Mauricio Canto Alcocer

Expediente 92/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
92/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Mauricio Canto Alcocer

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda este expediente, se acuerda: téngase por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio con el que remite testimonio de la resolución pronunciada el veintinueve de marzo en curso, en la queja 20/2023, relativa al recurso interpuesto por ***, en contra del auto que desechó la demanda de amparo, dictado el veintitrés de enero de la anualidad; resolución de la que aparece que la citada Superioridad, declaró infundado el aludido recurso de queja. Acúsese recibo vía interconexión. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que en el toca 20/2023 de su índice, se dio entrada al recurso de queja interpuesto en contra del acuerdo dictado en estos autos el veintitrés de enero del año en curso. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de febrero de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso ****, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA en contra del proveído de veintitrés de enero del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que mediante proveído de veintitrés de enero último, por los motivos ahí expuestos, se desechó la demanda de amparo que promovió ****, contra los actos del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. En tal virtud, envíese vía interconexión la digitalización del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. ********************Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos la demanda de amparo signada por ******************** solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, es el siguiente:********************El auto de fecha doce de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, en el cual decretó la prescripción de la acción para solicitar la ejecución de la sentencia. ********************RADICACIÓN ********************Fórmese expediente, regístrese con el número 92/2023-I-A que le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y provéase lo conducente.********************************************************************************DESECHAMIENTO DE DEMANDA********************Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano.********************Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. ********************Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, que dice: ********************"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.****************************************En el caso, debe decirse que se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones.********************Al respecto el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ********************Se exceptúa de lo anterior:********************a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;********************b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;********************c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.********************Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;."********************El citado precepto establece la regla general que se deriva del principio de definitividad, consistente en que para la procedencia del juicio de amparo, debe agotarse previamente los recursos ordinarios que ley que rige el acto reclamado establece, esto es, el juicio de amparo únicamente procede contra actos definitivos, por lo que la inobservancia de ese principio trae como consecuencia, la improcedencia de la acción constitucional intentada.********************En efecto, el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre autoridades y personas.********************Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados.********************Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate.********************Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario:********************a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial;********************b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa;********************c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y;********************d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada.********************Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente:********************"IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución."****************************************En el caso, se actualizan las condiciones para que opere dicha causal de improcedencia, pues se aprecia que el procedimiento de origen, es un juicio ejecutivo mercantil, el proveído reclamado (auto de dos de diciembre de dos mil veintidós) fue emitido por el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y existe un medio de ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto, para que pueda ser revocado o modificado.********************En efecto, dicho juicio dada su naturaleza, se rige por el Código de Comercio, el cual establece un sistema legal que rige a los recursos, en el que se encuentra, como regla general, que contra todo proveído o auto dictado en el procedimiento que produzca un perjuicio a las partes son procedentes los recursos, ya sea el de apelación o revocación.********************Al respecto, los artículos 1334, 1336 y 1339 del Código de Comercio, establecen la existencia de dos medios ordinarios de defensa, que son los recursos de revocación y apelación, los cuales proceden contra las determinaciones dictadas en el juicio y tienen como finalidad que se confirme, reforme o revoque la determinación impugnada.********************Para que proceda el recurso de apelación, contra los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, será necesario que lo disponga el código y que la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, lo que sucederá, conforme al artículo 1339 del Código de Comercio vigente en caso de que la suerte principal reclamada sea mayor a $757,365.46 (Setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda.********************Por otro lado, el recurso de revocación procede contra los autos que no fueren apelables y será resuelto por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio.********************Lo anterior, corrobora la regla enunciada, esto es que cualquier auto o proveído dictado en un juicio mercantil puede ser impugnado a través de los recursos ordinarios, ya que son procedentes los medios de defensa citados, pues si no procede el recurso de apelación, entonces procede el de revocación. A diferencia de sentencias interlocutorias o definitivas contra las cuales sólo procede apelación, siempre que el monto de lo reclamado, supere el establecido en el numeral 1339 del Código de Comercio.********************En ese contexto, se colige que, el acto que reclama la parte promovente consistente en el auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio ejecutivo mercantil ********************, por el que se decretó la prescripción de la acción para pedir la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, debe ser combatido, previo a la interposición del juicio de amparo, a través del recurso de revocación ante la autoridad que lo emitió.********************De manera que, el promovente, al encontrarse obligado a agotar el recurso de revocación previo a promover la instancia constitucional, da lugar a la actualización de la hipótesis de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.********************Cabe citar, en apoyo a esta consideración, la tesis XXX.3o.1 C (11a.) sustentada por el Tercer tribunal colegiado del trigésimo circuito, Undécima Época, Materias(s): Común, Civil, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Febrero de 2022, Tomo III, página 2609, con registro digital: 2024186; de rubro y texto siguiente: ********************"PROCEDIMIENTO DE REMATE. CUANDO SE PROMUEVA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA SU ÚLTIMA RESOLUCIÓN Y SE ALEGUEN VIOLACIONES PROCESALES, DE ACUERDO CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, SI ÉSTAS NO SE PREPARARON ANTES DE ACUDIR A AQUÉL, LOS ARGUMENTOS FORMULADOS RESULTAN INOPERANTES.********************Hechos: El Juez de Distrito calificó como inoperantes los conceptos de violación que hizo valer la quejosa en contra de diversas violaciones procesales que adujo acontecieron durante la tramitación del procedimiento de remate, al estimar que las infracciones planteadas no fueron preparadas para que fueran susceptibles de ser analizadas, pues no se agotó el recurso correspondiente contra el auto aprobatorio de remate.********************Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se promueva el juicio de amparo indirecto contra la última resolución emitida dentro del procedimiento de remate y se aleguen violaciones procesales, de acuerdo con el principio de definitividad, si éstas no se prepararon antes de acudir a aquél, los argumentos formulados resultan inoperantes."********************Además, cabe señalar que no se actualiza excepción al principio de definitividad, pues aunque el acuerdo en el que decretó la prescripción de la acción para pedir la ejecución de la sentencia en el juicio de origen pudiera considerarse un acto de imposible reparación por la posibilidad de afectar el derecho sustantivo, lo cierto es que el que de cualquier forma, debe agotar el recurso ordinario, ya los actos de imposible reparación no constituyen una excepción al principio de definitividad.********************Ciertamente, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así, la irreparabilidad del acto no constituye excepción alguna al principio de definitividad, por lo tanto, tratándose de actos reclamados que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que en el caso no sucedió.********************Es aplicable al caso, la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) Registro digital: 2017117 Materias(s): Común, Décima Época Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: Libro 55, Junio de 2018 Tomo I, Página: 8, que señala:********************"DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo."****************************************Además, tampoco hay excepción al principio de definitividad, puesto que no se trata de un acto que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa; ni ésta se trata de persona extraña al procedimiento.********************En esas condiciones, al no haberse promovido el recurso procedente antes de acudir al amparo, el acto reclamado carece de definitividad para efectos de este juicio; en virtud de que la ley que rige esa determinación prevé un recurso o medio de defensa a través del cual puede ser revocado. ********************Apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: ********************"AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." ********************A este respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: ********************"REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. (Registro digital: 2011474, Décima Época, Materias(s): Común Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066)********************En consecuencia, al haberse actualizado de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación relacionada de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ********************. ********************Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: ********************"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio."********************DOMICILIO Y AUTORIZADOS********************Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda; y como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************hasta que acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho.********************Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ********************CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO********************Por otra parte, se tienen por proporcionados el correo electrónico y teléfono que indica la parte promovente, únicamente para establecer comunicaciones no procesales en caso de ser necesario.********************ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO********************Ahora bien, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización a los usuarios ********************, ********************para que tengan acceso al expediente electrónico de este.********************En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes al citado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello.********************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES******************** Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales.********************TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS******************** En cumplimiento con el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos.********************Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos.********************Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados.********************De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley.********************REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL******************** De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. ********************ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO DEL CJF********************Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten.********************SOLICITUD DE COPIAS********************Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.********************FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO********************Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.********************Notifíquese personalmente y cúmplase.

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