Maximino Ángulo Torres

Expediente 532/2016 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
532/2016
Año
2016
Actuaciones
21
Última actuación
24/09/2018

Partes del expediente

  • Maximino Ángulo Torres
  • Ma. Guadalupe Pérez Zempoalteca
  • Ma. Guadalupe Pérez Zempoalteca y Otros.
  • Macario Angúlo Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 162), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 165). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, este Órgano Colegiado, en su anterior denominación, resolvió conceder a Maximino Angulo Torres, la protección constitucional para el efecto de que la Sala responsable: ".a) Deje insubsistente la sentencia reclamada. b) Dicte una nueva en la que reitere que la parte demandada sí introdujo a la litis el tema de la identidad entre el predio que el actor pretende usucapir y aquél que pertenece en copropiedad a la enjuiciante y a diversas personas. c) Subsane la violación formal antes apuntada, esto es, analice las pruebas de la actora que se admitieron, desahogaron y fueron valoradas por el juez natural, confrontándolas con las de la demandada, a efecto de establecer cuáles deben tener valor convictivo, para tener por demostrada o no la identidad de los predios respectivos, fundando y motivando debidamente su actuar. c) Con plenitud de jurisdicción resuelva sobre la acción de usucapión intentada por la parte actora" (fojas 112 vuelta y 113). Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de once de enero de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la sentencia reclamada (foja 121), y el dieciocho siguiente dictó una nueva (fojas 127 a 161), en la que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo: I. Reiteró lo relativo a que la parte demandada Rosa Angulo Torres, sí llevó a juicio lo relativo a que existe identidad de los predios, toda vez que ésta, desde que contestó su demanda, aseguró que el inmueble que pretende usucapir el actor, es el mismo que mantiene en copropiedad tanto con el propio accionante Maximino Angulo Torres, como con María Leónides e Inés, de apellidos Angulo Torres; por ende, la Sala responsable entró al estudio de la acción intentada, así como lo concerniente a la identidad de los predios en cuestión (foja 137 vuelta). II. Con libertad de jurisdicción se pronunció sobre las siguientes pruebas ofertadas por la parte actora (fojas 138 a 149): a) Contrato privado de compraventa, de veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, celebrado dijo entre Maximino Angulo Torres y Macario Angulo Torres, respecto del predio denominado "La Cañada"; el cual valoró como documental privada, en términos del artículo 435 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. b) Certificado de no inscripción, expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, de seis de septiembre de dos mil catorce; que valoró como documento público, en términos del numeral 431 del mismo ordenamiento. c) Testimoniales a cargo de Ignacio Portillo Mora y José Casildo Galdino Nava, desahogadas el cuatro de agosto de dos mil quince. Declaraciones a las que les restó valor probatorio, por considerar que con las mismas no se acredita que es diferente el predio que pretende usucapir el actor y aquél que pertenece en copropiedad a la demandada y a diversas personas. d) Confesional y declaración de partes a cargo de Macario Angulo Torres y Rosa Angulo Torres, de cuatro de agosto de dos mil quince; a quienes se les declaró como confesos fictos y por contestadas en sentido afirmativo, respectivamente, de las preguntas calificadas de legales, respectivamente. Pruebas a las que la responsable les otorgó valor probatorio conforme a los artículos 425 y 452 de la legislación procesal invocado, pero dijo que las mismas no aportan elementos para tener por demostrada la identidad o no entre aquellos predios. e) Pericial en agrimensura rendida por el perito José Silvano Sergio Cirio Sánchez, ratificada en diligencia de dieciséis de julio de dos mil quince; prueba que fue valorada en términos del precepto 444 de la misma legislación adjetiva, pero también se le restó valor probatorio, por considerar la responsable que tal opinión no evidenciaba que el predio reclamado por el actor fuera distinto al que posee en copropiedad la parte demandada. f) Instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana, de las cuales dijo no se obtenía algún dato que favoreciera al actor. Asimismo, con plenitud de jurisdicción, la responsable analizó las siguientes pruebas de la parte demandada (fojas 149 vuelta a 153): a) Copia certificada de la escritura pública 70079, volumen 789, asentada por el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, que adjuntó la demandada al escrito de contestación. b) Dos certificados de inscripción en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, del inmueble denominado "La Cañada", ubicado en San Sebastián Atlahapa, Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, en favor de Rosa Angulo Torres, María Leónides Angulo y/o María Leónides Angulo Torres, Maximino Angulo Torres e Inés Angulo Escobar. c) Manifestación catastral municipal, de diecinueve de marzo de dos mil trece, a nombre de Rosa Angulo Torres, respecto del predio denominado "La Cañada". A las pruebas mencionadas en los tres incisos previos, les otorgó pleno valor probatorio en términos del numeral 431 de la legislación procesal invocada, como documentos públicos. d) Confesional y declaración de partes a cargo de Maximino Angulo Torres; a las que les confirió valor probatorio en términos de los preceptos 428 y 452 del código procesal invocado, respectivamente. III. Hecho lo anterior, la Sala responsable confrontó dichos medios de convicción y determinó que las pruebas ofrecidas por el accionante no justificaron que el predio que pretende usucapir es distinto al que señala la demandada; además, que de las pruebas ofertadas por ésta última, se arribaba a la convicción de que el inmueble en cuestión está inmerso dentro del bien inmueble amparado por la escritura de adjudicación a favor de la propia Rosa Angulo Torres, María Leónides Angulo y/o María Leónides, Maximino, e Inés, todos de apellido Angulo Torres, en su carácter de descendientes directos del autor de la sucesión Alberto Angulo Escobar y/o Alberto Angulo (fojas 153 y 154). En ese sentido, con plenitud de jurisdicción, otorgó mayor valor convictivo a las pruebas ofertadas por la demandada Rosa Angulo Torres; las cuales, según su apreciación, resultaron suficientes y eficaces para tener por demostrada la identidad entre el predio que reclama el actor y aquél que pertenece en copropiedad a la demandada y a diversas personas incluyendo a aquél (fojas 158 y 159). IV. Finalmente, con plenitud de jurisdicción, la Sala responsable, declaró improcedente la acción de usucapión intentada por el actor Maximino Angulo Torres, al existir dijo la prohibición legal establecida en el artículo 1196, fracción V, del Código Civil para el Estado, es decir, cuando existe copropiedad respecto del bien reclamado (fojas 158 vuelta), y decidió condenar al actor al pago de gastos y costas, previa su regulación en ejecución de sentencia; por lo que, revocó la sentencia recurrida (foja 159 vuelta y 160). Determinación en la que también se advierte cumplida la exigencia de fundar y motivar la nueva resolución, impuesta en la ejecutoria de amparo. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso b) DE LA LEY DE AMPARO. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 162), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 165). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, este Órgano Colegiado, en su anterior denominación, resolvió conceder a Maximino Angulo Torres, la protección constitucional para el efecto de que la Sala responsable: ".a) Deje insubsistente la sentencia reclamada. b) Dicte una nueva en la que reitere que la parte demandada sí introdujo a la litis el tema de la identidad entre el predio que el actor pretende usucapir y aquél que pertenece en copropiedad a la enjuiciante y a diversas personas. c) Subsane la violación formal antes apuntada, esto es, analice las pruebas de la actora que se admitieron, desahogaron y fueron valoradas por el juez natural, confrontándolas con las de la demandada, a efecto de establecer cuáles deben tener valor convictivo, para tener por demostrada o no la identidad de los predios respectivos, fundando y motivando debidamente su actuar. c) Con plenitud de jurisdicción resuelva sobre la acción de usucapión intentada por la parte actora" (fojas 112 vuelta y 113). Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de once de enero de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la sentencia reclamada (foja 121), y el dieciocho siguiente dictó una nueva (fojas 127 a 161), en la que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo: I. Reiteró lo relativo a que la parte demandada Rosa Angulo Torres, sí llevó a juicio lo relativo a que existe identidad de los predios, toda vez que ésta, desde que contestó su demanda, aseguró que el inmueble que pretende usucapir el actor, es el mismo que mantiene en copropiedad tanto con el propio accionante Maximino Angulo Torres, como con María Leónides e Inés, de apellidos Angulo Torres; por ende, la Sala responsable entró al estudio de la acción intentada, así como lo concerniente a la identidad de los predios en cuestión (foja 137 vuelta). II. Con libertad de jurisdicción se pronunció sobre las siguientes pruebas ofertadas por la parte actora (fojas 138 a 149): a) Contrato privado de compraventa, de veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, celebrado dijo entre Maximino Angulo Torres y Macario Angulo Torres, respecto del predio denominado "La Cañada"; el cual valoró como documental privada, en términos del artículo 435 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. b) Certificado de no inscripción, expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, de seis de septiembre de dos mil catorce; que valoró como documento público, en términos del numeral 431 del mismo ordenamiento. c) Testimoniales a cargo de Ignacio Portillo Mora y José Casildo Galdino Nava, desahogadas el cuatro de agosto de dos mil quince. Declaraciones a las que les restó valor probatorio, por considerar que con las mismas no se acredita que es diferente el predio que pretende usucapir el actor y aquél que pertenece en copropiedad a la demandada y a diversas personas. d) Confesional y declaración de partes a cargo de Macario Angulo Torres y Rosa Angulo Torres, de cuatro de agosto de dos mil quince; a quienes se les declaró como confesos fictos y por contestadas en sentido afirmativo, respectivamente, de las preguntas calificadas de legales, respectivamente. Pruebas a las que la responsable les otorgó valor probatorio conforme a los artículos 425 y 452 de la legislación procesal invocado, pero dijo que las mismas no aportan elementos para tener por demostrada la identidad o no entre aquellos predios. e) Pericial en agrimensura rendida por el perito José Silvano Sergio Cirio Sánchez, ratificada en diligencia de dieciséis de julio de dos mil quince; prueba que fue valorada en términos del precepto 444 de la misma legislación adjetiva, pero también se le restó valor probatorio, por considerar la responsable que tal opinión no evidenciaba que el predio reclamado por el actor fuera distinto al que posee en copropiedad la parte demandada. f) Instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana, de las cuales dijo no se obtenía algún dato que favoreciera al actor. Asimismo, con plenitud de jurisdicción, la responsable analizó las siguientes pruebas de la parte demandada (fojas 149 vuelta a 153): a) Copia certificada de la escritura pública 70079, volumen 789, asentada por el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, que adjuntó la demandada al escrito de contestación. b) Dos certificados de inscripción en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, del inmueble denominado "La Cañada", ubicado en San Sebastián Atlahapa, Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, en favor de Rosa Angulo Torres, María Leónides Angulo y/o María Leónides Angulo Torres, Maximino Angulo Torres e Inés Angulo Escobar. c) Manifestación catastral municipal, de diecinueve de marzo de dos mil trece, a nombre de Rosa Angulo Torres, respecto del predio denominado "La Cañada". A las pruebas mencionadas en los tres incisos previos, les otorgó pleno valor probatorio en términos del numeral 431 de la legislación procesal invocada, como documentos públicos. d) Confesional y declaración de partes a cargo de Maximino Angulo Torres; a las que les confirió valor probatorio en términos de los preceptos 428 y 452 del código procesal invocado, respectivamente. III. Hecho lo anterior, la Sala responsable confrontó dichos medios de convicción y determinó que las pruebas ofrecidas por el accionante no justificaron que el predio que pretende usucapir es distinto al que señala la demandada; además, que de las pruebas ofertadas por ésta última, se arribaba a la convicción de que el inmueble en cuestión está inmerso dentro del bien inmueble amparado por la escritura de adjudicación a favor de la propia Rosa Angulo Torres, María Leónides Angulo y/o María Leónides, Maximino, e Inés, todos de apellido Angulo Torres, en su carácter de descendientes directos del autor de la sucesión Alberto Angulo Escobar y/o Alberto Angulo (fojas 153 y 154). En ese sentido, con plenitud de jurisdicción, otorgó mayor valor convictivo a las pruebas ofertadas por la demandada Rosa Angulo Torres; las cuales, según su apreciación, resultaron suficientes y eficaces para tener por demostrada la identidad entre el predio que reclama el actor y aquél que pertenece en copropiedad a la demandada y a diversas personas incluyendo a aquél (fojas 158 y 159). IV. Finalmente, con plenitud de jurisdicción, la Sala responsable, declaró improcedente la acción de usucapión intentada por el actor Maximino Angulo Torres, al existir dijo la prohibición legal establecida en el artículo 1196, fracción V, del Código Civil para el Estado, es decir, cuando existe copropiedad respecto del bien reclamado (fojas 158 vuelta), y decidió condenar al actor al pago de gastos y costas, previa su regulación en ejecución de sentencia; por lo que, revocó la sentencia recurrida (foja 159 vuelta y 160). Determinación en la que también se advierte cumplida la exigencia de fundar y motivar la nueva resolución, impuesta en la ejecutoria de amparo. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  4. Juicio de Amparo Directo

    SE DESPRENDE QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO DE DIEZ DIAS, CONCEDIDO A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, PARA QUE MANIFESTARAN LO QUE A SU INTERES CONVINIERA, SIN QUE LO HAYAN HECHO; PROCEDASE A DICTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.

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