Mauricio Camacho Morales

Expediente 284/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 54 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
284/2020
Año
2020
Actuaciones
54
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Mauricio Camacho Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 54.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, en contra del proveído de diez de octubre del año en curso, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara FIRME. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obre en autos la constancia de notificación a las autoridades responsables del proveído por el que se sobreseyó en el presente juicio, en el presente asunto, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional. Notifíquese lo anterior a la responsable, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió y se negó la suspensión, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del indicado instrumento normativo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a partir de esta fecha. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que se concedió a la parte quejosa en proveído veintiuno de septiembre del año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto de la documental exhibida por el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en Ciudad de México, sin que lo hubiere hecho. Ahora bien, de la referida documental, se advierte que en el presente asunto, sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora bien en el caso concreto, de la lectura de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: El oficio SSPC/UT/1609/2020, de dos de marzo de dos mil veinte, en el que hizo del conocimiento del quejoso que de acuerdo con lo informado por el Director General de Control de Confianza de la Policía Federal resultó no aprobado en la evaluación de veinticinco de enero de dos mil veinte, por lo que al incumplir con un requisito indispensable para causar alta en la Guardia Nacional sería asignado a la unidad administrativa u órgano desconcentrado de su elección, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional: El oficio 0693, de veinticinco de abril de dos mil veinte, en el que ordenó abstenerse asignar funciones policiales u operativas al personal transferido de la Policía Federal, que no aceptaron su transferencia a la Guardia Nacional ni la reubicación unidades administrativas ni órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hasta que la Unidad de Transición efectuara las gestiones para su comisión, asignación de servicio, transferencia, reubicación laboral o pagos por conclusión voluntaria de servicios. Del Titular de la Estación Celaya de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional: La ejecución material del oficio 0693, de veinticinco de abril de dos mil veinte. En ese sentido, de las constancias que adjuntó el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en Ciudad de México, al oficio de cuenta, se advierte que: El ocho de noviembre de dos mil veintiuno, el Titular de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México, emitió resolución administrativa entre el aquí quejoso y la Policía Federal, en la que determinó la separación del impetrante Mauricio Cacho Morales, como consecuencia la conclusión de su servicio como integrante de la Policía Federal, la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales y con ello, la terminación su relación administrativa con la Policía Federal, a partir de esa fecha. Constancias a la que se les concede valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo doliéndose en esencia del oficio en el que se le comunicó que al haber incumplido con un requisito indispensable para causar alta en la Guardia Nacional sería asignado a la unidad administrativa u órgano desconcentrado de su elección, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aún y cuando dicho acto sigue subsistiendo, la materia u objeto del presente amparo dejó de existir debido a la circunstancia en comento. En esa tesitura, aún y cuando el oficio en el que se determinó al quejoso que sería asignado a la unidad administrativa u órgano desconcentrado de su elección, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, subsiste, dado que no ha sido invalidado expresamente por la autoridad responsable, no puede surtir efecto legal ni material, en razón de que dejó de existir el objeto de la misma, (determinar la ilegalidad de la determinación reclamada), pues como ya se explicó, el que se haya dictado una resolución que determina su baja, generó que en el presente asunto el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su materia. Lo anterior es así, pues al haberse emitido una resolución en la que se determina su baja definitiva, es inconcuso que en la especie dejó de existir la materia del acto reclamado, al haber desaparecido el objeto o materia del presente juicio. Bajo esa guisa, resulta incuestionable concluir que en virtud de la modificación del entorno en el cual se materializó la resolución reclamada, la concesión del amparo que en su caso se efectuara ningún efecto jurídico tendría, en atención de que a pesar de que aún subsiste el acto de autoridad, empero, debido a las condiciones y circunstancias que actualmente imperan en el presente asunto, el objeto de análisis constitucional dejó de existir materialmente, dado que se insiste, en la resolución emitida se determinó la conclusión del quejoso de su servicio como integrante de la Policía Federal, la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales y con ello, la terminación su relación administrativa con la Policía Federal, y el oficio reclamado emana precisamente de dicha relación laboral. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa en proveído de veintiuno de los actuales, para que manifieste lo que a su interés convenga en relación a la documental aportada por el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en Ciudad de México; por tanto, se difiere y se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, para su celebración.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio que suscribe el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en Ciudad de México; atento a su contenido, téngasele en cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado en proveído de veintinueve de junio del año en curso, informando que mediante resolución de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se determinó la separación del quejoso Mauricio Cacho Morales, como consecuencia la conclusión de su servicio como integrante de la Policía Federal, la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales y con ello, la terminación su relación administrativa con la Policía Federal, a partir de esa fecha, y adjunta copia certificada de dicha resolución; documentales que de conformidad con el numeral 119 de la legislación en consulta, se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, REQUIÉRASE a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga.

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