Mauricio de la Torre Jimenez

Expediente 978/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
978/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Mauricio de la Torre Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 978/2023-VI-A, promovido por ********************, en contra del acto que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar del Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció el citado quejoso a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que atribuye al Juez Primero de Oralidad Familiar del Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se registró la demanda de que se trata con el número 978/2023-VI-A y se admitió a trámite la misma; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 60 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente, en: La resolución interlocutoria dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, relativo al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, con el que se ordenó trasladar a la tercero interesada ********************, la propiedad del predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, del Fraccionamiento ********************, de la ciudad de ********************, Yucatán. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, razón por la cual habrá de negarse el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Previamente, es importante destacar que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Primero de Oralidad Familiar del Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa: 1.- Escrito de tres de septiembre de dos mil veinte, con el que ********************, promovió procedimiento especial de divorcio sin causales, en contra del aquí quejoso ********************, en el que, entre otras cosas, presentó una propuesta de convenio de la que destaca, en lo que interesa, la cláusula tercera que establece: "TERCERO.- El señor ********************, trasladará la propiedad, así como el menaje que se encuentra en el interior, en concepto de compensación, a la señora ********************, por todo el tiempo que se dedicó a las labores del hogar, del predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, del Fraccionamiento ********************, de esta ciudad de ********************, Yucatán." 2.- Proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, mediante el cual, se admitió a trámite la demanda en comento, registrándola con el número ******************** (fojas 228-230 anexo). 3.- Escrito de doce de abril de dos mil veintiuno, con el que el demandado, aquí quejoso, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, presentando una contrapropuesta de convenio, del que se advierte, en lo que interesa: "CUARTO. Los CC. ******************** y ********************, manifestamos que contrajimos matrimonio bajo el régimen de SEPARACIÓN DE BIENES, durante todo ese tiempo en el cual duró el vínculo matrimonial, nunca adquirieron bienes susceptibles de liquidar, por lo que no procede lo señalado en el artículo 192 del Código Familiar con respecto al pago de compensación alguna, pues como antes se señala, no se adquirieron bienes, además que la C. ******************** nunca se desempeñó exclusivamente al desempeño del trabajo del hogar o al cuidado de los hijos o nunca se adquirieron bienes propios. [.] SEXTO. El C. ******************** trasladará la propiedad, así como el menaje que se encuentra dentro del predio propiedad de éste, ubicado en el número ********************, de la calle ********************, del Fraccionamiento ********************, de esta ciudad de ********************, Yucatán, en concepto de buena fe y para que la C. ******************** no se quede sin un lugar seguro para vivir.". 4.- Proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, en el que, entre otras cosas, se fijaron las nueve horas con treinta minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia preliminar (fojas 723-725 anexo). 5.- En la fecha y hora señaladas, se llevó a cabo la audiencia en comento, haciéndose constar la asistencia de la parte actora y la inasistencia de la parte demandada. Señaló la Juez responsable (minuto 8:49) que los puntos en controversia lo eran la pensión alimenticia solicitada por la parte actora, así como la compensación, la cual versa sobre el predio que por esta vía defiende el quejoso. Respecto al tópico de la compensación, la Juez responsable hizo pronunciamiento de la contrapropuesta de convenio presentada por el demandado, específicamente de la cláusula sexta en la que manifiesta su voluntad de trasladar el predio de su propiedad a la actora. No obstante, señaló la responsable que al no encontrarse presente dicho accionado a fin de ratificarse del contenido de dicha cláusula, dio el uso de la voz a la parte actora y a la representación social, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Una vez hecho ello, determinó la Juez responsable que, a fin de no dejar en estado de indefensión al ahora quejoso, la compensación continuaría siendo un punto controvertido en el procedimiento de origen, hasta en tanto fuera notificado de lo resuelto en dicha audiencia. Bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna al respecto, se tendría por confirmada la cláusula sexta en comento, dejándose de tener como punto controvertido la compensación (minuto 44:15). Finalmente, fijó las diez horas del tres de febrero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia incidental (fojas 729-730 anexo). 6.- Proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, en el que, por los motivos ahí señalados, se ordenó notificar personalmente al aquí quejoso lo resuelto en la audiencia preliminar descrita en el párrafo precedente; lo que se llevó a cabo el veintitrés del referido mes y año (fojas 734-736 anexo). 7.- En la fecha y hora señaladas -diez horas del tres de febrero de dos mil veintidós-, se llevó a cabo la audiencia incidental, en la que, en lo que interesa, se tuvieron por recibidos dos escritos presentados por el quejoso, en los que solicitó, respectivamente, que se suspendiera dicha audiencia dado que se encontraba justificada su inasistencia, para lo cual adjuntó una "prueba rápida de antígeno COVID-19", de uno de febrero de dos mil veintidós, expedida a su favor por el ********************, en la que se advierte como resultado positivo. Asimismo, solicitó que se le otorgara copia del registro del audio y video de la audiencia celebrada el cinco de noviembre de dos mil veintidós, adjuntando a dicho ocurso un disco compacto para tal efecto. Al respecto, la responsable determinó suspender la audiencia únicamente por lo que hace a las pruebas consistentes en la confesión y declaración de parte, ordenando que se desahogara la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, aquí tercero interesada; asimismo, acordó de conformidad la solicitud realizada por el quejoso, ordenando a la Secretaría del Juzgado expedirle copia del audio y video de la grabación de la audiencia preliminar. Finalmente, señaló las diez horas del dieciocho de abril de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia en comento (fojas 753-756 y 758 anexo). 8.- Proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que la Juez responsable, en atención a la solicitud realizada por el asesor jurídico de la parte actora, y en virtud de que el demandado, aquí quejoso, no hizo manifestación alguna respecto de lo señalado en la audiencia preliminar celebrada el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado y se tuvo como único hecho controvertido en el procedimiento de origen, la pensión alimenticia (fojas 763-764 anexo). 9.- Audiencia de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la que se hizo constar la asistencia de las partes actora y demandada; asimismo, en lo que interesa, se tuvo por recibido como prueba superveniente del demandado, el avalúo del predio número ********************, de la calle ********************, del Fraccionamiento ********************, de esta ciudad, con lo que se le dio vista a la actora por el término de tres días, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Posteriormente, en uso de la voz, el asesor jurídico del aquí quejoso, expresamente manifestó que su representado no tenía inconveniente alguno en trasladar la totalidad del predio acabado de señalar a la parte actora (minuto 32:20). 10.- Escrito de cuatro de enero de dos mil veintitrés, signado por el demandado, mediante el cual, atendiendo a que la parte actora no desahogó la vista que le fuera concedida en la audiencia señalada en el párrafo inmediato anterior, solicitó que se tuviera por precluido su derecho para ello; asimismo, por los motivos indicados, manifestó que ya no se encontraba anuente con que se traslade el cien por ciento del predio de su propiedad a la actora, aquí tercero interesada (fojas 1090-1094 anexo). 11.- Proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el que, entre otras cosas, la Juez responsable dio contestación al escrito presentado por el impetrante del amparo, ordenando que se estuviera a lo dispuesto en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que se hizo efectivo el apercibimiento realizado en audiencia de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, quedando como único punto controvertido la pensión alimenticia solicitada por la actora (fojas 1095-1096 anexo). 12.- Inconforme con la anterior determinación, el quejoso interpuso recurso de revocación en su contra; el cual, en resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, fue declarado procedente, por lo que se ordenó revocar el auto impugnado, únicamente para el efecto de fundar y motivar el mismo (fojas 1224-1226 anexo). Resolución interlocutoria que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Con la finalidad de controvertir la determinación reclamada, aduce el impetrante del amparo que no tuvo conocimiento del apercibimiento decretado en audiencia preliminar de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, puesto que el mismo no se asentó al elaborarse el acta mínima correspondiente. De ahí que refiere, resulta desacertado que la responsable determine en la resolución reclamada, que debió manifestar su oposición a dar cumplimiento a la cláusula sexta de su propuesta de convenio, en el propio escrito con el que justificó su inasistencia a la audiencia de tres de febrero de dos mil veintidós, pues reitera, no estaba enterado del apercibimiento de mérito. Asimismo, señala que el término que le fue otorgado a fin de dar cumplimiento al mismo, lo fue la audiencia de desahogo de pruebas, por lo que debe tomarse en consideración la manifestación que realizara en audiencia de continuación de desahogo de pruebas celebrada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, por conducto de su asesor jurídico, en la que refiere, se opone a la compensación. Máxime que en dicha audiencia, la autoridad responsable le dio vista a la parte actora, aquí tercero interesada, con la prueba superveniente que ofertó en la misma consistente en el avalúo del predio que por esta vía defiende, la cual se encuentra relacionada con el tópico de la compensación. Resulta infundado lo manifestado por el impetrante del amparo, atendiendo a los siguientes razonamientos. En primer término, es menester señalar que la Litis en el presente juicio constitucional, lo es la interlocutoria en la que la autoridad responsable resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, contra el proveído en el que determinó: ".respecto a la oposición a la que hace mención, estese a lo dispuesto en el auto de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós, acuerdo en el que se llevó a cabo el apercibimiento que se le hiciera al demandado en la audiencia preliminar de fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno, al no haber hecho señalamiento alguno respecto a la propuesta plasmada en la cláusula sexta de su convenio, por lo que se le tuvo por hecha la misma, quedando la pensión alimenticia como único punto controvertido en este asunto, misma determinación que no fue impugnada por el demandado en su oportunidad, de tal forma que desde ese momento precluyó su derecho de hacer manifestación alguna a lo ya acordado, y si bien en la continuación de la audiencia incidental celebrada en fecha dieciocho de abril del año anterior, se hizo mención al respecto, no significa que tales manifestaciones reestablezcan la compensación como punto controvertido, pues el referido acuerdo de fecha veinticuatro de marzo del año anterior, ya tiene firmeza.". Ahora bien, el recurso de revocación está previsto en el artículo 423 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, y es el medio de impugnación dispuesto en la legislación adjetiva en materia familiar local, a favor de los justiciables, con el objeto de que el propio juez que dictó el auto revise la legalidad del mismo; por lo que ante la interposición del mismo, se exige al recurrente que exprese los agravios que estima le causa la decisión controvertida. Así, la litis del citado medio de impugnación se integra con las consideraciones expuestas en el auto que se combate (en el caso, la parte conducente del proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés) y los agravios expresados para controvertirlo; de ahí, que se reitera la obligación del juez resolutor de dar respuesta a aquellos en forma congruente, específica, clara y completa; es decir, con argumentos vinculados directamente con los planteamientos realizados por el recurrente, con base en razonamientos lógico jurídicos investidos de la fuerza legal suficiente. Atendiendo a lo anterior, la cuestión efectivamente planteada ante la autoridad responsable al interponer el medio de impugnación que nos ocupa, lo era la oportunidad del ahora impetrante del amparo de manifestar su oposición para trasladar el predio que por esta vía defiende a la parte actora, aquí tercero interesada. En ese sentido, resulta ajustado a derecho lo resuelto por la autoridad responsable, en el sentido de que al no impugnar en el momento procesal oportuno la parte conducente del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en la que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en audiencia preliminar de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, precluyó su derecho de oponerse a la traslación en comento. En efecto, de autos se desprende que el proveído de mérito le fue notificado a la parte quejosa el treinta de marzo de dos mil veintidós; posteriormente, mediante escrito presentado el treinta y uno siguiente, interpuso recurso de revocación en contra del citado acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, únicamente por lo que hace a la parte conducente en la que se fijó la pensión alimenticia provisional. Dicho medio de impugnación fue resuelto en interlocutoria de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en la que se declaró fundado pero insuficiente, por lo que se confirmó el auto recurrido (fojas 883-889). Inconforme con lo anterior, el aquí quejoso promovió juicio de amparo indirecto en su contra, del que correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, registrándolo con el número ********************, en el que, por sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución recurrida, y se emitiera un nuevo fallo en el que, de manera fundada y motivada, resolviera lo relativo a la pensión alimenticia provisional. En cumplimiento a la ejecutoria en cita, la autoridad responsable dictó una nueva resolución, en la que declaró parcialmente procedente el recurso de revocación interpuesto por el impetrante del amparo en contra de la parte conducente del auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, por lo que ordenó modificar la medida provisional de pensión alimenticia ahí decretada. En ese sentido, se reitera, la parte conducente del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en la que se le hizo efectivo el apercibimiento efectuado al quejoso, quedó firme; pues si bien interpuso el medio de impugnación acabado de señalar en contra del proveído en comento, lo cierto es que omitió hacer valer motivo de inconformidad alguno en contra de tal determinación. Por lo que no es jurídicamente factible que el aquí quejoso pretenda que se analice la legalidad de una determinación que ha alcanzado firmeza jurídica, bajo el argumento de que no tuvo conocimiento de lo resuelto por la autoridad responsable en la audiencia preliminar de cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Pues al margen de los argumentos que hace valer en ese sentido, lo cierto es que la traslación del predio de mérito, en forma alguna puede considerarse como un hecho novedoso para el aquí quejoso, puesto que el debate relativo a dicho tópico, surgió con motivo de la cláusula sexta establecida por el propio quejoso en el convenio que presentó al dar contestación a la demanda instaurada en su contra. En la que, se reitera, estableció que trasladaría la propiedad del predio de que se trata a la aquí tercero interesada; esto es, manifestó expresamente su anuencia para que dicho bien inmueble pasara a ser propiedad de ésta. Lo que se corrobora con el propio escrito de agravios presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el que el ahora quejoso, por conducto de su asesor jurídico patrono, expresamente señaló: ".Así como también su señoría pierde de vista que el señor ********************, ya no cuenta con su casa, misma que le fue entregada a la señora ********************, misma que se entregó a favor de ella dentro del presente juicio, que no fue debatida por mi asesorado.". Lo anterior, aunado a que, contrario a lo señalado por el quejoso en su escrito de demanda, en la audiencia celebrada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, a la que acudió debidamente acompañado de su asesor jurídico patrono, expresamente manifestó (minuto 32:24): ".mi cliente no tiene inconveniente alguno, de hecho, la compensación por ley es hasta el 50%, en este caso mi cliente incluso estaría dando la totalidad del predio y es por eso que se presenta ese escrito, porque la otra mitad que está dando el señor en realidad es contraria a la ley, esto fue una propuesta de su abogado que claramente lo dejó abandonado, nunca compareció a defenderlo, y él está de acuerdo con que la señora se quede con la totalidad de la casa, y que esa cantidad en dado caso, suponiendo sin conceder, excedente, le sea aplicada como la pensión que está reclamando la señora, y mi cliente está dispuesto a pagar los gastos de escrituración de la casa, desde luego, sin ningún problema.". Y si bien como señala el quejoso, en la referida audiencia la Juez responsable, al tener por recibido el escrito en el que ofreció como prueba superveniente el avalúo del predio en comento, le dio vista a su contraparte por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Lo cierto es que ello, en forma alguna puede tener el alcance de dejar sin efectos una determinación tomada por una autoridad judicial, que alcanzó firmeza al no haber sido impugnada en el momento procesal oportuno. De ahí que no resulte jurídicamente factible que el impetrante del amparo, pretenda restablecer como un hecho controvertido en el procedimiento de origen, lo relativo al traslado de la propiedad del predio que por esta vía defiende, ante tal circunstancia. Finalmente, tampoco puede considerarse suficiente lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que de manera errónea se ha equiparado el traslado de la propiedad que por esta vía defiende, con el tema de la compensación, dado que desde que dio contestación a la demanda instaurada en su contra, señaló que estaba en contra de otorgar compensación alguna a la aquí tercero interesada, siendo que el traslado en comento era un tema adicional. Ello, pues tal como ha quedado establecido en la presente resolución, en el convenio presentado por la parte actora, se señaló el traslado del predio de que se trata en concepto de compensación; por su parte el demandado, aquí quejoso, si bien se opuso al pago de compensación, lo cierto es que expresamente señaló que la propiedad de dicho predio se trasladaría a la ahora tercero interesada. De ahí que, contrario a lo señalado por el aquí quejoso, la Juez responsable adecuadamente determinó en audiencia preliminar de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, que la pensión compensatoria resultaba un hecho controvertido, así como que el predio de que se trata, se encontraba directamente involucrado con tal cuestión; con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna al respecto el ahora quejoso, se tendría como único hecho controvertido en el procedimiento de origen, la pensión alimenticia. En las relacionadas consideraciones, al haber quedado de manifiesto que el acto reclamado no resulta violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, procede negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** en contra de los actos que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar del turno matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones y el fundamento expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIO DE LISTA DE OCNOFMRIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEY DE AMPARO VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 978/2023-VI-A, promovido por ********************, en contra del acto que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar del Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció el citado quejoso a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que atribuye al Juez Primero de Oralidad Familiar del Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se registró la demanda de que se trata con el número 978/2023-VI-A y se admitió a trámite la misma; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 60 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente, en: La resolución interlocutoria dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, relativo al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, con el que se ordenó trasladar a la tercero interesada ********************, la propiedad del predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, del Fraccionamiento ********************, de la ciudad de ********************, Yucatán. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, razón por la cual habrá de negarse el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Previamente, es importante destacar que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Primero de Oralidad Familiar del Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa: 1.- Escrito de tres de septiembre de dos mil veinte, con el que ********************, promovió procedimiento especial de divorcio sin causales, en contra del aquí quejoso ********************, en el que, entre otras cosas, presentó una propuesta de convenio de la que destaca, en lo que interesa, la cláusula tercera que establece: "TERCERO.- El señor ********************, trasladará la propiedad, así como el menaje que se encuentra en el interior, en concepto de compensación, a la señora ********************, por todo el tiempo que se dedicó a las labores del hogar, del predio marcado con el número ********************, de la calle ********************, del Fraccionamiento ********************, de esta ciudad de ********************, Yucatán." 2.- Proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, mediante el cual, se admitió a trámite la demanda en comento, registrándola con el número ******************** (fojas 228-230 anexo). 3.- Escrito de doce de abril de dos mil veintiuno, con el que el demandado, aquí quejoso, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, presentando una contrapropuesta de convenio, del que se advierte, en lo que interesa: "CUARTO. Los CC. ******************** y ********************, manifestamos que contrajimos matrimonio bajo el régimen de SEPARACIÓN DE BIENES, durante todo ese tiempo en el cual duró el vínculo matrimonial, nunca adquirieron bienes susceptibles de liquidar, por lo que no procede lo señalado en el artículo 192 del Código Familiar con respecto al pago de compensación alguna, pues como antes se señala, no se adquirieron bienes, además que la C. ******************** nunca se desempeñó exclusivamente al desempeño del trabajo del hogar o al cuidado de los hijos o nunca se adquirieron bienes propios. [.] SEXTO. El C. ******************** trasladará la propiedad, así como el menaje que se encuentra dentro del predio propiedad de éste, ubicado en el número ********************, de la calle ********************, del Fraccionamiento ********************, de esta ciudad de ********************, Yucatán, en concepto de buena fe y para que la C. ******************** no se quede sin un lugar seguro para vivir.". 4.- Proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, en el que, entre otras cosas, se fijaron las nueve horas con treinta minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia preliminar (fojas 723-725 anexo). 5.- En la fecha y hora señaladas, se llevó a cabo la audiencia en comento, haciéndose constar la asistencia de la parte actora y la inasistencia de la parte demandada. Señaló la Juez responsable (minuto 8:49) que los puntos en controversia lo eran la pensión alimenticia solicitada por la parte actora, así como la compensación, la cual versa sobre el predio que por esta vía defiende el quejoso. Respecto al tópico de la compensación, la Juez responsable hizo pronunciamiento de la contrapropuesta de convenio presentada por el demandado, específicamente de la cláusula sexta en la que manifiesta su voluntad de trasladar el predio de su propiedad a la actora. No obstante, señaló la responsable que al no encontrarse presente dicho accionado a fin de ratificarse del contenido de dicha cláusula, dio el uso de la voz a la parte actora y a la representación social, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Una vez hecho ello, determinó la Juez responsable que, a fin de no dejar en estado de indefensión al ahora quejoso, la compensación continuaría siendo un punto controvertido en el procedimiento de origen, hasta en tanto fuera notificado de lo resuelto en dicha audiencia. Bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna al respecto, se tendría por confirmada la cláusula sexta en comento, dejándose de tener como punto controvertido la compensación (minuto 44:15). Finalmente, fijó las diez horas del tres de febrero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia incidental (fojas 729-730 anexo). 6.- Proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, en el que, por los motivos ahí señalados, se ordenó notificar personalmente al aquí quejoso lo resuelto en la audiencia preliminar descrita en el párrafo precedente; lo que se llevó a cabo el veintitrés del referido mes y año (fojas 734-736 anexo). 7.- En la fecha y hora señaladas -diez horas del tres de febrero de dos mil veintidós-, se llevó a cabo la audiencia incidental, en la que, en lo que interesa, se tuvieron por recibidos dos escritos presentados por el quejoso, en los que solicitó, respectivamente, que se suspendiera dicha audiencia dado que se encontraba justificada su inasistencia, para lo cual adjuntó una "prueba rápida de antígeno COVID-19", de uno de febrero de dos mil veintidós, expedida a su favor por el ********************, en la que se advierte como resultado positivo. Asimismo, solicitó que se le otorgara copia del registro del audio y video de la audiencia celebrada el cinco de noviembre de dos mil veintidós, adjuntando a dicho ocurso un disco compacto para tal efecto. Al respecto, la responsable determinó suspender la audiencia únicamente por lo que hace a las pruebas consistentes en la confesión y declaración de parte, ordenando que se desahogara la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, aquí tercero interesada; asimismo, acordó de conformidad la solicitud realizada por el quejoso, ordenando a la Secretaría del Juzgado expedirle copia del audio y video de la grabación de la audiencia preliminar. Finalmente, señaló las diez horas del dieciocho de abril de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia en comento (fojas 753-756 y 758 anexo). 8.- Proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que la Juez responsable, en atención a la solicitud realizada por el asesor jurídico de la parte actora, y en virtud de que el demandado, aquí quejoso, no hizo manifestación alguna respecto de lo señalado en la audiencia preliminar celebrada el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado y se tuvo como único hecho controvertido en el procedimiento de origen, la pensión alimenticia (fojas 763-764 anexo). 9.- Audiencia de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la que se hizo constar la asistencia de las partes actora y demandada; asimismo, en lo que interesa, se tuvo por recibido como prueba superveniente del demandado, el avalúo del predio número ********************, de la calle ********************, del Fraccionamiento ********************, de esta ciudad, con lo que se le dio vista a la actora por el término de tres días, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Posteriormente, en uso de la voz, el asesor jurídico del aquí quejoso, expresamente manifestó que su representado no tenía inconveniente alguno en trasladar la totalidad del predio acabado de señalar a la parte actora (minuto 32:20). 10.- Escrito de cuatro de enero de dos mil veintitrés, signado por el demandado, mediante el cual, atendiendo a que la parte actora no desahogó la vista que le fuera concedida en la audiencia señalada en el párrafo inmediato anterior, solicitó que se tuviera por precluido su derecho para ello; asimismo, por los motivos indicados, manifestó que ya no se encontraba anuente con que se traslade el cien por ciento del predio de su propiedad a la actora, aquí tercero interesada (fojas 1090-1094 anexo). 11.- Proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el que, entre otras cosas, la Juez responsable dio contestación al escrito presentado por el impetrante del amparo, ordenando que se estuviera a lo dispuesto en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que se hizo efectivo el apercibimiento realizado en audiencia de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, quedando como único punto controvertido la pensión alimenticia solicitada por la actora (fojas 1095-1096 anexo). 12.- Inconforme con la anterior determinación, el quejoso interpuso recurso de revocación en su contra; el cual, en resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, fue declarado procedente, por lo que se ordenó revocar el auto impugnado, únicamente para el efecto de fundar y motivar el mismo (fojas 1224-1226 anexo). Resolución interlocutoria que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Con la finalidad de controvertir la determinación reclamada, aduce el impetrante del amparo que no tuvo conocimiento del apercibimiento decretado en audiencia preliminar de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, puesto que el mismo no se asentó al elaborarse el acta mínima correspondiente. De ahí que refiere, resulta desacertado que la responsable determine en la resolución reclamada, que debió manifestar su oposición a dar cumplimiento a la cláusula sexta de su propuesta de convenio, en el propio escrito con el que justificó su inasistencia a la audiencia de tres de febrero de dos mil veintidós, pues reitera, no estaba enterado del apercibimiento de mérito. Asimismo, señala que el término que le fue otorgado a fin de dar cumplimiento al mismo, lo fue la audiencia de desahogo de pruebas, por lo que debe tomarse en consideración la manifestación que realizara en audiencia de continuación de desahogo de pruebas celebrada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, por conducto de su asesor jurídico, en la que refiere, se opone a la compensación. Máxime que en dicha audiencia, la autoridad responsable le dio vista a la parte actora, aquí tercero interesada, con la prueba superveniente que ofertó en la misma consistente en el avalúo del predio que por esta vía defiende, la cual se encuentra relacionada con el tópico de la compensación. Resulta infundado lo manifestado por el impetrante del amparo, atendiendo a los siguientes razonamientos. En primer término, es menester señalar que la Litis en el presente juicio constitucional, lo es la interlocutoria en la que la autoridad responsable resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, contra el proveído en el que determinó: ".respecto a la oposición a la que hace mención, estese a lo dispuesto en el auto de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós, acuerdo en el que se llevó a cabo el apercibimiento que se le hiciera al demandado en la audiencia preliminar de fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno, al no haber hecho señalamiento alguno respecto a la propuesta plasmada en la cláusula sexta de su convenio, por lo que se le tuvo por hecha la misma, quedando la pensión alimenticia como único punto controvertido en este asunto, misma determinación que no fue impugnada por el demandado en su oportunidad, de tal forma que desde ese momento precluyó su derecho de hacer manifestación alguna a lo ya acordado, y si bien en la continuación de la audiencia incidental celebrada en fecha dieciocho de abril del año anterior, se hizo mención al respecto, no significa que tales manifestaciones reestablezcan la compensación como punto controvertido, pues el referido acuerdo de fecha veinticuatro de marzo del año anterior, ya tiene firmeza.". Ahora bien, el recurso de revocación está previsto en el artículo 423 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, y es el medio de impugnación dispuesto en la legislación adjetiva en materia familiar local, a favor de los justiciables, con el objeto de que el propio juez que dictó el auto revise la legalidad del mismo; por lo que ante la interposición del mismo, se exige al recurrente que exprese los agravios que estima le causa la decisión controvertida. Así, la litis del citado medio de impugnación se integra con las consideraciones expuestas en el auto que se combate (en el caso, la parte conducente del proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés) y los agravios expresados para controvertirlo; de ahí, que se reitera la obligación del juez resolutor de dar respuesta a aquellos en forma congruente, específica, clara y completa; es decir, con argumentos vinculados directamente con los planteamientos realizados por el recurrente, con base en razonamientos lógico jurídicos investidos de la fuerza legal suficiente. Atendiendo a lo anterior, la cuestión efectivamente planteada ante la autoridad responsable al interponer el medio de impugnación que nos ocupa, lo era la oportunidad del ahora impetrante del amparo de manifestar su oposición para trasladar el predio que por esta vía defiende a la parte actora, aquí tercero interesada. En ese sentido, resulta ajustado a derecho lo resuelto por la autoridad responsable, en el sentido de que al no impugnar en el momento procesal oportuno la parte conducente del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en la que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en audiencia preliminar de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, precluyó su derecho de oponerse a la traslación en comento. En efecto, de autos se desprende que el proveído de mérito le fue notificado a la parte quejosa el treinta de marzo de dos mil veintidós; posteriormente, mediante escrito presentado el treinta y uno siguiente, interpuso recurso de revocación en contra del citado acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, únicamente por lo que hace a la parte conducente en la que se fijó la pensión alimenticia provisional. Dicho medio de impugnación fue resuelto en interlocutoria de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en la que se declaró fundado pero insuficiente, por lo que se confirmó el auto recurrido (fojas 883-889). Inconforme con lo anterior, el aquí quejoso promovió juicio de amparo indirecto en su contra, del que correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, registrándolo con el número ********************, en el que, por sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución recurrida, y se emitiera un nuevo fallo en el que, de manera fundada y motivada, resolviera lo relativo a la pensión alimenticia provisional. En cumplimiento a la ejecutoria en cita, la autoridad responsable dictó una nueva resolución, en la que declaró parcialmente procedente el recurso de revocación interpuesto por el impetrante del amparo en contra de la parte conducente del auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, por lo que ordenó modificar la medida provisional de pensión alimenticia ahí decretada. En ese sentido, se reitera, la parte conducente del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en la que se le hizo efectivo el apercibimiento efectuado al quejoso, quedó firme; pues si bien interpuso el medio de impugnación acabado de señalar en contra del proveído en comento, lo cierto es que omitió hacer valer motivo de inconformidad alguno en contra de tal determinación. Por lo que no es jurídicamente factible que el aquí quejoso pretenda que se analice la legalidad de una determinación que ha alcanzado firmeza jurídica, bajo el argumento de que no tuvo conocimiento de lo resuelto por la autoridad responsable en la audiencia preliminar de cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Pues al margen de los argumentos que hace valer en ese sentido, lo cierto es que la traslación del predio de mérito, en forma alguna puede considerarse como un hecho novedoso para el aquí quejoso, puesto que el debate relativo a dicho tópico, surgió con motivo de la cláusula sexta establecida por el propio quejoso en el convenio que presentó al dar contestación a la demanda instaurada en su contra. En la que, se reitera, estableció que trasladaría la propiedad del predio de que se trata a la aquí tercero interesada; esto es, manifestó expresamente su anuencia para que dicho bien inmueble pasara a ser propiedad de ésta. Lo que se corrobora con el propio escrito de agravios presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el que el ahora quejoso, por conducto de su asesor jurídico patrono, expresamente señaló: ".Así como también su señoría pierde de vista que el señor ********************, ya no cuenta con su casa, misma que le fue entregada a la señora ********************, misma que se entregó a favor de ella dentro del presente juicio, que no fue debatida por mi asesorado.". Lo anterior, aunado a que, contrario a lo señalado por el quejoso en su escrito de demanda, en la audiencia celebrada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, a la que acudió debidamente acompañado de su asesor jurídico patrono, expresamente manifestó (minuto 32:24): ".mi cliente no tiene inconveniente alguno, de hecho, la compensación por ley es hasta el 50%, en este caso mi cliente incluso estaría dando la totalidad del predio y es por eso que se presenta ese escrito, porque la otra mitad que está dando el señor en realidad es contraria a la ley, esto fue una propuesta de su abogado que claramente lo dejó abandonado, nunca compareció a defenderlo, y él está de acuerdo con que la señora se quede con la totalidad de la casa, y que esa cantidad en dado caso, suponiendo sin conceder, excedente, le sea aplicada como la pensión que está reclamando la señora, y mi cliente está dispuesto a pagar los gastos de escrituración de la casa, desde luego, sin ningún problema.". Y si bien como señala el quejoso, en la referida audiencia la Juez responsable, al tener por recibido el escrito en el que ofreció como prueba superveniente el avalúo del predio en comento, le dio vista a su contraparte por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Lo cierto es que ello, en forma alguna puede tener el alcance de dejar sin efectos una determinación tomada por una autoridad judicial, que alcanzó firmeza al no haber sido impugnada en el momento procesal oportuno. De ahí que no resulte jurídicamente factible que el impetrante del amparo, pretenda restablecer como un hecho controvertido en el procedimiento de origen, lo relativo al traslado de la propiedad del predio que por esta vía defiende, ante tal circunstancia. Finalmente, tampoco puede considerarse suficiente lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que de manera errónea se ha equiparado el traslado de la propiedad que por esta vía defiende, con el tema de la compensación, dado que desde que dio contestación a la demanda instaurada en su contra, señaló que estaba en contra de otorgar compensación alguna a la aquí tercero interesada, siendo que el traslado en comento era un tema adicional. Ello, pues tal como ha quedado establecido en la presente resolución, en el convenio presentado por la parte actora, se señaló el traslado del predio de que se trata en concepto de compensación; por su parte el demandado, aquí quejoso, si bien se opuso al pago de compensación, lo cierto es que expresamente señaló que la propiedad de dicho predio se trasladaría a la ahora tercero interesada. De ahí que, contrario a lo señalado por el aquí quejoso, la Juez responsable adecuadamente determinó en audiencia preliminar de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, que la pensión compensatoria resultaba un hecho controvertido, así como que el predio de que se trata, se encontraba directamente involucrado con tal cuestión; con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna al respecto el ahora quejoso, se tendría como único hecho controvertido en el procedimiento de origen, la pensión alimenticia. En las relacionadas consideraciones, al haber quedado de manifiesto que el acto reclamado no resulta violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, procede negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** en contra de los actos que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar del turno matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones y el fundamento expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, donde se advierte que aún no transcurre el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio en proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio ******************** acompañado de dos anexos y un disco en formato DVD (disco versátil digital), signado por el Juez Primero de Oralidad Familiar del turno matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; con el que, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veinte de julio de los corrientes, remite copia certificada del audio y video de las audiencias solicitadas. Por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/1585/2023, de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, firmado electrónicamente por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con el Licenciado Willy Fernando Pfennig Rodríguez, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe. MBM

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