Mauricio Navarro Garza

Expediente 1356/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1356/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Mauricio Navarro Garza

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la jueza responsable, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, acusa recibo de los autos originales del expediente 1907/2018, de su índice, así como del pagare original valioso por novecientos siete mil seiscientos treinta y cuatro pesos (907,634.00), que fue remitido junto con su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, y dada la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, que se sustentó en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y, en consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Y toda vez que en el artículo 2, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 -extendido en su vigencia por el diverso Acuerdo General 25/2020 hasta el quince de enero de dos mil veintiuno-, se ordenó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, lo que implica una reanudación de los plazos y términos que quedaron pausados en este juicio y no su reinicio; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. Feneció término legal. Visto el contenido de la certificación de cuenta del que se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a las partes -previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo-, para interponer recurso de revisión en contra de la resolución de trece de marzo de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada determinación ha causado ejecutoria; en consecuencia, dénse los avisos de ley. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, téngase este asunto como totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, ya que se sobreseyó en este asunto. Por tanto, deberá de procederse a su destrucción una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a) del artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo hágase su depuración, debiéndose conservar únicamente las determinaciones por las cuales se concedió la suspensión provisional y la definitiva. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de tomo. Finalmente, al encontrarse totalmente concluido el presente juicio de amparo, devuélvase al Juez Décimo Primero de lo civil Especializado en Materia Mercantil, en esta ciudad, el tomo de pruebas que remitió la precitada autoridad responsable como apoyo a su informe justificado. Devolución de documentos. En el mismo orden, teniendo en consideración que de las constancias que integran el expediente en el que se actúa, se advierte que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, hágase de su conocimiento que a partir de este momento quedan a su disposición para su devolución. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no acudir a recogerlos dentro del lapso de noventa días hábiles, contado a partir de la notificación del presente proveído, dichas documentales serán destruidas al momento de realizar la destrucción de este expediente; debiéndose hacer por parte del secretario encargado del expediente, la certificación correspondiente una vez que obre en autos la notificación del presente proveído a la parte quejosa, para estar en aptitud de efectuar el cómputo correspondiente. Solicitud de copias. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y 279, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que solicita, previa razón de recibo que se otorgue en autos para constancia; autorizando para recibirlas a quienes precisa para tal efecto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Incidental

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Se reciben constancias. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio firmado por la delegada de la autoridad responsable, al que anexa copia cotejada de las nóminas correspondientes a los quejosos Ana Delia Piña Montejano, Natalia Rojas Lomelí, Martha Patricia Ruiz Cárdenas y Raúl Pérez Rojas; en consecuencia; con fundamento en los artículos 117 quinto párrafo, 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Transcurrió plazo. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a las partes por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se otorgó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de ley. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los siguientes términos: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión es el siguiente: La jueza responsable deje sin efecto todo lo actuado en el expediente de origen 608/2014, relativo a la jurisdicción voluntaria de su índice, a partir del auto de radicación de diecisiete de junio de dos mil catorce, sólo en cuanto al quejoso, incluyendo la fijación de edictos por el que se efectuó su emplazamiento. Dicte acuerdo en el que llame a René Salvador Toledo Gutiérrez, en términos del numeral 879 de la legislación procesal civil local, para que se le respete su derecho de audiencia y a oponerse a su tramitación, acorde al artículo 881 del mismo ordenamiento. En la inteligencia que ello deberá hacerlo sólo por el aquí quejoso y no respecto de los demás acreditados, llamamiento que desde luego deberá ordenar conforme a las reglas de las notificaciones personales -primera notificación- y con base en los lineamientos fijados en esta determinación, para el caso de no encontrarlo en su domicilio. Concesión que deberá hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados al Actuario adscrito al Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California y al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Baja California, con domicilio en esta ciudad, por las razones que se exponen en la tesis jurisprudencial 103, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 67, del Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Apéndice 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS.- La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Juez y Actuario del Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, así como al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Baja California, todos con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, den cumplimiento al fallo protector. Apercibimiento. Apercibidas que en caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se les impondrá a quienes resulten responsables, una multa de cien días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, tomo I, noviembre de dos mil catorce, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, registro 2007918, que señala (énfasis añadido): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades responsables, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Notifíquese en términos de ley.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con la Secretaria María Adela Mora Águila que firma y da fe. Doy fe. Carlos

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