MAURO SORIA NAUYA y Otros.

Expediente 1051/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1051/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • MAURO SORIA NAUYA y Otros.
  • Mauro Soria Nauya
  • Jonathan Eddy Falcones Segarra
  • Celio Gusman Gonzalez Montaño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que fue celebrada la audiencia constitucional en el presente juicio y a la fecha, no ha sido dictada la sentencia. Asimismo se aprecia que por oficio SECNO/STCCNO/873/2023 de treinta de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la citada comisión determinó que el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, apoye en el dictado de las sentencias referentes a los juicios de amparo que se tramitan ante este juzgado; y, que en la remesa de asuntos generada en el Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encuentra el presente juicio. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes mediante lista de acuerdos, para los efectos conducentes. Se ordena vincular el expediente electrónico respectivo y hacerse la captura que corresponda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintitrés. No se encontraron a los quejosos. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la constancia actuarial que antecede en la que se advierte que la fedataria judicial en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiocho de agosto del presente año, se constituyó en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a fin de notificar a los quejosos 1) Soria Nauya Mauro, 2) Falcones Segarra Jonatan Eddy y 3) Gonzalo Montaño Celio Gusman, el acuerdo antes referido y fue informada que los quejosos ya no se encontraban alojados en esa estación migratoria. Notificación por lista. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a los mencionados quejosos por medio de lista de acuerdos el referido proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista de estrados a los quejosos el proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    hago constar que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III y 29, ambos de la Ley de Amparo, se practica la notificación del proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés a los quejosos Soria Nauya Mauro, Falcones Segarra Jonatan Eddy y Gonzalo Montaño Celio Gusman, en el juicio de amparo 1051/2023-V, por medio de lista de estrados, que en síntesis dicen:"Tijuana, Baja California, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Ratificación de demanda. Vista las constancias actuariales que anteceden, de las que se advierten que los quejosos 1).-********************2).-********************y 3)********************, manifestaron que sí ratificaban la demanda de amparo promovida a su favor, así como el nombramiento de autorizado. Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I y II, en relación con el 108, fracción en IV y V, de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos 1).-********************2).-********************y 3)********************, para que dentro del plazo de cinco días, den cumplimiento a la siguiente prevención: Bajo protesta de decir verdad informen si a la fecha tienen conocimiento de algún procedimiento migratorio con el fin de ordenar su extradición a su país de origen y, de ser el caso, la fecha que se hicieron sabedores del mismo. En caso afirmativo, indiquen si lo señalan como acto reclamado, para lo cual deberán narrar los antecedentes del mismo. Lo anterior, a fin de fijar la litis, con el objeto de que esta juzgadora la analice en su momento procesal oportuno y sobre todo para que las autoridades a las que atribuya los actos de que se queja, cuenten con suficientes elementos para rendir sus informes en relación a los mismos y defender su constitucionalidad. Deberán ajustar la demanda a los requisitos previstos en el artículo 108 de le Ley de Amparo; esto es, en la formulación el capítulo de antecedentes del acto reclamado, señalando bajo protesta de decir verdad, de manera clara, precisa y cronológica únicamente los hechos o abstenciones que dieron origen a los actos que pretenden reclamar en el presente juicio de amparo. No pasa desapercibido, que el promovente en el escrito de demanda narró bajo protesta de decir verdad el apartado de antecedentes; sin embargo, al ser únicamente su dicho no se da certeza o seguridad de los hechos referidos. Con motivo de lo anterior, los directamente agraviados deberán aclarar bajo protesta de decir verdad, de manera clara, precisa y cronológica únicamente los hechos. Así como la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna.". Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia J/18 (9a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo." Los requerimientos señalados deberán ser aclarados directamente por los quejosos, por ser un acto personalísimo y que sólo a ellos les corresponde. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), que dice lo siguiente "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Informe suspensión de plano. Por otra parte, agréguense a los autos para que obre como corresponda el oficio rendido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual, rinde el informe de acatamiento a la suspensión de plano y también comunica que los quejosos 1).-********************2).-********************y 3)********************, se encuentran alojados en la estación migratoria de Tijuana, Baja California. Delegados y domicilios. Con fundamento en los artículos 9 y 28 fracción I, todos de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable designando como delegados a las personas que cita y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere. Ahora bien, toda vez que los quejosos 1).-********************2).-********************y 3)********************, aún se encuentran privados de su libertad ante la autoridad responsable, no obstante que ya han transcurrido más de treinta y seis horas desde su detención; por lo que se considera que las autoridades responsables no han acatado la suspensión de plano decretada en autos. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 126 y 158 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a las citadas autoridades, para que dentro del término de doce horas siguientes a la recepción de los oficios correspondientes, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano en el presente juicio de amparo decretada en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Notifíquese personalmente a los quejosos 1).-********************2).-********************y 3)********************, en el lugar que se encuentran alojados."

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Ratificación de demanda. Vista las constancias actuariales que anteceden, de las que se advierten que los quejosos 1).-********************2).-********************y 3)********************, manifestaron que sí ratificaban la demanda de amparo promovida a su favor, así como el nombramiento de autorizado. Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I y II, en relación con el 108, fracción en IV y V, de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos 1).-********************2).-********************y 3)********************, para que dentro del plazo de cinco días, den cumplimiento a la siguiente prevención: Bajo protesta de decir verdad informen si a la fecha tienen conocimiento de algún procedimiento migratorio con el fin de ordenar su extradición a su país de origen y, de ser el caso, la fecha que se hicieron sabedores del mismo. En caso afirmativo, indiquen si lo señalan como acto reclamado, para lo cual deberán narrar los antecedentes del mismo. Lo anterior, a fin de fijar la litis, con el objeto de que esta juzgadora la analice en su momento procesal oportuno y sobre todo para que las autoridades a las que atribuya los actos de que se queja, cuenten con suficientes elementos para rendir sus informes en relación a los mismos y defender su constitucionalidad. Deberán ajustar la demanda a los requisitos previstos en el artículo 108 de le Ley de Amparo; esto es, en la formulación el capítulo de antecedentes del acto reclamado, señalando bajo protesta de decir verdad, de manera clara, precisa y cronológica únicamente los hechos o abstenciones que dieron origen a los actos que pretenden reclamar en el presente juicio de amparo. No pasa desapercibido, que el promovente en el escrito de demanda narró bajo protesta de decir verdad el apartado de antecedentes; sin embargo, al ser únicamente su dicho no se da certeza o seguridad de los hechos referidos. Con motivo de lo anterior, los directamente agraviados deberán aclarar bajo protesta de decir verdad, de manera clara, precisa y cronológica únicamente los hechos. Así como la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna.". Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia J/18 (9a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo." Los requerimientos señalados deberán ser aclarados directamente por los quejosos, por ser un acto personalísimo y que sólo a ellos les corresponde. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), que dice lo siguiente "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Informe suspensión de plano. Por otra parte, agréguense a los autos para que obre como corresponda el oficio rendido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual, rinde el informe de acatamiento a la suspensión de plano y también comunica que los quejosos 1).-********************2).-********************y 3)********************, se encuentran alojados en la estación migratoria de Tijuana, Baja California. Delegados y domicilios. Con fundamento en los artículos 9 y 28 fracción I, todos de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable designando como delegados a las personas que cita y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere. Ahora bien, toda vez que los quejosos 1).-********************2).-********************y 3)********************, aún se encuentran privados de su libertad ante la autoridad responsable, no obstante que ya han transcurrido más de treinta y seis horas desde su detención; por lo que se considera que las autoridades responsables no han acatado la suspensión de plano decretada en autos. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 126 y 158 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a las citadas autoridades, para que dentro del término de doce horas siguientes a la recepción de los oficios correspondientes, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano en el presente juicio de amparo decretada en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Notifíquese personalmente a los quejosos 1).-********************2).-********************y 3)********************, en el lugar que se encuentran alojados.

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