Matilde Rosa Castro Lara
Expediente 73/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Matilde Rosa Castro Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, siete de junio de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, copia certificada del expediente laboral 53/2015-A y su acumulado 148/2016-A, que acompañó como sustento de su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cinco de abril de dos mil veintidós. Parte quejosa informa. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por Manuel Castañeda Hernández apoderado legal de Matilde Rosa Castro Lara, el cual contiene la manifestación "bajo protesta de decir verdad" de que el documento que se exhibe es copia íntegra e inalterada del original; por el cual informa que han cesado los actos reclamados y al efecto remite copia del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente laboral 52/2015-A, del índice de la responsable y notificación del mismo. Documental a la cual se reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, dado que aun y cuando se haya presentado en línea, no pierde tal calidad de documento público, como lo establece el numeral 12, inciso f), del Acuerdo general 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Apoya lo anterior la tesis aislada I.1o.A.48 K (10a.), materia común, Décima Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenida en el Libro 72, Noviembre de 2019 Tomo III, página 2379, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DOCUMENTALES PÚBLICAS REMITIDAS VÍA ELECTRÓNICA PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA QUE SE LES RECONOZCA PLENO VALOR PROBATORIO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE, AL MOMENTO DE SU ENVÍO, SU OFERENTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SON COPIA ÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO. De conformidad con el actual artículo 3o. de la Ley de Amparo, es optativo para las partes presentar sus promociones en forma impresa o electrónica, siendo que, en el segundo supuesto, el escrito deberá presentarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica, en términos de la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Al desarrollar las atribuciones que sobre el particular le fueron conferidas por la ley de la materia y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el citado órgano expidió, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General Número 1/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013, de cuyo artículo 12, primer y segundo párrafos, e inciso f), se desprende que la presentación de documentos, para ser agregados al expediente electrónico, requiere, primero, que sean enviados a través de los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica y, segundo, que, para su envío, se utilice, precisamente, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, lo que será suficiente para que produzcan los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Sin embargo, tratándose de las documentales públicas, el acuerdo de referencia prevé que no perderán su valor probatorio, siempre y cuando se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el documento electrónico relativo es copia íntegra e inalterada del impreso, es decir, respecto de esa clase de documentos se estableció una condición especial para que produzcan pleno valor probatorio en el juicio de amparo, consistente en la indicada protesta, sin la cual, el único valor probatorio que tendrán será el de copias simples." Aunado a que, la parte quejosa manifiesta que han cesado los actos reclamados, lo cual constituye una confesión expresa admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles; pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que ha consentido expresamente el acto que tilda de inconstitucional y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo. El texto de dichos preceptos legales, es el siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representado o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.". Sobreseimiento fuera de audiencia. De las manifestaciones antes citadas y de la documental anexada por la quejosa, se advierte que la autoridad responsable Presidente del tribunal de conciliación y Arbitrajes del Estado de Tlaxcala, emitió el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en los autos del expediente laboral 52/2015-A, de su índice, el cual a la letra dice: Ahora, del contenido de las constancias que anexó la quejosa a su escrito de cuenta y de la manifestación expresa realizada, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión de hacer cumplir el laudo dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala en el juicio radicado ante el mismo con el número 53/2015-A y su acumulado 148/2016-A, así como acordar la petición de veinte de octubre de dos mil veintiuno. Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la quejosa consiste en: La omisión de hacer cumplir el laudo dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala en el juicio radicado ante el mismo con el número 53/2015-A y su acumulado 148/2016-A; y acordar la petición de veinte de octubre de dos mil veintiuno; y de las constancias remitidas por la quejosa a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, dado que aun y cuando se haya presentado en línea, no pierde tal calidad de documento público, como lo establece el numeral 12, inciso f), del Acuerdo general 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, y de las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad, se evidencia que: En auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente laboral 53/2015-A, la autoridad responsable Presidente del Tribunal de conciliación y Arbitrajes del Estado de Tlaxcala, dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa a través de su escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, mismo que fue notificado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, como se desprende de las constancias exhibidas por la quejosa en el su escrito de cuenta. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas y de la manifestación expresa realizadas por la parte quejosa se evidencia que la omisión reclamada dejó de existir pues la Presidente del Tribunal de conciliación y Arbitrajes del Estado de Tlaxcala, en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente laboral 53/2015-A, atendió la petición de la quejosa, la cual fue notificada el veintiuno de febrero de dos mil veintidós. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que la tesis citada resulta aplicable a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con catorce minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Estado de Tlaxcala, ocho de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS para su verificativo. Por aplicación al caso, sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XI, abril de 2000 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Ahora, si bien la fecha señalada no se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, ello es con la finalidad de dar oportunidad a los Actuarios Judiciales para que practiquen las notificaciones y demás diligencias que se ordenen en el presente asunto; lo anterior, tomando en consideración el contexto de la actual pandemia por el virus Covid-19, así como las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal a fin de mitigar el referido fenómeno de salud pública, entre las cuales se encuentran la reducción del horario de atención al público y la disminución de la cantidad de servidores públicos que desarrolla trabajo presencial. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dos de marzo de dos mil veintidós. Remite constancias. Agréguese a los autos, el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por el que en cumplimiento a lo requerido mediante auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, remite copia certificada del expediente laboral 53/2015-A y su acumulado 148/2016-A, de su índice, mismas que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Vista a las partes. Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Se ordena formar tomo de pruebas. Ahora, dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad referida, fórmese un tomo de pruebas por separado, en el cual deberá elaborarse la carátula respectiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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