Mauricio Ernesto Dominguez Blanco

Expediente 737/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
737/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Mauricio Ernesto Dominguez Blanco
  • Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 737/2020, y copia certificada de la resolución de tres de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del amparo en revisión 20/2021, de la que se advierte que se confirmó la sentencia recurrida, por la que se sobreseyó en el juicio en que se actúa. Acúsese el recibo respectivo. En virtud de lo anterior, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. Con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, el cual deberá y transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por el quejoso Mauricio Ernesto Domínguez Blanco, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el pedimento signado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional, en virtud de que el treinta de noviembre del año en curso, se dictó sentencia dentro del presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídanse a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 737/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al Juez con las documentales exhibidas por el quejoso, así como con las allegadas por las autoridades responsables. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza lase documentales referidas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes presentó alegatos. En relación con lo anterior el Juez acuerda: Vista la certificación de cuenta, se tiene por precluido el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia (fojas 2-13), Mauricio Ernesto Domínguez Blanco, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este órgano jurisdiccional; en auto de ocho de octubre de dos mil veinte (foja 15), se registró bajo el número 737/2020; se admitió; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que la omisión reclamada se le atribuye a autoridades con sede en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, los actos reclamados por el quejoso, son: Al Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como a su Presidente atribuye: La omisión de publicar, ordenar, realizar y llevar a cabo la publicación en el boletín laboral a que se refiere el artículo 615, fracción VII de la Ley Federal del Trabajo de las circulares siguientes: Circular 209/2020, emitida el diecinueve de marzo de dos mil veinte. Circular 226/2020, emitida el diecisiete de abril de dos mil veinte. Circular 227/2020, emitida el treinta de abril de dos mil veinte. Circular 228/2020, emitida el once de mayo de dos mil veinte. Circular 229/2020, emitida el treinta de mayo de dos mil veinte. Circular 232/2020, emitida el treinta de junio de dos mil veinte. Circular 233/2020, emitida el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Circular 234/2020, emitida el treinta y uno de agosto de dos mil veinte. En dichas circulares se hizo del conocimiento de usuarios, servidores públicos y población en general que se suspenderían las funciones jurisdiccionales de dicha junta, en diversos periodos, que abarcan del veinte de marzo al treinta de septiembre del año en curso. Al Director del Periódico Oficial del Estado: La omisión de publicar las mencionadas circulares. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 29); sin embargo, el mismo es inexistente, por las razones que se expondrán en los párrafos siguientes. Por su parte, el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como a su Presidente, negaron la existencia de los actos atribuidos por el quejoso (foja 33). Ahora bien, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. En otras palabas, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Es aplicable la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de 1998, Materia Común-Administrativa, Novena Época, registro 196080, de rubro y texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Como quedó asentado en el considerando anterior, el quejoso reclama del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como de su Presidente, la omisión de publicar, ordenar, realizar y llevar a cabo la publicación en el boletín laboral a que se refiere el artículo 615, fracción VII de la Ley Federal del Trabajo de las circulares 209/2020, 226/2020, 227/2020, 228/2020, 229/2020, 232/2020, 233/2020 y 234/2020, mediante las cuales se hizo del conocimiento de usuarios, servidores públicos y población en general que se suspenderían las funciones jurisdiccionales de dicha junta, en diversos periodos, que abarcan del veinte de marzo al treinta de septiembre del año en curso. Asimismo, atribuye al Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, la omisión de publicar las citadas circulares en el periódico a su cargo. Al respecto manifiesta -en esencia- el quejoso que los artículos 607 y 615 fracción VII de la Ley Federal del Trabajo establecen que las sesiones del pleno se publicarán en un boletín laboral por lo menos cada tres meses; por lo que al no haber publicado las referidas circulares, no tiene efecto legal ni consecuencia jurídica la suspensión de actividades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del periodo comprendido del veinte de marzo al treinta de septiembre de dos mil veinte, y como consecuencia, sí corren y son computables los plazos y términos legales, esto es, deben considerarse como días hábiles para la presentación de escrito, promociones, demandas o cualquier documento. También manifiesta que con dicha conducta omisiva se viola en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales. Ahora bien, ante de establecer las razones por las cuales este juzgador estima que son inexistentes los actos reclamados, se estima pertinente traer a glosa los artículos 607 y 615 fracción VII de la Ley Federal del Trabajo mencionados por el quejoso, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 607. El Pleno se integrará con el Presidente de la Junta y con todos los representantes de los trabajadores y de los patrones ante las Juntas Especiales del Distrito Federal. Las resoluciones y sesiones del Pleno se regirán por lo establecido en el artículo 615 de esta Ley". "Artículo 615. Para uniformar el criterio de resolución de las Juntas Especiales, se observarán las normas siguientes: [.]VII. El Pleno publicará un boletín cada tres meses, por lo menos, con el criterio uniformado y con los laudos del Pleno y de las Juntas Especiales que juzgue conveniente [.]". De dichos artículos se advierte que el Pleno se integrará con el Presidente de la Junta y con todos los representantes de los trabajadores y de los patrones ante las Juntas Especiales del Distrito Federal; que sus resoluciones y sesiones del Pleno se regirán por lo establecido en el artículo 615 de la Ley Federal del Trabajo, y en la fracción VII de este numeral se establece que para uniformar el criterio de resolución de las Juntas Especiales, el Pleno publicará un boletín cada tres meses, por lo menos, con el criterio uniformado y con los laudos del Pleno y de las Juntas Especiales que juzgue conveniente. Por lo que, contrario a lo que señala el quejoso, dichos artículos transcritos no regulan cómo se deben publicar los avisos de suspensión de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; sino que su finalidad es uniformar el criterio de resolución de las juntas especiales, por lo que ordena la publicación de criterios uniformados y laudos emitidos por el Pleno y Juntas Especiales. Por otro lado, debe precisarse que los artículos 734 y 746 de la Ley Federal del Trabajo, son los que regulan lo relativo al cómputo de términos y suspensión de labores, pues al efecto establecen: "Artículo 734. En los términos no se computarán los días en que el Tribunal deje de actuar conforme al calendario de labores aprobado por el Pleno, así como cuando por caso fortuito o de fuerza mayor no puedan llevarse a cabo actuaciones. Los avisos de suspensión de labores se publicarán en el boletín laboral o en los estrados, en su caso". "Artículo 746. Surtirán sus efectos las notificaciones que se hagan a las partes en el Boletín Judicial, y buzón electrónico salvo que sean personales. El Tribunal competente publicará también dichas notificaciones en los estrados de la autoridad. El Secretario responsable o en su caso el funcionario que al efecto se designe hará constar en autos la fecha de la publicación respectiva y fijará diariamente en lugar visible del local del Tribunal, un ejemplar del Boletín Laboral o, en su caso, las listas de las notificaciones por estrados; coleccionando unos y otras, para resolver cualquier cuestión que se suscite sobre la omisión de alguna publicación. Las listas de notificaciones deberán ser autorizadas y selladas en su fecha por el Secretario. La publicación de las notificaciones contendrá la fecha, el número del expediente y los nombres de las partes en los juicios de que se trate". De lo transcrito se advierte, en lo de interés, que los avisos de suspensión de labores, se publicarán en el boletín laboral o en los estrados, los cuales se fijarán diariamente en lugar visible del local del Tribunal. Una vez precisado lo anterior, es de concluirse que los artículos que regulan lo relativo a la suspensión de labores son el 734 y 746 de la Ley Federal del Trabajo y no los mencionados por el quejoso; asimismo, que en ellos no se establece obligación por parte de las autoridades responsables laborales de ordenar la publicación de los avisos de suspensión materia de controversia en el Periódico Oficial del Estado, y si bien decreta que se haga mediante boletín laboral o en los estrados, también señala que éstos deben fijarse en un lugar visible del local del tribunal; esto es, no se advierte que ordene su publicación en el medio de difusión mencionado. Aunado a ello, las responsables al rendir su informe justificado manifestaron que las circulares 209/2020, 226/2020, 227/2020, 228/2020, 229/2020, 232/2020, 233/2020 y 234/2020, fueron publicadas en los estrados de la Junta, en la puerta de acceso principal a la misma, en su página web oficial http/://juntalocal.michoacan.gob.mx y en su perfil de Facebook en la dirección electrónica https://www.facebook.com/jlcamich; asimismo, adjuntaron a su informe justificado las mencionadas circulares, en cuyas respectivas certificaciones el Secretario General de Acuerdo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, certificó tal situación [la forma en que fueron publicadas]. De ahí que, que sea inexistente la omisión reclamada por el quejoso a las autoridades responsables laborales, pues como quedó asentado en párrafos anteriores, la publicación de los avisos de suspensión puede efectuarse mediante boletín judicial o por estrados, por lo que al haber publicado las circulares de suspensión de labores en los estrados no se actualiza la omisión atribuida; y como consecuencia, el Director del Periódico Oficial del Estado, tampoco fue omiso, pues como correctamente lo adujo al rendir su informe justificado, no publicó las multicitadas circulares porque no le fue solicitado. Máxime, el artículo 9° de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Michoacán se Ocampo, no faculta al Director de dicho medio de difusión para actuar de motu proprio para publicar, por lo que es evidente que dicha responsable tampoco incurrió en el acto atribuido. En esas condiciones, es de concluirse que las autoridades responsables no tenían la obligación de obrar en el sentido solicitado por el quejoso. Por lo tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a su Presidente así como al Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, del tomo IV, Sexta Época, Materia Común, Apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mauricio Ernesto Domínguez Blanco, en contra de los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo y por los razonamientos expuestos en el diverso tercero de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

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