Mauricio Lazcano Loza
Expediente 88/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 30 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 88/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Mauricio Lazcano Loza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio JOPT/476/2023 -recibido vía correo electrónico oficial- signado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (en sustitución de su homólogo 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Libres, Puebla, ********************), por medio del cual acusa recibo de la misiva 301-1, de este índice, por la cual se le devolvieron tres discos versátiles digitales y copia auténtica de la carpeta judicial administrativa ********************, de su índice; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, no ha lugar a integrar el presente acuerdo al expediente impreso, pues no se considera de trascendencia para la etapa procesal en la que se encuentra este juicio, aunado a que la promoción de cuenta se recibió electrónicamente. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del seis al veintiocho de los corrientes, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, y es conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar definitiva, se decreta que es conservable y susceptible de ser transferido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable, se ordena devolver al 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Libres, Puebla (********************, en representación de su homólogo ********************), copia auténtica de la carpeta judicial administrativa ********************, de su índice (anexo I) y tres discos versátiles digitales. Asimismo, requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido en la etapa de ejecución de sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por conducto de sus autorizados procesales; por lista a la parte tercera interesada; y, por oficio a las autoridades responsables, diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del seis al veintiocho de los corrientes, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, y es conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar definitiva, se decreta que es conservable y susceptible de ser transferido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable, se ordena devolver al 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Libres, Puebla (********************, en representación de su homólogo ********************), copia auténtica de la carpeta judicial administrativa ********************, de su índice (anexo I) y tres discos versátiles digitales. Asimismo, requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido en la etapa de ejecución de sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por conducto de sus autorizados procesales; por lista a la parte tercera interesada; y, por oficio a las autoridades responsables, diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada en proveído de veintiocho de julio del año en curso, a efecto que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que lo hubiesen hecho. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo solicitado por Mauricio Lazcano Loza, para el efecto que, una vez que adquiriera firmeza dicha resolución y le fuera requerido su cumplimiento al 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Libres, Puebla (José Hugo Salvador González Jiménez), realizara lo siguiente:".OCTAVO. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Mauricio Lazcano Loza, para que el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Libres, Puebla (José Hugo Salvador González Jiménez), una vez que quede firme esta sentencia y se requiera su cumplimiento dentro del plazo que para tal propósito se establezca, señale fecha para la celebración de la audiencia en la que se habrá de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la causa penal 35/2022/LIBRES; en la que deberá realizar lo siguiente: a. Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en contra de Mauricio Lazcano Loza, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por los artículos 260, fracción II, 261, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la víctima menor de edad -de identidad reservada- de iniciales P.A.G.L., representada por su padre Valente Gutiérrez Munguía. b. Reponer el procedimiento en la continuación de la audiencia inicial celebrada el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, a partir del momento en que la defensa particular del imputado ofreció el desahogo de una documental como medio de prueba, consistente en el acta administrativa de veintisiete de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Juez Calificador de Tepeyahualco, Puebla; por lo que deberá dejar sin efectos todos los actos procesales realizados con posterioridad a ello, incluyendo la resolución en la que impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del aquí quejoso. c. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la presente sentencia; i) delimite la exposición del defensor particular a que exponga únicamente las razones que justifiquen la pertinencia del medio de prueba ofrecido, así como la forma en la que pretende incorporarlo a la audiencia; ii) otorgue la oportunidad a la fiscalía para generar debate únicamente en relación a esos puntos (pertinencia y técnica para incorporar el medio de prueba), y de considerarlo oportuno, podrá conceder derecho de réplica y contra réplica; ii) hecho lo anterior, resolverá si la defensa justificó o no la pertinencia del medio de prueba, y en su caso, si existen condiciones para su desahogo. d. En caso de haber admitido el medio de prueba, procederá a su desahogo conforme a las reglas previstas en el código adjetivo de la materia, para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral; de lo contrario, garantizará el principio de contradicción e igualdad entre las partes, por lo que deberá darle el uso de la voz al imputado y a su defensa para que realicen las manifestaciones que estimen pertinentes en relación con la solicitud de vinculación a proceso realizada por la fiscalía. e. Para el caso que sí se hubiere desahogado el medio de prueba, con posterioridad a ello, concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, y luego al imputado y a su defensa; y, de considerarlo necesario, podrá conceder derecho de réplica y contra réplica. f. Agotado el debate, el juez de control resolverá, con libertad de jurisdicción, la situación jurídica del imputado, y continuará con los actos procesales que correspondan; en la inteligencia que la reposición de procedimiento ordenada no significa que se dé oportunidad a la fiscalía de modificar los hechos y datos que sirvieron de base para la formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso; ello, en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes. g. Remitirá las constancias con las que acredite lo anterior.". En acuerdo de quince de junio de dos mil veintitrés, se declaró que la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Libres, Puebla, José Hugo Salvador González Jiménez. Bajo ese contexto, mediante oficios JOPL/300/2023, JOPL/356/2023 y JOPT/325/2023, el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Libres, Puebla, José Hugo Salvador González Jiménez informó el cumplimiento dado al fallo protector; y, para acreditarlo, remitió el registro de audio y video de la audiencia celebrada el veintidós de junio de dos mil veintitrés y copia certificada del auto de veinte de junio del año en curso, en la causa penal 35/2022/LIBRES, de su índice. II. Análisis del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, se advierte que mediante oficio JOPL/300/2023 de veintidós de junio del año en curso, el Juez responsable manifestó que cumplió con la ejecutoria de mérito, pues al respecto informó que en audiencia de veintidós de junio de dos mil veintitrés, determinó improcedente admitir el dato de prueba ofrecido por la defensa del imputado consistente en el acta administrativa de veintisiete de marzo de dos mil veintidós, dado que su oferente no demostró la pertinente de la misma y, al resolver la situación jurídica de Mauricio Lazcano Loza, dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, previsto por el artículo 260, fracción II y sancionado por el numeral 261, fracción II, del Código Penal del Estado de Puebla, relacionados con los ordinales 13 y 21, fracción I, del mismo ordenamiento legal, cometido en agravio de la persona menor de edad de identidad reservada identificada con las iniciales P.A.G.L.; y, para reforzar su dicho, la autoridad responsable remitió copia del registro audiovisual de la audiencia respectiva, contenido en un disco versátil digital. Sin embargo, como esta autoridad advirtió que no fue posible reproducir el archivo contenido en el referido dispositivo de almacenamiento de datos, en acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se ordenó devolverlo a la autoridad remitente y se le requirió para que enviara el registro audiovisual de la audiencia referida. En acato a lo anterior, mediante oficio JOPT/325/2023 el juez de control remitió copia autorizada del registro audiovisual de la audiencia celebrada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, celebrada en la carpeta judicial administrativa 35/2022/LIBRES de su estadística. Posteriormente, a través del comunicado JOPL/356/2023 de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, el juez de control responsable remitió copia certificada del acuerdo de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado dentro de la causa penal de origen, a través del cual dejó insubsistente el acto reclamado. Las documentales en cita, tienen pleno valor probatorio, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque provienen de una autoridad en ejercicio de sus funciones y de su reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta1; de las que se advierte que: 1 Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en a. Por auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, dejó insubsistente en auto de vinculación a proceso reclamado, dictado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, y señaló las diez horas con treinta minutos del veintidós de junio siguiente, para la celebración de la audiencia en la que daría cumplimiento al resto de los efectos para los cuales fue otorgado el fallo protector. b. En audiencia celebrada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, la autoridad judicial responsable realizó lo siguiente: - A las once horas con veinte minutos de la fecha indicada, el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Libres, Puebla (José Hugo Salvador González Jiménez) declaró abierta la audiencia, individualizó a las partes, quienes lo realizaron en el siguiente orden: América Arellano Ramírez (fiscal); Mijail Hernández Ocampo (defensor particular, con cédula profesional 12402351); José Antonio Flores Medina (defensor particular, con cédula profesional 8138866); y, Mauricio Lazcano Loza (imputado); luego, el juez de control explicó a las personas presentes el objeto de esa audiencia; - El juez reiteró la insubsistencia del auto de vinculación a proceso reclamado, dictado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en contra de Mauricio Lazcano Loza, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por los artículos 260, fracción II, 261, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Época: Décima Época, Registro: 2004362, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.), Página: 703. Estado de Puebla, en agravio de la víctima menor de edad -de identidad reservada- de iniciales P.A.G.L., representada por su padre Valente Gutiérrez Munguía. - Repuso el procedimiento de la audiencia inicial, a partir del momento en que la defensa particular del imputado ofreció un medio o dato de prueba y delimitó la exposición del defensor particular para que expusiera únicamente las razones que justificaran la pertinencia del mismo, así como la forma en la que pretendía incorporarlo a la audiencia. - En uso de la voz, Mijail Hernández Ocampo, defensor particular del imputado, incorporó como dato de prueba, el acta de procedimiento administrativo seguido contra Mauricio Lazcano Loza, y refirió que resultaba idóneo y pertinente porque demostraba su teoría del caso, pues acredita que el quejoso no estuvo en el lugar de los hechos que se le imputan2. - Luego, el juez de control concedió el uso de la voz a la Fiscalía para generar debate únicamente en relación a ese punto (pertinencia del dato de prueba); la representante social expresó que el dato de prueba que se pretendió incorporar es impertinente debido a que no se exhibió registro alguno del que se advierta que el imputado estuvo detenido, dado que no se exhibió la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Detenciones con la que se acreditara su detención en esa fecha ni se demostró que el juez calificador fue quien firmó el documento ofrecido como dato de prueba3. - El defensor particular del imputado, expresó que la Fiscalía no generó contradicción sobre la pertinencia e idoneidad del dato de prueba y que el registro de la detención debió hacerlo la Policía; el juez de control interrumpió al defensor particular para indicarle que su intervención fue deficiente, dado que no expresó, siquiera, a qué medio o dato de prueba se refiere, mucho menos indicó en qué consiste, cómo se obtuvo ni cómo pretende incorporarlo, por lo que relevó del cargo a Mijail Hernández Ocampo como defensor particular del imputado; pero, como en esa audiencia se 2 De las 11:31:58 a las 11:33:37, cronología de la grabación de la audiencia celebrada el veintidós de junio de dos mil veintitrés. 3 De las 11:33:43 a las 11:35:59 ídem. encontraba presente el diverso defensor particular José Antonio Flores Medina, previamente designado por el imputado, dio oportunidad para que se ocupara nuevamente de expresar lo que estimara pertinente4. - El defensor particular aludido, incorporó como dato de prueba, copia simple del acta administrativa de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, expedida por el Juez Calificador de Tepeyahualco, Puebla, relativa al procedimiento administrativo que se instauró al imputado en esa fecha por haber cometido una falta al "Bando de Policía y Gobierno"; refirió que en los resolutivos del acta, se advierte que se impuso a Mauricio Lazcano Loza una sanción económica de un mil quinientos pesos, o el arresto por treinta y seis horas y que se asentó que el sancionado optó por cumplir la segunda, anotándose también que la persona de mérito quedó en libertad el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés5. - La fiscal, expresó que el dato de prueba no es pertinente, pues pese a que se asentó que el acta fue elaborada el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés y que se registró la salida del detenido el veintiocho de marzo siguiente, lo cierto es que se trata de una copia simple que no es apta para crear convicción; además, insistió que la defensa no acompañó dato de prueba para sustentar sus afirmaciones pues no exhibió informe policial homologado relativo a esa detención ni el Registro Nacional de Detención6. - Después, las partes debatieron sobre los puntos controvertidos. - El juez de control declaró cerrado el debate y resolvió lo siguiente7: ".Una vez escuchados a los intervinientes y generada la información suficiente para esté órgano de control en relación a la pertinencia e idoneidad del documento que la defensa intenta incorporar a esta audiencia como dato de prueba, consistente en el acta administrativa, la cual fue hecha valer por el abogado defensor en relación a la cual hace saber que con fecha veintisiete de marzo del año dos mil veintidós, el ahora imputado Mauricio Lazcano Loza ingresó o fue detenido 4 De las 11:36:05 a las 11:42:17 ibídem. 5 De las 11:43:59 a las 11:45:51 cronología de la grabación de la audiencia celebrada el veintidós de junio de dos mil veintitrés 6 De las 11:45:53 a las 11:47:43 ídem. 7 De las 11:50:02 a las 11:53:28 ibídem. administrativamente ante un juez calificador y qué con su fecha de salida de veintiocho de marzo del año dos mil veintidós, esto genera o pretende generar que él ahora mencionado Mauricio se encontraba en lugar distinto de aquel en el hecho que se está ventilando en esta audiencia y que, además, hace saber que se encuentran con dos sellos del lugar de quién lo generó esa copia; sin embargo, aquí hay un punto importante en el que la defensa no se hizo cargo en relación de que la fiscalía le hace saber en el debate que esto se trata de una copia simple y la defensa no se hizo cargo en relación a ello, para poder generar algún otro dato que pudiera incorporar en relación a la pertinencia, esto es, que ésta aun cuando pudiera tener cierta relación lógica-jurídica entre ese dato de prueba con el hecho que ahora se está ventilando y se va a resolver en cuanto al señor Mauricio Lazcano Loza, no nos generó ninguna información, ningún debate, de qué efectivamente ese documento por el cual la fiscalía refiere que se corre traslado, y da datos en relación a ese documento simple, por lo tanto, para este órgano de control no se justifica la idoneidad y la pertinencia de este dato para poder generar su desahogo y debate dada la naturaleza del documento, por lo tanto, este órgano de control considera que no se demuestran los extremos que nos exige lo dispuesto por el código Nacional de Procedimientos Penales en este tipo de audiencias, por lo tanto, no es procedente la admisión del dato de prueba que hace valer la defensa.". - Después, el juez de control dio oportunidad al el defensor particular del imputado para que ejerciera contradicción respecto a la solicitud de vinculación a proceso realizada por la Fiscalía; las partes debatieron sobre los puntos en discordia8. - El juez de control declaró cerrado el debate y, con la libertad de jurisdicción que se le concedió, al resolver la situación jurídica de Mauricio Lazcano Loza, dictó auto de vinculación a proceso9 en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, previsto y sancionado por los artículos 260, fracción II, 261, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la víctima menor de edad -de identidad reservada- de iniciales P.A.G.L., representada por su padre Valente Gutiérrez Munguía. 8 De las 11:54:01 a las 11:56:13, cronología de la grabación de la audiencia celebrada el veintidós de junio de dos mil veintitrés. 9 De las 12:00:17 a las 12:21:44 ídem. - Después, previo debate sostenido entre las partes, el juez de control impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar contra Mauricio Lazcano Loza10. De lo anteriormente relatado, se advierte que para cumplir con la sentencia de amparo, el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Libres, Puebla (José Hugo Salvador González Jiménez), realizó las siguientes acciones: I. Dejó insubsistente en auto de vinculación a proceso reclamado, dictado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en contra de Mauricio Lazcano Loza, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por los artículos 260, fracción II, 261, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la víctima menor de edad -de identidad reservada- de iniciales P.A.G.L., representada por su padre Valente Gutiérrez Munguía. II. En audiencia celebrada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, repuso el procedimiento en la carpeta judicial administrativa 35/2022/LIBRES a partir del momento en que la defensa del imputado pretendió incorporar un medio o dato de prueba; en uso de la voz, el defensor particular del imputado incorporó un dato de prueba consistente en copia simple del acta administrativa de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, suscrita por el Juez Calificador de Tepeyahualco, Puebla; el juez de control permitió que las partes debatieran en torno a su idoneidad y pertinencia. III. Con base en la información proporcionada por las partes, el juez de control responsable determinó improcedente admitir el dato de prueba incorporado por la defensa particular del aquí quejoso. 10 De las 12:23:56 a las 12:26:54 ibídem. IV. Posteriormente, el defensor particular expresó lo que estimó pertinente en torno a la solicitud de vinculación a proceso que previamente formuló la representación social; luego, las partes debatieron sobre los puntos de disenso; cabe señalar que el juez de control no dio oportunidad a la fiscalía de modificar los hechos y datos que sirvieron de base para la formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso - como fue precisado en el fallo protector-. V. Agotado el debate, con la libertad de jurisdicción que se le concedió, el juez de control resolvió la situación jurídica del imputado, dictó auto de vinculación a proceso contra Mauricio Lazcano Loza, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por los artículos 260, fracción II, 261, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la víctima menor de edad -de identidad reservada- de iniciales P.A.G.L., representada por su padre Valente Gutiérrez Munguía. VI. Posteriormente, el juez de control continuó con los actos procesales correspondientes, pues permitió a las partes debatir sobre la imposición de medidas cautelares y, finalmente, fijó tres meses como plazo para el cierre de investigación complementaria. III. Se tiene por cumplido el fallo protector. Así, de la comparación realizada entre los efectos del fallo protector y las actuaciones que llevó a cabo la autoridad responsable, se obtiene que se cumplió, sin excesos ni defectos, la sentencia protectora de derechos fundamentales; por tanto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. IV. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dado que en ésta se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de sus autorizados; por lista a la tercera interesada (en cumplimiento al auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés); por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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