Mauricio Ramírez García
Expediente 2355/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2355/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mauricio Ramírez García
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio número signado por el Secretario del Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 2355/2014-I promovido por Mauricio Ramírez García, el testimonio de la ejecutoria emitida el veinticuatro de agosto de dos mil quince, en los autos del amparo en revisión 298/2015, concluyendo con los puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "PRIMERO.- Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo. TERCERO.- La justicia de la unión no ampara ni protege a Mauricio Ramírez García contra el acto reclamado citado en el primer resultando de esta ejecutoria." Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo y en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido; asimismo, acúsese recibo a la Superioridad. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos los cuadernos incidentales y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, en virtud de que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción: asimismo, el original del cuaderno incidental, es susceptible de depuración en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, debiendo quedar en autos copia de la demanda y de la citada resolución interlocutoria. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y advirtiéndose que por oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de abril de dos mil quince. Se recibe y se agrega a los autos del presente cuaderno de antecedentes para que obre como legalmente corresponda, el oficio 4972 que signa el Actuario Judicial adscrito al Quinto Tribunal Colegido del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, por virtud del cual acusa recibo del juicio de amparo 2355/2014-I y, comunica que mediante proveído de veintitrés de abril del año en curso, dictado en el amparo en revisión 298/2015, se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Mauricio Ramírez García, contra de la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil quince, dictada en el citado juicio de garantías. Ahora bien, visto el estado de los autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de abril de dos mil quince, este Juzgado Federal se reservó a acordar lo conducente a la recepción del oficio SG/CERS/DC/SJ/2498/04/2015, signado por el Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", mediante el cual se adhiere a las manifestaciones expuestas por el Director de dicho Centro Penitenciario, con relación al recurso de revisión interpuesto, hasta en tanto se tuviera conocimiento del Tribunal Colegiado al que por turno le correspondiera conocer del recurso de revisión correspondiente; atento a lo anterior, desglósese el oficio respectivo, previa copia certificada que del mismo se deje en este cuaderno y, en vía de alcance mediante oficio en el que se inserte el presente proveído, remítase el oficio de mérito, al Quinto Tribunal Colegiado de este Circuito, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de marzo de dos mil quince. Visto el escrito presentado por el quejoso Mauricio Ramírez García, mediante el cual interpone recurso de revisión, agréguese a los autos y téngase al promovente haciendo valer RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y, una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse los autos a la Superioridad para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia, se ordena agregar a los autos el escrito original de agravios. Finalmente, toda vez que el promovente solicita copia simple del presente acuerdo, expídase dicha documental, para los efectos legales a que haya a lugar. NOTIFÍQUESE PERSOALMENTE AL QUEJOSO Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, CORRIÉNDOLES TRASLADO CON COPIA SIMPLE DE LOS AGRAVIOS. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del despacho por licencia oficial del Titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio 2081/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. Jfcc
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 2355/2014-I, promovido por MAURICIO RAMÍREZ GARCÍA, respecto de los actos que reclama del Coordinador de Reinserción Social del Estado de Morelos y otras autoridades RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada en la misma fecha a este Juzgado Segundo de Distrito, MAURICIO RAMÍREZ GARCÍA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó de la Coordinador de Reinserción Social del Estado de Morelos, del Director de Establecimientos Penitenciarios del Estado y Directora del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", con sede en Atlacholoaya, Morelos; que hizo consistir en: "ACTO RECLAMADO: El acuerdo o resolución de la citada autoridad responsable de separarme o extraerme y trasladarme del dormitorio de Discapacitados mentales que es donde me encuentro y como consecuencia mandarme o reubicarme en otra área distinta a la que me encuentro hoy en el interior del Centro de Reinserción Social "Morelos" SEGUNDO. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, este juzgado registró la demanda bajo el expediente 2355/2014-I, y la admitió a trámite, por lo que solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Una vez que se dio vista al quejoso con la participación en la emisión del acto reclamado del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", este juzgado por auto de treinta de octubre de dos mil catorce, tuvo por ampliada la demanda respecto a dicha autoridad y al Jefe de Seguridad y Custodia de dicho centro, motivo por el cual, se pidió sus informes justificados, y una vez rendidos, inició la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se verificó el acto de aplicación de la ley que se reclama. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda se advierte como causa de pedir del impetrante, que se duele de: -La resolución de cuatro de septiembre de dos o mil catorce de reubicarlo del dormitorio donde se encuentra (D-08 discapacitados mentales) al dormitorio 8 (discapacitados físicos) donde se encontraba antes de su sanción administrativa dentro del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", dictada por la Directora del citado centro. Esto es así, porque el impetrante pide la protección constitucional, para que no lo cambien del área en que se encuentra que es el dormitorio de discapacitados mentales ya que tiene problemas con otros internos de otros dormitorios, incluso, lo han golpeado y amenazado de muerte y teme por su vida. Por ello, se insiste que de la lectura integral de la demanda no se aprecia que el acto reclamado sea otro diverso, como pudiera ser la sanción que le impuso la Directora del citado Centro, pues no se aprecia, ni por asomo, causa de pedir respecto de dicho acto. Es aplicable también la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (Novena Época), identificada con el número P./J. 68/2000, consultable en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Agosto de 2000, registro número 191384, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Director del Centro Estatal de Reinserción Social del Estado y como Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario de dicho centro, con sede en Atlacholoaya, Morelos, así como al Jefe de Segundo Turno del citado Centro (en sus denominaciones correctas de las autoridades responsables señaladas por el quejoso como Directora del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" y Jefe de Seguridad y Custodia de dicho centro). Esto es así, porque dichas autoridades aceptaron la existencia del acto reclamado, aunado a que de las constancias que en copia certificada remitió, a las cuales, por ser documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que mediante resolución emitida el cuatro de septiembre pasado, la directora del Centro, impuso al quejoso una sanción consistente en treinta días de aislamiento en el dormitorio D-08 y una vez concluida su sanción deberá ser ubicado en el dormitorio 8, por ser el que le corresponde por clasificación. Lo que se corrobora con el informe justificado, en el cual, la Directora responsable expresó "determinándose una sanción consistente en treinta días de aislamiento en el dormitorio 8 y, una vez que concluyera su sanción sería reubicado en el mismo dormitorio 8 por ser el que le corresponde; toda vez dicho interno se encontraba ubicado en el dormitorio de discapacitados físicos." Asimismo, antes de que se le impusiera la sanción disciplinaria decretada por la Directora de dicho centro, el quejoso se encontraba en el dormitorio 8, estancia 02, conforme al parte informativo del Jefe de Primer Turno Operativo (foja 25), mientras que a la fecha de presentación de la demanda que fue el veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el impetrante se encontraba cumpliendo con la sanción de aislamiento en el dormitorio D-08 (discapacitados mentales), desde el ocho de septiembre anterior. De todo lo anterior, se colige que sí existe el acto reclamado que consiste en la resolución de cuatro de septiembre de dos mil catorce, en la que se determinó que una vez cumplida su sanción se reubicara en el dormitorio donde se encontraba antes de dicha sanción, es decir, del área D-08 (discapacitados mentales), al mismo dormitorio 8 pero en el área de discapacitados físicos. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El juicio de amparo debe sobreseerse respecto del Coordinador de Reinserción Social del Estado y Director General de Establecimientos Penitenciarios del Estado, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción III, en relación con el artículo 1 último párrafo y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Se actualiza dicha causal, en virtud de que de las constancias del juicio se advierte que no emitieron, dictaron, publicaron, ni ejecutaron los actos que se reclaman, por lo que no se le puede considerar como autoridades responsables en el presente juicio de amparo, razón por la cual debe sobreseerse en cuanto a éstas se refiere, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Máxime que en la especie se acreditó que dichos actos reclamados fueron realizados por la diversa autoridad responsable Directora del Centro Estatal de Reinserción Social del Estado como tal y como Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario de dicho centro. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Novena Época), identificada con el número I.5o.P. J/3 consultable en la página 1363, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Septiembre de 2005, registro número 177141, que precisa lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS." En conclusión, al actualizarse la causa de improcedencia que se precisa, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías respecto del acto que se reclama al Coordinador de Reinserción Social del Estado y al Director General de Establecimientos Penitenciarios del Estado, con sede en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir conforme lo prevé el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En efecto, el quejoso argumenta de manera genérica que existe una violación de los numerales 14 y 16, de la Constitución Federal, porque lo que pide la protección constitucional, para que no lo cambien del área en que se encuentra que es el dormitorio de discapacitados mentales ya que tiene problemas con otros internos de otros dormitorios, incluso, lo han golpeado y amenazado de muerte y teme por su vida. Sin embargo, de las constancias que obran en autos se aprecia que el acto reclamado de ubicarlo nuevamente en el dormitorio 8 (área de discapacitados físicos), deriva de que la Directora del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", en resolución emitida el cuatro de septiembre de dos mil catorce, le impuso una sanción disciplinaria consistente en treinta días de aislamiento en el dormitorio D-08, y que una vez concluida su sanción debería ser ubicado en el dormitorio 8, por ser el que le corresponde por clasificación. Es decir, la remisión del quejoso al dormitorio en que se encontraba a la fecha de presentación de la demanda, fue en cumplimiento a una sanción de treinta días de aislamiento, pero que una vez cumplida debería ser reubicado en el dormitorio 8 donde le corresponde y donde se encontraba antes de iniciar dicha sanción, puesto que se encontraba en dicho dormitorio 8, estancia 02 conforme al parte informativo del Jefe de Primer Turno Operativo (foja 25). Por ello, es infundado el concepto de violación, en virtud que de seguir el quejoso en el dormitorio D-08 (área de discapacitados mentales), donde se encuentra solamente cumpliendo una sanción, contrario a lo que esgrime en su demanda de amparo, le perjudicaría pues con ello, contravendría el artículo 18 constitucional, ya que transgrediría los principios de la ejecución de sanciones penales y finalidad de la reinserción social. En efecto, el artículo 18 constitucional, establece diversos principios en la ejecución de sanciones penales, a saber: 1. El principio de Resocialización, 2. El principio de Judicialización de la Ejecución Penal; 3. Principio de Inmediación de la Ejecución Penal; 4 El principio de legalidad y, 5. El principio de Humanidad. Luego, debido al tema de esta sentencia, se puntualizan únicamente en qué consisten los principios de resocialización, de legalidad y de humanidad. PRINCIPIO DE RESOCIALIZACIÓN. Establece que la finalidad de la ejecución penal será lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, estableciéndose así cuáles son los objetivos que debe perseguir el Estado durante la ejecución de la pena privativa de la libertad y a los que deben estar orientados la actividad de los operadores penitenciarios y judiciales. La "reinserción" representa un proceso de introducción del individuo en la sociedad, es favorecer directamente el contacto activo recluso-comunidad, promover y estimular las actividades compatibles con dicha finalidad. El cambio de denominación de readaptación por reinserción, se da porque si tomamos como referente la esencia misma de la prisión, como una institución total y excluyente, inferiremos que no es posible que los sentenciados logren durante su estancia en ella una readaptación social. Una institución cuya característica principal es la exclusión no puede incluir o readaptar a nadie a la sociedad. Por lo anterior, se apoya que se cambie el término "readaptación social" por el de "reinserción social" y que se tenga como un nuevo objetivo el procurar que los reclusos no vuelvan a delinquir. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La exacta aplicación de las normas vigentes al caso en concreto. PRINCIPIO DE HUMANIDAD. Respeto en todo momento por la dignidad humana de quienes pierden su libertad y algunos derechos, porque nunca dejan de ser personas. Por otra parte, existe una normativa internacional penitenciaria, que son "LAS REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DEL RECLUSO", precisamente para para el tratamiento de las personas privadas de libertad y que están ligadas tanto con los anteriores principios como con las bases de la reinserción de los sentenciados, previstas por el artículo 18 constitucional. En efecto, la Comisión Penitenciaria Internacional de la entonces Sociedad de Naciones (SDN), aprobó en 1929, el conjunto de reglas para el Tratamiento de los Reclusos; luego, en 1933 estas fueron reelaboradas y el 26 de Septiembre de 1934 aprobadas por la XV Asamblea de la Sociedad de las Naciones, donde se establecieron recomendaciones a los Estados miembros, con el fin de adaptar su legislación. Tras casi veinte años se finalizó el 6 de Julio de 1951, una nueva revisión del proyecto titulado "Conjunto de reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos". Todo ello dio como resultado el Primer Congreso de las Naciones Unidas en materia de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente que se llevó a cabo en Ginebra el 30 de Agosto de 1955. En dicha normativa, se detallan las reglas en materia del establecimiento, alimentación, servicios médicos, disciplina y sanciones, contacto con el mundo exterior, y algunas otras, en total 94, las cuales tienen por objeto únicamente establecer los principios y reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos con base en los elementos esenciales de los sistemas de readaptación más acordes. En ese tenor, la regla 69 del citado ordenamiento, señala que los reclusos condenados deben de tener un tratamiento individual de modo tal que pueda lograrse la "readaptación social", dicho tratamiento ha de servirse de todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza y de todas las formas de asistencia de que pueda disponerse, con la finalidad de aprovechar el tiempo de reclusión para que el individuo una vez liberado quiera respetar la Ley y proveer sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo, dicha finalidad se liga a la protección de la sociedad en contra del crimen. Esta normativa también recomienda la instauración de un "sistema de privilegios" para "alentar la buena conducta, desarrollar el sentido de responsabilidad, promover el interés y la cooperación de los reclusos en lo que atañe a dicho tratamiento" conforme su regla 70. En cuanto a las disposiciones relativas al trabajo penitenciario establecen diversas reglas tendentes a que no deben de tener carácter aflictivo y la obligatoriedad del mismo, además deberá de ser productivo y complementado por una formación profesional en algún oficio útil; también señala normas que refieren que estos trabajos deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican fuera del establecimiento y la remuneración del mismo (R.71 a 76). Respecto a la educación de los individuos que se encuentran privados de su libertad es muy importante en el tratamiento penitenciario, el cual debe de ser coordinado con el sistema de instrucción pública con fin de continuar sin dificultad su preparación una vez puestos en libertad (R.77.2). De igual forma, también respecto a la práctica de deporte, la regla 78, señala que deben organizarse actividades recreativas y culturales en el establecimiento. Con base en todo lo que antecede, el suscrito juzgador colige que tanto el artículo 18 constitucional, como las Reglas Mínimas para el Tratamiento del Recluso, emitida por la Organización de las Naciones Unidas, de la que el Estado Mexicano, es integrante; llevan a que la reinserción de los sentenciados representa un proceso de introducción del individuo (sentenciado) en la sociedad, en el que se favorece directamente el contacto activo recluso-comunidad, y se promueven y estimulan las actividades compatibles con dicha finalidad. Lo que conduce a determinar que en caso de que el quejoso permanezca en el dormitorio D-08 (discapacitados mentales), no lo llevaría a su efectiva reinserción, pues no se encontraría en un lugar adecuado durante su estancia en el establecimiento en que se encuentra, ya que lo que lo que se busca en el sistema penitenciario es la reinserción del sentenciado a la sociedad, basado en el trabajo, su capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte que realice, por lo que, en caso de mantenerlo en el dormitiorio D-08, se traduciría en un acto perjudicial pues únicamente se encontraba en ese lugar para cumplir con una sanción de aislamiento, pero no porque requiera un tratamiento por algún padecimiento mental; aunado a ello, el quejoso no demostró en este juicio ni existen en autos, datos objetivos que acrediten que la vida o integridad física del impetrante corre peligro estando en el dormitorio 8, para que la autoridad responsable pudiera tomar las medidas necesarias para dejarlo en ese lugar. En este orden de ideas, ante lo infundado del concepto de violación, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita Mauricio Ramírez García, contra el acto reclamado a la Directora del Centro Estatal de Reinserción Social del Estado, y como Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario de dicho centro, consistente en la resolución de reubicarlo del dormitorio donde se encuentra (de discapacitados mentales) al dormitorio 8 (discapacitados físicos) donde se encontraba antes de iniciar su sanción administrativa. Por lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, fracción I, 2º, 73, 74, 75, 77 y 107, de la Ley de Amparo; y 1º, 42, 48, 49 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 2355/2014-I, promovido por Mauricio Ramírez García, contra los actos reclamados a las autoridades Coordinador de Reinserción Social del Estado y Director General de Establecimientos Penitenciarios del Estado. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A Mauricio Ramírez García, contra el acto reclamado a la Directora del Centro Estatal de Reinserción Social del Estado y como Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario de dicho centro, consistente en el acuerdo o resolución de separarlo, extraerlo, trasladarlo o reubicarlo del dormitorio donde se encuentra (de discapacitados mentales) a otra área distinta dentro del Centro Estatal de Reinserción "Morelos". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre del dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diecisiete de marzo de dos mil quince, en que las labores de este Juzgado Federal lo permitieron, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez. DOY FE
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