Mauro Talamantes Sánchez

Expediente 861/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
861/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Mauro Talamantes Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    aEl doce de diciembre de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del cinco al once de diciembre de dos mil diecinueve, con exclusión de los días siete y ocho del mes y año en curso por ser inhábiles, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a doce de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es destruible. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.

  2. Principal

    CUENTA. El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con un escrito registrado con el folio 17854. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Mauro Talamantes Sánchez, por el que da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de cuatro de noviembre del año en curso, a través del cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve se ostentó sabedor de los autos de nueve y diecinueve de julio del año en curso; además manifiesta que señala como autoridad responsable a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. En tales condiciones se acuerda: Ahora bien, toda vez que del contenido de la demanda de derechos, se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados: Del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas, se reclama lo siguiente: Auto de nueve de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se concedió la medida cautelar urgente consistente en romper los cercos de malla de un solar e instalar una puerta. Auto de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se volvió a autorizar la medida cautelar urgente para que el tercero interesado pueda atravesar por la propiedad que dice el quejoso es de su propiedad y embarcar ganado y volver dejar el cero en el estado en que se encontraba. Auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual se requiere al aquí quejoso, para que en un término de tres días hábiles reinstale la puerta que se ordenó colocar a través de la medida cautelar urgente decretada, en el lugar de donde la retiró, dejando ante el juzgado responsable una llave de la misma para que pueda acceder el actor del juicio, así como también para que retire de la puerta roja u oxidada la cadena que puso sin autorización, bajo apercibimiento de no hacerlo, incurrirá el quejoso en desacato judicial, con reserva del derecho al actor para formular la denuncia correspondiente ante la representación social. De la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se reclama: Auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se declara de improcedente la excusa planteada por el juez para dejar de conocer el interdicto 197/2019. Del Presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas: Auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se determinó que no es procedente dar trámite al recurso de queja que interpuso el quejoso, contra el juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas "contra de sus funcionarios auxiliares y otro funcionario de mayor jerarquía". Auto de veinte de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual no se acordó de procedente dar curso a la excitativa de justicia que planteó el quejoso. Auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, por el cual se le hizo del conocimiento al quejoso que no es procedente tener por interpuesto el recurso que señaló, por no encontrarse conformado un expediente o toca de naturaleza civil, sino que fueron presentados como cuestiones de carácter administrativa. PROCEDENCIA DE LA SEPARACIÓN DE JUICIOS. Los artículos 71 y 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, respectivamente establecen: Artículo 71. Después de que se haya admitido, por un tribunal, demanda para la decisión total o parcial de un litigio, y en tanto éste no haya sido resuelto por sentencia irrevocable, no puede tener lugar, para la decisión del mismo litigio, otro proceso, ni ante el mismo tribunal ni ante tribunal diverso, salvo cuando se presente, dentro del juicio iniciado, nueva demanda ampliando la primera a cuestiones que en ella fueron omitidas. Cuando, no obstante esta prohibición, se haya dado entrada a otra demanda, procederá la acumulación que, en este caso, no surte otro efecto que el de la total nulificación del proceso acumulado, con entera independencia de la suerte del iniciado con anterioridad. Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. En efecto, su interpretación permite colegir que procede la separación de juicios cuando la demanda de amparo la promueva el mismo quejoso, los actos reclamados emanen de juicios o procesos diversos, desvinculados entre sí, aunque las violaciones constitucionales sean distintas; pudiendo ser diversas las autoridades responsables. Conforme a los preceptos legales transcritos, el Incidente de Separación de Juicios de Amparo, tramitado de oficio por este Órgano Jurisdiccional, es procedente cuando en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos y desvinculados entre sí, pues si bien es cierto que dichos numerales prevén lo relativo a la acumulación de juicios, y que la separación de juicios no se encuentra regulada de manera específica en la Ley de Amparo, también lo es que dicha figura jurídica se considera incorporada a esa legislación a través de la jurisprudencia. En otras palabras, si los artículos mencionados regulan la acumulación de juicios; entonces, la separación de juicios será procedente cuando el Juez de Distrito se percate de la existencia de los supuestos para esa separación, interpretando en sentido contrario lo que establecen los preceptos legales citados. Por todo ello, se declara procedente la separación de Juicios de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio siguiente: SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación. Establecido lo anterior, tememos que en el presente asunto la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas, se reclama lo siguiente: Auto de nueve de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se concedió la medida cautelar urgente consistente en romper los cercos de malla de un solar e instalar una puerta. Auto de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se volvió a autorizar la medida cautelar urgente para que el tercero interesado pueda atravesar por la propiedad que dice el quejoso es de su propiedad y embarcar ganado y volver dejar el cero en el estado en que se encontraba. Auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual se requiere al aquí quejoso, para que en un término de tres días hábiles reinstale la puerta que se ordenó colocar a través de la medida cautelar urgente decretada, en el lugar de donde la retiró, dejando ante el juzgado responsable una llave de la misma para que pueda acceder el actor del juicio, así como también para que retire de la puerta roja u oxidada la cadena que puso sin autorización, bajo apercibimiento de no hacerlo, incurrirá el quejoso en desacato judicial, con reserva del derecho al actor para formular la denuncia correspondiente ante la representación social. De la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se reclama: Auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se declara de improcedente la excusa planteada por el juez para dejar de conocer el interdicto de recuperar la posesión 197/2019. Del Presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas: Auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se determinó que no es procedente dar trámite al recurso de queja que interpuso el quejoso, contra el juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas contra de sus funcionarios auxiliares y otro funcionario de mayor jerarquía. Auto de veinte de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual no se acordó de procedente dar curso a la excitativa de justicia que planteó el quejoso. Auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, por el cual se le hizo del conocimiento al quejoso que no es procedente tener por interpuesto el recurso que señaló, por no encontrarse conformado un expediente o toca de naturaleza civil, sino que fueron presentados como cuestiones de carácter administrativa. Como puede verse, en el caso a estudio se está en presencia de actos reclamados emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí. Circunstancias que ponen de relieve que en la especie se actualiza la hipótesis normativa que establece el ordinal 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En suma, se ha puesto de manifiesto que los actos reclamados en la demanda de derechos que dio origen a la formación de este expediente, aun y cuando son acuerdos que se encuentran relacionados con el juicio civil de interdicto de recuperar la posesión 197/2019, sin embargo, son distintos y emitidos por autoridades diferentes y en ese sentido se encuentran desvinculados; ello porque por un lado se ordenaron medidas cautelares urgentes por el juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas; y por otro lado, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, declaró de improcedente la excusa planteada por el juez para dejar de conocer el interdicto de recuperar la posesión, y más aún que el Presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, determinó de improcedente dar trámite a un recurso de queja, así como a dar curso a la excitativa de justicia planteada por el quejoso, porque fueron presentados como cuestiones de carácter administrativa. Por tanto, al encontrarse desvinculados entre sí, de acuerdo con la técnica del juicio de amparo no pueden ser jurídicamente analizados y menos resueltos en un mismo juicio de amparo; en razón de que si con las reglas establecidas para la acumulación, lo que se pretende esencialmente por parte del legislador es que se atienda a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra el artículo 17 constitucional; puesto que con ello se analizaría y resolvería en una sola sentencia los actos que se reclamen, pero que guardan una relación en el juicio de origen; por tanto, la misma razón debe prevalecer cuando en sentido contrario, los juicios de los que se hacen depender los actos reclamados, se encuentran desvinculados y sean autónomos entre sí. Todo lo antes mencionado responde, también, a que los tribunales de amparo, por los objetivos que se persiguen, acaten las medidas propuestas, en aras de una adecuada administración de justicia, sirviendo de apoyo al respecto, en lo conducente, el artículo 72 del código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado a contrario sensu, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, pues si bien alude a la acumulación de juicios de amparo, la separación de éstos se impone, en la hipótesis que se analiza, precisamente porque si los actos reclamados en un solo asunto derivan de juicios o procesos diversos, desvinculados entre sí, nunca podrán darse los supuestos de acumulación que establece el último numeral citado, que requieren, como base fundamental, que se trate del mismo acto reclamado, lo que no acontece en la especie. En consecuencia, con copia certificada por duplicado de la demanda de derechos que motivó la formación del juicio de amparo 861/2019 y escrito de aclaración, fórmese y regístrese diversos juicios de amparo, a los que se deberán asignar el número que por su orden les corresponda, en tanto que en el presente juicio de amparo, será materia de análisis los actos reclamados, emitidos en el juicio de interdicto para recuperar la posesión 197/2019 por el Juez de Primera Instancia del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas; y realizado lo anterior, previa reanudación del procedimiento, continúese con el trámite legal del presente juicio de amparo 861/2019, y en su oportunidad resuélvase conforme a derecho proceda. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito para que tome en cuenta lo aquí resuelto, en el sistema relativo al turno de la demanda de amparo y una vez hecho lo anterior, la remita al Juzgado que por razón de turno les corresponda, en el entendido de que los actos reclamados serán: De la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se reclama: Auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se declara de improcedente la excusa planteada por el juez para dejar de conocer el interdicto de recuperar la posesión 197/2019. Del Presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas: Auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se determinó que no es procedente dar trámite al recurso de queja que interpuso el quejoso, contra el juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas contra de sus funcionarios auxiliares y otro funcionario de mayor jerarquía. Auto de veinte de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual no se acordó de procedente dar curso a la excitativa de justicia que planteó el quejoso. Auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, por el cual se le hizo del conocimiento al quejoso que no es procedente tener por interpuesto el recurso que señaló, por no encontrarse conformado un expediente o toca de naturaleza civil, sino que fueron presentados como cuestiones de carácter administrativa. Para lo cual se adjunta copia certificada por duplicado de la demanda de derechos presentada por Mauro Talamantes Sánchez, así como escrito de aclaración. DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El precepto legal mencionado es del texto literal siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Ahora bien, respecto a los actos reclamados atribuidos al juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas, consistentes en: Auto de nueve de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se concedió la medida cautelar urgente consistente en romper los cercos de malla de un solar e instalar una puerta. Auto de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se volvió a autorizar la medida cautelar urgente para que el tercero interesado pueda atravesar por la propiedad que dice el quejoso es de su propiedad y embarcar ganado y volver dejar el cero en el estado en que se encontraba. Auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual se requiere al aquí quejoso, para que en un término de tres días hábiles reinstale la puerta que se ordenó colocar a través de la medida cautelar urgente decretada, en el lugar de donde la retiró, dejando ante el juzgado responsable una llave de la misma para que pueda acceder el actor del juicio, así como también para que retire de la puerta roja u oxidada la cadena que puso sin autorización, bajo apercibimiento de no hacerlo, incurrirá el quejoso en desacato judicial, con reserva del derecho al actor para formular la denuncia correspondiente ante la representación social. De los cuales bajo protesta de decir verdad manifestó el quejoso tuvo conocimiento de los mismos: Fecha del acto reclamado. Fecha de notificación 9 de julio de 2019 23 de agosto de 2019 19 de julio de 2019 23 de agosto de 2019 25 de septiembre de 2019 26 de septiembre de 2019 Por tanto, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Dichas disposiciones normativas, señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1890, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, página cinco, que dice: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En esta instancia constitucional, el quejoso combate los autos de nueve, diecinueve de julio y veinticinco de septiembre del año en curso, respectivamente. Ahora, la parte promovente manifiesta expresamente: Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que ENTRE LA FECHA DE SU ACUERDO Y LA FECHA DE SU EJECUCIÓN, JAMÁS FUI INFORMADO DE LAS DOS PRIMERAS MEDIDA CAUTELARES la de fecha 9 y la de fecha 19 ambas del mes de Julio del 2019, sino hasta en fecha posterior a su ejecución -ejecución que fue el 12 y 20 de Julio del mismo año respectivamente-, cuando fui emplazado a juicio el día 23 de agosto del 2019. Además tuve conocimiento de este tercer auto reclamado de fecha 25 de septiembre, el día jueves 26 de septiembre del 2019. Mismo del que solicité su revocación en tiempo y forma con fecha 30 de septiembre del dos mil diecinueve. Manifestaciones que adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 197 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, dado que se trata de afirmaciones espontaneas bajo protesta de decir verdad, de ahí que adquieren la naturaleza de confesión de parte. Es aplicable la jurisprudencia que dice: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, el artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas establece: 178.- Las notificaciones serán nulas cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: II.- La notificación surtirá sus efectos como si hubiera sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; Por su parte el precepto 180 del código adjetivo invocado establece: Artículo 180. Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación. Cuando fueren varias las partes y el término es común, se contará desde el día siguiente a aquél en que todas hayan quedado notificadas. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, excepto los términos que se cuenten por meses o años, los que se computarán por meses o años naturales; pero si el último día fuere inhábil, el término concluirá el primero que siga si fuere útil. Los días se entenderán de veinticuatro horas naturales contados de las veinticuatro a las veinticuatro". Entonces, respecto de los autos de nueve y diecinueve de julio de dos mil diecinueve, de los cuales tuvo conocimiento el quejoso el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es el veinticuatro de agosto siguiente, sin embargo, y toda vez que este día es inhábil por corresponder a día sábado, se posterga hasta el siguiente día hábil que es el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve; por tanto, tomando en consideración que dicha notificación surtió sus efectos el veintitrés del citado mes y año, por lo que el plazo de quince días que la ley precisa para promover demanda de amparo, concluyó el trece de septiembre actual, mediando entre estos, el treinta y uno de agosto, uno, siete y ocho de septiembre de dos mil diecinueve, por corresponder a días inhábiles, por ser sábados y domingos. Y con relación al auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, del cual tuvo conocimiento el quejoso el veintiséis siguiente, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es el veintisiete de septiembre del presente año; por tanto, tomando en consideración que dicha notificación surtió sus efectos el veintiséis de septiembre de los actuales, por lo que el plazo de quince días que la ley precisa para promover demanda de amparo, concluyó el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, mediando entre estos, el veintiocho, veintinueve de septiembre, cinco, seis, doce y trece de octubre del presente año, por corresponder a días inhábiles, por ser sábados y domingos. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el treinta de octubre de dos mil diecinueve, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre; es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17, que establece lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, los actos reclamados por el quejoso, emitidos en el juicio de interdicto para recuperar la posesión 197/2019, no constituyen un ataque a la libertad fuera de procedimiento, ni tampoco encuadran con alguno de los demás supuestos contemplados en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el diverso artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Mauro Talamantes Sánchez. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Rimb/Regina.

  3. Principal

    CUENTA. El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Mauro Talamantes Sánchez, registrada con el número de folio 16443, con una copia de ésta y anexos que se adjuntan. La circunstancia de que Lisandro David Carrillo Félix y Marcos Ramírez Vázquez, no tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Mauro Talamantes Sánchez, contra actos del juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas y otras autoridades, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 861/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción II de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. [ . ] Por su parte, el numeral 108, fracción V, de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] . V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;". De los preceptos transcritos se desprende que será motivo de prevención que la demanda de amparo indirecto no cumpla con los requisitos que para tal efecto prevé la Ley de Amparo, que exista alguna irregularidad en la demanda, o bien, no exista precisión en los actos reclamados. Al respecto, el artículo 108 de la citada ley establece como requisitos entre otros, que se narren los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual se deberá realizar bajo protesta de decir verdad. En esa línea, la fecha de conocimiento o notificación del acto reclamado integra un antecedente necesario para la tramitación de la demanda de derechos, pues constituye el hecho que genera la promoción del juicio, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, tratándose de determinaciones judiciales, es necesario que como antecedente del acto reclamado se narre la fecha de conocimiento o notificación de éste, bajo protesta de decir verdad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". Asimismo, es aplicable la jurisprudencua que establece "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado". Ahora bien, el quejoso, señala como actos reclamados: Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas. Fecha del acto reclamado. Fecha de notificación 9 de julio de 2019 19 de julio de 2019 25 de septiembre de 2019 26 de septiembre de 2019 De los primeros dos autos reclamados manifiesta el promovente que jamás fue informado de ellos; sin embargo fue omiso en precisar la fecha en que se ostentó sabedor de los mismo. Asimismo, el quejoso también señala como autoridad responsable al Presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a quien le atribuye los siguientes actos: Fecha del acto reclamado Fecha de notificación 8 de octubre de 2019 9 de octubre de 2019 10 de octubre de 2019 14 de octubre de 2019 20 de octubre de 2019 24 de octubre de 2019 21 de octubre de 2019 21 de octubre de 2019 Sin embargo, de los anexos que exhibe el demandante del amparo a su escrito de demanda se advierte que el auto señalado en primer término fue emitido por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el resto por el Magistrado Presidente; de ahí la inconsistencia de las autoridades señaladas como responsables. REQUERIMIENTO. Luego, se requiere al quejoso para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído bajo protesta de decir verdad, señale lo siguiente: Precise la fecha en la cual se ostentó sabedor de los autos de nueve y diecinueve de julio del presente año, emitidos por el juez responsable. Indique si también su deseo señalar como autoridad responsable a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Deberá exhibir copias suficientes de demanda y escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, atendiendo a las autoridades que señale como responsables, una copia de demanda para emplazar a la Agente del Ministerio Público adscrita. Se hace del conocimiento del quejoso que es él, quien debe de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por el propio promovente del amparo, ya que es él quien, bajo protesta de decir verdad, deberá señalar la fecha en que se ostentó sabedor de los actos que reclama del juez del responsable, pues constituye un acto personalísimo que solo pueden realizar quien promovió el juicio, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a los quejosos que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le hace del conocimiento el contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo que se refiere a la imposición de pena de prisión y multa al quejoso, a su abogado autorizado, o a ambos, para el caso de que informen hechos falsos. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Lisandro David Carrillo Félix y Marcos Ramírez Vázquez, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal fin en callejón de San Agustín sin número, esquina con calle Dr. Hierro (frente al costado del ex templo de San Agustín, zona centro en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

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