Mauro Alejandro Patiño Ocampo y Otros.
Expediente 1180/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1180/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mauro Alejandro Patiño Ocampo y Otros.
- Mauro Alejandro Patiño Ocampo
- Dylan Aaron Patiño Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. ARCHIVO Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. En relación con el original y duplicado del incidente, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva solicitadas, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del Acuerdo en mención, destrúyanse los mismos; el original transcurridos tres años, y el duplicado seis meses del periodo de conservación, ambos dentro de los treinta días siguientes, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1180/2021-VII, promovido por Mauricio Patiño Reséndiz, por su propio derecho y en cuanto representante de los menores de iniciales M. A. P. O. y D.A.P.O., contra actos que reclama del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta ciudad; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, el mismo día; Mauricio Patiño Reséndiz, por su propio derecho y en cuanto representante de los menores de iniciales M. A. P. O. y D.A.P.O., acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta ciudad. "IV.- ACTOS RECLAMADOS. Le reclamo la negativa de llamar audiencia de menores, toda vez que desde la contestación de la demanda reconvencional le hice manifestación que mis menores hijos pueden estar en peligro físico, sexual y psicológico, y necesita escucharlos y el juez familiar tener la certeza que los menores se encuentran bien, pero de manera dolosa y violentando en todo momento el artículo 4 constitucional y el interés superior de mis menores hijos, la autoridad responsable ha negado mis 2 solicitudes." En su escrito de demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que en auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, la admitió a trámite; se formó el expediente y lo registró bajo el número 1180/2021; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se desahogó en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado, para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, porque se reclaman dos acuerdos emitidos por un juez familiar con sede en esta ciudad; materia y lugar sobre el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en: Los acuerdos emitidos el veintiséis y treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio 535/2021, del índice del Juzgado Sexto Oral en Materia Familiar, en los que se determinó negar la escucha de menores. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto que se le reclama. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistente en copias fotostáticas certificadas del juicio especial oral familiar sobre fijación o aplicación de custodia definitiva. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, en el caso particular se omitirá el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado descrito en el considerando segundo de la presente resolución; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir, en los acuerdos emitidos el veintiséis y treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio 535/2021, del índice del Juzgado Sexto Oral en Materia Familiar, en los que se determinó negar la escucha de menores. Ahora, por auto de diez de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido oficio signado por el juez responsable, a través del cual remitió copia certificada de la audiencia de tres de mayo de dos mil veintidós levantada por dicha responsable, de cuya lectura se advierte que en esa fecha llevó a cabo la escucha de los menores de iniciales M. A. P. O. y D.A.P.O. De ahí que se corrobora que los efectos de los actos que en esta vía constitucional se reclaman han desaparecido totalmente, ya que la autoridad del juicio de origen, llevó a cabo la escucha de los menores de iniciales M. A. P. O. y D.A.P.O., actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal virtud, es inconcuso que en el presente sumario, los actos reclamados señalados en el considerando segundo de la presente resolución, que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. Cabe precisar que no es obstáculo a la determinación precedente el hecho de considerar las documentales allegadas por la responsable con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Ello dado que si bien la regla general prevista en el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que las pruebas de la indicada naturaleza, entre otras, deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, cuyo propósito estriba en no quebrantar el principio de igualdad procesal y dar oportunidad a las demás partes procesales (en su caso) a ejercer la facultad de objetar esos documentos -circunstancia que imposibilita ponderar aquéllas exhibidas con posterioridad a la celebración de dicha diligencia, pues de otra manera se limitaría el ejercicio de la referida prerrogativa-. Empero, lo cierto es que la indicada regla procesal es inaplicable tratándose de pruebas documentales a través de las cuales se acredita un motivo de improcedencia que llevaría al sobreseimiento del juicio de amparo; a pesar de que su exhibición sea posterior a la celebración de la indicada audiencia, pues su análisis es oficioso y con independencia del estado procesal, siempre que no se hubiere dictado sentencia definitiva. Máxime, si se toma en cuenta que las hipótesis de improcedencia que restringen esta clase de medios extraordinarios de defensa, son cuestiones de orden público que deben atenderse en un orden de prelación preferente al análisis de la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados. Por ende, quien resuelve está facultado para valorar los documentos que como medios de prueba se exhiben, siempre que aquéllos sean tendentes a demostrar alguna causa de improcedencia del juicio de amparo -como acontece en el caso-. Al caso concreto se cita la siguiente tesis: Época: Décima Época Registro: 2000902 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 25/2012 (10a.) Página: 1279 "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Mauricio Patiño Reséndiz, por su propio derecho y en cuanto representante de los menores de iniciales M. A. P. O. y D.A.P.O., en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, atento a las razones contenidas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintidós. REMITE CONSTANCIAS Visto el oficio de cuenta signado por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, a través del cual remite copia certificada de la audiencia de escucha de menores llevada a cabo el tres de mayo de la presente anualidad, misma que resulta ser necesaria para resolver el juicio en que se actúa, por lo que se ordena tener en consideración al momento de resolver el presente asunto. Ahora bien, como el juicio VII-1180/2021, se encuentra integrado para dictar sentencia, se ordena formar cuadernillo por separado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. svm Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles el que suscribe Secretaria Marbella Juárez García, CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 1180/2021 promovido por Mauricio Patiño Reséndiz, por sí y en representación de los menores de iniciales M.A.P.O. y D.A.P.O., contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo le resultó el carácter de tercero interesado a Jessica Vianey Ocampo Leal, en cuanto actora, por sí y en cuanto representante de los menores de iniciales M.A.P.O. y D.A.P.O., quien fue debidamente emplazada al presente juicio como se corrobora de las constancias que obran en autos. De igual forma se hace constar que en auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó girar oficio al Delegado Regional de la Defensoría Pública Federal, con sede en esta ciudad, con la finalidad de designar representante especial a las menores de iniciales M.A.P.O. y D.A.P.O., el cual mediante oficio presentado el diez de diciembre de dos mil veintiuno, informó que se designaba a Olivia Benítez Reyes, como representante especial de los menores antes citados, quien aceptó y protestó el cargo conferido mediante oficio presentado ante el Oficial de Partes de este Juzgado en diez de diciembre de dos mil veintiuno. Acto continuo, la Secretaria da cuenta con un escrito signado por la representante de los menores quejosos, registrado con el número 5025, a través del cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede, por otro lado, visto el escrito de cuenta signado por la representante de los menores, atento a su contenido, téngasele por hechas las diversas manifestaciones que vierte en su ocurso en vía de alegatos, mismos que se ordena tener en consideración en el momento procesal oportuno. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda; asimismo, obran en autos las documentales que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en copia certificada del juicio ordinario familiar oral 535/2021, medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo se tuvieron por admitidos y desahogados dada su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente Olivia Benítez Reyes, representante de las menores y la tercero interesada Jessica Vianey Ortiz Torres formularon alegatos a través de los escritos presentados ante la Oficialía de Partes de este Juzgado la primera el diez de diciembre de dos mil veintiuno, tres de febrero, ocho de marzo y seis de abril del año en curso, todos del año en curso, mientras que la tercero interesada mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintidós. EL JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MARBELLA JUÁREZ GARCÍA
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