Mauricio Gastelum Hernández

Expediente 10/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 7 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
10/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
07/01/2016

Partes del expediente

  • Mauricio Gastelum Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Tlaxcala, Tlaxcala, siete de enero de dos mil dieciséis. -Se desecha demanda de amparo. Vista la demanda de amparo que promueve Mauricio Gastelum Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala y otras autoridades, a quienes les atribuye la orden de aprehensión, detención, citación, presentación, comparecencia, arraigo así como su ejecución. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 10/2016-III. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." (No. Registro: 186,605, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Julio de 2002, Tesis: 2ª. LXXI/2002, Página: 448.) Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el siguiente criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."(Novena Época, Registro: 196923, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/98, Página: 898.) Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2001, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En ese orden de ideas, tenemos que en el presente asunto se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, que a la letra dicen: "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)" De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, fuera de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción IV, de la actual Ley de Amparo, puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. En tal virtud, cabe formular la siguiente interrogante ¿A partir del tres de abril de dos mil trece en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, qué plazo tienen los quejosos para impugnar un auto de formal prisión o una orden de búsqueda, aprehensión y/o detención -como actos dictados en un proceso o procedimiento penal que afectan la libertad del quejoso-, o bien, si se conservó el criterio de que se podía hacer en cualquier tiempo? Para dar respuesta a lo anterior, en principio, debe ponderarse que la actual Ley de Amparo establece en el párrafo primero del artículo 17 una regla general de quince días para la presentación de la demanda y una sola excepción donde puede promoverse el juicio en cualquier tiempo prevista en su fracción IV. Por tanto, para mayor claridad procede hacer un estudio comparativo entre la derogada y la actual Ley de Amparo, en ese sentido: Artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada. Artículo 17, fracción IV de la Ley de Amparo vigente. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Como puede apreciarse, anteriormente contra cualquier acto que afectara la libertad personal del quejoso, podía promoverse el juicio de amparo en cualquier tiempo, siendo que actualmente tal presupuesto se acotó sólo a los actos restrictivos de la libertad dictados fuera de un procedimiento, es decir, los actos que tengan esa calidad pero que se emitieron en un procedimiento, sea jurisdiccional o administrativo ya no gozan de la temporalidad indefinida para combatirlos, sino que al ya no estar expresamente incluidos en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, debe aplicarse la regla general prevista en el párrafo primero de ese numeral -quince días-. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su jurisprudencia temática ha establecido casos en que sin ordenarse propiamente una detención material del quejoso, se afecta su libertad personal dentro de un procedimiento penal, como ahora se plasmó en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la actual Ley de Amparo, en el que la sentencia definitiva dictada en un procedimiento penal es la que sin duda podría restringir mayormente la libertad de una persona, y que a propósito también cuenta con un plazo fijo de ocho años para que se impugne en el amparo directo, no en cualquier tiempo, siendo pertinente destacar, desde este momento, que no deben hermanarse los supuestos en que no es necesario agotar un recurso en contra del acto restrictivo de la libertad dentro de un procedimiento penal con los plazos previstos actualmente, dado que sólo se excluye al quejoso de la carga de agotar el medio de defensa relativo, pero queda sujeto a la temporalidad de quince días para controvertirlo a través del juicio de amparo. Se insiste, si el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo señala que cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, el juicio de amparo relativo podrá promoverse en un plazo de hasta ocho años, siendo este acto el que mayormente afecta la libertad personal del quejoso, no hay razón para interpretar tal precepto en el sentido de que tratándose de una orden de aprehensión o un auto de formal prisión, pueden reclamarse en el juicio de amparo en cualquier tiempo, al tratarse de actos restrictivos de la libertad de manera provisional dentro del procedimiento penal, es decir, la mayor afectación la actual Ley de Amparo prevé un plazo de ocho años respecto de la sentencia definitiva, mientras que los demás actos intermedios como la orden de aprehensión o el auto de formal prisión, siguiendo esa misma lógica, deben impugnarse en el plazo de quince días, dado que no sería posible considerar que atinente a tales actos no existe un plazo para combatirlos y respecto de la sentencia, que se reitera, es la máxima restricción a la libertad personal, sí tuviera una temporalidad perentoria. Para robustecer lo expuesto, conviene traer a colación lo discutido en la Cámara de Senadores el martes once y jueves trece de octubre de dos mil once, a propósito de la aprobación del texto del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente: "SENADORES DISCUSIÓN México, D.F. martes 11 y jueves 13 de octubre de 2011. Versión Estenográfica EL C. SENADOR TOMÁS TORRES MERCADO: Le anticiparía, señor presidente, con la venia de la Asamblea, de que ser coincidente el contenido de la reserva, que un servidor va presentar con la del senador González Alcocer, para el trámite, en obvio de tiempo. El artículo 17, que se ha estado discutiendo, y que por cierto abordó primero la fracción III y no la cabeza, y la fracción I y II, es este artículo el que establece los plazos o términos para la interposición de la demanda de amparo. El artículo 17 establece en el texto del dictamen que estamos discutiendo, que el plazo para la presentación de la demanda, será de 30 días. Nosotros decimos, y por cierto habíamos logrado un consenso al interior, senadora María Serrano, al interior de las comisiones, en la parte que discutimos, de que fuera de 15 días, 30 días para el caso de que se impugnen normas generales autoaplicativas y además se había señalado, que en tratándose de la materia penal, se estableciera. que no se estableciera plazo, como lo observa la Ley de Amparo vigente. Sin embargo, y esto también ha sido una propuesta, impulsada por organizaciones sociales, de que cuando se reclame una sentencia definitiva, condenatoria, que conlleve pena de prisión, el plazo para la interposición de la demanda de amparo sea de ocho años. La regla contenida actualmente es, no hay plazo. Pero ahora se limitaría a ocho años. Puede existir, creo que en México no, pero cuando hay penas corporales derivadas de un proceso, en donde haya carga política, pues que se trascienda a las administraciones sexenales. Esa es la propuesta. Reitero, el plazo general para la presentación de la demanda, de 30 a 15. El plazo para la presentación de la demanda, en tratándose de ordenamientos autoaplicativos, de 45 a 30. Y en materia penal, sentencias definitivas condenatorias, penas de prisión, ocho años. Es cuanto, presidente. Gracias. EL C. PRESIDENTE GARCÍA CERVANTES: Gracias a usted, don Tomás Torres. Tiene el uso de la palabra el senador Alejandro González Alcocer. -EL C. SENADOR ALEJANDRO GONZÁLEZ ALCOCER: Gracias, presidente. Efectivamente son coincidentes las propuestas en el encabezado de 15 días, y en la primera fracción de 30 días para leyes autoaplicativas; así como el que fue consenso con organizaciones civiles, de ponerle un término en materia penal de ocho años. Yo diría que esto no deberíamos de estarlo discutiendo, inclusive, porque en las comisiones habíamos votado este punto, para que quedara el término en 15 días y 30 para las leyes; no así el otro de ocho años. Y si me permite, señor presidente, yo haría mención, de un artículo que va ligado directamente con esto, con este del 17, que es el 115. Porque aquí se agregó. se aumentó el término, en virtud de que se había agregado o aumentado en el artículo 17, para la citación de la audiencia constitucional a 40 días, como dice el 115. Y estamos regresándole, también, a 30 días, como se establece en la ley actual, en concordancia con lo que se está cambiando, del artículo 17. Es cuanto. Estoy totalmente de acuerdo en las observaciones del senador Tomás Torres. -EL C. PRESIDENTE GARCÍA CERVANTES: Bien. En vista de que las propuestas del enunciado de la fracción I y de la fracción II son coincidentes, las del senador Tomás Torres Mercado, la del senador don Alejandro González Alcocer, se consideran una sola propuesta. Y ruego a la Secretaría. si me permiten, es más fácil. Ruego a la Secretaría dar lectura a las modificaciones planteadas. De una vez, estamos en el enunciado, fracción I y fracción II del artículo 17. Bien, ruego a la Secretaría dar lectura a la propuesta conjunta del senador Tomás Torres y del senador Alejandro González Alcocer. -EL C. SECRETARIO HERVIZ REYES: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, salvo. Fracción I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, en que será de 30 días. Fracción II. Cuando se reclame la sentencia condenatoria, en un proceso penal podrá interponerse en ocho años. -EL C. PRESIDENTE GARCÍA CERVANTES: Consulte a la Asamblea, si se admite a. (SIGUE 30ª. PARTE). . . consulte a la Asamblea, si se admite a discusión. -EL C. SECRETARIO HERVIZ REYES: Consultó a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. -Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea asiente) -Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea no asiente) -Sí se acepta, señor Presidente. -EL C. PRESIDENTE GARCIA CERVANTES: Está a discusión la propuesta. No habiendo quién haga uso de la palabra, ruego a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica si se admite la propuesta de modificación planteada por los Senadores Tomás Torres y Alejandro González Alcocer. -EL C. SECRETARIO HERVIZ REYES: Consulto a la Asamblea, en votación económica si es de aceptarse la propuesta. -Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (La Asamblea asiente) -Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. (La Asamblea no asiente) -Aprobado, señor Presidente. -EL C. PRESIDENTE GARCIA CERVANTES: Aprobadas las modificaciones al encabezado de la fracción I de la fracción II del artículo 17 en relación a los plazos. Esta Presidencia no tiene más propuestas de modificación, sin embargo tiene la reserva del Senador Alejandro Zapata. Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Zapata Perogordo. -EL C. SENADOR ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO: Gracias señor Presidente. La verdad es que aquí la propuesta es una propuesta muy sencilla que se refiere a la fracción IV del artículo 17 del Proyecto que está presentando, en el cual inclusive acaba de ver una propuesta hecha por el Senador Tomás Torres, es cuando se refiere a las cuestiones que el acto reclamado implica el peligro de la libertad de la vida hasta que sea la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, prospección, destierro, desaparición forzada, etcétera, que son parte de lo que se establece en el artículo 22 constitucionalmente que adicionalmente es un poco más amplio, pero que aquí también se incluye todo lo que aquí se refiere a la parte de la extradición. En esta cuestión no tiene temporalidad. La extradición, nosotros acabamos de hacer algunas modificaciones legales para que exista un procedimiento específico para ello. En ese sentido creo que es muy conveniente sí dar a la parte de la extradición que es cuando se ha cometido un delito fuera de nuestro país en otro país que sí se le pueda poner un plazo específico, de tal manera que pueda agotar un medio de defensa que esta misma ley prevé sin que pueda quedar obviamente abierto y que eso pueda impedir que se vaya realizando la administración de justicia en sus términos. Por lo tanto, yo sí creo, y esta es la propuesta, que se elimine de esta fracción lo que se refiere a la parte de la extradición y tal como lo he platicado con algunos compañeros, que no viene concretamente en esta propuesta, pero que se había ya ahorita el comenzado a consensar, porque yo había pensado que si se quitaran, le quedaban 15 días, pero también señalan y dicen, creo que puede ser 30 días para que pueda acudir al juicio de amparo y tener los medios de defensa correcto y adecuados dentro de un procedimiento de esta naturaleza. Por lo tanto, la propuesta es que se elimine de esta fracción IV y en todo caso se pueda poner en la fracción I que es la que se refiere a los 30 días para presentar el juicio de amparo. Es cuanto, señor Presidente. -EL C. PRESIDENTE GARCIA CERVANTES: Don Alejandro Zapata, su propuesta consiste en llevar, en términos de extradición a la fracción, a los términos de la fracción II. Bien.Consulte la Secretaría a la Asamblea, si la propuesta planteada por el Senador Alejandro Zapata se admite a discusión. -EL C. SECRETARIO HERVIZ REYES: Consulto a la Asamblea, en votación económica si la propuesta hecha por el Senador Alejandro Zapata se admite a discusión. -Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente) -Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. (La Asamblea no asiente) -Sí se admite, señor Presidente. -EL C. PRESIDENTE GARCIA CERVANTES: Ahora le ruego, para certeza de la Asamblea, dé lectura a cómo quedaría la propuesta de modificación a la fracción II eliminando la fracción IV al término de extradición, en la fracción I. Lea la propuesta del Senador Zapata Perogordo. -EL C. SECRETARIO HERVIZ REYES: Sería agregarle a la fracción II, "y procedimientos de extradición". Ese es el agregado que se elimina de la fracción. -EL C. PRESIDENTE GARCIA CERVANTES: Bien, quiere ubicar perfectamente si es en la fracción I o en la fracción II. -EL C. SECRETARIO HERVIZ REYES: La propuesta es agregar a la fracción I. Bien, consulto a la Asamblea, en votación económica si se admite la propuesta. -Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. (La Asamblea asiente) -Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. (La Asamblea no asiente) -Aprobado, señor Presidente. -EL C. PRESIDENTE GARCIA CERVANTES: Muchas gracias. Hemos agotado la discusión en lo particular del artículo 17, el artículo 17 del dictamen recibió modificaciones en su enunciado en la fracción I, en la fracción II y en la fracción III en los términos aprobados por la Asamblea, y también habíamos reservado para su votación nominal el artículo 16. Abrase el sistema electrónico de votación para recibir la votación nominal de los artículos 16 en los términos del dictamen y 17 con las modificaciones aprobadas por la Asamblea hasta por dos minutos. Dense los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento. (Se recoge la votación) (Sigue 31 parte). avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento. (Se recoge la votación) -EL C. SECRETARIO HERVIZ REYES: 79 en pro; 0 en contra; 0 abstenciones, señor presidente. -EL C. PRESIDENTE GARCÍA CERVANTES: Aprobados en lo particular los artículos 16 en los términos del proyecto y 17 con modificaciones autorizadas por la asamblea." Si bien inicialmente en la exposición de motivos se pretendió ampliar los plazos para la promoción del juicio de amparo, en la Cámara de Senadores no se siguió ese mismo patrón, de modo que, por motivos de seguridad jurídica y que el proceso penal no quedara paralizado, se fijaron nuevos plazos para tal efecto, que por cierto antes no existían, por lo que tocante a la sentencia definitiva condenatoria penal se fijó en un plazo máximo de ocho años y respecto la orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión, vinculación a proceso o una resolución relativa al incidente de desvanecimiento de datos, entre otros, dicho plazo se consideró de quince días, en el entendido de que los actos privativos de la libertad personal dentro de un procedimiento, sea penal o de cualquier otra materia, ya no pervivió la posibilidad de controvertirse en cualquier tiempo. Ahora, conviene recordar que el Mauricio Gastelum Hernández, reclama la orden de aprehensión, detención, citación, presentación, comparecencia, arraigo, libradas en su contra, atribuida en su carácter de ordenadoras a los Jueces de Distrito de los Estados de Tlaxcala, Hidalgo, Sinaloa, Jueces de Distrito de Procesos Penales Federales, Jueces Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones con competencia en toda la República, Jueces Penales del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, así como Agentes del Ministerio Público de la Federación del Estado de Hidalgo, entre otras autoridades, de lo que deviene inconcuso que dichas ordenes se emitieron dentro de un procedimiento de orden penal, ya sea en una averiguación previa o dentro de una causa penal, de ahí que no encuadre dentro del caso de excepción que establece la fracción del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues la privación de libertad no fue emitida fuera de procedimiento. Así, en relación a la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, en su escrito de demanda, específicamente en el capítulo de hechos, manifestó bajo protesta de decir verdad que lo siguiente: ". que desde ayer me han informado mis familiares que en diversas ocasiones se han presentado en mi domicilio personas que dijeron ser Agentes de la Policía Investigadora, mencionando que tienen una orden de aprehensión en mi contra, por lo que temo que se me detenga ilegalmente, presionando y amedrentando a mi familia, causando temor a la suscrita (sic) ya que el día de hoy se presentaron nuevamente agentes manifestándoles a mi familia que me iban a detener (.)." En ese tenor, se tiene que en la parte final de la demanda de amparo, se advierte que la firma signada por el quejoso Mauricio Gastelum Hernández, corresponde al mes de octubre del año dos mil quince, por tanto, se tiene que fue desde el citado mes en que el aludido quejoso tuvo conocimiento de las ordenes de las que se duele, por lo que dicha data debe tomarse en cuenta para el cómputo del plazo de quince días para promover la demanda de amparo, pues para ello basta la sola manifestación expresa de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. En el entendido, de que la demanda de amparo debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo los apartados que la integran, por lo que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" abarca no solo los antecedentes del acto reclamado, sino hasta la data en que esta se signa. Sin que se pueda considerarse un error mecanográfico el que en la parte final del libelo de cuenta se asentara "octubre de dos mil quince", dado que no existe dato alguno en dicho escrito, que refiera una temporalidad diversa, y que genere duda sobre el momento en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, pues el promovente únicamente se limitó a señalar que el día de ayer y hoy se habían presentado en su domicilio agentes de la policía, de lo que se colige que fue en el mes de octubre del año próximo pasado, que acontecieron los hechos narrados y no en diversa data. En ese orden, si bien de conformidad con la ley abrogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la presentación de la demanda de amparo en contra de una orden de aprehensión, detención, citación, presentación, comparecencia, arraigo podía realizarse en cualquier tiempo, lo cierto es que al entrar en vigor la Ley de Amparo vigente, dicha temporalidad se limitó al plazo de quince días. En ese sentido, como ha quedado precisado la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados en el mes de octubre de dos mil quince, por lo que aun considerando que fuera el último día del citado mes -treinta y uno de octubre de dos mil quince-, el plazo para la presentación de la demanda de ya transcurrió en exceso. Lo anteriores es así, dado que la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala hasta el cinco de enero de dos mil dieciséis, tal como lo revela el sello que consta en el escrito en comento, debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo, pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar el acto que reclama. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Sin que sea obstáculo para la citada determinación, que el quejoso a la fecha de presentación de la demanda desconozca, en caso de que existieran las referidas ordenes que combate, los fundamentos que las sustentan, pues tratándose de órdenes de captura no existe notificación por la que se hagan del conocimiento de la persona en contra de la cual se gira dichos fundamentos, pues resulta fundamental el desconocimiento de su existencia, y por ende de su contenido para su cumplimentación; de ahí que basta para la actualización de la causal de improcedencia de mérito que se tenga conocimiento de su existencia, pues a partir de dicho momento que se está en oportunidad de impugnarla por la vía de amparo, cuyos fundamentos en caso de ser procedente el juicio de amparo los conocería una vez que las autoridades responsables rindieran sus informes justificados, lo cual sería materia de ampliación de demanda en sus conceptos de violación. Por otra parte, se tiene al quejoso señalando los estrados de este Juzgado Federal para oír y recibir notificaciones, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a las personas que refiere, atento a la naturaleza del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este juicio, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que el presente juicio se tramite sin dilación alguna. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las mismas se publiquen sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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