Mauricio Hernández Pérez
Expediente 698/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 698/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Mauricio Hernández Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación y cuenta que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de uno de Julio del presente año, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se resolverá sobre el CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar los siguientes ANTECEDENTES: 1. Por SENTENCIA de siete de junio de dos mil veintidós, en su SEGUNDO punto resolutivo se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Mauricio Hernández Pérez, para efectos de que las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y Actuario de su adscripción: - Provea lo conducente para lograr notificar a las partes el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en los términos previstos por la legislación aplicable. 2. El veinticuatro de junio de dos mil veintidós, CAUSÓ EJECUTORIA la sentencia de mérito; en consecuencia, se requirió a las autoridades señaladas como responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y Actuario de su adscripción, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES. 3. Mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el treinta de junio del presente año, el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió COPIA CERTIFICADA del auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, así como sus respectivas notificaciones, emitidas entro del juicio laboral de origen 732/2018, de su índice. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 4. En razón de lo anterior, en proveído de uno julio de dos mil veintidós, SE DIO VISTA y corrió traslado a la parte quejosa con la constancia remitida por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestara lo que a su interés conviniere, sin que se haya pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificada para ello el cuatro del presente mes y año que transcurre. En las relatadas condiciones, el suscrito estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, el veintiséis de mayo de dos mil veintidós dictó un acuerdo dentro del expediente laboral 732/2018, de su índice, en el que se advierte que de la revisión de autos se desprendía que no había sido desahogada la diligencia de calificación y admisión de pruebas, ordenada en proveído de diecinueve de marzo de dos mil veinte. Posteriormente, el Tribunal responsable señaló las TRECE HORAS DEL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la audiencia calificación y admisión de pruebas, previo señalamiento antes mencionado la responsable manifestó que no fue posible señalar una fecha próxima, por la cantidad de asuntos que se tiene y por el escaso en personal, asimismo ordenando en dicho acuerdo notificación a las partes consistente en la Parte 1) Actora, demandada 2) Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, demandada 3) Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco, y demandada 4) Defensoría Pública del Estado. En ese contexto, se advierte que el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, emitido por la autoridad responsable resulta congruente con los efectos de la sentencia dictada en el presente juicio, en el sentido de la responsable controversia de origen. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO que se analiza. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional TRES AÑOS, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto veintiséis de mayo de dos mil veintidós, así como sus respectivas notificaciones, emitidas entro del juicio laboral de origen 732/2018, de su índice; con lo que pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de TRES DÍAS HÁBILES para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a la constancia que se recibió en el presente auto; y una vez que transcurra el mismo, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el siete de junio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio y en el segundo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Mauricio Hernández Pérez; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y Actuario de su adscripción, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.] Proveer lo conducente para lograr notificar a las partes el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en los términos previstos por la legislación aplicable. [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de ocho de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, en Turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 698/2022-8, promovido por *********, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, y el Actuario de su adscripción, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el once del citado mes y año y turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma data, *********, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto y autoridades responsables, siguientes: Autoridades responsables: 1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad (ordenadora). 2. Actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad (ejecutora). Actos reclamados: .La paralización Total de la Autoridad Responsable para señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia Calificación y Admisión de Pruebas (sic) y, proveer lo conducente para su desahogo y así continúe con la etapa procesal correspondiente ante la autoridad responsable tribunal de conciliación y arbitraje del estado de tabasco, en el expediente laboral 732/2018.. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de doce de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 698/2022-8; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo en los términos que anteceden; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registro 1003226, del rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD . Así como, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 181810, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO . Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la Ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como actos reclamados: a) La omisión de señalar nueva fecha y hora para la audiencia de calificación y admisión de pruebas, y proveer lo conducente para su desahogo. b) La notificación del acuerdo donde se señale fecha y hora para la calificación y admisión de pruebas en el juicio laboral. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y el Actuario de su adscripción, negaron la existencia de los actos reclamados, no obstante, enseguida realizaron manifestaciones que evidencian su existencia; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierta la omisión que se les atribuye. Aplica al caso, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Octava Época, materia común, con registro digital 211004, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. En ese orden de ideas, se tienen como ciertos los actos que se reclaman a las referidas autoridades responsables, pues así se advierte de su respectivo informe justificado ; y al constituir éste en documentales públicas, se les otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL INCISO A). Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo En ese sentido, esta juzgadora estima que respecto al acto reclamado consistente en la omisión de señalar nueva fecha y hora para la audiencia de conciliación entre las partes; se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. En el efecto, el artículo y fracción invocados, son del siguiente tenor: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo sea improcedente cuando, haya cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que el efecto del acto reclamado no cesa sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, página 38, con registro digital 193758, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese contexto, de la constancia remitida por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, relativa a la copia certificada del acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se advierte que en el expediente laboral 732/2018, señaló las trece horas del siete de octubre de dos mil veintidós, para la audiencia de calificación y admisión de pruebas, asimismo, señaló que las partes deben comparecer a efectos de alegar o manifestar lo que en su derecho corresponda, los apercibió que en caso de no hacerlo así se les tendría por perdido el mismo y ordenó la notificación de dicho proveído de manera personal a las partes. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el nueve de mayo de dos mil veintidós, indudablemente existía la conducta de la autoridad responsable, pues no había fijado fecha y hora para que se llevara a efecto la audiencia de referencia; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado marcado con el inciso a), consistente en la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de calificación y admisión de pruebas y proveer sobre su desahogo, conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, materia común, página 210, con registro digital: 196820, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. Analizado lo anterior, se impone entrar al estudio sobre el fondo del asunto, para lo cual se tiene por transcrito en este apartado, el concepto de violación expresado por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlo textualmente pues no existe precepto legal que obligue a la Juzgadora a ello. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Ahora, la parte quejosa sustancialmente expresa en su demanda de amparo, respecto del acto que aquí se analiza, que el Tribunal responsable vulnera en su perjuicio el derecho de impartición de justicia pronta y expedita transgrediendo así los numerales 1, 8, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal. Añade a sus motivos de disenso, que también se transgreden sus prerrogativas pues la responsable ha sido omisa en notificar el acuerdo donde se señale fecha y hora para la celebración de la audiencia de calificación y admisión de pruebas. Los conceptos de violación antes narrados resultan fundados, suplidos en su deficiencia por así permitirlo el numeral 79, fracción V, de la Ley de Amparo, pues de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el aquí quejoso resulta ser la parte actora en la contienda laboral. En principio debe señalarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 33/2019, resolvió sobre la procedencia del amparo indirecto contra las dilaciones presuntamente excesivas de las juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier diligencia. Ciertamente, en ese criterio el Alto Tribunal consideró que si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio. Por ello, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. La jurisprudencia mencionada se lee: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. En el caso, en el juicio de amparo la parte quejosa reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, la señalización de la fecha para la audiencia de calificación y admisión de pruebas, así como la omisión de notificar dicho acuerdo a la parte demandada. Dichas manifestaciones constituyen una confesión expresa que hace prueba plena, en términos de lo previsto por los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de acuerdo con lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 27/966. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, se observa que en el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se dijo que de una revisión a los autos advertía que no se había desahogado la diligencia de calificación y admisión de pruebas, ordenada por proveído de diecinueve de marzo de dos mil veinte, por tanto, señaló las trece horas del siete de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia, y ordenó que se notificara personalmente dicha determinación. Empero, a decir de lo manifestado por la quejosa en su escrito de demanda, desde el diecinueve de marzo del año próximo pasado, había fijado primigeniamente data para que se efectuara ésta, mediando así un lapso aproximado de quince meses, temporalidad que dista del plazo indicado en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Asimismo, del informe justificado de treinta de mayo del presente año, se advierte que el Tribunal responsable, anexó copia certificada del acuerdo de veintiséis del citado mes y año, señalaba fecha y hora para la audiencia de mérito, y ordenó se notificara a las partes, empero, hasta la presente data no se advierte que esto haya sido cumplido. En consecuencia, le asiste razón a la parte quejosa, siendo sus conceptos de violación, fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en razón a las siguientes consideraciones: El artículo 17 Constitucional, en específico, el acceso efectivo a la justicia en su vertiente de justicia pronta y expedita, mismo que dispone: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. De lo transcrito se colige, que se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permitan obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. Por su parte, los artículos 685, 750 y 873 (antes de la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve), de la Ley Federal del Trabajo, aplicable conforme al artículo séptimo transitorio de la misma reforma, establecen: Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley. Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario. Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. Conforme a lo anterior, los Tribunales laborales tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, es decir, deberá dictar el acuerdo en el que reciba la demanda laboral dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción y notificarlo personalmente a las partes dentro de los cinco días siguientes a que se ordenó y por lo menos diez días antes de la fecha para la celebración de la audiencia de ley. Luego entonces, las autoridades laborales tienen la obligación ineludible de actuar con prontitud y tomar todas las medidas para lograr el eficaz desenvolvimiento del procedimiento; entendiéndose como tal, también, el que de forma oportuna se dicten los acuerdos y se realicen todas las diligencias que se ordenan dentro de los parámetros legales y lo hagan del conocimiento de las partes, pues sólo de esa manera podrán cumplir con el derecho fundamental a que alude el artículo 17 Constitucional y los principios que establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Así las cosas, el Tribunal responsable transgrede los artículos 685 y 873 (anterior a la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve) de la Ley Federal del Trabajo -de aplicación supletoria a la ley de la materia-, los que establecen que la junta tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, deberá celebrar la audiencia dentro de los quince días siguientes; lo que en el caso no aconteció, tomando en consideración que de lo narrado por el quejoso en el capítulo de antecedentes que desde el diecinueve de marzo de dos mil veinte, la responsable había sido omisa en acordar fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, continuar con el procedimiento y la notificación del acuerdo que recaiga. Así, inconforme con tal acontecimiento, el ahora quejoso promovió el presente juicio de amparo; por lo que, el Tribunal responsable al rendir su informe justificado, informó que en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, la fijó para el siete de octubre en curso, sin que a la presente fecha obre constancias fehaciente de que la autoridad hubiera notificado el proveído de mérito. En las narradas circunstancias, como ya se dijo, es claro que las autoridades responsables incurren en denegación de justicia en perjuicio de la parte inconforme, toda vez que, se encuentra demostrado que no ha actuado con diligencia en el procedimiento laboral, ya que no ha notificado a la parte demandada en el procedimiento laboral 732/2018, en términos del artículo 873 (antes de la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve), de la legislación laboral y tampoco ha respetado los términos y plazos que establece la ley de la materia. Por tanto, es evidente que una vez que el juicio se salió de sus cauces legales, por lo que el procedimiento ya no podrá desarrollarse con la oportunidad legal debida, ya que dada la necesaria conexión de los actos procesales, si alguno se efectúa tardíamente (como sucede en el presente caso), que al no haberse emplazado a la demandada dentro de los términos de ley, desfasa al ámbito temporal en que los subsecuentes actos deban de desplegarse; situación que acontece en el presente asunto, por lo que, la junta laboral responsable ha incurrido en dilación en el procedimiento laboral natural, lo que indefectiblemente ha ocasionado que los subsecuentes actos en el juicio ya no se efectuaran con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. SEXTO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que las autoridades responsables, de manera inmediata deberán: ? Proveer lo conducente para lograr notificar a las partes el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en los términos previstos por la legislación aplicable. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando quinto, y para los efectos señalados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes
- Mauricio Bautista Castellanos1718/2015
- Mauricio Candelero Cupil1062/2020
- Mauricio Cárdenas Alegría103/2016
- Mauricio Cárdenas Alegría577/2015
- Mauricio De Oliveira Rosa2365/2023
- Mauricio Francisco Dolores81/2018
- Mauricio Hernández Pérez1506/2019
- Mauricio Humberto García Colli1900/2018
- Mauricio Lira Martínez1501/2019
- Mauricio Madrazo López1307/2018
- Mauricio Manuel Jiménez Pérez73/2016
- Mauricio Martínez Zamudio955/2020