MAURICIO FLORES CASTRO y Otros.
Expediente 645/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- MAURICIO FLORES CASTRO y Otros.
- Mauricio Flores Castro
- Jueza de Control de Oralidad Penal Y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Con Sede En Puebla, Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos del presente controvertido constitucional, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el once de mayo de dos mil veintiuno, donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, ha trascurrido, sin que las partes lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de trascurridos tres años, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la conservación de las copias certificadas de las constancias deducidas de la carpeta judicial 1490/2020/PUEBLA (anexo I), así como de los cuatro discos versátiles digitales (foja 55), y uno más que remitió la autoridad responsable Jueza de control adscrita al Juzgado de Oralidad y Ejecución Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Rosalva Elena Zarate Herrera), adjuntos a su informe justificado y en cumplimiento al fallo amparador, previa certificación de desglose que se agregue al expediente, devuélvanseles sin necesidad de acusar recibo, toda vez que la autoridad se encuentra en la circunscripción de este Órgano Jurisdiccional; por lo que en ese sentido, se ordena al actuario judicial correspondiente, asentar en el acuse correspondiente el recibo de dicho discos versátiles digitales y de las referidas constancias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de sus autorizados; mediante oficio a las autoridades responsables, así como a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 23 DE JUNIO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos del presente controvertido constitucional, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el once de mayo de dos mil veintiuno, donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, ha trascurrido, sin que las partes lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de trascurridos tres años, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la conservación de las copias certificadas de las constancias deducidas de la carpeta judicial 1490/2020/PUEBLA (anexo I), así como de los cuatro discos versátiles digitales (foja 55), y uno más que remitió la autoridad responsable Jueza de control adscrita al Juzgado de Oralidad y Ejecución Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Rosalva Elena Zarate Herrera), adjuntos a su informe justificado y en cumplimiento al fallo amparador, previa certificación de desglose que se agregue al expediente, devuélvanseles sin necesidad de acusar recibo, toda vez que la autoridad se encuentra en la circunscripción de este Órgano Jurisdiccional; por lo que en ese sentido, se ordena al actuario judicial correspondiente, asentar en el acuse correspondiente el recibo de dicho discos versátiles digitales y de las referidas constancias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de sus autorizados; mediante oficio a las autoridades responsables, así como a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que, mediante proveído de veintisiete de abril pasado, se dio vista a la parte quejosa y a la autoridad tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que hayan desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. El treinta de octubre de dos mil veinte, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que por un lado se negó y por el otro se concedió el amparo a Eukid Castañón Herrera, en los siguientes términos: "OCTAVO. Efectos de la concesión. Se concede el amparo a Eukid Castañón Herrera, para el efecto de que la autoridad responsable jueza de control adscrita al Juzgado de Oralidad y Ejecución, Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera), una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución pronunciada en la continuación de la audiencia inicial, que comenzó el veintinueve de agosto de dos mil veinte y culminó el treinta siguiente, dentro de la carpeta judicial administrativa 1490/2020/PUEBLA de su índice. 2. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esa determinación, para que, con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, se cerciore: a) De la identidad de quienes se ostentan como defensores del quejoso, cuestionándoles si son los mismos que estuvieron presentes en la audiencia que ha sido dejada sin efectos. b) De que dichas personas, entre las que se encontraba Fidel Martínez Lezama, sean licenciados en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que la jueza responsable cuestione al encargado de sala, si verificó que los datos proporcionados, en su momento, por los aludidos defensores corresponden con la cédula profesional que detentan. c) Realizado lo anterior y después de que se cerciore que el imputado contó con una defensa técnica, en la continuación de la audiencia inicial que comenzó el veintinueve de agosto de dos mil veinte y culminó el treinta siguiente, la jueza responsable resolverá en el mismo sentido en el que lo hizo en dicha audiencia, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. Y, sólo para el caso de que al momento de dar cumplimiento a este fallo, todos esos defensores hubieran sido revocados en su cargo, tal cercioramiento acontecerá con el hecho de que la jueza responsable cuestione al encargado de sala, si verificó que los datos proporcionados, en su momento, por los aludidos defensores corresponden con las cédulas profesionales que detentan. En la inteligencia de que si no se acredita que las personas que asistieron al imputado como defensores particulares, hubieran sido licenciados en derecho por no corroborarse lo relativo a su cédula profesional, la jueza responsable deberá, en el caso de que el imputado no cuente con un defensor particular que le asista en la audiencia, designar a uno público, para lo cual, ya sea defensor público o particular, en ambos casos deberá cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que lo asiste cuenta con cédula profesional. Y, hecho lo anterior, procederá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia inicial, a partir de la etapa en la que, en su caso, se determine que el imputado no tuvo una defensa técnica por parte de licenciado en derecho, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes. Debiendo quedar, desde luego, registro de audio y video de lo acontecido en cumplimiento a este fallo, en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. En el entendido de que la celebración de la audiencia inicial y su continuación deberá llevarla a cabo la misma jueza de control que celebró la continuación de la audiencia inicial que comenzó el veintinueve de agosto de dos mil veinte y culminó el treinta siguiente, (Rosalva Elena Zárate Herrera). (...) 3. Remitirá a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora." Inconforme, Mauricio Flores Castro, en su carácter de defensor del quejoso Eukid Castañón Herrera, interpuso revisión en contra de la sentencia de mérito, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien mediante resolución dictada el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 136/2020, determinó: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Eukid Castañón Herrera en contra del acto consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, decretada en audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veinte por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, dentro de la carpeta judicial administrativa 1490/2020/PUEBLA y su ejecución atribuida al Director de Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. TERCERO. La justicia de la unión ampara y protege a Eukid Castañón Herrera en contra del auto de vinculación a proceso emitido en su contra el treinta de agosto de dos mil veinte por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, dentro de la carpeta judicial administrativa 1490/2020/PUEBLA, para los efectos precisados en la sentencia sujeta a revisión." Por lo que en auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento a las responsables. En ese sentido, en acuerdo de catorce de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 11819/2021/PUEBLA, de la jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad y Ejecución, Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, del cual se aprecia que por auto de doce de abril de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución pronunciada en la continuación de la audiencia inicial, la cual comenzó el veintinueve de agosto de dos mil veinte y culminó el treinta siguiente, y en su lugar, fijó las trece horas con treinta minutos del quince de abril de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia en mención. Posteriormente, en auto de veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 12419/2021/JC de la Jueza de Control de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera), con el que remitió copia certificada del disco óptico DVD de la audiencia oral y pública celebrada el quince de abril de dos mil veintiuno dentro de la causa penal 1490/2020/PUEBLA de su índice. Así, de la reproducción del registro de audio y video contenido en el mencionado dispositivo, se aprecia -en lo que interesa- que la audiencia inició a las catorce horas con treinta y tres minutos del quince de abril de dos mil veintiuno. En ella, la responsable individualizó a las partes, entre las que se encontraba, como defensor del imputado, Fidel Martínez Lezama, quien acreditó su calidad de licenciado en derecho, pues proporcionó su número de cédula profesional (5341781) y los datos de ésta fueron corroborados con la auxiliar de sala en el Registro Nacional de Profesiones. Cuestionó a Fidel Martínez Lezama, si fue uno de los defensores que estuvo presente en la audiencia que se dejó sin efectos, a lo que dicho profesionista indicó que sí, precisando que en aquél momento había otros tres abogados nombrados, pero sus nombramientos ya fueron revocados, lo que ya era del conocimiento de la responsable. La jueza de control preguntó a la auxiliar de sala si verificó que los datos proporcionados, en su momento, por Mauricio Flores Castro y Erik Rubí Muro, quienes se ostentaron como defensores en la audiencia dejada sin efectos, corresponden con las cédulas profesionales que detentaron. Al respecto, la auxiliar de sala le respondió que sí, que se había corroborado su calidad de licenciados en derecho a través de sus cédulas profesionales (6598668 y 10757914, respectivamente), verificadas en el Registro Nacional de Profesiones, y que la copia de dichas cédulas obra en la carpeta judicial administrativa correspondiente. Y realizado lo anterior, la jueza responsable cerciorada de que el imputado contó con una defensa técnica, en la continuación de la audiencia inicial que comenzó el veintinueve de agosto de dos mil veinte y culminó el treinta siguiente, resolvió en el mismo sentido decretando auto de vinculación a proceso en contra de Eukid Castañón Herrera, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de falsedad de declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad. Documentales con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cobra aplicabilidad, en cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia de mérito, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En consecuencia, de la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, quien esto provee, estima que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Y, por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de sus autorizados; mediante oficio a las autoridades responsables, así como a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA MAURICIO FLORES CASTRO EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE abril DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el oficio 12419/2021/JC signado por Jueza de Control de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera) mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del disco óptico DVD de la audiencia oral y pública celebrada el quince de abril de dos mil veintiuno dentro de la causa penal 1490/2020/PUEBLA de su índice, en la que decretó auto de vinculación a proceso en contra del hoy quejoso y se proveyó sobre la medida cautelar a él impuesta. En consecuencia, con el contenido del oficio y de las constancias que anexa; dese vista a la parte quejosa y autoridad tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de sus autorizados y mediante oficio a la autoridad tercera interesada.
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