Mauricio Svanstrom Corona

Expediente 526/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 47 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
526/2021
Año
2021
Actuaciones
47
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Mauricio Svanstrom Corona
  • Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial En el Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo *********, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió diversas constancias por lo que se ordenó formar XXXIII anexos; en esas condiciones, devuélvansele, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito signado por la tercera interesada Adriana Gabriela Tovar Robles y en representación de su menor hija con iniciales K.S.T., mediante el cual: Revoca domicilio procesal para oír y recibir notificaciones así como autorizados y profesionistas señalados con anterioridad, Señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones vía electrónica, así como autorizados, de igual forma, proporciona un correo electrónico, Solicita uso de medios electrónicos para copiar y reproducir constancias procesales, Asimismo, realiza diversas manifestaciones en relación a que se sobresea el presente asunto; El que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponde. En su atención, se provee: Se tiene por revocados tanto el domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, así como a los autorizados y profesionistas que señaló con anterioridad al escrito que se provee. Igualmente, se tienen por autorizados en los términos precisados en el escrito de cuenta a las personas propuestas. En la inteligencia de que en las hipótesis previstas en el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, los autorizados deberán acreditar encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, para lo cual les corresponderá contar con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que de no ser así, su autorización se reconocerá solo para los efectos de oír y recibir notificaciones. Consulta del expediente electrónico, notificaciones electrónicas. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo se faculta al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, a efecto de que autorice al usuario "artistas.legales", la consulta del Expediente Electrónico del presente juicio. Ahora bien, respecto a su solicitud de que se le practiquen las notificaciones vía electrónica, con fundamento en los artículos 26 fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la vía electrónica, para las subsecuentes notificaciones que se ordenen en este juicio de amparo. Medios no procesales. Acorde a lo dispuesto en el citado Acuerdo General 21/2020, se toma conocimiento de los medios no procesales de comunicación proporcionados por la autoridad oficiante. Se instruye al Actuario adscrito para que en caso de considerarlo necesario, establezca contacto con dicha parte procesal mediante los medios electrónicos proporcionados, para lo cual deberá asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar, en la inteligencia que, acorde a lo previsto en la Ley de Amparo, éstos no constituyen medios formales de notificación. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escáner, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; herramientas que deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que ello implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, con apoyo en la tesis I.3o.C.725 C, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Manifestaciones Finalmente, por cuanto a las manifestaciones vertidas por la parte promovente, en relación a que se sobresea el presente asunto, indíquesele a la misma que mediante sentencia de dieciséis de mayo del año en curso, se sobreseyó el actual juicio por los motivos ahí expuestos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a la que se les atribuye los actos reclamados. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: El auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno emitido en el juicio de controversia del orden familiar 326/2018-3, mediante el cual niega escuchar a la a menor. La omisión de realizar los actos tendientes a determinar la madurez de la menor, de conformidad con el protocolo de actuaciones para quienes imparten justicia a niñas, niños y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de diversas actuaciones relativas al expediente 326/2018-3, que fueron remitidas como complemento al informe justificado. Constancias a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de Improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a estudiar de oficio. Respecto del acto reclamado precisado en el inciso a), se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." De la trascripción se colige que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto reclamado, pues no tendría razón de ser al desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto reclamado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos producidos, pues el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la cual habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. Establecido lo anterior, destaca ahora a manera de antecedentes, lo advertido de lo narrado en el escrito inicial y de ampliación; así como de las constancias que obran agregadas en autos: 1. El juicio del cual emana el acto reclamado, inició en virtud de que el quejoso solicitó la modificación de la resolución definitiva de primero de junio de dos mil diecisiete, dentro del expediente 146/2016, en particular lo relativo a la guarda y custodia de la menor, y el monto de la pensión alimenticia. Cabe aclarar en el juicio en comento, se le otorgó la guarda y custodia provisional al quejoso. 2. Por escrito de doce de mayo de dos mil veintiuno, Mauricio Svantrom Corona solicitó a la Jueza responsable escuchar a la menor en el juicio de origen. 3. El catorce de mayo de la anualidad pasada, la Jueza natural determinó que no era posible escuchar a la menor, toda vez que en esa fecha tenía seis años de edad y no contaba con la madurez suficiente para discernir entre la fantasía y la realidad. Dicho proveído es el reclamado por el quejoso. Ahora, para abordar el análisis de la causal de improcedencia referida, en este acto la suscrita tiene a la vista el cuaderno provisional formado con motivo del oficio suscrito por la autoridad responsable, a través del cual informó que la menor de iniciales K.S.T. fue escuchada en diligencia de veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Asimismo se tiene presente el oficio 745 mediante el cual la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, remitió copias certificadas de diversas constancias que integran el controvertido de origen, entre ellas, la diligencia de veinticinco de febrero del año que transcurre. Constancias que se toman en cuenta para resolver el presente asunto y las que se ordenan glosar al expediente atendiendo a su relevancia. Al efecto se cita la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." Ahora bien, como se indicó párrafos arriba, obra en autos el oficio 275, mediante el cual la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial hizo del conocimiento que mediante diligencia de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, fue escuchada la menor de iniciales K.S.T. Documentales a la que se otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, se estima que la negativa de escuchar a la menor establecida en auto de catorce de mayo del dos mil veintiuno, cesó sus efectos al habérsele entrevistado en diligencia de veinticinco de febrero de dos mil veintidós. En tales condiciones, se puede concluir que con posterioridad al diecisiete de mayo de dos mil veintiuno -fecha de presentación de la demanda- esto es, hasta el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, la Jueza responsable escuchó a la menor; de ahí que cesaron los efectos de la negativa reclamada, con lo cual se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, en la medida que las cosas volvieron al estado de origen. Lo anterior es así, ya que al reclamar un acto negativo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera y por consecuencia, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados al peticionario. Encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por cuanto al acto reclamado precisado en el inciso b), se estima actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y, (.)" Esta causal de improcedencia se actualiza cuando se advierte la modificación del entorno en el cual se emitió el acto reclamado, de tal manera que ningún efecto jurídico podría tener la concesión del amparo a la parte quejosa, lo que sucede cuando la situación jurídica surgida con motivo del acto de autoridad, aun subsistiendo, se modifica sin dejar huella en la esfera jurídica de aquél susceptible de reparación, y esto impide su trascendencia en dicha esfera jurídica y, por ende, que el posible fallo protector cumpla con su finalidad. En efecto, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica de quien lo promueve, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas violadas, por lo cual el legislador ha establecido distintos requisitos para su procedencia, entre otros, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda lograr concreción y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección de la Justicia de la Unión. Por ende, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo, en la hipótesis de llegar a concluirse su inconstitucionalidad, jurídicamente ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió o por cualquier motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de tres extremos; a saber, que: El acto reclamado formalmente subsista; No pueda surtir efecto legal o material alguno; y, Lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado, pues es evidente que el quejoso acude a la presente vía en defensa de un derecho afectado por el acto de autoridad, el cual se encontraba incorporado a su esfera jurídica. De darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aun en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, pues no habría forma de restituirle sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. En relación con esta causa de improcedencia, destaca la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora bien, obra en autos la entrevista de la menor de iniciales K.S.T., diligencia llevada a cabo el veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Documental a la que se otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así las cosas, se advierte que opera la causal de improcedencia analizada, pues si bien el acto reclamado materialmente subsiste, (lo cual satisface el primer requisito); resulta evidente que al haber escuchado a la menor -sin prejuzgar las formalidades con que se haya desahogado las diligencias, toda vez que no obran en autos-, lo cierto es que en entrevista de veinticinco de febrero de dos mil veintidós fue escuchada. Máxime que los padres estuvieron presentes en dicha diligencia sin manifestar objeción alguno en su desarrollo; de ahí que resultaría innecesario ordenar la práctica de una diligencia. En consecuencia, la suscrita estima que ha dejado de existir el objeto o materia que motivó la omisión de realizar actos tendientes a determinar la madurez psicológica de la menor de conformidad con el protocolo de actuaciones para quienes imparten justicia a niñas, niños y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haberse entrevistado con la menor el veinticinco de febrero del año en curso. De ahí, en virtud de la modificación del entorno en el que éste se emitió sería jurídicamente imposible restituir a los peticionarios de amparo en el goce de los derechos fundamentales que estiman violados. En ese orden de ideas, al actualizarse plenamente el motivo de improcedencia analizado, con fundamento en la fracción XXII del artículo 61, y la fracción V del diverso 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. QUINTO. Elaboración de sentencia en formato de lectura fácil. En atención a que en el presente juicio de amparo la quejosa es menor de edad de iniciales K.S.T. tomando en cuenta que al momento de resolver este asunto cuenta con siete años y15 días de edad, pues de autos se advierte que nació el uno de mayo de dos mil quince, se ordena elaborar una resolución complementaria en formato de lectura fácil, tomando en cuenta las particularidades del menor a quien va dirigida (edad, instrucción escolar, contexto del asunto, entre otros factores que permitan conocer sus necesidades). Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Federal, así como en el diverso 12 de la Convención de los Derechos del Niño que prevén el derecho sustantivo, a favor de los menores, de participar de forma activa en los procedimientos que puedan afectar sus intereses. Lo que, en la especie, se materializa cuando el órgano de amparo elabora un documento breve, claro, empático y sensible, que permita hacer alusión a la cuestión jurídica resuelta, de manera sencilla -sin necesidad de empleara tecnicismos ni conceptos abstractos-, pues a partir de ello podrá comprender, de manera real, cuál fue la decisión que tomó el órgano jurisdiccional. Para su elaboración, resulta ilustrativo -por identidad de razón jurídica- atender los parámetros que ha establecido la Primera Sala referida, en la tesis 1a. CCCXXXIX/2013 (10a.), de rubro: "SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FÁCIL. EL JUEZ QUE CONOZCA DE UN ASUNTO SOBRE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DEBERÁ DICTAR UNA RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA BAJO DICHO FORMATO." Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo por las razones expuestas en el cuarto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Elabórese la sentencia en formato de lectura como esta ordenando en el último considerando. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy dieciséis de mayo de dos mil veintidós en que las labores del Juzgado así lo permitieron, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe. S e n t e n c i a Formato lectura fácil Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Hola Kiara, te escribe Ana Contreras, soy la Jueza encargada de resolver una situación que tu papá Mauricio, me platicó en relación a las convivencias con tu mami Adriana. En este carta, tu papá me informó que una Jueza Familiar dijo que no podía escucharte porque tenías seis años de edad, pero tu papá no está de acuerdo con ello; por eso me pidió que le comentara a la otra jueza que escuchara tu opinión de acuerdo con las reglas que establece un libro llamado Protocolo de Actuación. Te platico que yo tengo el deber de cuidar por ti, velar por tu sano desarrollo, decidir lo más favorable para ello para lograr que seas una niña feliz. Por eso, al leer todos los papeles, me di cuenta que la Jueza familiar ya platicó contigo, acompañada de tus papás y otras personas, por lo cual considero que ya no tendría caso decirle a la Jueza que te oiga nuevamente, pues es mejor que vayas a la escuela a aprender y jugar con tus amiguitos. Recuerda que tus papás te aman, eres lo más importante para ellos y desean lo mejor para ti. Antes de despedirme, quiero pedirte un favor especial, que te sigas cuidando, te pongas cubrebocas cuando salgas de casa, te laves las manitas y uses gel antibacterial. Te mando un saludo. Ana Columba Contreras Martínez Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos. Jorge Manuel Díaz Carranza Secretario de Juzgado

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento al auto de uno de abril del año en curso, remite copia certificada diversas constancias relativas al expediente 326/2018-3 de su índice, a partir del acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintidós; el que se ordena agregar a los autos para los efectos legales a los que haya lugar. En ese sentido, tomando en consideración la voluminosidad de las constancias que remitió la autoridad oficiante, se ordena formar el anexo XXII, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

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