Mauricio Vega Garces y Otros.

Expediente 280/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
280/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
17/08/2022

Partes del expediente

  • Mauricio Vega Garces y Otros.
  • Mauricio Vega Garces
  • Miguel Enrique Espinoza Villanueva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Únicamente agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia Guanajuato, capital, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja administrativo 660/2022, interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Titular de la Dirección General de Epidemiología, todos con residencia en la Ciudad de México, en contra del auto de siete de marzo de dos mil veintidós; toda vez que en proveído de quince de los actuales, se proveyó al respecto. Acúsese recibo al tribunal de alzada. Atendiendo al artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el legajo de copias certificadas formado con motivo del recurso de queja interpuesto, deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    Agréguense a sus autos los oficios de cuenta, remitidos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signados electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante los cuales, respectivamente informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Titular de la Dirección General de Epidemiología, todos con residencia en la Ciudad de México, en contra del auto de siete de marzo de dos mil veintidós, quedando registrado con el número 660/2022 y adjunta testimonio de la resolución pronunciada en el citado medio de impugnación, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO: Se declara sin materia el recurso de queja interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos Adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Titular de esa Secretaría, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Titular de la Dirección General de Epidemiología, en contra del acurdo pronunciado el siete de marzo de dos mil veintidós, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto 281/2022-II o 280/2022-II, mediante el cual concedió la suspensión de plano a los menores de edad quejosos de iniciales *********************razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución." Acúsese recibo al tribunal de alzada; notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, se levanta la reserva ordenada en proveído de ocho de agosto del año en curso y se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, de conformidad con el punto 7.4. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 18 del citado Acuerdo General, por lo que deberá conservarse la demanda, el auto donde se decretó la suspensión de plano, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, así como el presente acuerdo. En virtud, de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de dieciocho de julio del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Lo anterior, sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obren en autos la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables del auto que se declara firme, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional, al haberse sobreseído el mismo. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, visto el estado de autos se desprende que por falta de acuses de las responsables, se encuentra pendiente él envió del recurso de queja interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos, adscrito a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción, y Director General de Epidemiología, con residencia en la Ciudad de México, en contra del proveído de siete de marzo de dos mil veintidós; en ese sentido y derivado de la presente determinación, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, envíese al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en la ciudad de Guanajuato, el escrito electrónico de su interposición, el informe sobre la materia de la queja y copia certificada de las constancias que se estimaron pertinentes para la substanciación del recurso interpuesto. En relatadas condiciones, se reserva proveer lo concerniente al archivo del presente expediente, hasta que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, que por turno le corresponda conocer del recurso de queja, remita el testimonio respectivo.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de tres días otorgado a la parte quejosa en auto de cinco de julio del año en curso, para que manifestara si los infantes de iniciales B.A.C.G., G.S.F. y J.T.C.P., fueron inmunizados en la jornada de vacunación COVID-19 relativa a las edades de 12 a 17 años, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento y se entiende que dichos infantes quejosos ya fueron inmunizado, esto es, que ya recibieron su primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19. En atención a lo anterior, al estado de autos y a lo informado por el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, dentro cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, en razón de que: 1) ******************, por la omisión de incluir a los niños de cinco a catorce años de edad en la Política Nacional de Vacunación, y, por tanto, la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 a los quejosos en cita. 2) De las constancias que obran en autos, en especial las remitidas por el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en sus oficios registrados bajo los folios 4772 y 6870, se advierte que los infantes de iniciales *************, ya fueron inmunizados con dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. 3) Que respecto a los infantes quejosos de iniciales ***********., se tuvieron por inmunizados con su primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, al haber sido omisos en informar sobre su vacunación. 4) Y respecto a los restantes infantes de iniciales *************., mismos que cuentan con la edad de diez, ocho, seis, seis, once, seis, once, ocho, nueve, once, ocho, nueve, once, seis, ocho y diez años respectivamente, resulta un hecho notorio para el suscrito que al día de hoy ya está contemplado el registro para la aplicación de la vacuna a dichos infantes, debiéndose ajustar a los programas, fechas y condiciones que determinen las autoridades responsables competentes, lo que así se corrobora de la propia página oficial del Gobierno Federal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php de la que se aprecia que el registro para los niños de cinco años o más se encuentra habilitado, como se verá a continuación. Asimismo, de la página de internet https://coronavirus.guanajuato.gob.mx se advierte que el grupo etario de cinco a once años (al que pertenece estos últimos quejosos), ya tuvo su primera jornada de vacunación en su primera dosis. Datos que representan un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según la tesis I.3o.C.35 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Es por ello que, se afirma que actualmente los quejosos de iniciales ****************., no se encuentran excluidos del plan nacional de vacunación, pues una vez registrados, las autoridades sanitarias deberán proporcionar el biológico que les corresponda, acorde con dichos instrumentos normativos y los lotes de vacunas que tengan disponibles para tal efecto. En relatadas condiciones, ha quedado demostrado que el acto omisivo aquí reclamado por la totalidad de los infantes quejosos cesó a través de una conducta positiva, consistente en que unos fueron vacunados y el resto ya están contemplados en el Plan Nacional de Vacunación y, por ello, basta con que se realicen los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sean inoculados. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

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