Mauricio Patiño Resendiz

Expediente 1108/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1108/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Mauricio Patiño Resendiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, con fecha de engrose treinta de enero de dos mil veintitrés, en la cual se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por MAURICIO PATIÑO RECÉNDIZ. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede se desprende que en el presente juicio no obran glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ; por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Finalmente, háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de febrero de dos mil veintitrés. SE ORDENA NOTIFICACIONES POR LISTA Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad para notificar a la tercero interesada Jessica Vianey Ocampo Leal, la sentencia emitida el treinta de enero del año en curso, por las razones que expone. Ahora bien y toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término de tres días que le fue concedido a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y como no realizó manifestación alguna, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós; en tal virtud, en atención al citado proveído, notifíquese a la referida tercero interesada la resolución de mérito, mediante lista que se publica en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como las notificaciones subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase con la notificación por lista de la sentencia a la tercero interesada Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. mmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIRÉS, MEDIANTE LISTA NOTIFICO A la tercero interesada Jessica Vianey Ocampo Leal, la sentencia emitida el treinta de enero del año en curso, QUE EN SU PARTE RELATIVA DICE: V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ******************** (nombre correcto del quejoso cuyo segundo apellido se precisó como ********************) contra el acto de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el diez de octubre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido el diez siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, ******************** compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial; en los términos siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- A) De la autoridad ordenadora.- 1.- Le reclamo el NO FIJAR PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR DE MIS MENORES HIJOS DE NOMBRES ******************** Y ********************, EL VIOLENTAR COMO AUTORIDAD FAMILIAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MONEROES, toda vez que el día 09 de Septiembre de año 2022 dos mil veintidós, le solicité se le fijara pensión alimenticia a favor de mis menores hijos y como deudor alimentista la C. ********************, el cual manifiesta que se tiene que demandarlos a los cual violenta totalmente el interés superior de mis menores hijos y el artículo 4 constitucional, a lo cual vuelvo a insistir y solicitando de nuevo pensión alimenticia a favor de mis hijos el día 23 de septiembre de la presente anualidad el cual la autoridad responsable ignoró totalmente y hasta hoy día no ha dado respuesta de nuevo a petición y con esto violentando totalmente los derechos de mis hijos y dejándolos en estado de necesidad.". En ese ocurso, el promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1°, 4°, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. En proveído de once de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional radicó la demanda bajo el progresivo número ********************, y determinó prevenir al promovente para que aclarara diversos puntos de su libelo inicial, lo que así fue atendido mediante escrito presentado el catorce posterior. TERCERO. Admisión y trámite. Una vez ratificado ese escrito preventorio, mediante auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda, requirió su informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Toda vez que en el presente asunto se encuentran inmiscuidos los derechos de los menores de iniciales ******************** y ********************, este Juzgado de Distrito determinó nombrarles un representante especial designado por la Defensoría Pública Federal, quien aceptó y protestó el cargo conferido. Asimismo se reconoció el carácter de tercera interesada a ********************, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó y efectúo su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. De igual manera, en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se determinó reconocer el carácter antes mencionado a ********************, tutora especial de los menores de iniciales ******************** y ********************, designada por el Sistema DIF, Michoacán, así como a la Fiscal adscrita al juzgado responsable; por lo que ordenó llamarlas a este juicio constitucional. Finalmente, el diecinueve de enero de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto atribuido a una autoridad materialmente jurisdiccional del orden familiar, que reside dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal, con competencia mixta, ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La omisión de acordar en cuanto al fondo la promoción presentada el ********************, en la que el apoderado del aquí quejoso solicitó -por segunda ocasión-, se fijara el pago de alimentos a favor de los menores de iniciales ******************** y ********************, con cargo a ********************, al no haber sido ese tema materia del convenio modificado por las partes [sobre custodia y convivencia], dejando en estado de indefensión a los infantes acreedores. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la jueza responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con diversas constancias certificada relativas al juicio ordinario oral familiar número ********************, del índice del juzgado responsable, en las que particularmente obra la petición elevada el ********************, sobre fijación de alimentos a favor de los infantes de iniciales ******************** y ******************** Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, al haber sido certificadas por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto es menester hacer una breve relatoría de antecedentes que se desprenden de las constancias allegadas al sumario: 1. El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, ********************, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ******************** y ******************** presentó demanda en la vía ordinaria oral familiar en contra de ********************, sobre divorcio sin expresión de causa, custodia provisional y definitiva, pago de alimentos y otras prestaciones. 2. Ese ocurso correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Sexto Familiar de este Distrito Judicial, el que lo admitió a trámite bajo el expediente número ******************** y ordenó emplazar a la parte reo. 3. ******************** produjo su contestación en la que aceptó la procedencia de la acción de divorcio y la improcedencia del resto de las prestaciones reclamadas, oponiendo excepciones y defensas. 4. El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, tuvo lugar la audiencia preliminar correspondiente en la que las partes llegaron a un convenio sobre la custodia y convivencia con sus menores hijos y, por lo que hace a los alimentos a favor de éstos, estipularon que el progenitor les otorgaría una pensión correspondiente al ******************** del total de sus percepciones económicas, por cada infante, mediante oficio dirigido a la fuente de trabajo para efectuar la retención. 5. Toda vez que se estimó inane agotar el resto de las etapas procesales, en la propia data antes mencionada se dictó sentencia que declaró la disolución del vínculo matrimonial y aprobó el convenio celebrado. 6. No obstante, el veintiocho de octubre de dos mil veinte, las partes comparecieron ante el juez de los autos a fin de modificar aquel pacto volitivo, para ahora quedar bajo un régimen de convivencia alternada. 7. El veintiséis de agosto de dos mil veintidós, el mandatario de ******************** solicitó a la jueza familiar se decretara judicialmente la guarda y custodia de sus menores hijos a favor de su representado -al haber sido entregados voluntariamente por la progenitora a éste- y, correlativamente, se suspendiera la retención efectuada por la fuente de trabajo, por concepto de alimentos. 8. A esa promoción recayó el auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, en el que se ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara lo propio. 9. El nueve de septiembre de dos mil veintidós, el mandatario de ********************, volvió a solicitar la suspensión de la pensión alimenticia a su cargo y, consecuentemente, la fijación de aquél concepto a cargo de ********************. 10. Atento a lo peticionado, mediante proveído de doce siguiente se ordenó girar oficio a la fuente de trabajo para que dejara de efectuar la retención ordenada en autos, mientras que, tocante al pago de alimentos, se le dijo que debería demandarlos en la vía y términos de la ley de la materia. 11. El veintitrés del mes y año en comento, la mencionada parte procesal nuevamente solicitó se fijara el pago de alimentos a favor de los menores de iniciales ******************** y ********************, con cargo a ********************, al no haber sido ese tema materia del convenio modificado por las partes [sobre custodia y convivencia], dejando en estado de indefensión a los infantes acreedores. 12. A lo anterior recayó el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós -relacionado también con el cumplimiento del fallo protector dictado en el diverso juicio de amparo ********************- en el que se dio vista a la tutora especial y fiscal adscrita para que manifestaran lo que a su representación conviniera. 13. Como se precisó en el primer resultando de este fallo, el diez de octubre de dos mil veintidós, ******************** presentó demanda de amparo indirecto en la que reclamó la omisión de la jueza familiar de proveer en cuanto al fondo de su solicitud de fijación de alimentos. 14. Desahogadas las vistas, el quince de noviembre de dos mil veintidós, se dio nueva cuenta con el escrito presentado el ********************, para reiterar al promovente que debería estarse a lo acordado el doce de septiembre anterior, en el que se dejaron a salvo sus derechos para demandar los alimentos en la vía y términos de la ley de la materia. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, este juzgador federal estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]". Como podemos ver, del numeral y fracción trascritos se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 al analizar la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (cuyo texto corresponde a la actual XXI del arábigo 61 de la norma vigente) estableció que su actualización requiere no solo que la autoridad revoque o deje insubsistente el acto reclamado, sino además, que todos sus efectos desaparezcan o se destruyan en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Ahora bien, la parte quejosa reclama en este juicio constitucional la omisión de acordar en cuanto al fondo la promoción presentada el ********************, en la que el apoderado del aquí quejoso solicitó -por segunda ocasión-, se fijara el pago de alimentos a favor de los menores de iniciales ******************** y ********************, con cargo a ********************, al no haber sido ese tema materia del convenio modificado por las partes [sobre custodia y convivencia], dejando en estado de indefensión a los infantes acreedores. Luego, conforme a la relatoría de antecedentes expuestos, se colige que, en efecto, la jueza familiar estimó pertinente otorgar vista a la tutora especial y fiscal adscrita para que manifestaran lo que a su representación conviniera. En concreto, tales funcionarias manifestaron que: Que el natural se encuentra concluido virtud del convenio celebrado por las partes. Que en éste no se pactó lo relativo a los alimentos; y, Que lo pertinente era dejar a salvo los derechos del progenitor para hacerlos valer en la vía y términos que fije la ley de la materia. Atento a lo anterior, el quince de noviembre de dos mil veintidós, se dio nueva cuenta con el escrito de ********************, pero se le reiteró al promovente que debería estarse a lo acordado el doce de septiembre anterior, en el que se dejaron a salvo sus derechos para demandar los alimentos en la vía y términos de la ley de la materia. Como se observa, con dicha actuación procesal la jueza responsable hizo cesar la omisión que en este juicio constitucional se reclama, cuenta habida que reiteró la determinación ya asumida sobre la imposibilidad de proveer sobre la fijación de alimentos en ese juicio, dejando a salvo los derechos del progenitor. De ahí que el acto omisivo impugnado quedó desvanecido virtud del auto descrito. Incluso, es de destacarse que, tal como lo señala la autoridad responsable, el aquí quejoso ya era conocedor de la imposibilidad de atender a su solicitud, pues así se le acordó el doce de septiembre de dos mil veintidós. Aspecto que resulta de singular relevancia, porque dicho auto no fue señalado como acto reclamado en este juicio constitucional y ni siquiera se accionó oportunamente en contra de éste. Por lo que si la intención del quejoso es obtener una nueva oportunidad para accionar, virtud de la reiteración de una determinación ya asumida, ello constituye una ventaja procesal que no debe ser pasada por alto por el que ahora suscribe. Así, toda vez que el acto reclamado en este juicio se limita a la omisión de acordar en cuanto al fondo del escrito de vientres de septiembre de dos mil veintidós, y que a éste recayó el posterior auto de quince de noviembre de dos mil veintidós -posterior a la presentación de la demanda de amparo-, es que debe concluirse la cesación de los efectos de la omisión impugnada. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Por lo que con ello, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por la parte agraviada, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por el acto reclamado a las autoridades responsables y que con antelación se precisó. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Sin que el sobreseimiento decretado cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Tampoco obsta la circunstancia de que en la especie se encuentren inmiscuidos los derechos de menores, pues para que opere el beneficio de la suplencia de la queja a su favor contenida en el artículo 79 de la Ley de Amparo -con independencia de su calidad procesal-, es necesario que el juicio constitucional resulte procedente, como un presupuesto procesal de análisis obligatorio para este juzgador federal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos formulados el Agente del Ministerio Público adscrito y por representante especial de los menores, en virtud de que en ellos no se aduce la actualización de diversa causal de improcedencia ni sobreseimiento en el juicio de amparo, ni forman parte de la litis. Ello en términos de la jurisprudencia 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Se precisa que los criterios invocados en esta ejecutoria se citaron acorde con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, en razón de que su contenido no se contrapone a dicha legislación. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** en contra del acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy treinta de enero de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ******************** (nombre correcto del quejoso cuyo segundo apellido se precisó como ********************) contra el acto de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el diez de octubre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido el diez siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, ******************** compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial; en los términos siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- A) De la autoridad ordenadora.- 1.- Le reclamo el NO FIJAR PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR DE MIS MENORES HIJOS DE NOMBRES ******************** Y ********************, EL VIOLENTAR COMO AUTORIDAD FAMILIAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MONEROES, toda vez que el día 09 de Septiembre de año 2022 dos mil veintidós, le solicité se le fijara pensión alimenticia a favor de mis menores hijos y como deudor alimentista la C. ********************, el cual manifiesta que se tiene que demandarlos a los cual violenta totalmente el interés superior de mis menores hijos y el artículo 4 constitucional, a lo cual vuelvo a insistir y solicitando de nuevo pensión alimenticia a favor de mis hijos el día 23 de septiembre de la presente anualidad el cual la autoridad responsable ignoró totalmente y hasta hoy día no ha dado respuesta de nuevo a petición y con esto violentando totalmente los derechos de mis hijos y dejándolos en estado de necesidad.". En ese ocurso, el promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1°, 4°, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. En proveído de once de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional radicó la demanda bajo el progresivo número ********************, y determinó prevenir al promovente para que aclarara diversos puntos de su libelo inicial, lo que así fue atendido mediante escrito presentado el catorce posterior. TERCERO. Admisión y trámite. Una vez ratificado ese escrito preventorio, mediante auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda, requirió su informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Toda vez que en el presente asunto se encuentran inmiscuidos los derechos de los menores de iniciales ******************** y ********************, este Juzgado de Distrito determinó nombrarles un representante especial designado por la Defensoría Pública Federal, quien aceptó y protestó el cargo conferido. Asimismo se reconoció el carácter de tercera interesada a ********************, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó y efectúo su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. De igual manera, en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se determinó reconocer el carácter antes mencionado a ********************, tutora especial de los menores de iniciales ******************** y ********************, designada por el Sistema DIF, Michoacán, así como a la Fiscal adscrita al juzgado responsable; por lo que ordenó llamarlas a este juicio constitucional. Finalmente, el diecinueve de enero de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto atribuido a una autoridad materialmente jurisdiccional del orden familiar, que reside dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal, con competencia mixta, ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La omisión de acordar en cuanto al fondo la promoción presentada el ********************, en la que el apoderado del aquí quejoso solicitó -por segunda ocasión-, se fijara el pago de alimentos a favor de los menores de iniciales ******************** y ********************, con cargo a ********************, al no haber sido ese tema materia del convenio modificado por las partes [sobre custodia y convivencia], dejando en estado de indefensión a los infantes acreedores. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la jueza responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con diversas constancias certificada relativas al juicio ordinario oral familiar número ********************, del índice del juzgado responsable, en las que particularmente obra la petición elevada el ********************, sobre fijación de alimentos a favor de los infantes de iniciales ******************** y ******************** Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, al haber sido certificadas por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto es menester hacer una breve relatoría de antecedentes que se desprenden de las constancias allegadas al sumario: 1. El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, ********************, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ******************** y ******************** presentó demanda en la vía ordinaria oral familiar en contra de ********************, sobre divorcio sin expresión de causa, custodia provisional y definitiva, pago de alimentos y otras prestaciones. 2. Ese ocurso correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Sexto Familiar de este Distrito Judicial, el que lo admitió a trámite bajo el expediente número ******************** y ordenó emplazar a la parte reo. 3. ******************** produjo su contestación en la que aceptó la procedencia de la acción de divorcio y la improcedencia del resto de las prestaciones reclamadas, oponiendo excepciones y defensas. 4. El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, tuvo lugar la audiencia preliminar correspondiente en la que las partes llegaron a un convenio sobre la custodia y convivencia con sus menores hijos y, por lo que hace a los alimentos a favor de éstos, estipularon que el progenitor les otorgaría una pensión correspondiente al ******************** del total de sus percepciones económicas, por cada infante, mediante oficio dirigido a la fuente de trabajo para efectuar la retención. 5. Toda vez que se estimó inane agotar el resto de las etapas procesales, en la propia data antes mencionada se dictó sentencia que declaró la disolución del vínculo matrimonial y aprobó el convenio celebrado. 6. No obstante, el veintiocho de octubre de dos mil veinte, las partes comparecieron ante el juez de los autos a fin de modificar aquel pacto volitivo, para ahora quedar bajo un régimen de convivencia alternada. 7. El veintiséis de agosto de dos mil veintidós, el mandatario de ******************** solicitó a la jueza familiar se decretara judicialmente la guarda y custodia de sus menores hijos a favor de su representado -al haber sido entregados voluntariamente por la progenitora a éste- y, correlativamente, se suspendiera la retención efectuada por la fuente de trabajo, por concepto de alimentos. 8. A esa promoción recayó el auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, en el que se ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara lo propio. 9. El nueve de septiembre de dos mil veintidós, el mandatario de ********************, volvió a solicitar la suspensión de la pensión alimenticia a su cargo y, consecuentemente, la fijación de aquél concepto a cargo de ********************. 10. Atento a lo peticionado, mediante proveído de doce siguiente se ordenó girar oficio a la fuente de trabajo para que dejara de efectuar la retención ordenada en autos, mientras que, tocante al pago de alimentos, se le dijo que debería demandarlos en la vía y términos de la ley de la materia. 11. El veintitrés del mes y año en comento, la mencionada parte procesal nuevamente solicitó se fijara el pago de alimentos a favor de los menores de iniciales ******************** y ********************, con cargo a ********************, al no haber sido ese tema materia del convenio modificado por las partes [sobre custodia y convivencia], dejando en estado de indefensión a los infantes acreedores. 12. A lo anterior recayó el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós -relacionado también con el cumplimiento del fallo protector dictado en el diverso juicio de amparo ********************- en el que se dio vista a la tutora especial y fiscal adscrita para que manifestaran lo que a su representación conviniera. 13. Como se precisó en el primer resultando de este fallo, el diez de octubre de dos mil veintidós, ******************** presentó demanda de amparo indirecto en la que reclamó la omisión de la jueza familiar de proveer en cuanto al fondo de su solicitud de fijación de alimentos. 14. Desahogadas las vistas, el quince de noviembre de dos mil veintidós, se dio nueva cuenta con el escrito presentado el ********************, para reiterar al promovente que debería estarse a lo acordado el doce de septiembre anterior, en el que se dejaron a salvo sus derechos para demandar los alimentos en la vía y términos de la ley de la materia. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, este juzgador federal estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]". Como podemos ver, del numeral y fracción trascritos se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 al analizar la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (cuyo texto corresponde a la actual XXI del arábigo 61 de la norma vigente) estableció que su actualización requiere no solo que la autoridad revoque o deje insubsistente el acto reclamado, sino además, que todos sus efectos desaparezcan o se destruyan en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Ahora bien, la parte quejosa reclama en este juicio constitucional la omisión de acordar en cuanto al fondo la promoción presentada el ********************, en la que el apoderado del aquí quejoso solicitó -por segunda ocasión-, se fijara el pago de alimentos a favor de los menores de iniciales ******************** y ********************, con cargo a ********************, al no haber sido ese tema materia del convenio modificado por las partes [sobre custodia y convivencia], dejando en estado de indefensión a los infantes acreedores. Luego, conforme a la relatoría de antecedentes expuestos, se colige que, en efecto, la jueza familiar estimó pertinente otorgar vista a la tutora especial y fiscal adscrita para que manifestaran lo que a su representación conviniera. En concreto, tales funcionarias manifestaron que: Que el natural se encuentra concluido virtud del convenio celebrado por las partes. Que en éste no se pactó lo relativo a los alimentos; y, Que lo pertinente era dejar a salvo los derechos del progenitor para hacerlos valer en la vía y términos que fije la ley de la materia. Atento a lo anterior, el quince de noviembre de dos mil veintidós, se dio nueva cuenta con el escrito de ********************, pero se le reiteró al promovente que debería estarse a lo acordado el doce de septiembre anterior, en el que se dejaron a salvo sus derechos para demandar los alimentos en la vía y términos de la ley de la materia. Como se observa, con dicha actuación procesal la jueza responsable hizo cesar la omisión que en este juicio constitucional se reclama, cuenta habida que reiteró la determinación ya asumida sobre la imposibilidad de proveer sobre la fijación de alimentos en ese juicio, dejando a salvo los derechos del progenitor. De ahí que el acto omisivo impugnado quedó desvanecido virtud del auto descrito. Incluso, es de destacarse que, tal como lo señala la autoridad responsable, el aquí quejoso ya era conocedor de la imposibilidad de atender a su solicitud, pues así se le acordó el doce de septiembre de dos mil veintidós. Aspecto que resulta de singular relevancia, porque dicho auto no fue señalado como acto reclamado en este juicio constitucional y ni siquiera se accionó oportunamente en contra de éste. Por lo que si la intención del quejoso es obtener una nueva oportunidad para accionar, virtud de la reiteración de una determinación ya asumida, ello constituye una ventaja procesal que no debe ser pasada por alto por el que ahora suscribe. Así, toda vez que el acto reclamado en este juicio se limita a la omisión de acordar en cuanto al fondo del escrito de vientres de septiembre de dos mil veintidós, y que a éste recayó el posterior auto de quince de noviembre de dos mil veintidós -posterior a la presentación de la demanda de amparo-, es que debe concluirse la cesación de los efectos de la omisión impugnada. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Por lo que con ello, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por la parte agraviada, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por el acto reclamado a las autoridades responsables y que con antelación se precisó. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Sin que el sobreseimiento decretado cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Tampoco obsta la circunstancia de que en la especie se encuentren inmiscuidos los derechos de menores, pues para que opere el beneficio de la suplencia de la queja a su favor contenida en el artículo 79 de la Ley de Amparo -con independencia de su calidad procesal-, es necesario que el juicio constitucional resulte procedente, como un presupuesto procesal de análisis obligatorio para este juzgador federal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos formulados el Agente del Ministerio Público adscrito y por representante especial de los menores, en virtud de que en ellos no se aduce la actualización de diversa causal de improcedencia ni sobreseimiento en el juicio de amparo, ni forman parte de la litis. Ello en términos de la jurisprudencia 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Se precisa que los criterios invocados en esta ejecutoria se citaron acorde con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, en razón de que su contenido no se contrapone a dicha legislación. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** en contra del acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy treinta de enero de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.LFLS

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