Maximiliano Coral Pérez
Expediente 451/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 19/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Maximiliano Coral Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
El diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del treinta de agosto de dos mil diecisiete al doce de septiembre del año en curso, sin contar los días dos, tres, nueve y diez del último de los meses citados por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintidós de agosto último, dentro del juicio de amparo número 451/2017-1. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el presente juicio de derechos, sí se tramitó incidente de suspensión en el que se negó al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados, sin que se haya exhibido billete de depósito. Que dentro de dicho incidente de suspensión no existe recurso alguno por resolver. Que no existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes.- Doy fe. En la misma fecha el Secretario da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de agosto del año en curso, que por una parte sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que por una parte se negó al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados y por otra se le concedió dicha medida suspensional; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que sea el caso que alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese por medio de lista a las partes y a las autoridades responsables por oficio. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Olivia
- Principal
RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Como ordenadoras. -Juez Primero de lo Civil. - Juez Segundo de lo Civil. - Juez Tercero de lo Civil. Como ejecutora. -Ministro ejecutor y/o Actuario adscrito a los Juzgado Mercantiles y Civiles del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "La probable orden de desahucio dictada en mi contra, decretada por la autoridad responsable ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la autoridad ejecutora tendiente a desalojarme del inmueble que tengo en arrendamiento, en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas." Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en auto de ocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 8-11), la titular de este juzgado ordenó registrar la demanda en referencia con el expediente 451/2017 y la admitió a trámite, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, ordenó emplazar al tercero interesado, dio la intervención que legamente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad judicial que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - El proveído de diecisiete de abril de dos mil diecisiete emitido en el juicio de desahucio 110/2017, promovido en su contra, en el que se le requirió para que justificara estar al corriente del pago de rentas y en caso de no hacerlo, en el término de cuarenta días hábiles desalojara la finca, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a su lanzamiento; asimismo, se autorizó el embargo de bienes para cubrir las prestaciones reclamadas. TERCERO. Sobreseimiento respecto de autoridades que no les corresponde el carácter de responsables. Los jueces Primero y Tercero en materia Civil, con residencia en esta ciudad, negaron la existencia del acto que se les atribuye (fojas 15 y 55). No obstante, como se verá, la orden reclamada resulta cierta respecto de una autoridad diversa. De ahí que respecto de las autoridades destacadas, se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que su participación en los actos reclamados no se encuentra acreditada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la Jurisprudencia número I.5o.P. J/3, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, perteneciente a la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo vigésimo segundo, septiembre de dos mil cinco, página 1363, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento". Por tanto, se sobresee en el juicio de derechos con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, por cuanto a dichas autoridades concierne. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez Segundo Civil y la actuaria adscrita a la Central de Actuarios, ambos del distrito judicial de la capital del Estado aceptaron la existencia de la determinación reclamada al rendir su informe justificado (fojas 28 y 16, respectivamente). Además, la autoridad judicial citada remitió copia certificada del expediente relativo al juicio de desahucio 110/2017; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de la resolución combatida: 1. Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil diecisiete (fojas 22 a 26), ********************por conducto de representante legal, promovió juicio especial de desahucio, contra ********************, de quien reclamó, entre otras prestaciones, la desocupación y entrega material del consultorio médico arrendado en el interior del inmueble que ocupa tal centro, así como el pago de la cantidad de sesenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos por concepto de trece meses de renta que adeuda del uno de marzo de dos mil dieciséis al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Asimismo, solicitó que al momento de la diligencia de requerimiento y emplazamiento, se embargaran bienes bastantes propiedad del demandado que garantizaran los meses vencidos de renta y demás adeudos. 2. En proveído de diecisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 49 y 50), el juez responsable admitió a trámite la demanda, la registró con el expediente 110/2017 y ordenó al actuario a efecto de que se constituyera en el domicilio del demandado y realizara lo siguiente: Requerirlo para que en el acto justificara con los recibos correspondientes estar al corriente en el pago de rentas. En caso de no hacerlo, prevenirlo para que dentro del término de cuarenta días hábiles, procediera a desalojar la finca. Lo apercibiera que en caso de no hacerlo, se procedería a lanzarlo a su costa; y, en el mismo acto, se embargarían bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas. Lo emplazara a juicio. La resolución anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. 3. El cuatro de mayo de dos mil diecisiete, el ministro ejecutor se constituyó en el domicilio del demandado y al no encontrarlo, le dejó citatorio para que lo esperara a las trece horas del ocho del citado mes y año para practicar la diligencia en cuestión (fojas 52 y 53). 4. El ocho de mayo de dos mil diecisiete, el ministro ejecución levantó razón en la que hizo constar la imposibilidad de presentarse en el domicilio indicado a efecto de cumplir con lo encomendado (foja 54). SEXTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta juzgadora examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." El tercero interesado invoca como causa de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XIII, pues afirma que el quejoso en su demanda de amparo acepta el adeudo por concepto de rentas vencidas y que constituye el fundamento base de la acción del acto reclamado. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento". El normativo transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el promovente ha consentido expresamente el acto reclamado o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La finalidad de dicha causal responde a un principio de seguridad jurídica, ya que persigue evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento en estudio debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados. Por tanto, se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en ellos; es decir, cuando produce una conducta concreta con la que se somete a los supuestos normativos de un ordenamiento. Es sustento de lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 148/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, octubre de dos mil seis, página doscientos ochenta y seis, que dispone: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado". El tercero interesado hace consistir el consentimiento del acto reclamado en el hecho de que la quejosa admite adeudar diversas cantidades por concepto de rentas vencidas. Lo anterior resulta infundado. En efecto, la circunstancia de que el quejoso en su demanda de garantías, al narrar los antecedentes del acto reclamado, hubiera admitido tener un adeudo con la parte tercero interesada por concepto de rentas vencidas, lo cual constituye la base de la acción de desahucio, no se traduce en el consentimiento de la medida cautelar decretada en su contra, dado que lo impugnó en la vía y término idóneos a efecto de combatir su constitucionalidad, bajo el argumento de que se violaron en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídicas; de ahí lo infundado de su argumento. SÉPTIMO. Estudio de fondo del acto reclamado. Al no advertirse causa de improcedencia que hagan valer las partes, o que la suscrita la advierta de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación son infundados según se argumentará enseguida. En éstos, el quejoso aduce que las autoridades responsables violan en su perjuicio sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales por haber decretado la medida cautelar en su contra, pues le causa un acto de molestia en su persona, sin que se funde ni motive la causa legal del procedimiento y sin que se le haya seguido un proceso previo ante la autoridad responsable. En principio, es necesario precisar que el núcleo de la causa de pedir del argumento en análisis se integra por la falta de audiencia previa y de fundamentación y motivación en la imposición de la medida de desocupación decretada en el juicio de desahucio. Los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El primer precepto citado contiene una de las garantías de seguridad jurídica de primordial importancia, la de audiencia previa. Dicha garantía otorga seguridad jurídica a los gobernados, al imponer la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. A dichas formalidades se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, que se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. De esta manera, en todo procedimiento o juicio han de observarse, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber: 1. El afectado debe tener conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. 2. Se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones. 3. Cuando se agote la etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y, 4. El procedimiento iniciado deberá concluir con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Sin embargo, las exigencias anteriores no cobran aplicación en actos de naturaleza provisional, ello en razón de que no constituyen actos de carácter definitivo. En efecto, la garantía de audiencia previa, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, y cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia P./J. 40/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 5, Tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Ahora, el artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, relativo al juicio de desahucio por falta de pago, establece lo siguiente: "Artículo 543. Presentada la demanda con el documento o la justificación correspondiente, dictará auto el juez mandando requerir al inquilino, para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas, y no haciéndolo, se le prevenga que dentro de veinte días si la finca sirve para habitación; dentro de cuarenta si sirve para giro mercantil o industrial, o dentro de noventa si fuere rústica, proceda a desocuparla, apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectúa. Si lo pidiere el actor, en el mismo auto mandará que se embarguen y depositen bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas. Mandará que en el mismo acto se le emplace para que dentro de cinco días ocurra a oponer las excepciones que tuviere, corriéndosele traslado de la demanda, con entrega de las copias de ley." De lo anterior se deduce que presentada la demanda de desahucio con el documento o la justificación correspondiente, el juez realizará lo siguiente: Dictará auto mandando requerir al inquilino, para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas. De no hacerlo, se le prevendrá que dentro de los veinte días (finca destinada a habitación), cuarenta días (finca destinada a giro mercantil o industrial) y noventa días (finca rústica), proceda a desocuparla. Lo apercibirá que de no efectuarlo, se realizará el lanzamiento a su costa. Si lo pidiere el actor, en el mismo auto mandará que se embarguen y depositen bienes bastantes para cubrir las prensiones reclamadas. Hecho lo anterior, se ordenará el emplazamiento para que dentro de cinco días ocurra a oponer las excepciones que tuviere, corriéndole traslado de la demanda, con entrega de las copias de ley. Así el juicio de desahucio tiene una finalidad preponderantemente ejecutiva consistente en la desocupación del inmueble arrendado por incumplimiento en el pago de las rentas; sin embargo, aun cuando en el primer auto del procedimiento se previene al demandado para desocupar el inmueble y se le apercibe de lanzamiento a su costa, ello no transgrede la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional. Lo anterior, dado que dicha diligencia no constituye un acto de privación sin que previamente se oiga al afectado, que es lo que prohíbe el precepto constitucional de mérito, puesto que el lanzamiento, que es el acto privativo, no se decreta sino hasta en la sentencia que se dicta después de emplazar al afectado a juicio y dársele la oportunidad de oponer las excepciones que la propia ley señala, de justificar estar al corriente en el pago de las rentas, de ofrecer pruebas y alegar. Es sustento de lo anterior, la tesis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, página veintisiete, que dispone: "DESAHUCIO. LOS ARTÍCULOS 475 A 485 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SINALOA, QUE REGULAN EL JUICIO CORRESPONDIENTE, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Del análisis sistemático y armónico de los citados preceptos, que prevén el juicio sumario de desahucio, se advierte que se trata de un juicio ejecutivo especial que implica el conocimiento sumario del conflicto, limitado a decidir sobre la procedencia del desalojo, tomando en cuenta la oposición y prueba de las excepciones señaladas por el artículo 478 del referido ordenamiento, de lo cual se infiere que el juicio tiene una finalidad preponderante ejecutiva consistente en la desocupación del inmueble arrendado por incumplimiento en el pago de las rentas; no obstante, aun cuando en el primer auto del procedimiento se previene al demandado para desocupar el inmueble y se le apercibe de lanzamiento a su costa, ello no transgrede la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, toda vez que la diligencia a que se refieren los artículos analizados no constituye un acto de privación sin que previamente se oiga al afectado, que es lo que prohíbe el precepto constitucional de mérito, puesto que el lanzamiento, que es el acto privativo, no se decreta sino hasta en la sentencia que se dicta después de emplazar al afectado a juicio y dársele la oportunidad de oponer las excepciones que la propia ley señala, de justificar estar al corriente en el pago de las rentas, de ofrecer pruebas y alegar." Luego, el auto que ordena la desocupación del inmueble dentro del juicio de desahucio no constituye un acto privativo, al no tener efectos definitivos; de ahí que respecto de aquél no rige la garantía de audiencia. Por otro lado, el acto reclamado tampoco vulnera la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional. En efecto, la circunstancia de que el quejoso en su demanda de garantías, al narrar los antecedentes del acto reclamado, hubiera admitido tener un adeudo con la parte tercero interesada por concepto de rentas vencidas, lo cual constituye la base de la acción de desahucio, no se traduce en el consentimiento de la medida cautelar decretada en su contra, dado que lo impugnó en la vía y término idóneos a efecto de combatir su constitucionalidad, bajo el argumento de que se violaron en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídicas; de ahí lo infundado de su argumento. El artículo 16 constitucional prevé el imperativo para todas las autoridades de emitir mandamientos por escrito, fundados y motivados de los actos que incidan en la esfera de los gobernados. De acuerdo con el citado dispositivo, todo acto de autoridad debe constar por escrito; además de estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalase, con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. La garantía consagrada en este precepto tiene su fundamento en el derecho humano de legalidad, conforme al cual, las autoridades del Estado solo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en ésta; luego, de acuerdo con el texto constitucional, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias; es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. En efecto, el artículo constitucional referido consagra una de las garantías que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, la de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. Asimismo, el derecho humano de seguridad jurídica, también contenido en el precepto constitucional que se analiza, consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, respecto de su familia, posesiones, o sus demás derechos; en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. Así, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de autoridad es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado, pues en la medida en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia. Resulta aplicable la jurisprudencia I.4º.A.J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Novena Época, mayo de dos mil seis, página mil quinientos treinta y uno, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". En el caso, la autoridad judicial responsable emitió el mandamiento reclamado (fojas 49 y 50) en los siguientes términos: Tuvo al ********************promoviendo en la vía especial juicio de desahucio por falta de pago contra el hoy quejoso. Ordenó al actuario adscrito a dicho juzgado constituirse en el domicilio señalado como del demandado a efecto de realizar lo siguiente: Requerirle para que en ese momento justificara con los recibos correspondientes estar al corriente del pago de rentas. En caso de no hacerlo, prevenirlo para que dentro del término de cuarenta días hábiles desalojara la finca por servir como consultorio médico, según el contrato de arrendamiento celebrado por las partes. Lo apercibiera que en caso de no hacerlo, se le lanzaría a su costa. Dada la solicitud de la parte actora, realizara el embargo y depósito de bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas. Con las copias simples de la demanda y sus anexos, así como del auto admisorio y actuaciones subsiguientes, debidamente selladas y cotejadas, emplazara a la demandada para que dentro del término de cinco días opusiera las excepciones que tuviere. En relación con la solicitud de la parte actora, para que se autorizara el auxilio de la fuerza, así como el rompimiento de chapas y cerraduras, no resultó procedente, hasta en tanto hubiera constancia de la oposición del demandado. Citó como fundamento legal de su actuación los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 71, 72, 117, 227, 228, 233, 540, 541, 543, 544, 545 y relativos del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo anterior, se advierte que la determinación reclamada contiene el argumento mínimo pero suficiente que permite conocer al gobernado las razones y motivos para su emisión, máxime que se señalaron diversos preceptos legales en que la autoridad responsable sustentó su actuación. De ahí que, contrariamente a lo que refiere el quejoso, del acto reclamado puede advertirse claramente que éste proviene de un juicio de desahucio en el que se ordenó realizar la diligencia contemplada en el artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por tanto, la fundamentación y motivación de tal mandamiento son propios de la referida resolución. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclamó de los Jueces Primero y Tercero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, en términos del considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto que reclamó del Juez Segundo del Ramo Civil y la Actuaria adscrita a la Central de Actuarios, ambos del distrito judicial de la capital, consistente en el proveído de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, emitida en el juicio de desahucio 110/2017, y su ejecución, por los motivos expuestos en último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe, hasta el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE 22 DE AGOSTO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO:"RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Como ordenadoras. -Juez Primero de lo Civil. - Juez Segundo de lo Civil. - Juez Tercero de lo Civil. Como ejecutora. -Ministro ejecutor y/o Actuario adscrito a los Juzgado Mercantiles y Civiles del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "La probable orden de desahucio dictada en mi contra, decretada por la autoridad responsable ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la autoridad ejecutora tendiente a desalojarme del inmueble que tengo en arrendamiento, en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas." Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en auto de ocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 8-11), la titular de este juzgado ordenó registrar la demanda en referencia con el expediente 451/2017 y la admitió a trámite, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, ordenó emplazar al tercero interesado, dio la intervención que legamente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad judicial que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - El proveído de diecisiete de abril de dos mil diecisiete emitido en el juicio de desahucio 110/2017, promovido en su contra, en el que se le requirió para que justificara estar al corriente del pago de rentas y en caso de no hacerlo, en el término de cuarenta días hábiles desalojara la finca, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a su lanzamiento; asimismo, se autorizó el embargo de bienes para cubrir las prestaciones reclamadas. TERCERO. Sobreseimiento respecto de autoridades que no les corresponde el carácter de responsables. Los jueces Primero y Tercero en materia Civil, con residencia en esta ciudad, negaron la existencia del acto que se les atribuye (fojas 15 y 55). No obstante, como se verá, la orden reclamada resulta cierta respecto de una autoridad diversa. De ahí que respecto de las autoridades destacadas, se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que su participación en los actos reclamados no se encuentra acreditada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la Jurisprudencia número I.5o.P. J/3, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, perteneciente a la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo vigésimo segundo, septiembre de dos mil cinco, página 1363, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento". Por tanto, se sobresee en el juicio de derechos con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, por cuanto a dichas autoridades concierne. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez Segundo Civil y la actuaria adscrita a la Central de Actuarios, ambos del distrito judicial de la capital del Estado aceptaron la existencia de la determinación reclamada al rendir su informe justificado (fojas 28 y 16, respectivamente). Además, la autoridad judicial citada remitió copia certificada del expediente relativo al juicio de desahucio 110/2017; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de la resolución combatida: 1. Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil diecisiete (fojas 22 a 26), por conducto de representante legal, promovió juicio especial de desahucio, contra , de quien reclamó, entre otras prestaciones, la desocupación y entrega material del consultorio médico arrendado en el interior del inmueble que ocupa tal centro, así como el pago de la cantidad de sesenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos por concepto de trece meses de renta que adeuda del uno de marzo de dos mil dieciséis al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Asimismo, solicitó que al momento de la diligencia de requerimiento y emplazamiento, se embargaran bienes bastantes propiedad del demandado que garantizaran los meses vencidos de renta y demás adeudos. 2. En proveído de diecisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 49 y 50), el juez responsable admitió a trámite la demanda, la registró con el expediente 110/2017 y ordenó al actuario a efecto de que se constituyera en el domicilio del demandado y realizara lo siguiente: Requerirlo para que en el acto justificara con los recibos correspondientes estar al corriente en el pago de rentas. En caso de no hacerlo, prevenirlo para que dentro del término de cuarenta días hábiles, procediera a desalojar la finca. Lo apercibiera que en caso de no hacerlo, se procedería a lanzarlo a su costa; y, en el mismo acto, se embargarían bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas. Lo emplazara a juicio. La resolución anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. 3. El cuatro de mayo de dos mil diecisiete, el ministro ejecutor se constituyó en el domicilio del demandado y al no encontrarlo, le dejó citatorio para que lo esperara a las trece horas del ocho del citado mes y año para practicar la diligencia en cuestión (fojas 52 y 53). 4. El ocho de mayo de dos mil diecisiete, el ministro ejecución levantó razón en la que hizo constar la imposibilidad de presentarse en el domicilio indicado a efecto de cumplir con lo encomendado (foja 54). SEXTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta juzgadora examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. El tercero interesado invoca como causa de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XIII, pues afirma que el quejoso en su demanda de amparo acepta el adeudo por concepto de rentas vencidas y que constituye el fundamento base de la acción del acto reclamado. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento". El normativo transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el promovente ha consentido expresamente el acto reclamado o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La finalidad de dicha causal responde a un principio de seguridad jurídica, ya que persigue evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento en estudio debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados. Por tanto, se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en ellos; es decir, cuando produce una conducta concreta con la que se somete a los supuestos normativos de un ordenamiento. Es sustento de lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 148/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, octubre de dos mil seis, página doscientos ochenta y seis, que dispone: CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado. El tercero interesado hace consistir el consentimiento del acto reclamado en el hecho de que la quejosa admite adeudar diversas cantidades por concepto de rentas vencidas. Lo anterior resulta infundado. En efecto, la circunstancia de que el quejoso en su demanda de garantías, al narrar los antecedentes del acto reclamado, hubiera admitido tener un adeudo con la parte tercero interesada por concepto de rentas vencidas, lo cual constituye la base de la acción de desahucio, no se traduce en el consentimiento de la medida cautelar decretada en su contra, dado que lo impugnó en la vía y término idóneos a efecto de combatir su constitucionalidad, bajo el argumento de que se violaron en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídicas; de ahí lo infundado de su argumento. SÉPTIMO. Estudio de fondo del acto reclamado. Al no advertirse causa de improcedencia que hagan valer las partes, o que la suscrita la advierta de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Los conceptos de violación son infundados según se argumentará enseguida. En éstos, el quejoso aduce que las autoridades responsables violan en su perjuicio sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales por haber decretado la medida cautelar en su contra, pues le causa un acto de molestia en su persona, sin que se funde ni motive la causa legal del procedimiento y sin que se le haya seguido un proceso previo ante la autoridad responsable. En principio, es necesario precisar que el núcleo de la causa de pedir del argumento en análisis se integra por la falta de audiencia previa y de fundamentación y motivación en la imposición de la medida de desocupación decretada en el juicio de desahucio. Los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. El primer precepto citado contiene una de las garantías de seguridad jurídica de primordial importancia, la de audiencia previa. Dicha garantía otorga seguridad jurídica a los gobernados, al imponer la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. A dichas formalidades se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, que se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. De esta manera, en todo procedimiento o juicio han de observarse, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber: 1. El afectado debe tener conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. 2. Se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones. 3. Cuando se agote la etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y, 4. El procedimiento iniciado deberá concluir con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Sin embargo, las exigencias anteriores no cobran aplicación en actos de naturaleza provisional, ello en razón de que no constituyen actos de carácter definitivo. En efecto, la garantía de audiencia previa, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, y cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia P./J. 40/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 5, Tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Ahora, el artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, relativo al juicio de desahucio por falta de pago, establece lo siguiente: Artículo 543. Presentada la demanda con el documento o la justificación correspondiente, dictará auto el juez mandando requerir al inquilino, para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas, y no haciéndolo, se le prevenga que dentro de veinte días si la finca sirve para habitación; dentro de cuarenta si sirve para giro mercantil o industrial, o dentro de noventa si fuere rústica, proceda a desocuparla, apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectúa. Si lo pidiere el actor, en el mismo auto mandará que se embarguen y depositen bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas. Mandará que en el mismo acto se le emplace para que dentro de cinco días ocurra a oponer las excepciones que tuviere, corriéndosele traslado de la demanda, con entrega de las copias de ley. De lo anterior se deduce que presentada la demanda de desahucio con el documento o la justificación correspondiente, el juez realizará lo siguiente: Dictará auto mandando requerir al inquilino, para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas. De no hacerlo, se le prevendrá que dentro de los veinte días (finca destinada a habitación), cuarenta días (finca destinada a giro mercantil o industrial) y noventa días (finca rústica), proceda a desocuparla. Lo apercibirá que de no efectuarlo, se realizará el lanzamiento a su costa. Si lo pidiere el actor, en el mismo auto mandará que se embarguen y depositen bienes bastantes para cubrir las prensiones reclamadas. Hecho lo anterior, se ordenará el emplazamiento para que dentro de cinco días ocurra a oponer las excepciones que tuviere, corriéndole traslado de la demanda, con entrega de las copias de ley. Así el juicio de desahucio tiene una finalidad preponderantemente ejecutiva consistente en la desocupación del inmueble arrendado por incumplimiento en el pago de las rentas; sin embargo, aun cuando en el primer auto del procedimiento se previene al demandado para desocupar el inmueble y se le apercibe de lanzamiento a su costa, ello no transgrede la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional. Lo anterior, dado que dicha diligencia no constituye un acto de privación sin que previamente se oiga al afectado, que es lo que prohíbe el precepto constitucional de mérito, puesto que el lanzamiento, que es el acto privativo, no se decreta sino hasta en la sentencia que se dicta después de emplazar al afectado a juicio y dársele la oportunidad de oponer las excepciones que la propia ley señala, de justificar estar al corriente en el pago de las rentas, de ofrecer pruebas y alegar. Es sustento de lo anterior, la tesis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, página veintisiete, que dispone: DESAHUCIO. LOS ARTÍCULOS 475 A 485 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SINALOA, QUE REGULAN EL JUICIO CORRESPONDIENTE, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Del análisis sistemático y armónico de los citados preceptos, que prevén el juicio sumario de desahucio, se advierte que se trata de un juicio ejecutivo especial que implica el conocimiento sumario del conflicto, limitado a decidir sobre la procedencia del desalojo, tomando en cuenta la oposición y prueba de las excepciones señaladas por el artículo 478 del referido ordenamiento, de lo cual se infiere que el juicio tiene una finalidad preponderante ejecutiva consistente en la desocupación del inmueble arrendado por incumplimiento en el pago de las rentas; no obstante, aun cuando en el primer auto del procedimiento se previene al demandado para desocupar el inmueble y se le apercibe de lanzamiento a su costa, ello no transgrede la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, toda vez que la diligencia a que se refieren los artículos analizados no constituye un acto de privación sin que previamente se oiga al afectado, que es lo que prohíbe el precepto constitucional de mérito, puesto que el lanzamiento, que es el acto privativo, no se decreta sino hasta en la sentencia que se dicta después de emplazar al afectado a juicio y dársele la oportunidad de oponer las excepciones que la propia ley señala, de justificar estar al corriente en el pago de las rentas, de ofrecer pruebas y alegar. Luego, el auto que ordena la desocupación del inmueble dentro del juicio de desahucio no constituye un acto privativo, al no tener efectos definitivos; de ahí que respecto de aquél no rige la garantía de audiencia. Por otro lado, el acto reclamado tampoco vulnera la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional. En efecto, la circunstancia de que el quejoso en su demanda de garantías, al narrar los antecedentes del acto reclamado, hubiera admitido tener un adeudo con la parte tercero interesada por concepto de rentas vencidas, lo cual constituye la base de la acción de desahucio, no se traduce en el consentimiento de la medida cautelar decretada en su contra, dado que lo impugnó en la vía y término idóneos a efecto de combatir su constitucionalidad, bajo el argumento de que se violaron en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídicas; de ahí lo infundado de su argumento. El artículo 16 constitucional prevé el imperativo para todas las autoridades de emitir mandamientos por escrito, fundados y motivados de los actos que incidan en la esfera de los gobernados. De acuerdo con el citado dispositivo, todo acto de autoridad debe constar por escrito; además de estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalase, con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. La garantía consagrada en este precepto tiene su fundamento en el derecho humano de legalidad, conforme al cual, las autoridades del Estado solo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en ésta; luego, de acuerdo con el texto constitucional, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias; es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. En efecto, el artículo constitucional referido consagra una de las garantías que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, la de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. Asimismo, el derecho humano de seguridad jurídica, también contenido en el precepto constitucional que se analiza, consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, respecto de su familia, posesiones, o sus demás derechos; en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. Así, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de autoridad es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado, pues en la medida en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia. Resulta aplicable la jurisprudencia I.4º.A.J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Novena Época, mayo de dos mil seis, página mil quinientos treinta y uno, que dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". En el caso, la autoridad judicial responsable emitió el mandamiento reclamado (fojas 49 y 50) en los siguientes términos: Tuvo al promoviendo en la vía especial juicio de desahucio por falta de pago contra el hoy quejoso. Ordenó al actuario adscrito a dicho juzgado constituirse en el domicilio señalado como del demandado a efecto de realizar lo siguiente: Requerirle para que en ese momento justificara con los recibos correspondientes estar al corriente del pago de rentas. En caso de no hacerlo, prevenirlo para que dentro del término de cuarenta días hábiles desalojara la finca por servir como consultorio médico, según el contrato de arrendamiento celebrado por las partes. Lo apercibiera que en caso de no hacerlo, se le lanzaría a su costa. Dada la solicitud de la parte actora, realizara el embargo y depósito de bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas. Con las copias simples de la demanda y sus anexos, así como del auto admisorio y actuaciones subsiguientes, debidamente selladas y cotejadas, emplazara a la demandada para que dentro del término de cinco días opusiera las excepciones que tuviere. En relación con la solicitud de la parte actora, para que se autorizara el auxilio de la fuerza, así como el rompimiento de chapas y cerraduras, no resultó procedente, hasta en tanto hubiera constancia de la oposición del demandado. Citó como fundamento legal de su actuación los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 71, 72, 117, 227, 228, 233, 540, 541, 543, 544, 545 y relativos del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo anterior, se advierte que la determinación reclamada contiene el argumento mínimo pero suficiente que permite conocer al gobernado las razones y motivos para su emisión, máxime que se señalaron diversos preceptos legales en que la autoridad responsable sustentó su actuación. De ahí que, contrariamente a lo que refiere el quejoso, del acto reclamado puede advertirse claramente que éste proviene de un juicio de desahucio en el que se ordenó realizar la diligencia contemplada en el artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por tanto, la fundamentación y motivación de tal mandamiento son propios de la referida resolución. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **, contra el acto que reclamó de los Jueces Primero y Tercero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, en términos del considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a *, contra el acto que reclamó del Juez Segundo del Ramo Civil y la Actuaria adscrita a la Central de Actuarios, ambos del distrito judicial de la capital, consistente en el proveído de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, emitida en el juicio de desahucio 110/2017, y su ejecución, por los motivos expuestos en último considerando de este fallo. "
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE 22 DE AGOSTO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO:"RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Como ordenadoras. -Juez Primero de lo Civil. - Juez Segundo de lo Civil. - Juez Tercero de lo Civil. Como ejecutora. -Ministro ejecutor y/o Actuario adscrito a los Juzgado Mercantiles y Civiles del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La probable orden de desahucio dictada en mi contra, decretada por la autoridad responsable ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la autoridad ejecutora tendiente a desalojarme del inmueble que tengo en arrendamiento, en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en auto de ocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 8-11), la titular de este juzgado ordenó registrar la demanda en referencia con el expediente 451/2017 y la admitió a trámite, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, ordenó emplazar al tercero interesado, dio la intervención que legamente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad judicial que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - El proveído de diecisiete de abril de dos mil diecisiete emitido en el juicio de desahucio 110/2017, promovido en su contra, en el que se le requirió para que justificara estar al corriente del pago de rentas y en caso de no hacerlo, en el término de cuarenta días hábiles desalojara la finca, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a su lanzamiento; asimismo, se autorizó el embargo de bienes para cubrir las prestaciones reclamadas. TERCERO. Sobreseimiento respecto de autoridades que no les corresponde el carácter de responsables. Los jueces Primero y Tercero en materia Civil, con residencia en esta ciudad, negaron la existencia del acto que se les atribuye (fojas 15 y 55). No obstante, como se verá, la orden reclamada resulta cierta respecto de una autoridad diversa. De ahí que respecto de las autoridades destacadas, se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que su participación en los actos reclamados no se encuentra acreditada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la Jurisprudencia número I.5o.P. J/3, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, perteneciente a la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo vigésimo segundo, septiembre de dos mil cinco, página 1363, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento". Por tanto, se sobresee en el juicio de derechos con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, por cuanto a dichas autoridades concierne. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez Segundo Civil y la actuaria adscrita a la Central de Actuarios, ambos del distrito judicial de la capital del Estado aceptaron la existencia de la determinación reclamada al rendir su informe justificado (fojas 28 y 16, respectivamente). Además, la autoridad judicial citada remitió copia certificada del expediente relativo al juicio de desahucio 110/2017; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de la resolución combatida: 1. Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil diecisiete (fojas 22 a 26), ********************por conducto de representante legal, promovió juicio especial de desahucio, contra ********************, de quien reclamó, entre otras prestaciones, la desocupación y entrega material del consultorio médico arrendado en el interior del inmueble que ocupa tal centro, así como el pago de la cantidad de sesenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos por concepto de trece meses de renta que adeuda del uno de marzo de dos mil dieciséis al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Asimismo, solicitó que al momento de la diligencia de requerimiento y emplazamiento, se embargaran bienes bastantes propiedad del demandado que garantizaran los meses vencidos de renta y demás adeudos. 2. En proveído de diecisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 49 y 50), el juez responsable admitió a trámite la demanda, la registró con el expediente 110/2017 y ordenó al actuario a efecto de que se constituyera en el domicilio del demandado y realizara lo siguiente: Requerirlo para que en el acto justificara con los recibos correspondientes estar al corriente en el pago de rentas. En caso de no hacerlo, prevenirlo para que dentro del término de cuarenta días hábiles, procediera a desalojar la finca. Lo apercibiera que en caso de no hacerlo, se procedería a lanzarlo a su costa; y, en el mismo acto, se embargarían bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas. Lo emplazara a juicio. La resolución anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. 3. El cuatro de mayo de dos mil diecisiete, el ministro ejecutor se constituyó en el domicilio del demandado y al no encontrarlo, le dejó citatorio para que lo esperara a las trece horas del ocho del citado mes y año para practicar la diligencia en cuestión (fojas 52 y 53). 4. El ocho de mayo de dos mil diecisiete, el ministro ejecución levantó razón en la que hizo constar la imposibilidad de presentarse en el domicilio indicado a efecto de cumplir con lo encomendado (foja 54). SEXTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta juzgadora examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." El tercero interesado invoca como causa de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XIII, pues afirma que el quejoso en su demanda de amparo acepta el adeudo por concepto de rentas vencidas y que constituye el fundamento base de la acción del acto reclamado. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento". El normativo transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el promovente ha consentido expresamente el acto reclamado o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La finalidad de dicha causal responde a un principio de seguridad jurídica, ya que persigue evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento en estudio debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados. Por tanto, se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en ellos; es decir, cuando produce una conducta concreta con la que se somete a los supuestos normativos de un ordenamiento. Es sustento de lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 148/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, octubre de dos mil seis, página doscientos ochenta y seis, que dispone: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado". El tercero interesado hace consistir el consentimiento del acto reclamado en el hecho de que la quejosa admite adeudar diversas cantidades por concepto de rentas vencidas. Lo anterior resulta infundado. En efecto, la circunstancia de que el quejoso en su demanda de garantías, al narrar los antecedentes del acto reclamado, hubiera admitido tener un adeudo con la parte tercero interesada por concepto de rentas vencidas, lo cual constituye la base de la acción de desahucio, no se traduce en el consentimiento de la medida cautelar decretada en su contra, dado que lo impugnó en la vía y término idóneos a efecto de combatir su constitucionalidad, bajo el argumento de que se violaron en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídicas; de ahí lo infundado de su argumento. SÉPTIMO. Estudio de fondo del acto reclamado. Al no advertirse causa de improcedencia que hagan valer las partes, o que la suscrita la advierta de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación son infundados según se argumentará enseguida. En éstos, el quejoso aduce que las autoridades responsables violan en su perjuicio sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales por haber decretado la medida cautelar en su contra, pues le causa un acto de molestia en su persona, sin que se funde ni motive la causa legal del procedimiento y sin que se le haya seguido un proceso previo ante la autoridad responsable. En principio, es necesario precisar que el núcleo de la causa de pedir del argumento en análisis se integra por la falta de audiencia previa y de fundamentación y motivación en la imposición de la medida de desocupación decretada en el juicio de desahucio. Los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El primer precepto citado contiene una de las garantías de seguridad jurídica de primordial importancia, la de audiencia previa. Dicha garantía otorga seguridad jurídica a los gobernados, al imponer la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. A dichas formalidades se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, que se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. De esta manera, en todo procedimiento o juicio han de observarse, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber: 1. El afectado debe tener conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. 2. Se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones. 3. Cuando se agote la etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y, 4. El procedimiento iniciado deberá concluir con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Sin embargo, las exigencias anteriores no cobran aplicación en actos de naturaleza provisional, ello en razón de que no constituyen actos de carácter definitivo. En efecto, la garantía de audiencia previa, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, y cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia P./J. 40/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 5, Tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Ahora, el artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, relativo al juicio de desahucio por falta de pago, establece lo siguiente: "Artículo 543. Presentada la demanda con el documento o la justificación correspondiente, dictará auto el juez mandando requerir al inquilino, para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas, y no haciéndolo, se le prevenga que dentro de veinte días si la finca sirve para habitación; dentro de cuarenta si sirve para giro mercantil o industrial, o dentro de noventa si fuere rústica, proceda a desocuparla, apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectúa. Si lo pidiere el actor, en el mismo auto mandará que se embarguen y depositen bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas. Mandará que en el mismo acto se le emplace para que dentro de cinco días ocurra a oponer las excepciones que tuviere, corriéndosele traslado de la demanda, con entrega de las copias de ley." De lo anterior se deduce que presentada la demanda de desahucio con el documento o la justificación correspondiente, el juez realizará lo siguiente: Dictará auto mandando requerir al inquilino, para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas. De no hacerlo, se le prevendrá que dentro de los veinte días (finca destinada a habitación), cuarenta días (finca destinada a giro mercantil o industrial) y noventa días (finca rústica), proceda a desocuparla. Lo apercibirá que de no efectuarlo, se realizará el lanzamiento a su costa. Si lo pidiere el actor, en el mismo auto mandará que se embarguen y depositen bienes bastantes para cubrir las prensiones reclamadas. Hecho lo anterior, se ordenará el emplazamiento para que dentro de cinco días ocurra a oponer las excepciones que tuviere, corriéndole traslado de la demanda, con entrega de las copias de ley. Así el juicio de desahucio tiene una finalidad preponderantemente ejecutiva consistente en la desocupación del inmueble arrendado por incumplimiento en el pago de las rentas; sin embargo, aun cuando en el primer auto del procedimiento se previene al demandado para desocupar el inmueble y se le apercibe de lanzamiento a su costa, ello no transgrede la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional. Lo anterior, dado que dicha diligencia no constituye un acto de privación sin que previamente se oiga al afectado, que es lo que prohíbe el precepto constitucional de mérito, puesto que el lanzamiento, que es el acto privativo, no se decreta sino hasta en la sentencia que se dicta después de emplazar al afectado a juicio y dársele la oportunidad de oponer las excepciones que la propia ley señala, de justificar estar al corriente en el pago de las rentas, de ofrecer pruebas y alegar. Es sustento de lo anterior, la tesis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, página veintisiete, que dispone: "DESAHUCIO. LOS ARTÍCULOS 475 A 485 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SINALOA, QUE REGULAN EL JUICIO CORRESPONDIENTE, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Del análisis sistemático y armónico de los citados preceptos, que prevén el juicio sumario de desahucio, se advierte que se trata de un juicio ejecutivo especial que implica el conocimiento sumario del conflicto, limitado a decidir sobre la procedencia del desalojo, tomando en cuenta la oposición y prueba de las excepciones señaladas por el artículo 478 del referido ordenamiento, de lo cual se infiere que el juicio tiene una finalidad preponderante ejecutiva consistente en la desocupación del inmueble arrendado por incumplimiento en el pago de las rentas; no obstante, aun cuando en el primer auto del procedimiento se previene al demandado para desocupar el inmueble y se le apercibe de lanzamiento a su costa, ello no transgrede la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, toda vez que la diligencia a que se refieren los artículos analizados no constituye un acto de privación sin que previamente se oiga al afectado, que es lo que prohíbe el precepto constitucional de mérito, puesto que el lanzamiento, que es el acto privativo, no se decreta sino hasta en la sentencia que se dicta después de emplazar al afectado a juicio y dársele la oportunidad de oponer las excepciones que la propia ley señala, de justificar estar al corriente en el pago de las rentas, de ofrecer pruebas y alegar." Luego, el auto que ordena la desocupación del inmueble dentro del juicio de desahucio no constituye un acto privativo, al no tener efectos definitivos; de ahí que respecto de aquél no rige la garantía de audiencia. Por otro lado, el acto reclamado tampoco vulnera la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional. En efecto, la circunstancia de que el quejoso en su demanda de garantías, al narrar los antecedentes del acto reclamado, hubiera admitido tener un adeudo con la parte tercero interesada por concepto de rentas vencidas, lo cual constituye la base de la acción de desahucio, no se traduce en el consentimiento de la medida cautelar decretada en su contra, dado que lo impugnó en la vía y término idóneos a efecto de combatir su constitucionalidad, bajo el argumento de que se violaron en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídicas; de ahí lo infundado de su argumento. El artículo 16 constitucional prevé el imperativo para todas las autoridades de emitir mandamientos por escrito, fundados y motivados de los actos que incidan en la esfera de los gobernados. De acuerdo con el citado dispositivo, todo acto de autoridad debe constar por escrito; además de estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalase, con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. La garantía consagrada en este precepto tiene su fundamento en el derecho humano de legalidad, conforme al cual, las autoridades del Estado solo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en ésta; luego, de acuerdo con el texto constitucional, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias; es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. En efecto, el artículo constitucional referido consagra una de las garantías que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, la de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. Asimismo, el derecho humano de seguridad jurídica, también contenido en el precepto constitucional que se analiza, consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, respecto de su familia, posesiones, o sus demás derechos; en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. Así, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de autoridad es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado, pues en la medida en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia. Resulta aplicable la jurisprudencia I.4º.A.J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Novena Época, mayo de dos mil seis, página mil quinientos treinta y uno, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". En el caso, la autoridad judicial responsable emitió el mandamiento reclamado (fojas 49 y 50) en los siguientes términos: Tuvo al ********************promoviendo en la vía especial juicio de desahucio por falta de pago contra el hoy quejoso. Ordenó al actuario adscrito a dicho juzgado constituirse en el domicilio señalado como del demandado a efecto de realizar lo siguiente: Requerirle para que en ese momento justificara con los recibos correspondientes estar al corriente del pago de rentas. En caso de no hacerlo, prevenirlo para que dentro del término de cuarenta días hábiles desalojara la finca por servir como consultorio médico, según el contrato de arrendamiento celebrado por las partes. Lo apercibiera que en caso de no hacerlo, se le lanzaría a su costa. Dada la solicitud de la parte actora, realizara el embargo y depósito de bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas. Con las copias simples de la demanda y sus anexos, así como del auto admisorio y actuaciones subsiguientes, debidamente selladas y cotejadas, emplazara a la demandada para que dentro del término de cinco días opusiera las excepciones que tuviere. En relación con la solicitud de la parte actora, para que se autorizara el auxilio de la fuerza, así como el rompimiento de chapas y cerraduras, no resultó procedente, hasta en tanto hubiera constancia de la oposición del demandado. Citó como fundamento legal de su actuación los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 71, 72, 117, 227, 228, 233, 540, 541, 543, 544, 545 y relativos del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo anterior, se advierte que la determinación reclamada contiene el argumento mínimo pero suficiente que permite conocer al gobernado las razones y motivos para su emisión, máxime que se señalaron diversos preceptos legales en que la autoridad responsable sustentó su actuación. De ahí que, contrariamente a lo que refiere el quejoso, del acto reclamado puede advertirse claramente que éste proviene de un juicio de desahucio en el que se ordenó realizar la diligencia contemplada en el artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por tanto, la fundamentación y motivación de tal mandamiento son propios de la referida resolución. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclamó de los Jueces Primero y Tercero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, en términos del considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto que reclamó del Juez Segundo del Ramo Civil y la Actuaria adscrita a la Central de Actuarios, ambos del distrito judicial de la capital, consistente en el proveído de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, emitida en el juicio de desahucio 110/2017, y su ejecución, por los motivos expuestos en último considerando de este fallo. "
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