Mauro Fernando Molina Sulub

Expediente 2192/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2192/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Mauro Fernando Molina Sulub

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98, en relación con 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de nueve de septiembre del año en curso, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, con anexo que adjunta, con el que, en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, informa que se aperturó el acta de investigación VFEDTTCID-GV/147/2022, en la Vice Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se inicie la investigación correspondiente por la probable trasgresión de los derechos humanos del quejoso Elmer Josué Farfán Molina. En ese sentido, es importante traer a colación, lo sostenido por el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se puede extraer conceptos y lineamientos inherentes a la correcta conducción de asuntos que involucren tortura y malos tratos. Entre ellos, lo establecido en el inciso C), denominado, Guía para juzgar casos de tortura y malos tratos, en concreto, en el punto 7 "vista con efectos de denuncia", que señala, que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de algún delito, está obligado a denunciarlo al ministerio público, y respecto del delito de tortura, tal deber se encuentra contemplado en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dicha denuncia será con efectos para que la representación social inicie la investigación penal correspondiente. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la Fiscalía General del Estado, ha iniciado el acta de investigación correspondiente, dese vista a la parte quejosa con las constancias que dicha autoridad remitió, a fin de que reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició, la cual fue registrada bajo el número de acta de investigación VFEDTTCID-GV/147/2022, ante la Vice Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, de la Fiscalía General del Estado, tal como lo prevé el invocado Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil veintidós. Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, para que proporcione algún domicilio en que el tercero interesado Diego de Alcalá Ruiz Ayuso, pudiera ser emplazado a juicio, transcurrió del veintiséis al veintiocho de septiembre último, sin que lo hubiera hecho; por tanto, llevando a efecto el apercibimiento contenido en el proveído de mérito, se ordena realizar la investigación del domicilio del aludido tercero. En ese entendido, para evitar mayores dilaciones en el procedimiento, y estar en aptitud de emplazar al tercero interesado Diego de Alcalá Ruiz Ayuso; con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se requiere a las siguientes autoridades a saber: Secretario de Seguridad Pública del Estado; Director de la Policía Estatal de Investigación; Vocal del Registro Federal Electoral de la Junta Local Ejecutiva en Yucatán; Jefe de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social; Jefe de Servicios Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República; Delegado Estatal de la Comisión Federal de Electricidad; Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán; Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica del Estado; Director del Registro Civil del Estado, Director del Catastro Municipal; Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Mérida y, Apoderado legal de "Teléfonos de México", Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable. Lo anterior, para que dentro del término de cinco días, legalmente computado, informen a este Juzgado Tercero de Distrito, si en los archivos de las referidas dependencias tienen registrado el domicilio del aludido tercero interesado, y en su caso, proporcionen la información correspondiente. En ese contexto se apercibe a las responsables para que bajo apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado, se les impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con la fracción I, del artículo 237, en relación al diverso 259 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por desacato a un mandato de autoridad judicial. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que aún se encuentra transcurriendo la vista que se le diera a las partes en proveído de trece anterior, de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, en relación al informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable. En ese tenor, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano