Mauricio Sahui Triay
Expediente 764/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 764/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mauricio Sahui Triay
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos y nuevamente el informe justificado rendido por la Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en representación de la Secretaría de referencia, la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán y el Departamento de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el treinta de mayo del año en curso, se dio contestación al ocurso de tres de febrero del presente año de la parte quejosa, con el que solicitó copias certificadas de los recibos de nómina comprendidos del periodo de julio del año dos mil hasta el mes de octubre de dos mil dieciséis, y la devolución íntegra de los descuentos en concepto del cuatro por ciento por aportaciones de seguridad social, código sesenta y cuatro de sus recibos de nómina. Ahora bien, se trae a colación que el acto que ********************, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de darle contestación a su ocurso de tres de febrero del presente año, presentado ante la responsable el dieciséis siguiente, con el que solicitó copias certificadas de los recibos de nómina comprendidos del periodo de julio del año dos mil hasta el mes de octubre de dos mil dieciséis, y la devolución íntegra de los descuentos en concepto del cuatro por ciento por aportaciones de seguridad social, código sesenta y cuatro de sus recibos de nómina. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a las autoridades responsables, de dar contestación a su petición su ocurso de tres de febrero del presente año, presentado ante ellas el dieciséis siguiente, con el que solicitó copias certificadas de los recibos de nómina comprendidos del periodo de julio del año dos mil hasta el mes de octubre de dos mil dieciséis, y la devolución íntegra de los descuentos en concepto del cuatro por ciento por aportaciones de seguridad social, código sesenta y cuatro de sus recibos de nómina. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que remitió la Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en representación de la Secretaría de referencia, la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán y el Departamento de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad, se advierte que el treinta de mayo de dos mil veintitrés, se dio contestación a lo solicitado por la parte quejosa en su ocurso de tres de febrero pasado, en relación a su solicitud de expedirle copias certificadas de los recibos de nómina comprendidos del periodo de julio del año dos mil hasta el mes de octubre de dos mil dieciséis, y la devolución íntegra de los descuentos en concepto del cuatro por ciento por aportaciones de seguridad social, código sesenta y cuatro de sus recibos de nómina. Misma determinación que le fue notificada el treinta y uno de mayo del año en curso, según se advierte de las citadas constancias remitidas por la autoridad de cuenta. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que ya se dio contestación a la solicitud que hizo el quejoso a la Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán. Máxime que dicha respuesta, ya fue hecha de su conocimiento, de manera personal, tal y como se advierte de las constancias que remitió la responsable a su informe con justificación. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional, que mediante acuerdo de siete de junio del presente año, el cual fue notificado a la parte quejosa al día siguiente, se dio vista en forma personal del informe rendido por la autoridad responsable y no realizó manifestación al respecto. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia académica de la titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial; por autorización comunicada mediante oficios CCJ/ST/3320/2023 y CCJ/ST/3793/2023, de fechas doce y veintiséis de junio ambos de dos mil veintitrés, respectivamente, suscritos por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de la vista que se le diera a la parte quejosa en auto de siete de junio del año en curso. En consecuencia, no es posible celebrar la aludida audiencia en esta data; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fija para su celebración las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por la Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en representación de la Secretaría de referencia, la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán y el Departamento de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de dicha autoridad y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en su informe con justificación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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