Mauricio Vázquez Gómez
Expediente 755/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 755/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mauricio Vázquez Gómez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por *************, mediante el cual da cumplimiento con el requerimiento que le fue formulado en proveído de trece de septiembre del año en curso. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda que promueve el gestionante ***********, por su propio derecho, es necesario traer a colación lo dispuesto en el normativo 113 de la ley de la materia, que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra sustentado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, se señala que en la especie la parte quejosa reclama: La determinación emitida por la autoridad que señala como responsable Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región sede Celaya, Guanajuato, dentro de la audiencia de revisión de medida de fecha veinticuatro de agosto el año en curso, en el sentido de que no era viable la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; lo anterior, en los autos de la causa penal que se le instruye por el delito de homicidio calificado. Así, conforme al marco normativo Código Nacional de Procedimientos Penales que rige el acto del cual dimana el motivo de reclamo de la parte impetrante, se advierte la procedencia de un medio ordinario de defensa, que se debe agotar previo a acudir al juicio de amparo. De tal suerte que, conforme a lo previsto en el artículo 160 en relación con la fracción V del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto de las resoluciones emitidas por el Juez de Control relativas a las medidas cautelares, resulta procedente el recurso de apelación, pues al respecto disponen: Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables." Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares;" Lo anterior es así, ya que lo resuelto por el Juez responsable, relativo a la revisión de medida cautelar de prisión preventiva, constituye una determinación judicial que, al versar sobre la posible modificación de la propia medida precautoria, es impugnable mediante el recurso en comento. Ahora, a partir de lo anterior se tiene que, mediante el recurso de apelación (artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales), existe la posibilidad de revocar o modificar la determinación recurrida; medio de impugnación que no contiene mayores requisitos a los previstos por la Ley de Amparo. Con base en todo lo expuesto, resulta evidente que se actualiza en el presente asunto la causal de improcedencia invocada, relativa al principio de definitividad, dado que la parte quejosa previo al impulso de la vía constitucional debió agotar los medios de defensa ordinarios previstos en la norma que rige el acto; más aún si tal medio -recurso de apelación-, no implica mayores requisitos para su promoción que los previstos en la Ley de Amparo. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que no se trata de un tercero extraño a procedimiento, dado que, según refiere en su escrito inicial, tiene el carácter de imputado en la causa penal que se le instruye por el delito de homicidio calificado, en donde se le vinculó a proceso el siete de octubre de dos mil veintidós, y en esa misma fecha se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, misma que ahora pide que se modifique; y el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XVIII- de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito del quejoso ******************, mediante el cual aduce dar cumplimiento a la prevención efectuada el trece de septiembre del año en curso, en la que se le requirió para que: Precisara qué acto o actos en concreto reclama en esta instancia constitucional; esto es, la negativa a revisar la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta o la determinación emitida por el Juez de Control en la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, donde declaró improcedente la solicitud de su defensa, en cuanto a modificar la medida cautelar que le fue impuesto en el juicio de origen. Una vez que precisara lo anterior, bajo protesta de decir verdad, manifestara si hizo valer algún recurso ordinario de defensa en contra de aquella determinación. Ahora, el quejoso con el propósito de dar cumplimiento al requerimiento, en el escrito de cuenta señala que reclama de la autoridad responsable: La determinación a no revisar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que sobre él pesa, dentro de la audiencia de fecha veinticuatro de agosto del año en curso, bajo el argumento de que no era viable la revisión de la medida en cita. Sin embargo, si bien precisa qué acto en concreto reclama de la autoridad que señala como responsable, fue omiso en manifestar bajo protesta de decir verdad si hizo valer algún recurso ordinario de defensa en contra de aquélla determinación. Razón por la que se hace necesario requerir nuevamente al promovente del amparo para que precise bajo protesta de decir verdad, si en contra de la determinación que reclama, hizo valer algún recurso ordinario de defensa. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no se tiene por desahogada en sus términos la prevención de que se trata y subsiste el apercibimiento decretado en el referido auto de trece de septiembre del año en curso. Ahora bien, como el promovente del amparo pretendió atender la prevención de mérito, el segundo día de los cinco que les fueron concedidos para ello, hágasele saber que cuenta con tres días para dar cumplimiento a lo solicitado; el cual se computará a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este auto, así como que continúa vigente el apercibimiento formulado en el proveído aludido.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por su propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 755/2023-VII. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, debe decirse que el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones I, II y IV del numeral 114, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: Las fracciones IV y V del artículo 108 de la legislación en consulta disponen: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;" V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional 1) la norma general, el acto o la omisión que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables, y 2) todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Respecto del tópico marcado con el inciso 1), el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión puede dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Asimismo, respecto al requisito precisado en el inciso 2), de líneas anteriores, en la demanda de amparo la parte quejosa tiene la obligación de hacer una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto el quejoso en el apartado relativo al acto reclamado señaló como tal: IV.- ACTO RECLAMADO.- La negativa a revisar la medida cautelar que pesa sobre los suscritos consistente en la prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Sin embargo, en el capítulo de antecedentes, en su punto 3 tres, refiere que el veinticuatro de agosto del año en curso, se llevó a cabo audiencia de revisión de medida previo a obtener el dictamen de riesgo respectivo, emitido por la Unidad de Medidas en Extenuación y Suspensión Condicional de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, donde la defensa del aquí quejoso planteó la modificación de medida cautelar; a lo que la Juez de control determinó que no era viable pues no era procedente dicha solicitud. De dichas narrativas del acto reclamado, no se puede establecer con exactitud si el quejoso se duele de la negativa por parte de la autoridad responsable de revisar la medida cautelar consistente en prisión preventiva, o en su caso, la determinación emitida por el Juez de Control en la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, donde declaró improcedente la solicitud de su defensa, en cuanto a modificar la medida cautelar que le fue impuesto en el juicio de origen. Lo que hace que su demanda se torne obscura e irregular, dado que no se puede establecer con exactitud cuál es el acto o actos que en esta instancia constitucional reclama; lo cual resulta necesario para no dejar en estado de indefensión a la responsable, ya que solamente sabiendo los actos que se le imputa estaría en condiciones de rendir su informe con justificación. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, en relación con el diverso 114, fracciones I, II y IV, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computado, bajo protesta de decir verdad, por escrito: Precise qué acto o actos en concreto reclama en esta instancia constitucional; esto es, la negativa a revisar la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta o la determinación emitida por el Juez de Control en la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, donde declaró improcedente la solicitud de su defensa, en cuanto a modificar la medida cautelar que le fue impuesto en el juicio de origen. Una vez precisado lo anterior, bajo protesta de decir verdad, manifieste si hizo valer algún recurso ordinario de defensa en contra de aquella determinación. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Otro motivo por el cual la parte quejosa debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, en virtud de que cuenta con cédula profesional número ************, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como en términos de la última parte, segundo párrafo del citado numeral a ****************, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En términos del artículo 263, facción II del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado.
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