Mauricio Martínez Zamudio
Expediente 955/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Mauricio Martínez Zamudio
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación que antecede, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid- 19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que se reanudan las actividades jurisdiccionales a partir de esta data. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por Mauricio Martínez Zamudio; sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el????? libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos: con la demanda de cuenta se tiene a Mauricio Martínez Zamudio, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), y otras autoridades, con sede en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 1, 3, 4, 5, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 955/2020-7. Precisado lo anterior, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente, consiste en la comunicación electrónica contenida en el oficio DACSyH/CP/1997/2020, de seis de octubre del año actual, emitida por la Coordinación de Postgrado de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la cual se dio respuesta negativa al escrito electrónico del aquí quejoso, a través del cual por segunda ocasión solicitó, se le permitiera titularse bajo la modalidad de promedio general para obtener el grado de Maestro en Derecho, correo que le fue enviado el siete del mes y año precitado. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 1º y 5º, fracción II, y 217 de la invocada Ley, pues en el caso, el citado acto reclamado se atribuye a la Coordinación de Postgrado de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al Rector de la citada casa de estudios y otras autoridades adscritas a la misma institución académica, autoridades que no tienen el carácter de responsables para efectos del presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, es necesario precisar que los citados artículos establecen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Ahora, de una interpretación sistemática de los preceptos legales reproducidos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos u omisiones que no provienen de una autoridad, entendiéndose por ésta lo conceptualizado en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Aquello es así, porque el preindicado artículo 1° del citado ordenamiento legal, precisa que el juicio constitucional procede, entre otros supuestos, contra actos u omisiones de autoridad; de ahí que, lo anterior -interpretado a contrario sensu- se reduce al hecho de que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos u omisiones que no provengan de una autoridad; por tanto, el artículo 5°, fracción II, que define quién tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, y la fracción XXIII del artículo 61, del mencionado ordenamiento jurídico, que refiere la improcedencia del juicio constitucional en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, de la propia Ley de Amparo, resulta incuestionable que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclaman actos u omisiones que no son considerados de autoridad para efectos de aquél. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable, para efectos del juicio constitucional, es aquella que con independencia de su naturaleza formal dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, que omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas; asimismo, los particulares tienen calidad de autoridad responsable, cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad que afectan derechos fundamentales, cuyas funciones están determinadas por una norma general. En abundamiento, es conveniente citar que la palabra "autoridad" proviene del vocablo "auctoritate", cuyo significado se traduce al derecho o poder de mandar, regir y/o gobernar, en otras palabras, es el poder de imponer obediencia. Con motivo de lo anterior, el concepto de autoridad se entendía como la capacidad de utilizar la fuerza pública para interponer determinaciones unilaterales; sin embargo, esa definición se ha ido ampliando a través del tiempo, debido al nacimiento de autoridades administrativas y a la complejidad de las relaciones jurídicas entre éstas y los particulares. Entonces, para dilucidar aún más la causa de improcedencia en estudio, es necesario precisar, además, que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de observancia obligatoria para este juzgador, en términos de lo prescrito en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía y por las razones que la informan, la jurisprudencia 1ª./J. 103/2011 establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 754 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, correspondiente a septiembre de 2011, Novena Época, materia común (con registro 161047), que refiere: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. La aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto por las autoridades jurisdiccionales representa una cuestión de mera legalidad, aun cuando el criterio contenido en ella se refiera a temas de inconstitucionalidad de leyes o de interpretación directa de preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad jurisdiccional correspondiente no hace un nuevo estudio constitucional, sino que se limita a acatar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, que la vincula a aplicar el criterio jurisprudencial correspondiente al supuesto que juzga." Ahora, de los artículos transcritos con antelación se desprende, por un lado, que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen derechos fundamentales, y por otro, que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. El acto reclamado, por regla general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva; en ese sentido, el rasgo distintivo del acto de autoridad es la afectación o lesión a cualquier derecho fundamental, ocasionando un agravio que puede provenir de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser unilateral, imperativo y coercitivo. En ese tenor, para efectos de la procedencia del juicio de amparo el acto reclamado debe consistir en un acto de autoridad en el que concurran los siguientes elementos: Unilateralidad, esto es que no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita. Imperatividad que significa que la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes. Coercitividad que implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado. Así las cosas, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, y precisarse que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la afectación o lesión a cualquier derecho fundamental del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo. En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Esto es, en la vida de cualquier Estado o sociedad existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de coordinación, las de supraordinación y las de supra a subordinación. Los dos primeros tipos de relaciones mencionadas, reconocen siempre un vínculo igualitario o de paridad formal entre sujetos (gobernados entre sí o autoridades entre sí). Las relaciones de supra a subordinación, surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, es decir, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos por un lado, y el gobernado, por otro; en éstas condiciones, la persona moral estatal y sus órganos desempeñan frente al particular la actividad soberana o de imperio, o sea, actos autoritarios propiamente dichos, que tienen como atributos esenciales la unilateralidad (no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita), la imperatividad (la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes) y la coercitividad (implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado). Consiguientemente, en el juicio de amparo, el acto reclamado debe ser, desde luego, un acto de autoridad en el que concurran los elementos mencionados. Además, para que el acto de un órgano estatal sea considerado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación; o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Por ende, es necesario atender a la naturaleza del acto para determinar si es proveniente o no de una autoridad para efectos del amparo, o sea, es menester observar si reviste las características precisadas anteriormente, en virtud de la existencia de una relación de supra a subordinación. Ahora, es necesario precisar que el artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. [.] VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; [...]" Por su parte, el artículo 1° Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, establece: "ARTÍCULO 1.- La Universidad "Juárez" Autónoma de Tabasco es un organismo público descentralizado del Estado, con autonomía Constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable en y ante el Estado de la prestación del servicio público de educación superior." De lo anterior, se colige que las universidades públicas autónomas, en tanto se establecen generalmente como organismos descentralizados de la respectiva administración pública federal o local, son parte de la correspondiente entidad política; por ende, son auténticos órganos del Estado, sin que ello obste para reconocer que en cuanto a las relaciones jurídicas que entablan al seno del orden jurídico nacional poseen una personalidad y un patrimonio propios que los distinguen de los restantes poderes y organismos paraestatales o autónomos de la entidad política a la que pertenecen, así como una esfera competencial propia. De ahí, que la autonomía de la que pueden ser legalmente dotadas las universidades públicas confiere a éstas las atribuciones necesarias para gobernarse a sí mismas. Esta facultad de autogobierno se encuentra acotada en el propio texto constitucional, en virtud de que su ejercicio está condicionado a lo que se establezca en las leyes respectivas, en las que se deben desarrollar las bases mínimas que permitan a las universidades autónomas cumplir con las finalidades que les son encomendadas constitucionalmente, educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios que, al tenor del artículo 3° constitucional, rigen a la educación que imparte el Estado, respetando, además, la libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas. A mayor abundamiento, la propia Constitución precisa que la referida autonomía conlleva que las respectivas universidades públicas están facultadas para: a) Determinar sus planes y programas; b) Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y, c) Administrar su patrimonio. En tal virtud, debe estimarse que la autonomía universitaria conlleva constitucionalmente que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco goce de independencia para determinar por sí solas, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio. Es aplicable en lo conducente la Tesis Aislada 2a. XXXVI/2002, que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 576, Tomo XV, Abril de 2002, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Administrativa, con el registro 187311, que establece: "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE AUTOGOBIERNO CONFERIDAS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. La autonomía de las universidades públicas es una atribución de autogobierno que tiene su origen en un acto formal y materialmente legislativo proveniente del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales, a través del cual se les confiere independencia académica y patrimonial para determinar, sujetándose a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio; por tanto, la capacidad de decisión que conlleva esa autonomía está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales les es conferida, único en el que puede desarrollarse aquélla, deben sujetarse a los principios que la propia Norma Fundamental establece tratándose de la educación que imparta el Estado." Por otro lado, debe tenerse presente que en aras de que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco logre el pleno desarrollo de los referidos ámbitos de la autonomía universitaria, tanto el legislador federal como las legislaturas locales han habilitado a determinados órganos de tal institución para que emitan disposiciones administrativas de observancia general que regulen, en complemento con lo dispuesto en la Constitución General de la República, los términos y condiciones en que presten servicios educativos, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio. Como se advierte, el precepto antes transcrito, establece una cláusula habilitante a favor de las universidades públicas, mediante la cual se les autoriza para emitir disposiciones de observancia general, debiendo considerarse que este conjunto normativo integra el orden jurídico nacional, en tanto que es expedido con base en una autorización del Congreso de la Unión o de las respectivas legislaturas locales. Apoya lo anterior la Tesis Aislada 2a. XXXVII/2002, que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 587, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Novena Época, Materia Administrativa, con el registro 187183, que establece: "LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA. LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL QUE LA INTEGRAN SON PARTE DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL. Con el fin de que las universidades públicas logren el pleno desarrollo de su autonomía, tanto el legislador federal como las Legislaturas Locales tienen facultad para habilitar a determinados órganos de tales instituciones para emitir disposiciones administrativas de observancia general que, en complemento y al tenor de lo dispuesto en la Constitución General de la República y de las leyes respectivas, normen los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, es decir, regulan el funcionamiento interno de dichas instituciones y establecen derechos y obligaciones que han de regir las relaciones con los servidores públicos que encarnan los órganos que las componen y con los gobernados con los que entablan relaciones jurídicas de diversa índole; no obstante, tales disposiciones administrativas están sujetas al principio de preferencia o primacía de la ley, por lo que la regulación contenida en ellas no puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto en un acto formalmente legislativo." En este orden de ideas, cabe precisar que los artículos 1 y 3 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, establecen lo siguiente: "Artículo 1.- El presente Reglamento General de Estudios de Posgrado es obligatorio y de observancia general y tiene por objeto establecer las bases para la organización, desarrollo y evaluación de los Programas Educativos de Posgrado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco." "Artículo 3.- La aplicación y vigilancia del presente Reglamento General corresponde a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación mediante la Dirección de Posgrado, quien emitirá las políticas, programas y lineamientos necesarios para su aplicación." De los anteriores artículos transcritos se advierte, que el reglamento precitado establece las bases para la organización, desarrollo y evaluación de los Programas Educativos de Posgrado y que a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le corresponde la aplicación y vigilancia del aludido ordenamiento, a quien también le compete emitir las políticas, programas y lineamientos para su aplicación. Así entonces, es inconcuso que cuando el gobernado es considerado como alumno de postgrado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por haber cumplido los requisitos del plan de estudio establecidos por la normatividad aplicable, es cuando se incorpora en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica. Por ende, es evidente que el acto reclamado, a saber, la comunicación electrónica contenida en el oficio DACSyH/CP/1997/2020, de seis de octubre del año actual, emitida por la Coordinación de Postgrado de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En efecto, resulta claro que, el acto reclamado no emana de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tiene es estrictamente académico; ya que derivan de la relación de coordinación académica-alumno que existe entre el promovente y la Coordinación de Postgrado de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; por tanto, el acto reclamado no puede considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En conclusión, no todo acto u omisión, constituyen actuaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente aquellos que traigan consigo el ejercicio de una potestad que otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, situación que en concreto no se actualiza, porque se reitera, las autoridades aquí señaladas como responsables actúan en una relación académica de igualdad entre el quejoso y la institución educativa a quien se atribuye el acto reclamado. De ahí que la improcedencia en estudio, radica en la imposibilidad de concretar el objetivo que persigue el juicio constitucional; esto es, restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que en el caso en particular, debiera traducirse en obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija; sin embargo, lo anterior resulta jurídicamente imposible, en razón de que la actuación que se combate, no tiene su origen en una relación de supra a subordinación. Apoya a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia 65/2018, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 647, Libro 56, Julios de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." En consecuencia, dado que el acto atribuido a las autoridades que se señalan como responsables, no constituye acto de autoridad para el presente juicio de amparo, por lo que, se actualiza la causa de improcedencia que se estudia, por ende, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Mauricio Martínez Zamudio, por propio derecho, contra actos de la Coordinación de Postgrado de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y demás autoridades señaladas como responsables, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos preceptos legales 1º, 5º y 217, , todos de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no tener registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos: con la demanda de cuenta se tiene a Mauricio Martínez Zamudio, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), y otras autoridades, con sede en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 1, 3, 4, 5, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 955/2020-7. Precisado lo anterior, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente, consiste en la comunicación electrónica contenida en el oficio DACSyH/CP/1997/2020, de seis de octubre del año actual, emitida por la Coordinación de Postgrado de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la cual se dio respuesta negativa al escrito electrónico del aquí quejoso, a través del cual por segunda ocasión solicitó, se le permitiera titularse bajo la modalidad de promedio general para obtener el grado de Maestro en Derecho, correo que le fue enviado el siete del mes y año precitado. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 1º y 5º, fracción II, y 217 de la invocada Ley, pues en el caso, el citado acto reclamado se atribuye a la Coordinación de Postgrado de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al Rector de la citada casa de estudios y otras autoridades adscritas a la misma institución académica, autoridades que no tienen el carácter de responsables para efectos del presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, es necesario precisar que los citados artículos establecen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Ahora, de una interpretación sistemática de los preceptos legales reproducidos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos u omisiones que no provienen de una autoridad, entendiéndose por ésta lo conceptualizado en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Aquello es así, porque el preindicado artículo 1° del citado ordenamiento legal, precisa que el juicio constitucional procede, entre otros supuestos, contra actos u omisiones de autoridad; de ahí que, lo anterior -interpretado a contrario sensu- se reduce al hecho de que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos u omisiones que no provengan de una autoridad; por tanto, el artículo 5°, fracción II, que define quién tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, y la fracción XXIII del artículo 61, del mencionado ordenamiento jurídico, que refiere la improcedencia del juicio constitucional en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, de la propia Ley de Amparo, resulta incuestionable que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclaman actos u omisiones que no son considerados de autoridad para efectos de aquél. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable, para efectos del juicio constitucional, es aquella que con independencia de su naturaleza formal dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, que omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas; asimismo, los particulares tienen calidad de autoridad responsable, cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad que afectan derechos fundamentales, cuyas funciones están determinadas por una norma general. En abundamiento, es conveniente citar que la palabra "autoridad" proviene del vocablo "auctoritate", cuyo significado se traduce al derecho o poder de mandar, regir y/o gobernar, en otras palabras, es el poder de imponer obediencia. Con motivo de lo anterior, el concepto de autoridad se entendía como la capacidad de utilizar la fuerza pública para interponer determinaciones unilaterales; sin embargo, esa definición se ha ido ampliando a través del tiempo, debido al nacimiento de autoridades administrativas y a la complejidad de las relaciones jurídicas entre éstas y los particulares. Entonces, para dilucidar aún más la causa de improcedencia en estudio, es necesario precisar, además, que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de observancia obligatoria para este juzgador, en términos de lo prescrito en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía y por las razones que la informan, la jurisprudencia 1ª./J. 103/2011 establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 754 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, correspondiente a septiembre de 2011, Novena Época, materia común (con registro 161047), que refiere: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. La aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto por las autoridades jurisdiccionales representa una cuestión de mera legalidad, aun cuando el criterio contenido en ella se refiera a temas de inconstitucionalidad de leyes o de interpretación directa de preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad jurisdiccional correspondiente no hace un nuevo estudio constitucional, sino que se limita a acatar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, que la vincula a aplicar el criterio jurisprudencial correspondiente al supuesto que juzga." Ahora, de los artículos transcritos con antelación se desprende, por un lado, que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen derechos fundamentales, y por otro, que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. El acto reclamado, por regla general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva; en ese sentido, el rasgo distintivo del acto de autoridad es la afectación o lesión a cualquier derecho fundamental, ocasionando un agravio que puede provenir de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser unilateral, imperativo y coercitivo. En ese tenor, para efectos de la procedencia del juicio de amparo el acto reclamado debe consistir en un acto de autoridad en el que concurran los siguientes elementos: Unilateralidad, esto es que no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita. Imperatividad que significa que la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes. Coercitividad que implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado. Así las cosas, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, y precisarse que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la afectación o lesión a cualquier derecho fundamental del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo. En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Esto es, en la vida de cualquier Estado o sociedad existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de coordinación, las de supraordinación y las de supra a subordinación. Los dos primeros tipos de relaciones mencionadas, reconocen siempre un vínculo igualitario o de paridad formal entre sujetos (gobernados entre sí o autoridades entre sí). Las relaciones de supra a subordinación, surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, es decir, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos por un lado, y el gobernado, por otro; en éstas condiciones, la persona moral estatal y sus órganos desempeñan frente al particular la actividad soberana o de imperio, o sea, actos autoritarios propiamente dichos, que tienen como atributos esenciales la unilateralidad (no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita), la imperatividad (la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes) y la coercitividad (implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado). Consiguientemente, en el juicio de amparo, el acto reclamado debe ser, desde luego, un acto de autoridad en el que concurran los elementos mencionados. Además, para que el acto de un órgano estatal sea considerado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación; o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Por ende, es necesario atender a la naturaleza del acto para determinar si es proveniente o no de una autoridad para efectos del amparo, o sea, es menester observar si reviste las características precisadas anteriormente, en virtud de la existencia de una relación de supra a subordinación. Ahora, es necesario precisar que el artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. [.] VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; [...]" Por su parte, el artículo 1° Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, establece: "ARTÍCULO 1.- La Universidad "Juárez" Autónoma de Tabasco es un organismo público descentralizado del Estado, con autonomía Constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable en y ante el Estado de la prestación del servicio público de educación superior." De lo anterior, se colige que las universidades públicas autónomas, en tanto se establecen generalmente como organismos descentralizados de la respectiva administración pública federal o local, son parte de la correspondiente entidad política; por ende, son auténticos órganos del Estado, sin que ello obste para reconocer que en cuanto a las relaciones jurídicas que entablan al seno del orden jurídico nacional poseen una personalidad y un patrimonio propios que los distinguen de los restantes poderes y organismos paraestatales o autónomos de la entidad política a la que pertenecen, así como una esfera competencial propia. De ahí, que la autonomía de la que pueden ser legalmente dotadas las universidades públicas confiere a éstas las atribuciones necesarias para gobernarse a sí mismas. Esta facultad de autogobierno se encuentra acotada en el propio texto constitucional, en virtud de que su ejercicio está condicionado a lo que se establezca en las leyes respectivas, en las que se deben desarrollar las bases mínimas que permitan a las universidades autónomas cumplir con las finalidades que les son encomendadas constitucionalmente, educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios que, al tenor del artículo 3° constitucional, rigen a la educación que imparte el Estado, respetando, además, la libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas. A mayor abundamiento, la propia Constitución precisa que la referida autonomía conlleva que las respectivas universidades públicas están facultadas para: a) Determinar sus planes y programas; b) Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y, c) Administrar su patrimonio. En tal virtud, debe estimarse que la autonomía universitaria conlleva constitucionalmente que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco goce de independencia para determinar por sí solas, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio. Es aplicable en lo conducente la Tesis Aislada 2a. XXXVI/2002, que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 576, Tomo XV, Abril de 2002, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Administrativa, con el registro 187311, que establece: "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE AUTOGOBIERNO CONFERIDAS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. La autonomía de las universidades públicas es una atribución de autogobierno que tiene su origen en un acto formal y materialmente legislativo proveniente del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales, a través del cual se les confiere independencia académica y patrimonial para determinar, sujetándose a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio; por tanto, la capacidad de decisión que conlleva esa autonomía está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales les es conferida, único en el que puede desarrollarse aquélla, deben sujetarse a los principios que la propia Norma Fundamental establece tratándose de la educación que imparta el Estado." Por otro lado, debe tenerse presente que en aras de que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco logre el pleno desarrollo de los referidos ámbitos de la autonomía universitaria, tanto el legislador federal como las legislaturas locales han habilitado a determinados órganos de tal institución para que emitan disposiciones administrativas de observancia general que regulen, en complemento con lo dispuesto en la Constitución General de la República, los términos y condiciones en que presten servicios educativos, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio. Como se advierte, el precepto antes transcrito, establece una cláusula habilitante a favor de las universidades públicas, mediante la cual se les autoriza para emitir disposiciones de observancia general, debiendo considerarse que este conjunto normativo integra el orden jurídico nacional, en tanto que es expedido con base en una autorización del Congreso de la Unión o de las respectivas legislaturas locales. Apoya lo anterior la Tesis Aislada 2a. XXXVII/2002, que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 587, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Novena Época, Materia Administrativa, con el registro 187183, que establece: "LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA. LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL QUE LA INTEGRAN SON PARTE DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL. Con el fin de que las universidades públicas logren el pleno desarrollo de su autonomía, tanto el legislador federal como las Legislaturas Locales tienen facultad para habilitar a determinados órganos de tales instituciones para emitir disposiciones administrativas de observancia general que, en complemento y al tenor de lo dispuesto en la Constitución General de la República y de las leyes respectivas, normen los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, es decir, regulan el funcionamiento interno de dichas instituciones y establecen derechos y obligaciones que han de regir las relaciones con los servidores públicos que encarnan los órganos que las componen y con los gobernados con los que entablan relaciones jurídicas de diversa índole; no obstante, tales disposiciones administrativas están sujetas al principio de preferencia o primacía de la ley, por lo que la regulación contenida en ellas no puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto en un acto formalmente legislativo." En este orden de ideas, cabe precisar que los artículos 1 y 3 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, establecen lo siguiente: "Artículo 1.- El presente Reglamento General de Estudios de Posgrado es obligatorio y de observancia general y tiene por objeto establecer las bases para la organización, desarrollo y evaluación de los Programas Educativos de Posgrado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco." "Artículo 3.- La aplicación y vigilancia del presente Reglamento General corresponde a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación mediante la Dirección de Posgrado, quien emitirá las políticas, programas y lineamientos necesarios para su aplicación." De los anteriores artículos transcritos se advierte, que el reglamento precitado establece las bases para la organización, desarrollo y evaluación de los Programas Educativos de Posgrado y que a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le corresponde la aplicación y vigilancia del aludido ordenamiento, a quien también le compete emitir las políticas, programas y lineamientos para su aplicación. Así entonces, es inconcuso que cuando el gobernado es considerado como alumno de postgrado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por haber cumplido los requisitos del plan de estudio establecidos por la normatividad aplicable, es cuando se incorpora en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica. Por ende, es evidente que el acto reclamado, a saber, la comunicación electrónica contenida en el oficio DACSyH/CP/1997/2020, de seis de octubre del año actual, emitida por la Coordinación de Postgrado de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En efecto, resulta claro que, el acto reclamado no emana de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tiene es estrictamente académico; ya que derivan de la relación de coordinación académica-alumno que existe entre el promovente y la Coordinación de Postgrado de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; por tanto, el acto reclamado no puede considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En conclusión, no todo acto u omisión, constituyen actuaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente aquellos que traigan consigo el ejercicio de una potestad que otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, situación que en concreto no se actualiza, porque se reitera, las autoridades aquí señaladas como responsables actúan en una relación académica de igualdad entre el quejoso y la institución educativa a quien se atribuye el acto reclamado. De ahí que la improcedencia en estudio, radica en la imposibilidad de concretar el objetivo que persigue el juicio constitucional; esto es, restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que en el caso en particular, debiera traducirse en obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija; sin embargo, lo anterior resulta jurídicamente imposible, en razón de que la actuación que se combate, no tiene su origen en una relación de supra a subordinación. Apoya a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia 65/2018, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 647, Libro 56, Julios de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." En consecuencia, dado que el acto atribuido a las autoridades que se señalan como responsables, no constituye acto de autoridad para el presente juicio de amparo, por lo que, se actualiza la causa de improcedencia que se estudia, por ende, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Mauricio Martínez Zamudio, por propio derecho, contra actos de la Coordinación de Postgrado de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y demás autoridades señaladas como responsables, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos preceptos legales 1º, 5º y 217, , todos de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no tener registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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