Mauricio Durán Ibarra

Expediente 107/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
107/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
11/03/2016

Partes del expediente

  • Mauricio Durán Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, por el que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO c), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS: Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a ******, en proveído de once de febrero del presente año, para que cumplieran con la prevención ahí efectuada, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el quejoso aún no haya sido notificado del proveído de veinticuatro de los corrientes, pues el escrito presentado por su autorizada en el que adujo cumplir con el requerimiento realizado en auto de once del presente mes y año, no interrumpió el término que se otorgó para su cumplimiento. Lo anterior se estima así, tomando en consideración que mediante proveído de once de febrero del año en curso, en el que se previno al quejoso a fin de que subsanara las irregularidades advertidas en su demanda de amparo, se hizo de su conocimiento que sólo se tendría por cumplida dicha prevención si el promovente era quien la desahogaba, ello en atención a que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de amparo, en virtud de que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador; por tratarse de un asunto en materia penal, sólo podrá hacerse público una vez que transcurran doce años contados a partir de la fecha en que se concluya el juicio.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS: Agréguese en autos el escrito signado por *******, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual aduce cumplir el requerimiento formulado en proveído de once del presente mes y año; en ese sentido, se acuerda: Dígasele que no ha lugar a tenerla cumpliendo la prevención formulada en el auto en mención, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo; por su parte el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda, por lo que es inconcuso que ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir dicho agravio, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. De ahí que la autorización que se le otorgó en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, no la faculta a realizar cualquier acto en nombre del peticionario del amparo, ya que su actuación depende de las reglas que regulan el juicio constitucional. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 50/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 210, Libro IX, agosto de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que reza de la siguiente manera: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En virtud de lo antes expuesto, no se tiene por desahogado el requerimiento efectuado en providencia de once de los actuales, por lo que continúa transcurriendo el término que se le otorgó para tal efecto y subsiste el apercibimiento ahí decretado.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS: Vista la demanda de amparo promovida por Mauricio Durán Ibarra, contra actos del Juez Segundo Penal de Partido, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 107/2016-III. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del escrito de demanda constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, primeramente se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción IV del aludido numeral 108 de la legislación en comento establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." El citado numeral establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa indique con precisión cuál es el acto de autoridad que reclama y haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Respecto de dicho tópico, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia implica que el agraviado deba indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa señaló como acto reclamado: "a).- El auto y/o autos donde se me aperciben en caso de no presentarme al juzgado segundo de lo penal de Celaya, Guanajuato, en las horas señaladas por dicho juzgado donde me haré acreedor a los medios de apremio consistente en multas conforme al artículo 42 fracción primera del código de procedimientos penales vigente en el estado de Guanajuato. b).- El auto y/o autos en donde se me hacen efectivas las multas, de los autos anteriores en supra líneas, del juzgado segundo penal de partido de Celaya, Guanajuato, dentro de la causa penal número 35/2013-C. c).- El citatorio fijado en puerta por el mismo ejecutor de la oficina recaudadora de Celaya, Guanajuato, fijado en mi domicilio el día 9 de febrero del 2016 para efectos de llevar a cabo la diligencia de carácter administrativo en relación con el crédito fiscal que se refiere en la resolución contenida en el oficio número PE/01/07A/00212/2016 emitido por la Oficina Recaudadora de Celaya, Guanajuato." De lo recién transcrito se desprende que el peticionario se duele del auto y/o autos en el que se le apercibe que de no presentarse en ante el Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad, se haría acreedor a una multa, así como el auto y/o autos en el que se le hace efectiva dicha multa y del citatorio que le fue fijado en la puerta por el ministro ejecutor de la Oficina Recaudadora de esta ciudad. Por tanto, el acto reclamado así plasmado por el quejoso se estima ambiguo, dado que no específica cuál es el auto en el que se le realizó el apercibimiento de multa que refiere por parte del Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad, ni cuál es el diverso en el que se le hizo efectivo dicho medio de apremio. Asimismo, de la demanda de amparo se desprende que el quejoso señala como autoridades responsables a: El Juez Segundo Penal. La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. La Dirección General de Ingresos. La Dirección de Ejecución. La Dirección de Ejecución y la Oficina Recaudadora. Todos con domicilio en Celaya, Guanajuato Sin embargo, no se desprende cuál es el acto que reclama de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, de la Dirección General de Ingresos, de la Dirección de Ejecución y de la Oficina Recaudadora de Celaya, todas con residencia en esta ciudad. Por ello, es necesario que precise con toda claridad cuál es el acto que reclama de cada una de las autoridades a quienes les atribuye el carácter de responsables, pues de estimarlo de otra manera podría generar diversos problemas como el que las autoridades no rindan su informe correctamente y que la sentencia que se llegara a emitir no tendría ejecución sobre la verdadera razón del amparo. Por otro lado, la segunda irregularidad advertida emerge de lo dispuesto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, se estima que si bien es cierto que el solicitante del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, narró algunos hechos y abstenciones del acto reclamado, también lo es que omitió expresar: La etapa procesal en que se encuentra el incidente de tramitación especial que presentó ante el Juzgado Segundo Penal de Partido, de esta ciudad, dentro de la causa penal 35/2013-C. Circunstancia que hace que la demanda sea imprecisa, dado que la parte quejosa no expresó con claridad todos los hechos que acontecieron al acto reclamado, los cuales resultan indispensables para proveer respecto de la substanciación del presente juicio de amparo, ya que sin conocerse estos no sería posible determinar la procedencia del mismo. En otro orden, la tercer irregularidad advertida surge de lo dispuesto en la fracción V del artículo 114, en relación con lo estipulado en el 110 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica." "(.)" De la transcripción del artículo anterior, se desprende que al promoverse la demanda de amparo deberán exhibirse con ésta, las copias suficientes para cada una de las autoridades responsables, para el tercero interesado, si lo hubiere, para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse la medida cautelar. El requisito aludido no constituye formalismo sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tiene como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo y, además, proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa, correspondiendo a la parte quejosa la carga de exhibir las copias de su escrito de demanda, suficientes para correr traslado a cada una de las partes y para formar por duplicado el incidente de suspensión, en el caso de solicitarse la medida cautelar. En el caso, la parte quejosa exhibió tres copias de su escrito de demanda, sin embargo se necesitan ocho tantos del mismo para que sean distribuidos de la siguiente manera: Autoridades responsables cinco copias. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito una copia. Incidente de Suspensión dos copias. Cabe mencionar que en el caso no se actualiza ninguna de las hipótesis contenidas en el segundo párrafo del artículo 110 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de un amparo por comparecencia, vía telegráfica o medios electrónicos; ni se trata de un asunto del orden laboral, ni están involucrados derechos de menores o incapaces, derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal, lo cual denota la ausencia de las citadas características y, que si bien, el acto del que se duele el quejoso en esta instancia deriva de un asunto penal, éste no se trata de un acto privativo de libertad, sino de uno meramente administrativo derivado de un proceso penal. Ante las irregularidades advertidas es que, con fundamento en los artículos 108, fracción IV y V, así como el numeral 110, en relación con el 114, fracción II, todos de la ley de la materia, se determina prevenir a la parte quejosa para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con ocho copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise con claridad cuál es el auto o autos en el que se le realizó el apercibimiento de multa que refiere por parte del Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad, así como en el que se le hizo efectivo dicho medio de apremio; Especifique cuál es el acto reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables; Manifieste el estado procesal que guarda el incidente de tramitación especial que tramitó en la causa penal 35/2013-C, del índice del Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad; y, Exhiba cinco copias más de su demanda de amparo. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María José Jiménez Martínez, por así haberlo solicitado y tratarse de un asunto en materia penal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del Word SISE.

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