Maximiano Palomo Garcia

Expediente 450/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
450/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Maximiano Palomo Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de junio de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destino del expediente Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. No obran documentos originales Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asunto de no relevancia documental. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Acuse de recibo innecesario. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 450/2023-V, [...] Atento a lo expuesto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76, y demás aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Cambio de adscripción Visto el estado de autos, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/903/2023, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó la comisión temporal de Norma Angélica Ávila Veyna, como Jueza Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Téngase por recibido y agréguese al expediente el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Contenido del informe. Visto el informe de mérito, se advierte que la mencionada autoridad responsable manifiesta que no es cierto el acto reclamado toda vez que el veinte de abril del año en curso, se dictó la resolución relativa al incidente de liquidación interpuesto dentro del juicio laboral 341/2017; asimismo, que si es cierta la omisión consistente en notificar la resolución de mérito. Vista a las partes Con su contenido, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Delegados Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Pruebas. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable, la documental que allega conjuntamente a su informe de ley, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza y será tomada en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación de las mismas en la audiencia respectiva. Diferimiento. En tal virtud, a fin de dar margen a que las partes se impongan del contenido del presente asunto, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar, se señalan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, a efecto de que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Recepción de documentos y acuse. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, al que acompaña los autos del juicio de amparo 451/2023 de su índice; lo anterior, en cumplimiento al auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el aludido expediente. Acúsese el recibo correspondiente. Téngase al juzgado oficiante informando que no acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, por los motivos que refiere. Por tanto, agréguense únicamente las actuaciones originales que contiene el cuaderno de antecedentes y destrúyanse las copias certificadas que obran glosadas en el mismo, por ser innecesarias. Conflicto competencial. Ahora bien, vistas las consideraciones expuestas en el oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo1, este juzgado federal insiste en declinar la competencia en razón de los argumentos vertidos en proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. En efecto, en el aludido auto, este juzgado determinó carecer de competencia fundamentalmente debido a que la promovente Fabiola Badillo manifestó bajo protesta de decir verdad que el veintiséis de octubre del año próximo pasado, Jhon Anyer Dávila Molina se constituyó en la Estación Migratoria de San Miguel de Allende, Guanajuato, lugar en el que se encontraba detenido el directamente agraviado Miguel Ángel Rodríguez Ramírez, y no le quisieron dar información por no ser familiar del quejoso; además, de que se señalaron como autoridades responsables, entre otra, a diversos funcionarios del Instituto Nacional de Migración, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, lugar en donde, como se dijo, se encontraba detenido el directamente quejoso. Por su parte, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, no aceptó la competencia declinada, en razón de que además de señalar como actos reclamados la incomunicación y detención administrativa con fines de alojamiento, también se duele de la omisión de emitir una orden de salida; la orden de traslado a diversa entidad federativa; la orden de deportación o retorno asistido; la omisión de garantizar la defensa adecuada y el proceso legislativo y la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración, por lo que, al haberse manifestado en la demanda que el directo quejoso se encontraba alojado en la estación migratoria de esta ciudad, la ejecución de la orden de traslado comenzó a ejecutarse en la circunscripción territorial de este juzgado. Asimismo, refiere que la omisión de garantizar la defensa adecuada y el proceso legislativo del artículo 111 de la Ley de Migración, carecen de ejecución material por lo que ante la pluralidad de actos corresponde conocer a quien previno. Como se dijo, este órgano jurisdiccional de forma respetuosa no comparte las consideraciones que el juzgado oficiante señala para no aceptar la competencia declinada. Para expresar los motivos que conllevan a lo anterior, es pertinente precisar que los actos reclamados provienen de una detención que tiene ejecución en las instalaciones de la Estación Migratoria de San Miguel de Allende, Guanajuato, y si bien de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la promovente bajo protesta de decir verdad, señaló que fue detenido en esta entidad federativa, lo cierto es que ello tuvo como antecedente de diversa demanda de amparo, pues lo cierto es que el origen del presente juicio, deriva de la incomunicación y de la detención de las que se dice siguió siendo objeto el directamente quejoso y que tienen ejecución en la estación migratoria antes mencionada. Motivos por los cuales este juzgado declinó la competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, al no advertirse algún dato del que se observe que los actos se ejecuten, se empezaron a ejecutar o continúen ejecutándose en el territorio donde este juzgado tiene competencia, según lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Por lo que resulta evidente que los actos que se reclaman se encuentran dentro de la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Es así, porque de la demanda de amparo se desprende que los actos se están ejecutando en el lugar donde se encuentra el quejoso -así lo refirió- detenido. De ahí que sea juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame se esté ejecutando o se haya ejecutado; es decir, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, porque en esa demarcación territorial fue donde según lo expresado en la demanda se están ejecutando o se ejecutaron los actos que reclama el quejoso. Por tales motivos, es que no se comparte lo proveído por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y al respecto, se propone conflicto competencial, a efecto de que sea el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, quien decida el destino del juicio de amparo en que se actúa y el órgano que resulta competente para conocer de los actos reclamados. Por último, y en atención a lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese.

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