Mavic Jaimes Miranda

Expediente 193/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
193/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
04/06/2015

Partes del expediente

  • Mavic Jaimes Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de junio de dos mil quince. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 193/2015-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el dieciocho de mayo de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se tiene a la vista para resolver el juicio de amparo 193/2015-IV-B, promovido por Mavic Jaimes Miranda por derecho propio y; RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito y remitido en esa fecha a este Juzgado por razón de turno, compareció Mavic Jaimes Miranda por derecho propio, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia, Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, de Iguala, Guerrero, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La denegación en la administración de justicia, consistente en la OMISIÓN de diligenciar el exhorto que más adelante se indica, que ordena el emplazamiento de la parte demandada natural que igualmente se indica más adelante." SEGUNDO. La demanda se registró bajo el expediente 193/2015-IV-B, el treinta de enero de dos mil quince se admitió, por lo que se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, en la fecha que se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, que se inició en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en cuyo numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, en criterio jurisprudencial, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda integralmente, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar el alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que al enunciarla se haga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable al caso la jurisprudencia P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, del tomo XIX correspondiente a abril de dos mil cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y cuyo texto son del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías es necesario fijar adecuadamente los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura integral del escrito de demanda de garantías, atendiendo a los aspectos explicados en líneas precedentes, se precisa que el acto que se reclama en esta instancia es: La omisión de ordenar la diligenciación del exhorto 47/2012 del índice del Juzgado Décimo Civil en Materia Familiar y Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. Contrario a lo manifestado por la Juez de Primera Instancia del ramo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo en Iguala, Guerrero, es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de ordenar la diligenciación del exhorto 47/2012 del índice del Juzgado Décimo Civil en Materia Familiar y Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, ya que el seis de diciembre de dos mil doce recibió el exhorto de marras; el diez del mismo mes y año lo radicó bajo el exhorto 139/2012-III de su índice y ordenó su diligenciación; la demanda de amparo se presentó el veintinueve de enero de dos mil quince y fue hasta el veintitrés de febrero de dos mil quince en que acreditó haber devuelto el exhorto a su lugar de origen. Lo anterior se comprueba porque en autos obra copia certificada de diversas constancias que integran el exhorto 139/2012-III del índice del Juzgado de Primera Instancia del ramo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo en Iguala, Guerrero; las cuales ameritan valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º. Por ello es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, porque si bien, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, ordenó la diligenciación del exhorto el exhorto 47/2012 del índice del Juzgado Décimo Civil en Materia Familiar y Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, lo cierto es que, no acreditó haberlo devuelto a su lugar de origen. Con relación a lo anterior, es de observarse el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 3/94, visible en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente a la Octava Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". Por ello se desvirtúa la negativa de la autoridad al rendir su informe justificado. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio preferente. Así, el suscrito juzgador advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI, del ordenamiento legal invocado en líneas precedentes, conforme a la cual, el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] ...Fracción XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." Se actualiza dicha causal porque el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de ordenar la diligenciación del exhorto 47/2012 del índice del Juzgado Décimo Civil en Materia Familiar y Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Con relación a lo anterior, la responsable ofreció como prueba copia certificada de diversas constancias que integran el exhorto 139/2012-III, de su índice, de las que se desprende que el seis de diciembre de dos mil doce recibió el exhorto 47/2012 del índice del Juzgado Décimo Civil en Materia Familiar y Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; el diez de ese mes y año lo radicó y ordenó su diligenciación. Asimismo, el quince, veinticuatro de enero, trece de febrero de dos mil trece y veinticinco de marzo de dos mil catorce, el Actuario adscrito a la responsable manifestó su imposibilidad para llevar a cabo la diligencia de mérito, por lo que mediante oficio 614 de trece de mayo de dos mil catorce, se devolvió el exhorto, en el cual obra el sello de recibo de veintitrés de febrero de dos mil quince. En estas condiciones, es claro que al haberse diligenciado el exhorto 47/2012 del índice del Juzgado Décimo Civil en Materia Familiar y Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y haberlo devuelto el veintitrés de febrero de dos mil quince, la responsable hizo que cesaran los efectos de la omisión reclamada, destruyendo sus consecuencias en forma total e incondicional, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada, por tal motivo es procedente sobreseer en el juicio en que se actúa, respecto a dicho acto, de conformidad V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. La anterior consideración encuentra apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época cuyos rubro y texto son de la literalidad siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el mismo sentido, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro y texto se trascriben a continuación: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Sin que pase inadvertido para el suscrito Juzgador, que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste, lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." (Lo resaltado es propio). Por tanto, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, con relación a la fracción V del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Mavic Jaimes Miranda contra la omisión de ordenar la diligenciación del exhorto actos que reclamó al Juez de Primera Instancia del ramo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo en Iguala, Guerrero, por los razonamientos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. En cumplimiento al acuerdo general 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogó los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinó el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura para ser agregada a los autos y, en su oportunidad, archívese el expediente como concluido. Así lo resolvió y firma el Licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos; hoy dieciocho de mayo de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de marzo de dos mil quince. Vista la razón actuarial de cuenta, de la cual se advierte el motivo por el cual no le fue posible realizar la notificación personal a la parte tercero interesada, de la resolución de veintisiete de febrero de dos mil quince; en esas condiciones, instrúyase a los Actuarios de este juzgado, para que la citada notificación, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practiquen por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; que en lo conducente dice: Único.- La justicia de la unión ampara y protege...

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de febrero de dos mil quince. Visto el escrito signado por Manuel Rojas Olvera, tercero interesado en el presente asunto, mediante el cual, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y autoriza a diversas personas para los mismos efectos y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, asimismo realiza diversas manifestaciones con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. En atención al escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado al juicio de garantías en que se actúa al referido tercero interesado. Asimismo, se tiene como domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones el ubicado en CALLE BAJADA DE CHAPULTEPEC NÚMERO 3 DESPACHO 102 COLONIA CHAPULTEPEC EN ESTA CIUDAD, y por autorizado para los mismos efectos a Eduardo Cardoso Zañudo y con las facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Cuitlahuac Rolón, Javier Mujica Ruiz, Cipriano Fausto Toledo Villanueva, Marco Antonio Ortega Salazar. En atención a las manifestaciones que realiza el tercero interesado, por el cual solicita se de cabal cumplimiento a los acuerdos de dieciséis de septiembre y veinticuatro de diciembre, ambos del dos mil catorce, y se requiera al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Director General de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que le sea devuelta la cantidad que se entregó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por concepto del inmueble materia del presente asunto; dígase al promovente que deberá realizar las gestiones correspondientes ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que le devuelva las cantidades por el inmueble, además quedan expeditos sus derechos para que los haga valer en la vía legal que corresponda. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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