Maximiliano Grimaldo Gonzalez

Expediente 985/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
985/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • Maximiliano Grimaldo Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3o fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Maximiliano Grimaldo González, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de veintidós del mes y año en curso, en atención a su contenido se provee: Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Pues bien, en el caso, de los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, los cuales manifestó bajo protesta de decir verdad, se desprende: 1. Que el quejoso es ejidatario reconocido en el Ejido Rodrigo, Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí y ostenta la titularidad del certificado de derechos sobre las tierras de uso común número 36450, identificadas en el plano interno inscrito bajo la clave catastral F14C14K196AB del Registro Agrario Nacional. 2. Que el cinco de julio del presente año, le fue entregado por parte de la Junta Estatal de Caminos del Gobierno del Estado, una copia certificada del convenio de ocupación previa de tierras parceladas sujetas a procedimiento expropiatorio respecto de una superficie de 12,304 metros cuadrados de su parcela ejidal, celebrado el veintidós de diciembre del año dos mil, entre el quejosa y la referida junta. En ese orden, el impetrante señala como acto reclamado la obstrucción total, privación definitiva y sustracción del régimen de propiedad ejidal de una superficie de 12,304 metros cuadrados de tierras parceladas de las cuales aduce ser titular, por la construcción de la súper carretera San Luis-Lagos de Moreno, derivado del aludido convenio de ocupación previa de tierras parceladas sujetas a procedimiento expropiatorio al señalar que es nulo por no haberlo suscrito y carecer de diversos requisitos formales. En ese sentido, se advierte la actualización de una causa notoria que hace improcedente el juicio de derechos humanos de que se trata. En efecto, esta instancia constitucional considera que opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, dado que al reclamarse la obstrucción total, privación definitiva y sustracción del régimen de propiedad ejidal de una superficie de 12,304 metros cuadrados de tierras parceladas de las cuales aduce ser titular el quejoso, por la construcción de la súper carretera San Luis-Lagos de Moreno, derivado de un convenio de ocupación previa de tierras parceladas sujetas a procedimiento expropiatorio, las autoridades que la parte promovente señala como responsables, no pueden considerarse con ese carácter para efectos del juicio de amparo. Para evidenciar lo anterior, conviene precisar que conforme al artículo 1 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; en dicho precepto se señala que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la propia Ley. Por su parte, los arábigos 61, fracción XXIII, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De acuerdo al contenido del invocado artículo 5o., fracción II, de la Ley de amparo, se advierte que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquélla que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita aquéllos que produzcan similares efectos que vulneren la esfera del gobernado. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a).- La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b).- Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c).- Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d).- Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2011, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, si el acto desplegado por la autoridad como órgano del estado, es unilateral, porque no requiere la aprobación del gobernado; imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad, y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley, se dice que la relación entre el estado y el gobernado es de supra a subordinación; puesto que la misma surge entre dos entes ubicados en una posición distinta; esto es, emana, entre el estado como persona jurídico política a través de sus órganos de autoridad, y el particular, y porque aquél, desempeña frente a éste la autoridad soberana o de gobierno que le fue encomendada. En cambio, cuando la relación surge entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, jurídicamente se está en presencia de una relación de coordinación, la cual puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado, o socioeconómica, regulada al amparo del derecho social. De ahí que si en el caso concreto el quejoso comparece ante esta instancia constitucional, doliéndose de la obstrucción total, privación definitiva y sustracción del régimen de propiedad ejidal de una superficie de 12,304 metros cuadrados de tierras parceladas de las cuales aduce ser titular, derivado de un convenio de ocupación previa de tierras parceladas sujetas a procedimiento expropiatorio; es evidente que dicho actuar lo llevaron a cabo con motivo del contrato administrativo que se dice celebraron con la parte quejosa. Al respecto debe decirse que, efectivamente, el Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, la Junta Estatal de Caminos de Gobierno del Estado y el Registro Agrario Nacional, tienen reconocido un doble carácter: uno, como autoridades, el cual con base a sus facultades tienen la capacidad de emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y otro, como entes con personalidad y patrimonio propios, con capacidad para celebrar contratos o convenios con particulares; caso en el cual, actúan derivado de una consenso, debido a que se involucra el cumplimiento de ese convenio. De lo anteriormente expuesto, se advierte que en el caso, el acto reclamado dimana con motivo de un acuerdo de voluntades entre la parte quejosa con las citadas autoridades. Por tanto, su actuación se ejerce en un plano de igualdad, es decir en una relación de coordinación, al ser una determinación que se toma con motivo de dicho vínculo contractual que existe entre éstos; en tal virtud, los actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en esa relación jurídica, como es en el caso, la obstrucción total, privación definitiva y sustracción del régimen de propiedad ejidal de una superficie de las tierras parceladas de las cuales aduce ser titular derivado del citado convenio, no constituyen actos emitidos por un funcionario en ejercicio de su relación de supra a subordinación con un particular, por no actuar con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, con base en la función y el cargo que desempeña. En ese sentido, es que la controversia que se suscite con motivo de esa relación en un plano de igualdad es susceptible de ser analizado por los tribunales de instancia competentes. Resulta aplicable, por las razones que la sustentan, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 205-216, Tercera Parte, página 71, Séptima Época, registro digital 237214, que establece: AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE UN AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ORIGINADOS EN UN CONTRATO CELEBRADO POR ESTE COMO PERSONA MORAL Y NO CON EL CARACTER DE AUTORIDAD. Si los actos reclamados se hacen consistir en el desposeimiento que un Ayuntamiento constitucional trata de hacer de una fracción de terreno que los quejosos dicen han venido poseyendo como bien comunal, y según éstos aseveran, ese desposeimiento será consecuencia de la adquisición de dicho predio por el mencionado Ayuntamiento, en virtud de un contrato que celebró como persona moral, sujeto de derechos y obligaciones (artículo 25, fracción I, del Código Civil Federal) y no con el carácter de autoridad, es claro que las posibles consecuencias de dicho contrato no son reclamables en juicio de garantías, por no constituir actos de autoridad; motivo por el cual se surte la causal de improcedencia que deriva de los artículos 1o., fracción I, (contrario sensu) y 73, fracción XVIII -relacionados entre sí-, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en términos del numeral 74, fracción III, del propio ordenamiento. Asimismo, tiene aplicación el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en la tesis (IV Región)1o.22 A (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo III, página 1788, Décima Época, registro digital 2022316, que dice: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA ENTIDAD PÚBLICA QUE EJECUTA LA PÓLIZA DE FIANZA PACTADA EN UN CONTRATO ADMINISTRATIVO. Los contratos de ejecución de obra pública que celebra una entidad del Estado con personas físicas o morales, evidencian un acuerdo de voluntades que genera obligaciones y derechos mutuos, cuyo incumplimiento provoca consecuencias pactadas al momento de suscribirse el documento, las cuales, si bien en determinadas condiciones otorgan facultades a favor de una de las partes, no por eso implica que la relación entre las contratantes corresponda a la de supra a subordinación que existe entre una autoridad y un particular, ya que en realidad se trata de una relación de coordinación voluntaria. Por lo anterior, la ejecución de una póliza de fianza contractualmente pactada, es el resultado de una facultad que se ejerce cuando no se acatan las obligaciones contraídas, y no constituye un acto unilateral que extinga por sí, una situación jurídica que afecte la esfera legal del gobernado, independientemente de que se ejecute sin necesidad de acudir ante los órganos judiciales, pues esa determinación se origina por el incumplimiento de las cláusulas relativas, lo que demuestra que no se trata de un acto de autoridad, sino de la consecuencia del incumplimiento del contrato. De ahí que deba estimarse que no es autoridad para efectos del juicio de amparo la entidad pública que ejecuta la póliza de fianza pactada en el contrato administrativo, por advertirse vicios ocultos. En ese tenor, aun cuando no se desestima que la conducta desplegada por las autoridades señaladas como responsables puedan causar un menoscabo sobre los derechos de la aquí inconforme, el juicio de amparo no es el medio para reclamar la restitución de tales derechos, pues dicha afectación, en su caso, no deriva de la actuación con el imperio de su soberanía de los órganos del estado, característica de los actos de autoridad. En todo caso, la parte aquí quejosa tiene expedito su derecho y puede acudir ante el tribunal competente a promover el juicio respectivo, a fin de que demande lo relativo a la nulidad o cumplimiento del convenio de ocupación previa de tierras parceladas sujetas a procedimiento expropiatorio y la afectación de las tierras parceladas. Por tanto, como ya quedó establecido que el acto reclamado no emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de derechos fundamentales que promueve Maximiliano Grimaldo González, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el diverso arábigo 113 de la invocada ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata, quedando como consecuencia a salvo los derechos de la parte promovente a fin de que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO. Se DESECHA DE PLANO por notoria improcedencia la demanda promovida por Maximiliano Grimaldo González, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y de otras autoridades, por las consideraciones expuestas. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Maximiliano Grimaldo González, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y de otras autoridades, que estima son violatorios de las garantías consagradas en los artículos 14,16 y 17 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 985/202-VI. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114 en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito, se sirva aclarar su demanda de amparo, precisando lo siguiente: ÚNICO. Manifieste bajo protesta de decir verdad, si ha comparecido o promovido algún procedimiento ante el Tribunal Unitario Agrario competente, en relación con el convenio de ocupación previa de tierras parceladas sujetas a procedimiento expropiatorio a que hace referencia en su demanda o en relación con la afectación de las tierras parceladas de las que se ostenta titular derivado de la construcción de la súper carretera San Luis-Lagos de Moreno. Además, deberá manifestar si la afectación que aduce en su escrito de demanda, es diversa a la que fue señalada como acto reclamado en el diverso juicio de amparo 34/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. Partiendo de las manifestaciones mencionadas, el promovente deberá exponer todos y cada uno de los antecedentes que se deriven de los actos que reclama, a fin de clarificar su pretensión y pronunciarse debidamente sobre la procedencia de su solicitud. Lo anterior, en la inteligencia de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la figura delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo; numeral que en lo conducente dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Sirve de apoyo, la tesis número P./J.35/2001, visible a fojas 79, tomo XIII, abril de 2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUELLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea por que éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Se tiene como domicilio de la parte promovente, para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que así lo solicitó expresamente. Con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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