Maximino Mena Xicotencatl
Expediente 199/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 199/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 21/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Maximino Mena Xicotencatl
- Ulises Gómez Salomón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 181 y 182), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 185 y 186). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. En sesión de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, este órgano colegiado concedió a Maximino Mena Xicohténcatl, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: ".para que la junta responsable: I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. Emita otro en el que: 1. Reitere su determinación en el sentido de que no prosperó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el Instituto; lo anterior, en virtud de que el enjuiciado no se inconformó con esa determinación a través del juicio de amparo correspondiente. 2. Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, considere que con la prueba de inspección ofrecida por el actor, se demostró su fecha de ingreso y baja del instituto, así como el número de semanas que adujo haber cotizado; además que con la contestación a la demanda, se acreditó que el mismo se encontraba dentro de su periodo de conservación de derechos al cumplir los sesenta años que exige la ley para obtener la pensión de cesantía en edad avanzada. 3. Hecho lo anterior, resuelva lo que corresponda en cuanto a la acción ejercida y prestaciones accesorias que se reclamaron." (foja 77). II. En resolución de dos de febrero de dos mil veintiuno, la Presidencia de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo por las razones siguientes: "II. Como se aprecia de lo anterior, entre los efectos de la concesión de amparo, la junta responsable debía determinar que: a) con la inspección ofrecida por el actor, se demostró su fecha de ingreso y baja del instituto, así como el número de semanas que adujo haber cotizado; y b) con la contestación a la demanda, se acreditó que el accionante se encontraba dentro de su periodo de conservación de derechos al cumplir los sesenta años que exige la ley para obtener la pensión de cesantía en edad avanzada. Para arribar a esa conclusión, en la parte conducente del fallo constitucional, este Tribunal Colegiado expuso lo siguiente: "Como se aprecia, el accionante precisó que con la inspección demostraría, entre otras cuestiones, que fue dado de alta en el Régimen Obligatorio de Seguridad Social a partir del ocho de abril de mil novecientos setenta y cuatro; que causó baja el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete y que cotizó mil trescientas (1,300) semanas. Por otro lado, durante el desahogo de la probanza, el apoderado del Instituto no exhibió los documentos que le fueron requeridos, sólo la hoja de certificación de vigencia de derechos, según lo asentado por el fedatario que llevó a cabo la diligencia. Luego, fue ilegal que la junta responsable no hiciera efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en el que admitió la prueba y, en consecuencia, que no se tuvieran por presuntivamente ciertas las citadas cuestiones que el accionante pretendió probar con la misma, pues el enjuiciado sólo exhibió la hoja de certificación de vigencia de derechos del ahora quejoso. En efecto, de haberse hecho efectivo el apercibimiento decretado, es inconcuso que de ello se desprendería la consecuencia legal en favor del enjuiciante y la misma podría haberse desvirtuado mediante prueba en contrario ofrecida por el Instituto demandado, sin que en la especie obre constancia de que éste haya aportado medio de convicción alguno tendente a desvirtuar aquélla. (.) De lo anteriormente expuesto, se concluye que la falta de presentación de la documentación que sería materia de análisis en el desahogo de la inspección, produjo la consecuencia legal de tener por ciertos los hechos plasmados en la demanda correlativos a la inspección ofrecida y desahogada en las condiciones apuntadas y, por ende, resulta idónea para acreditar que el asegurado fue dado de alta en el régimen obligatorio de seguridad social en la fecha que señaló en la demanda (ocho de abril de mil novecientos setenta y cuatro), y que cotizó mil trescientas (1,300) semanas; por lo que con esos datos se desvirtuó el contenido de la hoja de certificación de vigencia de derechos exhibida por el enjuiciado al producir su contestación. En virtud de lo anterior, debe desestimarse el argumento de la junta responsable para restar eficacia a la inspección ofrecida por el actor, dado que la consecuencia legal derivada de la falta de presentación de los documentos que serían materia de análisis en el desahogo de ese medio de convicción, aunado a la incorporación al proceso de un elemento probatorio adquirido procesalmente por el actor en pro de su acción, contrariamente a lo sostenido por la autoridad responsable, ello conlleva a que se tengan por ciertos los hechos que con ella se pretendieron demostrar. (.) Es importante destacar que en la especie, con el acta de nacimiento del actor se encuentra acreditado que cumplió los sesenta años el ocho de junio de dos mil trece, esto es, cuando todavía estaba vigente su conservación de derechos, ya que sobre ese punto el enjuiciado en su contestación señaló: "El término de conservación de derechos fenece el 27/07/2018". No obstante lo anterior, en el laudo dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable consideró medularmente lo siguiente: ".se ordenó desahogar en autos el medio de perfeccionamiento ofrecido por el actor, consistente en la prueba de cotejo, misma que tuvo verificativo el día 12 de junio de 2018, a fojas 82 y 84 de autos; data en la cual el demandado no exhibió los documentos necesarios para llevar a cabo el cotejo de esa información, lo que deviene en su perjuicio. .que los salarios que cita el demandado en su hoja de certificación de vigencia de derechos a nombre del actor no son para nada creíbles. .la citada documental es obtenida del Sistema Integral de Derechos y Obligaciones,. .que dicho sistema sea una fuente confiable en cuanto a la información que supuestamente contiene de cada uno de los trabajadores o afiliados al régimen de seguridad social.- Omisiones y errores que impiden a esta autoridad laboral conocer íntegramente los datos personales del actor, el número exacto de semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el salario real con el que cotizó el mismo, así como la certeza de la fecha real de su conservación de derechos; aspectos estos que conducen a esta autoridad laboral a negarle valor probatorio a la referida hoja de certificación de vigencia de derechos. En la anterior tesitura habiendo quedado resueltas las excepciones de falta de conservación de derechos y reconocimiento de derechos, se procede al análisis y estudio de la pruebas ofrecidas por las partes para determinar la procedencia o improcedencia de la acción de la pensión de cesantía en edad avanzada; teniéndose así que, como ya se ha estudiado anteriormente, con la documental consistente en el acta de nacimiento del actor Maximo Mena Xicohténcatl (sic) expedida por la Dirección Coordinadora del Registro Civil de Tlaxcala de fecha 28 de agosto de 2017, se aprecia que el hoy actor nació el 08 de junio de 1953, por lo que a la fecha de presentación de su escrito inicial de demanda (09 de octubre de 2017), ya había cumplido 60 años, esto es al 08 de junio de 2013; encontrándose así acreditado el segundo requisito concerniente a la edad. Por lo que respecta al tercero de los requisitos, consistente en la privación del trabajo remunerado, resulta que de las pruebas ofrecidas por el instituto demandado y todavía de las constancias de autos del expediente laboral en que se actúa, ninguna se encuentra encaminada a demostrar lo contrario respecto a la presunción legal de que goza la parte actora, en el sentido de que el actor se encuentra privado de trabajo, teniéndose así por acreditado tal requisito. Finalmente, tocante al primero de los requisitos exigibles por el artículo 145 de la Ley del Seguro Social, consistente en el número de cotizaciones, toda vez que a la hoja de certificación de vigencia de derechos ofrecida por el instituto demandado no se le confirió valor probatorio alguno por las razones o motivos expresados al momento de resolver la excepción de falta de conservación de derechos opuesta por el instituto demandado, por lo que atendiendo a la presunción legal de que goza a su favor el actor, se tiene por cierto que el Instituto Mexicano del Seguro Social, le reconoce al mismo 1300 semanas cotizadas; teniéndose así por acreditado el segundo requisito consistente en que el asegurado tenga reconocido en el instituto un mínimo de quinientas cotizaciones semanales." (fojas 99 a 100). De la anterior transcripción se aprecia que la junta responsable incurrió en defecto al cumplir el fallo constitucional, pues no hizo pronunciamiento alguno en cuanto a que con la inspección ofrecida por el accionante, se demostró su fecha de alta (ocho de abril de mil novecientos setenta y cuatro) y baja (veintiocho de agosto de dos mil diecisiete) del régimen de seguridad social, así como que cotizó mil trescientas (1,300) semanas. Tampoco precisó que con la contestación a la demanda producida por el enjuiciado, se demostró que el asegurado se encontraba dentro de su periodo de conservación, cuando cumplió los sesenta años que exige la ley, para obtener la pensión de cesantía en edad avanzada." III. En resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Presidente de este órgano colegiado determinó que, por segunda ocasión, la responsable no cumplió cabalmente el fallo constitucional, por los motivos que enseguida se exponen: "IV. Uno de los efectos de la concesión fue para que la responsable reiterara su determinación en el sentido de que no prosperó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el Instituto, ya que el enjuiciado no se inconformó con esa determinación a través del juicio de amparo correspondiente. Ahora bien, en el nuevo laudo, una vez que desestimó la excepción de falta de conservación de derechos opuesta por el enjuiciado, la responsable analizó los elementos de la acción ejercida (tener sesenta años, contar con quinientas cotizaciones semanales y estar privado de trabajo remunerado), los tuvo por demostrados, condenó al instituto al pago de la pensión de cesantía en edad avanzada, así como de las prestaciones accesorias reclamadas, declaró inverosímil el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización que señaló el actor de la demanda y, en consecuencia, cuantificó el monto de la pensión relativa con base en el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) en dos mil dieciséis, fecha en que el actor obtuvo el derecho a la pensión solicitada (fojas 137 a 141 vuelta). Sin embargo, no reiteró la determinación en el sentido de que no prosperó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el Instituto, lo cual pone de manifiesto que en esa parte la ejecutoria de amparo no fue acatada cabalmente." (fojas 150 a 154). IV. Del examen de las constancias que ahora remite la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de seis de abril de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el laudo de diez de febrero de dos mil veintiuno y ordenó remitir los autos al auxiliar para formular el proyecto de resolución (foja 161). El nueve de abril de dos mil veintiuno, pronunció otro fallo por el que: 1. Reiteró su determinación en el sentido de que no prosperó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el Instituto; lo anterior, en virtud de que el enjuiciado no se inconformó con esa determinación a través del juicio de amparo correspondiente (foja 168 frente y vuelta). 2. Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria amparo, consideró que con la prueba de inspección ofrecida por el actor, se demostró su fecha de ingreso y baja del instituto, así como el número de semanas que adujo haber cotizado; además que con la contestación a la demanda, se acreditó que el mismo se encontraba dentro de su periodo de conservación de derechos al cumplir los sesenta años que exige la ley para obtener la pensión de cesantía en edad avanzada (fojas 171 a 174). 3. Hecho lo anterior, condenó al instituto al pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, así como de las prestaciones accesorias a la misma (aguinaldo, incrementos a la pensión, asistencia médica y asignaciones familiares), y lo absolvió de otorgar al actor ayuda asistencial, pues estimó que en autos no existe prueba que demuestre que por su estado físico aquél deba ser asistido por otra persona (fojas 175 vuelta, 176 y 179). De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, siete de mayo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de quince de abril del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, quince de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se remite el duplicado del laudo de nueve del mes y año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con los diversos oficios enviados por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el expediente en que se actúa, entregando copia autorizada del laudo correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese, por lista a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, nueve de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta al que se adjunta el duplicado del proveído de seis del mes y año en curso, del cual se advierte que se dejó insubsistente el laudo de diez de febrero de esta anualidad y se ordenó turnar nuevamente los autos al auxiliar de la junta para que formule el proyecto de resolución en forma de laudo; en tales condiciones, requiérase nuevamente a la autoridad responsable para que en el término de diez días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, emita laudo y remita constancia que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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