responsable o tercero interesado en el juicio de origen. Actos reclamados, respecto de los cuales se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 7°, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Efectivamente, los dispositivos legales en cita, prevén literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes". De su contenido se colige que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta la actualización de alguna causal prevista por alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o por la Ley de Amparo; asimismo, que la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública podrá incoar la acción de amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, siempre y cuando la norma general, acto u omisión que constituya el acto reclamado, afecte en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Ahora, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que dicha afectación sólo ocurre cuando aquéllas (personas morales oficiales quejosas) realizan actividades con el carácter de entes de derecho privado; más no cuando lo hacen en ejercicio de sus atribuciones propias investidas de imperio. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al originar la jurisprudencia P./J. 24/95, número de registro 200322, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA"; consideró, que: *) La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero el derecho positivo mexicano en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encontraban excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación seguía siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. *) Por tanto, la relación que estos últimos guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, era de naturaleza administrativa, se regía por las normas también administrativas de la ley y reglamentos correspondientes y que, por ello, las determinaciones que dichas entidades tomaran en torno a los mismos, no constituían actos de particulares, sino de una autoridad. En tanto, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación al publicar las jurisprudencias 2a./J. 203/2007 y 1a./J. 16/2018, números de registro 171242 y 2017263, de rubros: "AMPARO DIRECTO. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR ACTOS RELACIONADOS CON EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES A SUS SERVIDORES PÚBLICOS" y "PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS"; estimó, que: *) Conforme al artículo 7° de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales podían ocurrir en demanda de garantías cuando el acto o ley que reclamaran afectara sus intereses patrimoniales; sin embargo, tal disposición debía interpretarse en el sentido de que dicha afectación sólo ocurría cuando aquéllas realizaran actividades con el carácter de personas de derecho privado, mas no cuando lo hicieran en ejercicio de sus atribuciones propias investidas de imperio. *) Por tanto, no existía la afectación a intereses patrimoniales de las personas morales oficiales y, en consecuencia, carecían de legitimación para promover el juicio de amparo, si el acto que reclamaban derivaba de un procedimiento contencioso administrativo en el que tuvieron el carácter de autoridades demandadas con motivo de las sanciones que impusieron a sus servidores públicos por incurrir en responsabilidad administrativa, pues tal actuación provenía del ejercicio de las facultades respectivas. *) Finalmente, que si bien era cierto que una persona moral oficial podía promover el juicio de amparo cuando existiera una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprendieran dentro de su patrimonio, lo cual podía traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debía darse en una situación jurídica en la que se encontrara en un plano de igualdad con los particulares, a saber, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impuso un acto de forma unilateral; también cierto lo era, que una autoridad que formaba parte de un procedimiento jurisdiccional actuaba de manera subordinada, y los actos que se emitieran en éste incidían en sus intereses para ejercer su adecuada defensa, así acudiría al juicio de amparo para obtener una defensa de las posibles afectaciones que se cometieran en el procedimiento, con la finalidad de obtener un resultado que beneficiara a sus intereses, empero, tenía legitimación para promover el juicio, siempre y cuando de la relación subyacente no se advirtiera que acudía a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tenía encomendadas. Lo anteriormente considerado, evidencia la plena actualización de la causal de improcedencia sujeta al presente análisis constitucional. Toda vez, que en el particular se reclama una determinación por la que la autoridad responsable tanto requirió a la parte quejosa como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria respectiva al pago del laudo emitido en el expediente ejecución de cumplimiento de sentencia TCA/SS/005/2019, por la cantidad de $525,512.60 (quinientos veinticinco mil quinientos doce pesos 60/100 moneda nacional). Esto es, la parte quejosa vía la promoción de la acción constitucional pretende defender como relación subyacente el acto administrativo correspondiente al pago del laudo emitido en el expediente ejecución de cumplimiento de sentencia TCA/SS/005/2019, por la cantidad de $525,512.60 (quinientos veinticinco mil quinientos doce pesos 60/100 moneda nacional); resolución administrativa que fue emitida en un plano de supra a subordinación al efectuarse en ejercicio de sus atribuciones investidas de imperio. Situación que en el particular la inhabilita para la interposición de la acción de amparo al no actualizarse el supuesto de procedencia previsto por el artículo 7° de la Ley de la Materia. Ello, si se considera que en el particular no existe la afectación a los intereses patrimoniales de la parte quejosa, por lo que carece de legitimación para promover el juicio de amparo; pues los actos reclamados derivaron de un procedimiento administrativo al que se le vinculó como autoridad interviniente en el cumplimiento de la ejecutoria respectiva. Tan no lo hace, que los actos aquí reclamado derivaron de la actuación acaecida en el procedimiento administrativo que la parte tercero interesado tuvo que promover ante el Tribunal responsable a fin de controvertir o nulificar aquél que la propia parte quejosa determinó en su contra; ésta última actuación de la accionante, que fue en uso de las facultades de imperio Por tanto, si los actos reclamados tuvieron su origen en la relación subyacente por la que se hizo uso de facultades de imperio, las mismas no pueden equipararse a las que realiza una autoridad en un plano de coordinación. En consecuencia, no se actualiza el supuesto de procedencia para la interposición de la acción Constitucional prevista por el artículo 7° de la Ley de Amparo. Lo anterior con fundamento por las razones que informan la jurisprudencia: "AMPARO DIRECTO. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR ACTOS RELACIONADOS CON EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES A SUS SERVIDORES PÚBLICOS. Conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de garantías cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales; sin embargo, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que dicha afectación sólo ocurre cuando aquéllas realizan actividades con el carácter de personas de derecho privado, mas no cuando lo hacen en ejercicio de sus atribuciones propias investidas de imperio. Así, no existe la afectación a intereses patrimoniales de las personas morales oficiales del Estado de Jalisco y sus Municipios y, en consecuencia, carecen de legitimación para promover el juicio de amparo directo, si el acto que reclaman deriva de un procedimiento contencioso administrativo sustanciado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, en el que tuvieron el carácter de autoridades demandadas con motivo de las sanciones que impusieron a sus servidores públicos por incurrir en responsabilidad administrativa, pues tal actuación proviene del ejercicio de las facultades que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco les otorga, convirtiéndolas en autoridades encargadas de vigilar que sus servidores públicos cumplan con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y, en caso de inobservancia, instaurar el procedimiento disciplinario respectivo e imponer la sanción que corresponda; actividad ésta que no puede equipararse a la que realiza el mismo órgano del Estado en su calidad de patrón en las relaciones laborales con sus trabajadores, en las que actúa despojado de imperio, pues la destitución de un servidor público en aquel procedimiento no tiene la misma naturaleza jurídica que el despido del trabajador en materia laboral". (Época: Novena Época, Registro: 171242, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 203/2007, Página: 210). No pasa desapercibido a este órgano jurisdiccional, que si bien es cierto la parte quejosa como persona moral oficial podría promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprendieran dentro de su patrimonio, lo cual podría traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debía darse en una situación jurídica en la que se encontrara en un plano de igualdad con los particulares, a saber, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impuso un acto de forma unilateral; también cierto lo es que, aquélla al formar parte como autoridad vinculada al cumplimiento del procedimiento natural actuó de manera subordinada, y los actos que se emitieron en el mismo incidieron en sus intereses para ejercer su adecuada defensa, por lo que así acudió al juicio de amparo para obtener una defensa de las posibles afectaciones que se cometieron en el procedimiento de origen con la finalidad de obtener un resultado que beneficiara a sus intereses, empero, no tiene legitimación para promover el juicio constitucional, ya que de la relación subyacente al procedimiento de origen es advertible que acude a defender actos emitidos dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas. Lo anterior, con fundamento en las razones que informan las jurisprudencias: "PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS. El artículo 7o. de la Ley de Amparo establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión. Se trata de un presupuesto procesal que exige a una autoridad que acredite una afectación patrimonial dentro de una relación en la que se encuentra en un plano de igualdad; esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública no pueden considerarse titulares de derechos humanos; sin embargo, la Ley de Amparo reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: i) la existencia de una afectación patrimonial y ii) que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En este sentido, de la interpretación de ambos supuestos se concluye que una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio, lo cual puede traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral. En esas condiciones, una autoridad que forma parte de un procedimiento jurisdiccional actúa de manera subordinada, y los actos que se emitan en éste incidirán en sus intereses para ejercer su adecuada defensa, así acudirá al juicio de amparo para obtener una defensa de las posibles afectaciones que se cometan en el procedimiento, con la finalidad de obtener un resultado que beneficie a sus intereses; por tanto, tiene legitimación para promover el juicio, siempre y cuando de la relación subyacente no se advierta que acude a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas". (Época: Décima Época, Registro: 2017263, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 16/2018 (10a.), Página: 875). "PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO TIENE EL CARÁCTER DE DEMANDADA EN UN JUICIO, CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA. Conforme a la interpretación del artículo 7o. de la Ley de Amparo, que exige acreditar una afectación patrimonial y una relación jurídica en un plano de igualdad, se concluye que tratándose de la impugnación de un acto dictado dentro de juicio, como lo es la resolución que declara infundada la excepción de incompetencia, las autoridades demandadas cuentan con legitimación para promover el juicio de amparo indirecto, cuando: i) de la relación jurídica que da origen al acto reclamado se advierte que es una resolución dictada por un Juez en un juicio en el que la autoridad tiene el carácter de demandada; ii) de la relación que subyace al acto reclamado se advierte que la acción de origen se refiere a un reclamo de derecho privado que se dirime por un tribunal y la autoridad no pretende defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que le son encomendadas; iii) de la afectación patrimonial que ocasiona el acto reclamado deriva la transgresión del conjunto de derechos que la autoridad pretende defender en el juicio de origen, en su carácter de demandada; y, iv) de la afectación patrimonial que ocasiona el acto reclamado se advierte la posible afectación monetaria que le podría ocasionar la pérdida del juicio, como acontecería en los juicios en los que se demanda el pago de una cantidad determinada o la prescripción de un inmueble que se encuentra dentro de su esfera jurídica. Además, el referido estudio de legitimación no puede limitarse a las afectaciones procesales que produce el acto reclamado, sino que es necesario analizar la afectación a la debida defensa que se le ocasionaría derivada de la improcedencia del amparo. No debe pasar inadvertido que el estudio se limita a precisar las condiciones de legitimación de la autoridad para acudir al juicio de amparo en términos del artículo 7o. de la Ley de Amparo; por lo que el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis independiente respecto de la procedencia del juicio, en términos del artículo 107, fracciones V y VIII, de la propia ley". (Época: Décima Época, Registro: 2017264, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 17/2018 (10a.), Página: 877). En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 7°, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la presente demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a David Morales Mojica y Levi Abimael Muñoz Díaz, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las demás personas por así haberlo solicitado expresamente, respectivamente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. Por otro lado, en acatamiento al artículo 2º de citado Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de ser posible y de así considerarlo, continúen con la tramitación del juicio en línea. Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando su correo electrónico y número telefónico para los efectos legales conducentes. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico y números telefónicos proporcionados con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Por último, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, para que realice la compensación y equilibrio de las cargas de trabajo entre los juzgados de distrito residentes en esta ciudad, y expida la boleta de turno que corresponde. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

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