Mauricio Cruz Martínez
Expediente 212/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 212/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Mauricio Cruz Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
PRAL. 212/2023 MESA 2* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de los que se advierte ha transcurrido el plazo que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad contra el proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación. 2. Se declara consentida la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara consentido el referido auto y, por ende, queda firme esa determinación. 3. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (conservable). Al haberse concedido a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), de ese Acuerdo General, este expediente es CONSERVABLE; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en primer párrafo del artículo 17 del acuerdo mencionado. 6. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. 7. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 8. Documento exhibido por la parte quejosa. En el caso, no se ordena devolver a la parte quejosa la diligencia de discernimiento de cargo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, toda vez que fue exhibida con la demanda de amparo presentada en línea con firma electrónica, de la que se advierte esa constancia obra en poder del promovente. Lo anterior, aunado a que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, no prevé la obligación de los órganos jurisdiccionales de emitir el acuerdo requiriendo a las partes para que acudan a recoger las documentales relativas. 9. Se devuelve documental a la autoridad responsable. Ahora, toda vez que la autoridad responsable juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, remitió un disco compacto certificado que contiene el acuerdo de siete de febrero del año en curso, dictado en la causa penal ********************; por tanto, por oficio que al efecto se gire, se ordena la devolución de esa documental a la citada autoridad responsable, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 212/2023 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintitrés. 1° Oficio. Agréguese un oficio del juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, recibido vía correo electrónico institucional, mediante el que informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo; al efecto, remite copia certificada del proveído de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal ********************, así como de sus respectivas constancias de notificación realizadas a las partes procesales. 2° Vista a las partes quejosa y tercera interesada. En su atención, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que, en el plazo de tres días siguiente al en que surta sus efectos la notificación, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 212/2023 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. 1° Ejecutoria de la sentencia. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta, transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el cinco de junio del año en curso, firmada y autorizada el treinta de junio siguiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2° Requerimiento de cumplimiento de la sentencia. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo solicítese a la autoridad responsable juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, para que, dentro del plazo de tres días siguiente a su notificación, cumpla conforme a la sentencia concesoria de amparo y remita copia certificada de las constancias que lo acredite. 2.1. Apercibimiento. Se le apercibe que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a la suma de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100, moneda nacional), relativa a cien días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en relación con lo dispuesto por los preceptos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis I.13º.T. 3 K (10ª), del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1767, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con el rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADO DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). 2.2 Procedimiento de inejecución de sentencia. Y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, del Décimo Tercer Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución. 3° Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia dictada en este juicio de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 212/2023 MESA 2 Visto, para resolver el juicio de amparo 212/2023; y, R e s u l t a n do: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado en línea con firma electrónica el dos de marzo del año en curso, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, registrado en este órgano de control constitucional el tres del mismo mes y año, **************, por conducto de su asesor jurídico, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridad responsable que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. 1.2. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, 14, 16, 17, 20, inciso c), así como 21, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y admisión. Por auto de fecha seis de marzo de dos mil veintitrés se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró la demanda de amparo con el número 212/2023, se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Emplazamiento de los terceros interesados. En diversos acuerdos de veintiuno de abril y tres de mayo del año que transcurre se ordenó emplazar como terceros interesados al agente del Ministerio Público de la Mesa VII del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que intervino en la causa penal *********** y a la persona jurídica denominada *********************************************; representante social que mediante un oficio registrado con el folio 5378 se apersonó a este juicio de amparo. Cuarto. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, modificado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; por tratarse de un asunto de naturaleza penal y el acto se reclama de una autoridad residente en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Personalidad. Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo se tiene a ***************** acreditando su personalidad de asesor jurídico de **************************, con la copia de la diligencia de discernimiento de cargo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, firmada por la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa VII del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Tercero. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por el quejoso y por el cual se realizará el análisis relativo, consiste en: La resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal *****************, en la que se determinó que no había lugar a tener a la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa VII del Módulo Dos del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejerciendo acción penal contra la persona jurídica denominada *************************************************. Lo que atribuye al juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. 3.1. No son actos destacados. Respecto a los diversos actos que se combaten, relativos a: - Transgresión al orden jurídico, por invadir con el acuerdo reclamado, la competencia monopólica del ejercicio de la acción penal que ostenta el Ministerio Público. - Privación del derecho a obtener la reparación del daño, en virtud de haberse concluido unilateralmente el procedimiento penal, en la fase de investigación inicial, sin permitir que se ejercieran los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica en la fase siguiente del procedimiento penal; y, - Restricción en el acceso e impartición de la justicia de forma eficaz y completa. Se estima que esas calificaciones no constituyen verdaderos actos reclamados, sino que se trata de conceptos de violación; motivo por el que, ante la obligación que tiene este órgano jurisdiccional de resolver la verdadera cuestión planteada, tales argumentos se abordarán, de ser procedente el juicio, como parte de los conceptos de violación y no como actos destacados. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de datos de localización y rubro siguientes: "Octava Época. Registro: 223603 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Enero de 1991 Materia(s): Común. Tesis: I. 3o. A. J/26. Página: 69. Genealogía: Gaceta número 37, Enero de 1991, página 88. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 555, página 369. ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION". Cuarto. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino parcialmente en la existencia del acto que se le reclama. Al efecto, señaló que mediante resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ************ determinó que no había lugar a tener a la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa VII del Módulo Dos del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejerciendo acción penal contra la persona jurídica denominada ********************************. Sin embargo, no señaló el motivo de la parcialidad que aduce, por lo que se tiene por cierto en su integridad el acto combatido en esta instancia. Como justificación de su informe, remitió un disco certificado en formato DVD, que contiene en formato PDF, el acuerdo de siete de febrero del año en curso, dictado en la causa penal ***********************, con sus respectivas notificaciones; documental (naturaleza jurídica que tiene el disco versátil) a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo. Respecto al valor del disco remitido, se cita la jurisprudencia 1ª./43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, registro 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Quinto. Causas de improcedencia. No se advierten motivos de improcedencia constitucionales, legales o jurisprudenciales que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan, por lo que se analiza el fondo del asunto. Sexto. Conceptos de violación. El promovente del amparo vertió diversos conceptos de violación, mismos que no se transcribirán literalmente, al no existir disposición de la Ley de Amparo que obligue hacerlo, ni se le deja en estado de indefensión, atento a la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 830 del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Séptimo. Estudio del fondo del asunto. 7.1. Acto reclamado. Mediante resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés dictada en la causa penal **********, el juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca determinó que no había lugar a tener a la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa VII del Módulo Dos del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejerciendo acción penal contra la persona jurídica denominada ***********************************; resolución que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. 7.2. Antecedentes. Juicio de amparo 1170/2022. A efecto de contextualizar ese acto reclamado, es necesario precisar los antecedentes que trascienden a esta sentencia y que se observan de las constancias que integran el juicio de amparo 1170/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, cuyo expediente electrónico se encuentra relacionado y vinculado a esta instancia constitucional, por las razones que a continuación se exponen, así como de la documental remitida por el juez responsable, que fue justipreciada con anterioridad: 1. En la Agencia del Ministerio Público de la Mesa VII del Módulo Dos del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se inició una carpeta de investigación con motivo de la denuncia que presentó *************************** y otra persona, contra el representante legal de *********************************. 2. Mediante un oficio fechado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, la titular de dicha Agencia de Investigación solicitó al juez de Control en turno del Circuito de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca señalara audiencia para formular imputación inicial al representante legal de esa persona jurídica. 3. Atento a esa petición, en proveído de quince de julio de dos mil veintidós emitido en la causa penal **************, el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca requirió a la fiscal, para que, en el plazo de cinco días hábiles siguiente a su notificación, manifestara si ejercía acción penal contra ********************************. 4. En respuesta, la agente del Ministerio Público solicitó a esa autoridad judicial ejerciera acción penal contra dicha persona jurídica a través de su representante legal. 5. El juez responsable, con fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintidós resolvió que no había lugar a tener a la fiscal ejerciendo acción penal contra *************************************, con motivo que no se cumplieron las hipótesis de los artículos 421 y 423 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, porque el hecho penalmente relevante no se encuentra en el catálogo de delitos que pueden ser cometidos por una persona jurídica. 6. Inconforme con esa resolución, el aquí quejoso promovió un juicio de amparo, del que correspondió conocer a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con el número 1170/2022, mismo que se encuentra vinculado a esta instancia constitucional, en el que por sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada, para el efecto de que el juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca: a) Dejara sin efecto la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada en la causa penal ************, en la parte en la cual determinó que no había lugar a tener a la fiscal de la Mesa VII del Módulo Dos del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejerciendo acción penal contra la persona jurídica "********************************."; y, b) En su lugar, dictara otra determinación, debidamente fundada y motivada. 7. En acato a la sentencia de mérito, la responsable, con fecha siete de febrero de dos mil veintitrés dictó una diversa resolución, en la que dejó sin efecto el último párrafo del acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, pronunciado en la causa penal ************ y reiteró que no había lugar a tener a la Fiscalía ejerciendo acción penal contra la mencionada persona jurídica, exponiendo los motivos y fundamentos de su decisión; refiriendo, sustancialmente, que el Ministerio Público no cumplió con los requisitos previstos en los artículos 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso numeral 8, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, pues no indicó en el hecho cuál fue el deber objetivo de cuidado que sabía la persona jurídica debía de observar y dejó de hacerlo y que trajo como consecuencia que esa acción o hecho le sea imputado por haberse cometido a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ella proporcione. En lo sustancial, en su decisión, sostuvo los argumentos siguientes: ? Acorde al hecho penalmente relevante planteado por la Ministerio Público no se puede advertir el ámbito de responsabilidad penal de la empresa imputada. ? La Fiscalía no solo debió plantear la intervención de la persona física que lo desarrolló perfectamente, sino también, incluir el programa de cumplimiento propio del "compiance", es decir, la eficacia preventiva de control hacia el interior y exterior de la empresa, para que ello permitiera advertir cuál fue el deber objetivo de cuidado que dejó de observar acorde a su protocolo y si ese deber de cuidado se produjo culposamente a nombre de la empresa o en su beneficio y en su caso cuál fue su beneficio. ? Tampoco se advierte que el hecho se haya cometido por cuenta de la empresa o a través de los medios que ella proporcione, caso que a criterio de esa autoridad ya no son cometidos en grado culposo sino doloso. ? Al ser investigada una persona moral no le corresponde a ella probar su falta de responsabilidad penal, sino es deber de la Fiscalía el acreditar en grado probable, la falta o violación o falta de observancia de ese programa (compiance) y establecer acorde a dicho programa cuál fue el deber de cuidado que dejó de observar la persona jurídica y, si ello se produjo a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ella proporcione. ? El legislador no es claro en establecer a qué catálogo de delitos se refiere cuando señala el último párrafo del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales; circunstancia que al interpretarla, pudo concluir que se refiere únicamente a todos los delitos establecidos en el Código Penal del Estado de Oaxaca, no así a los delitos establecidos en otras disposiciones legales, los cuales quedarían excluidos. ? Al no existir una verdadera legislación que establezca con claridad cuál es la responsabilidad penal de las personas morales, presenta retos para la aplicación de las nuevas reformas procesales, ya que la falta de una ley sustantiva, queda al arbitrio de la posible interpretación que de los artículos 421 y 422 realice cada tribunal. ? Quedó al arbitrio de esa autoridad la interpretación de los citados artículos, por lo que determinó que el catálogo a que se refiere el Congreso es a los delitos establecidos en el Código Penal del Estado de Oaxaca. ? Es acertado lo sostenido por la fiscal en el sentido que por el delito de daños y lesiones cometidos en grado culposo puede ser responsable la personal moral. ? El Ministerio Público en su escrito de ejercicio de la acción penal no estableció en su hecho los requisitos establecidos en el artículo 421, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 8, fracción II, del Código Penal del Estado de Oaxaca, esto es, si el hecho se cometió culposamente como refiere, cuál fue el deber objetivo de cuidado que, bajo circunstancias concretas del hecho podía y debía haber observado la persona moral ****************************************. ? El artículo 14 Constitucional impone la obligación de realizar la clasificación jurídica, especificando el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. ? Se debe establecer en el hecho cuál fue el deber objetivo de cuidado que sabía la persona jurídica debía de observar y dejó de hacerlo y que ello trajo como consecuencia que esa acción o hecho le sea imputado por haberse cometido a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ella proporcione; circunstancia que dejó de observar la Fiscalía, no obstante haberle requerido en auto de quince de julio de dos mil veintidós. ? La Fiscalía no cumplió con la debida fundamentación y motivación acorde al hecho planteado, por lo que, con fundamento en los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 141 párrafo primero y segundo, 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales determinó que se encuentra imposibilitado jurídicamente para reseñar con precisión, al omitir la Fiscalía, señalar si el hecho se cometió a nombre de la persona jurídica, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ella proporciona; por lo que determina, que ante un ejercicio de la acción penal en el cual no se estableció en el hecho penalmente relevante cuál fue el deber objetivo de cuidado que dejó de observar la persona moral *******************, concluyó que NO HABÍA LUGAR a tenerle ejerciendo acción penal contra la persona moral denominada ************************************. Siendo que en auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés se declaró cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo 1170/2022, lo que causó firmeza el treinta y uno de marzo siguiente. Juicio de amparo 212/2023. Al no estar conforme con la resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal **********, ****************, por conducto de su asesor jurídico, promovió esta instancia constitucional, registrada con el número 212/2023, dado que, sostiene, transgrede sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, 14, 16, 17, 20, inciso c), así como 21, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El argumento del promovente referente a la existencia de violaciones en el procedimiento penal, resulta fundado y suficiente para declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado, al haberse transgredido sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, así como de debido proceso. En lo sustancial, el quejoso señala que el juez de Control responsable, con la resolución que se reclama, en la que determinó que no había lugar a tener a la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa VII del Módulo Dos del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejerciendo acción penal contra la persona jurídica ********************************* invade la esfera de competencia del Ministerio Público, en virtud que, aduce, ese órgano investigador es quien decide no hacer uso de ejercer la facultad punitiva y no así el órgano jurisdiccional, pues este último podrá determinar, en su momento, la vinculación o no a proceso en una diversa etapa procedimental En principio, se precisa que la acción penal es el instrumento de derecho que tiene y ejerce el Estado para iniciar un proceso en la jurisdicción penal a efecto de que el tribunal aplique la ley a un hecho que estima delictuoso. En nuestro sistema jurídico, los artículos 16 y 21 de la Constitución Federal consagran, además de diversos derechos, el principio de seguridad jurídica, del cual se advierte que la autoridad no intervendrá en la esfera de derechos de los particulares sin justificación y que cuando lo haga, se hará partiendo de que está expresamente facultada por la ley para hacerlo; intromisión que, además, tendrá que fundar, motivar y hacer constar por escrito. Asimismo, el artículo 21 constitucional, en su segundo párrafo, establece que la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público; en tanto que, de su diverso numeral 102, apartado A, se obtiene que, a nivel federal, aquél tendrá la encomienda de la persecución de los delitos ante los tribunales, lo que comprende solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten su responsabilidad, así como hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita. En el procedimiento penal, los artículos 127 y 131, fracción XIII , del Código Nacional de Procedimientos Penales revelan que la institución del Ministerio Público tiene la facultad y la obligación de determinar y resolver sobre el no ejercicio de la acción penal. Ahora, conforme con el precepto 211 de ese ordenamiento legal, el procedimiento penal transita por las siguientes etapas: investigación, intermedia y de juicio. Las tres tienen una finalidad específica: la primera, la de realizar una investigación tendente a esclarecer el hecho delictuoso con conocimiento e intervención de imputado y bajo la revisión judicial de un juez de control; la segunda, depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de pruebas ofrecidos por las partes, y emitir el auto de apertura a juicio oral; mientras que la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia. De ahí que cada una de esas etapas tiene un especial objetivo, el cual, una vez cumplido, debe considerarse concluida, sin que pueda detenerse el procedimiento -salvo que exista justificación legal-, pues ello va en detrimento de la certeza y seguridad jurídica de las partes e incluso en el acceso e impartición de justicia. La etapa de investigación que aquí interesa, inicia con la denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, que integrará una investigación tendente a su esclarecimiento y cuando considere que hay fundamento para un proceso penal contra determinada persona, podrá formalizarla por medio de la intervención judicial. Para ello, cuando se integra sin detenido, el citado artículo 211 del código procesal en mención es exacto al prever que el ejercicio de la acción penal inicia, entre otra hipótesis, con la solicitud a la autoridad judicial de citatorio a audiencia inicial, con lo que se individualiza al imputado y se indica el delito por el que se le sigue la carpeta; en dicha audiencia, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 307 de ese ordenamiento legal, se le informarán sus derechos constitucionales y legales, se le formulará la imputación, se le dará la oportunidad de declarar y se resolverá sobre la solicitud de vinculación a proceso. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 309, párrafo primero , del código en cita, la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito; por lo que en la audiencia correspondiente, después de que el juez verificó que conocen sus derechos fundamentales dentro del proceso o después de habérselos dado a conocer, ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del juez de control, sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. Siendo que el juez de control, a petición del imputado o de su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público (artículo 311 ). A continuación, le preguntará al imputado si entiende la imputación que obra en su contra y si es su deseo contestar al cargo. Esto es, la formulación de la imputación constituye el señalamiento de cargos que realiza el Ministerio Público contra el imputado, por lo que la actuación del juez de control es trascendente en esta etapa, al vigilar la protección de los derechos del imputado a fin de que entienda la formalización y pueda ejercer plenamente su derecho de defensa. Continuado con el estudio de la formulación de imputación, es importante tener presente el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De lo transcrito se obtiene que para poder vincular a proceso a una persona, es necesario que el Ministerio Público formule una imputación en su contra, esto es, se podrá dictar un auto de vinculación solo por el hecho o hechos que hubiesen sido motivo de imputación. De quedar vinculado a proceso, en el auto relativo se establecerán los hechos sobre los que se continuará el proceso [artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales]; y, previo a finalizar la audiencia, el juez definirá el plazo para el cierre de la investigación, denominada complementaria [artículo 321 del referido código procesal], el cual podrá ser prorrogado en los términos establecidos en la propia codificación procesal de que se trata. Al cierre de la investigación, se apertura el plazo de quince días para que el agente del Ministerio Público decida si formula o no acusación contra el imputado, ya que en ese momento también existe la posibilidad de que solicite el sobreseimiento parcial o total de la causa o la suspensión del proceso [artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales]. Por lo expuesto, es dable establecer que la solicitud del Ministerio Público de audiencia inicial para formular la imputación, como lo establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye el inicio del ejercicio de la acción penal, mediante la individualización de la persona y la indicación del delito por el que se le sigue la carpeta de investigación y, por tanto, el presupuesto procesal indispensable para que lo materialice a través de la acusación. Como se adujo al inicio de este considerando, es fundado el concepto de violación vertido por el quejoso, en razón que el juez responsable vulneró su derechos fundamentales, dado que analizó de forma incorrecta la solicitud realizada por la agente del Ministerio Público, pues se extralimitó en sus funciones al examinar si la determinación del ejercicio de la acción penal fue emitida ajustándose a las formalidades legales o no; en el caso, al analizar si cumplió con los requisitos señalados en los artículos 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso numeral 8, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado; aun cuando sus facultades únicamente consistían en pronunciarse respecto al señalamiento de la hora y fecha para la audiencia inicial de formulación de imputación y acordar lo conducente en la causa penal de su índice. Se considera así, toda vez que, como se adujo, la acción penal es el derecho que tiene el Estado de acudir ante el órgano jurisdiccional para que aplique la ley a un hecho que estima delictuoso; en ese sentido, la formulación de imputación exige una investigación previa del hecho respecto del cual se solicitará la vinculación a proceso; ello, se hace mediante la búsqueda de datos que acrediten la existencia de un hecho aparentemente delictivo y la intervención de alguien en su comisión. De ahí que la división competencial en esta etapa del sistema penal acusatorio, es clara, en el sentido de que el único órgano del Estado facultado para intervenir como parte acusadora en un proceso penal es el Ministerio Público, en su carácter de representante social. En este sentido, el juez de control debe o no vincular a proceso al imputado o imputados tomando como base los hechos y argumentos aportados y vertidos por el Ministerio Público al formular imputación. Esto significa que el juez de control debe ceñirse a tales hechos y argumentos, pudiendo sólo a nivel de técnica jurídica otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. De lo anterior, se concluye que si el órgano acusador es deficiente en su actuación, no cabe suponer que el juez está autorizado para suplir esa deficiencia o para tenerlo no ejerciendo acción penal, como en el caso lo hizo; es así, toda vez que el principio de presunción de inocencia implica que el Ministerio Público es el único órgano del Estado que tiene la carga de exponer en qué consiste el hecho o hechos, precisando todas las circunstancias del mismo, así como la probable intervención del imputado o imputados en su comisión. Por tanto, si se considera que no existió una imputación, o que ésta fue deficiente o incorrecta, al no precisar las proposiciones concisas de las circunstancias fácticas del hecho delictuoso de tiempo, modo y ejecución, ni la probable intervención del imputado; entonces debe considerarse que no hay una causa que seguir contra la persona en cuestión, dado que no se cumple con la fracción I del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, no se formuló la imputación; lo que bajo ninguna circunstancia puede significar que ante esa deficiencia se pueda estimar que existió una violación procesal, ni mucho menos que se deba ordenar una reposición de procedimiento para que esta acusación se realice en forma correcta. Una posición que incidiera en la actividad que es propia de una de las partes, como por ejemplo, pedirle al Ministerio Público que mejore o realice en forma correcta su imputación, sería contraria a los principios constitucionales que rigen al proceso penal y convertiría a nuestro actual sistema procesal penal en un proceso inquisitivo, porque permitiría la concentración de funciones en el juzgador. Lo anterior encuentra sustento en los artículos 19, párrafo primero, 20, apartado B, fracción III y 21, párrafo segundo, de la Constitución Federal, así como en el 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen que en la audiencia de formulación de imputación corresponde al Ministerio Público exponer al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador. Por tanto, sólo en el supuesto de que se cumpla con esta obligación impuesta al representante social, es posible que el juez de Control pueda vincular a proceso al imputado o imputados, dado que el análisis de la imputación no es una actividad que debe realizarse por el juzgador, precisamente, por la división de funciones de los órganos del Estado, que tiene impacto trascendental en los procesos penales, donde el representante social y el juzgador no son sujetos procesales que formen un binomio con un interés en común, sino que cada uno tiene una función perfectamente delimitada por el sistema jurídico positivo, en tanto que al primero le corresponde la formulación de la imputación y al segundo la administración de justicia. Una consideración contraria a lo anterior es inaceptable en un estado de derecho constitucional, aun cuando se pretenda justificar; en tanto que la inobservancia a estas obligaciones también tiene consecuencias jurídicas que son reprochables al Estado por una actuación ilegal y contraria a los parámetros de protección de derechos humanos. Además, aceptar como válido que el juez de Control pueda decretar el no ejercicio de la acción penal coloca al juzgador en una condición de revisor de la actuación del Ministerio Público, lo cual no es aceptable, precisamente, porque trastoca la imparcialidad del juzgador y colocaría al juez de control en la posición de asumir las características propias de un sistema procesal penal inquisitivo, en el que están difuminadas o fusionadas las funciones del órgano acusador y del juzgador. En esas condiciones, si, a consideración de la responsable, la representación social al formular imputación no cumplió con los requisitos previstos en los artículos 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso numeral 8, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, pues, dijo, no indicó en el hecho cuál fue el deber objetivo de cuidado que sabía la persona jurídica debía de observar y dejó de hacerlo y que trajo como consecuencia que esa acción o hecho le sea imputado por haberse cometido a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ella proporcione; la consecuencia no podría ser el no tener al Ministerio Público ejerciendo la acción penal, sino con base en la formulación de imputación existente, determinar si existe o no un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o intervino en su comisión, en términos de lo dispuesto por el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para de esta forma resolver si vincula o no a proceso a la persona jurídica imputada. Ello se asevera, toda vez que no hay un ejercicio interpretativo que lleve a colegir que, por no haberse aportado datos aptos y suficientes para formular la imputación, pueda determinarse que no ha lugar a tener al Ministerio Público ejerciendo acción penal, pues esa hipótesis no se encuentra contenida en la legislación penal aplicable y, por ende, en atención al principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde con el cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, es inconstitucional e ilegal que se considere un supuesto no previsto jurídicamente y se decrete el no ejercicio de esa acción punitiva, cuyo ejercicio inició, precisamente, con la solicitud relativa. Tanto que no se entendería entonces el por qué en el diverso 319 del Código Nacional de Procedimientos Civiles se establece la posibilidad de que el juez pueda decretar en el auto inicial un auto de vinculación o no a proceso; esto es, a fin de garantizar las facultades constitucionales y legales que tiene, no está vedada la posibilidad de que se perfeccione la indagatoria, pero esto sí está condicionado a que previamente se concretice la intervención judicial instada mediante la solicitud de citatorio a esa audiencia. Así establecido, la determinación de analizar si se tuvo que ejercer o no acción penal, por considerar que en la carpeta de investigación no se tienen datos aptos y suficientes para formular imputación, exige, como se adelantó, el análisis de al menos las dos primeras etapas del procedimiento penal y, con ello, establecer el alcance de lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la parte que establece que el ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial. Por lo antes analizado, es que resulta fundado el concepto de violación aludido por el quejoso, por lo que procede conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Octavo. Efectos de la concesión del amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 77, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, deberá: - Dejar insubsistente la resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal *******, en la que determinó que no había lugar a tener a la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa VII del Módulo Dos del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejerciendo acción penal contra la persona jurídica denominada ***********************; y, - Conforme con lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a los derechos de acceso a la justicia tanto de la víctima como de los imputados, fije fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de imputación, realizándose las citaciones correspondientes. Noveno. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a ************* contra el acto reclamado, consistente en la resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ******, que atribuye al juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, en términos del considerando séptimo y para los efectos del considerando octavo de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.
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