Mauricio Contreras Vazquez
Expediente 219/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mauricio Contreras Vazquez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito presentado por el quejoso José Luis Vargas Arias, mediante el cual informa que a las nueve horas con treinta minutos del quince de los actuales, se constituyó en su domicilio ubicado en Celaya, Guanajuato, la trabajadora social Sandy Guadalupe González Banda, para realizar el peritaje ordenado por la autoridad responsable y una vez finalizado, se le hizo del conocimiento que el costo erogado por el mismo lo era de $1,642.00 (mil seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N). Ahora bien, agréguese el oficio suscrito por la Juez Cuarto en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán, en funciones de Juez de Instrucción, mediante el cual remite copias certificadas correspondientes al juicio de origen, de las cuales se advierte lo siguiente: 1. Notificación realizada por instructivo a Javier Vargas Hernández y Rosa Catalina Arias Ayala del proveído de veintisiete de febrero del año en curso, en el que se les hizo del conocimiento la fecha, hora y lugar para llevar a cabo la diligencia de valoración psicológica; 2. Notificación realizada por instructivo a Javier Vargas Hernández y Rosa Catalina Arias Ayala de la diversa determinación de veintisiete de febrero del presente año, en el que se les hizo del conocimiento la fecha, hora y lugar para llevar a cabo la diligencia de valoración socioeconómica; 3. Notificación realizada por instructivo a Javier Vargas Hernández y Rosa Catalina Arias Ayala del auto de tres de los actuales, en el que se les hizo efectivo el apercibimiento de multa establecido por acuerdo de treinta de enero pasado, indicándoles las nuevas fechas para llevar a cabo las diligencias de valoración psicológica y socioeconómica; y, 4. La valoración socioeconómica realizada a Javier Vargas Hernández y Rosa Catalina Arias Ayala por la trabajadora social Marisol Vidal Alba, adscrita al departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de diez días contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto, informe a este órgano jurisdiccional si ya fue emitido por parte de la psicóloga adscrita al departamento de Psicología del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, la valoración psicológica practicada a los abuelos y padres de los aquí quejosos y de ser así, remita copia certificada; asimismo, se pronuncie respecto del monto a pagar a la trabajadora social Sandy Guadalupe González Banda por el peritaje ordenado en el expediente de origen en Celaya, Guanajuato. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no informar el impedimento legal que para ello tenga sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que en caso de caer en una actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibida la demanda que promueve Juan Carlos Durán Arreguin, en cuanto apoderado jurídico de Mauricio Contreras Vázquez, carácter que se le reconoce en términos del artículo 11° de la Ley de Amparo, en virtud de así tenerlo reconocido ante la autoridad responsable, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número II-219/2023-AM. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En la especie se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de la responsable en acordar el escrito presentado del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en cual se solicita se requiera al Titular del Ayuntamiento Constitucional de Álvaro Obregón, Michoacán, para cumplir con el laudo. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. El artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Al respecto, se advierte de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en su interpretación inversa, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo transcrito se tiene que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio, únicamente cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, el juicio de amparo indirecto no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación que se dicte en un procedimiento, sino sólo contra aquéllas cuyos efectos causen un gravamen irreparable al peticionario del amparo, definido este por la propia ley, como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Esta concepción de "actos de imposible reparación", resulta contundente y limitativa, a diferencia de aquélla concebida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, pues en esa norma reglamentaria, el legislador no había definido qué debía entenderse por ese tipo de actos: "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: . IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; ." Con la interpretación dada por la Suprema Corte a la norma recién transcrita, se produjeron criterios como los que a continuación se citan: Tesis P. LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 180415, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Jurisprudencia P./J. 4/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 190368, cuyo dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". Es decir, ante el limitado contenido de la fracción IV del artículo 114, de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que debían entenderse por "actos de imposible reparación" aquéllos que afectaran materialmente derechos sustantivos, y además, de manera excepcional, aquellos actos que afectaran a las partes en grado predominante o superior, afectación que debía determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que estuviera en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; circunstancias que se estimaron actualizadas por ejemplo, respecto al reclamo de la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral de origen. Sin embargo, como se estableció al inicio de este auto, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la anterior legislación, ya es clara y precisa al definir qué debe entenderse por "actos de imposible reparación", y limita éstos a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Bajo esta nueva perspectiva, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve contra el acto reclamado, consistente la omisión de la responsable en acordar el escrito presentado del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en cual se solicita se requiera al Titular del Ayuntamiento Constitucional de Álvaro Obregón, Michoacán, para cumplir con el laudo. Se considera de ese modo, atendiendo a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 325/2015, en la que estableció las siguientes consideraciones: Que en los juicios de amparo indirecto en los que se reclame la omisión de acuerdo de una Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de un procedimiento laboral, en el que dicho particular es parte, que consista en la falta de respuesta a una petición expresa sobre el procedimiento o la falta de prosecución del trámite, el amparo es improcedente, debido a que el acto reclamado es de aquéllos dentro de un procedimiento que no tienen una ejecución que sea de imposible reparación: la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En dicha ejecutoria sostuvo que, de acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: a) La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Ello resulta así, en virtud de que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la diversa jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), determinó que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, con excepción de que el juez de amparo advierta que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, por lo que para determinar si existe una dilación que haya tenido como consecuencia la paralización total del procedimiento, con la finalidad de proporcionar seguridad jurídica, para efecto de la promoción del juicio de amparo, el juicio procederá cuanto haya transcurrido un plazo de cuarenta y cinco días naturales, contado a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse la autoridad o realizarse el acto procesal respectivo, tomando como base el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, el cual prevé el plazo para que el juicio permanezca inmóvil a potestad de la parte trabajadora. Por lo anterior, determinó que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Aunado a lo expuesto, este órgano jurisdiccional advierte que desde el treinta de enero del año dos mil veintitrés, fecha en que la autoridad responsable debería pronunciarse sobre el escrito presentado por el aquí quejoso el veinticuatro de enero pasado, no han transcurrido como mínimo cuarenta y cinco días. Luego, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Las anteriores consideraciones quedaron asentadas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia constitucional común, registro 2011580, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2019400, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Robustece a todo lo señalado, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, diciembre del año dos mil veintidós, con número de registro digital 2025625 de rubro: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO". En las anotadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último en su interpretación inversa. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. La presente determinación no causa afectación alguna en torno al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que este principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal y seguridad jurídica. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.." Asimismo, debe decirse que la presente determinación no contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a un recurso judicial o positivo, sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. El precepto aludido, ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los siguientes términos: A efectos de cumplir su obligación convencional de establecer en el ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. (.) Un recurso judicial efectivo es aquél capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. Igualmente ha señalado que el artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos y que de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar; subrayando que para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla y agregando que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. En efecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En el mismo sentido se ha pronunciado la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el artículo 17 constitucional garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formalismos o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. En este orden de ideas, resulta claro que si bien el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales; lo cierto es que, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos por una de las partes, en el caso la parte quejosa, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, del Tomo I, Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL". Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no les fueron conferidas expresamente. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5°, 6° y 7° del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de conformidad con lo establecido en el artículo 8° del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo Órgano Jurisdiccional. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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