Mauro Herrera Denova

Expediente 196/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
196/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/05/2021

Partes del expediente

  • Mauro Herrera Denova
  • Junta Especial Numero Tres de la Local de Conciliacion Y Arbitraje En el Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 196/2021-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de quince de abril de dos mil veintiuno, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. Atento a lo anterior, se procede a dictar el siguiente acuerdo: Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la siguiente autoridad: Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Asimismo, se advierte del escrito inicial de demanda que la parte quejosa reclamó a la autoridad antes mencionada, lo siguiente: ".La omisión de la responsable de respetar los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo para que la parte que obtuvo esté en aptitud de continuar con el impulso de la ejecución del laudo y llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y en su caso de embargo." Asimismo, del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, refiere: "que el apoderado legal de la parte actora presentó escrito solicitando giraran los oficios a efecto de poder llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y en su caso de embargo y señalar bienes suficientes a fin de cumplimentar el laudo, siendo los escritos de treinta de junio de dos mil diecinueve y uno de marzo de dos mil veintiuno, sin que al momento se hayan acordado o se haya efectuado la diligencia de requerimiento de pago y en su caso de embargo." En ese contexto, del informe justificado rendido por la responsable, así como de las constancias a él anexas, se aprecia el acuerdo dictado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 01/300/13-III, por el cual, en lo que interesa, la autoridad responsable acordó las promociones presentadas por el apoderado de la parte actora el treinta de julio de dos mil diecinueve y uno de marzo de dos mil veintiuno, decretando auto de ejecución hasta por la cantidad de $440,855.03 (cuatrocientos cuarenta mil ochocientos cincuenta y cinco mil 03/100 moneda nacional), comisionando al actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio de la demandada y condenada y practicara la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo y en caso de que exista negativa por parte de la demandada a realizar el pago a que le fue condenado, procediera embargar bienes suficientes que cubran el crédito laboral obtenido a favor de la parte trabajadora; lo que tiene conocimiento la parte actora (quejosa), como se advierte de la notificación personal de doce de abril actual. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, ha cesado, ya que al haber acordado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 01/300/13-III las promociones presentadas por la parte actora -aquí quejosa¬¬- el treinta de julio de dos mil diecinueve y uno de marzo de dos mil veintiuno, decretando auto de ejecución hasta por la cantidad de $440,855.03 (cuatrocientos cuarenta mil ochocientos cincuenta y cinco mil 03/100 moneda nacional) y comisionó al actuario de su adscripción para que efectuara la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo y en caso de que existiera negativa por parte de la demandada a realizar el pago a que le fue condenado, procediera embargar bienes suficientes que cubran el crédito laboral obtenido a favor de la parte trabajadora, además que notificó personalmente a la actora dicha determinación el doce de abril del año en curso, la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y con ello la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior, conclusión la tesis 2ª./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2ª./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2ª./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En mérito de lo antes narrado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. ADMISIÓN DE DEMANDA. Visto el escrito de demanda presentado por Mauro Herrera Denova, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Actuario adscrito; fórmese el expediente 196/2021-IV-B, que por orden le corresponde; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, en relación con el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, no se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a las autoridades responsables que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes. Data que se señala, debido a la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales en virtud del fenómeno de salud pública generado por el COVID-19, así como su reanudación en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional, lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria y las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID19). En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el mencionado Acuerdo General 12/2020, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Apercibidos que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. DETERMINACIÓN SOBRE LA PARTE TERCERA INTERESADA. En términos del inciso b) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, asiste el carácter de tercera interesada a Ana María Nava Román. En relatadas circunstancias, con fundamento en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 y los diversos 25/2020 y 1/2021, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por conducto de uno de los Actuarios adscritos [acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones], se ordena el emplazamiento de la parte tercera interesada Ana María Nava Román, en el domicilio ubicado en Hermenegildo Galeana, número 19, interior 1, Centro, Cuernavaca, Morelos; corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo y del presente proveído, para que si a sus intereses conviene comparezca al presente juicio de amparo, haciéndole de su conocimiento la fecha en que tendrá verificativo la audiencia constitucional (nueve horas con veinte minutos del veintidós de junio de dos mil veintiuno); requiriéndole para que en el acto del emplazamiento, o bien, dentro del término de tres días siguientes al mismo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le practicarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo establecido por el numeral 29 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que realicen la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de esa Ley. Asimismo, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, a efecto de no retardar el procedimiento, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para el cumplimiento de dicho emplazamiento. Respecto al diverso domicilio de la tercera interesada Ana María Nava Román, señalado por la parte quejosa se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto el Actuario Judicial informe a este órgano jurisdiccional el resultado de lo que le fue encomendado. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Asimismo, se les hace saber que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir los pasos que ahí se precisan. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. CAPTURA COMPLETA DEL EXPEDIENTE EN LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DEL CONSEJO. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y Oficial Administrativo a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al contenido del referido Acuerdo General, en cuanto a la captura completa y oportuna información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, así como al plazo con que se cuenta para la integración del expediente impreso a fin de que coincida con el electrónico. NOTIFICACIONES. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". DOMICILIO Y PERSONAS AUTORIZADAS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a los profesionistas y personas propuestas. Finalmente, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

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