Mauricio Alejandro Vásquez Torres

Expediente 818/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 28 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
818/2019
Año
2019
Actuaciones
28
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • Mauricio Alejandro Vásquez Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    PRAL.818/2019.MESA.1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vistos los autos del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, de los que se advierte que: I. En proveído de quince de noviembre de dos mil diecinueve se tuvo al quejoso Mauricio Alejandro Vásquez Torres interponiendo recurso de revisión contra la sentencia de diecisiete de octubre de ese año, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo; por lo que se ordenó formar un cuaderno de antecedentes, con las constancias relativas. II. Por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito remitió el testimonio de la ejecutoria dictada el tres de julio de dos mil veinte, en el amparo en revisión 480/2020 por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, residente en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del oficiante, derivado del expediente auxiliar 355/2020, por la que ordenó la reposición del procedimiento. III. Por sentencia autorizada el treinta de junio de dos mil veintiuno se dictó sentencia en la que se sobreseyó en este juicio de amparo. IV. En proveído de veintiséis de julio de dos mil veintiuno se declaró que había causado ejecutoria la referida sentencia y se ordenó el archivo del juicio de amparo, como asunto concluido de manera definitiva. Destino del cuaderno de antecedentes. Por lo anterior y toda vez que carece de objeto la existencia del cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes al plazo de seis meses previsto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, contado a partir de la fecha en que se emite este proveído. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.818/2019.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de treinta de junio del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Mauricio Alejandro Vásquez Torres, pues transcurrió del nueve al veintidós de julio de dos mil veintiuno, sin que hubiere interpuesto ese medio de impugnación. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Sin que se realice pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, toda vez que se dictó sentencia de sobreseimiento, sin que exista auto alguno por el que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, por lo que este expediente es destruible; así, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Devolución de documentos. Como en este expediente obra la copia de un escrito con sello de recepción de nueve de agosto de dos mil diecinueve, de la Oficialía de Partes de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca (fojas 8 a 10); así como el oficio número SCL/UT/027/2019, de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, firmado por el responsable de la Unidad de Transparencia del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca (fojas 111 y 112), se requiere a la parte quejosa para que, en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, los mismos serán destruidos junto con el expediente. En el entendido que su comparecencia deberá realizarla en términos de lo previsto en el artículo 3 del referido acuerdo general 21/2020; es decir, previa cita que genere en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 8. Devolución a las autoridades responsables. Así también, devuélvase a la autoridad responsable, a) director de Quejas, Denuncias e Investigación y b) jefa del Departamento de Investigación, Quejas y Denuncias "A", ambos adscritos a la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, a través de su representante legal, director jurídico de dicha Secretaría, residente en Tlalixtac de Cabrera, las constancias relacionadas con el expediente de responsabilidad administrativa número DQDI-A/1008/08/2019 de su índice, que obran como tomos anexos I y II a este juicio de amparo. 9. Anotaciones. Finalmente, realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, con las facultades otorgadas por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de doce de julio de dos mil veintiuno, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio CCJ/ST/2658/2021, de la misma fecha; y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.818/2019.MESA-1 a resolver el juicio de amparo número 818/2019; y, R e s u l t a n d o: Primero. Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 5 a 7) en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio y remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Mauricio Alejandro Vásquez Torres, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión de acordar el escrito de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, por el que solicita el pago indemnizatorio por daños a causa de actividad administrativa irregular, presentado en la misma fecha ante la responsable, Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca. Narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 5 a 7). Segundo. Registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno y admisión. Por auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 11 a 13) se ordenó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 818/2019, se admitió la misma, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; y se citó a las partes para la audiencia constitucional. Tercero. El diecisiete de octubre de dos mil diecinueve se dictó sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo (fojas 39 a 43). Cuarto. En acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecinueve se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra esa sentencia de amparo (foja 55). Quinto. En proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte (fojas 90 y 91) se tuvo por recibido el oficio 3551/2021, del secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito (foja 66), por el que remitió a) el juicio de amparo 818/2019, promovido por Mauricio Alejandro Vásquez Torres y b) testimonio de la ejecutoria dictada el tres de julio de dos mil veinte, en el amparo en revisión 480/2020 por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, residente en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del oficiante, derivado del expediente auxiliar 355/2020 (fojas 67 a 88), por la que la superioridad revocó la sentencia de amparo y ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que se: Dejara insubsistente la sentencia recurrida. Repusiera el procedimiento en este juicio de amparo a partir del proveído de once de octubre de dos mil diecinueve. Previniera a la parte quejosa para que, si lo deseaba, ampliara su demanda de amparo en los términos ahí precisados. Notificara personalmente el auto que da vista a la parte quejosa por la ampliación de demanda. Se observara el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, una vez que llegara la fecha de la audiencia constitucional; y, Realizado lo anterior, se continuara con la secuela procesal hasta dictar la sentencia que en derecho procediera. Sexto. Primera ampliación de la demanda de amparo. Ante ello, el quejoso Mauricio Alejandro Vásquez Torres amplió la demanda de amparo por cuanto a las autoridades responsables (foja 108): a) Director de Quejas, Denuncias e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. b) Jefa del Departamento de Quejas y Denuncias adscrita a la Dirección de Quejas y Denuncias adscrita la Dirección de Quejas, Denuncia e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Y como actos reclamados (foja 108): I. El acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve dictado en el expediente administrativo número DQDI-A/1008/08/2019, por el que se declara incompetente para conocer de la demanda promovida por la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial. II. La omisión de justificar la remisión del expediente iniciado al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, con motivo de la demanda de responsabilidad patrimonial que interpuso. III. La omisión de dar cumplimiento a la determinación que reclama, por cuanto a la colaboración que solicitó al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, respecto a la determinación que al efecto realizara por cuanto a la declinatoria pronunciada (sic). Séptimo. Admisión de la ampliación de la demanda de amparo. Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte (fojas 113 a 116) se admitió la ampliación de la promoción inicial constitucional y se solicitó informe justificado a las autoridades responsables. Octavo. Se previno para que amplíe demanda de amparo. Mediante auto de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno (fojas 173 y 175) se previno al quejoso para que manifestara si ampliaba la demanda de amparo respecto de la nueva autoridad responsable, jefa del Departamento de Inconformidades de Proveedores y Contratistas, adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a la que se le turnó el expediente administrativo con motivo de la reclamación que realizó, en la vía de procedimiento de responsabilidad administrativa. Noveno. Segunda ampliación de la demanda de amparo. En escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno (fojas 191 a 194) el quejoso Mauricio Alejandro Vásquez Torres amplió la demanda de amparo y señaló como autoridad responsable a la jefa del Departamento de Inconformidades de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a la que reclamó la omisión de a) acordar el escrito de demanda de responsabilidad patrimonial de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, y b) de notificarle el acuerdo recaído. Décimo. Admisión de la ampliación de la demanda de amparo. Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintiuno (fojas 199 a 202) se admitió la ampliación de la promoción inicial constitucional y se solicitó informe justificado a la autoridad responsable. Decimoprimero. Audiencia constitucional. Y, previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y el acto se reclama de autoridades con residencia en la ciudad de Oaxaca, y en la que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que de la demanda de amparo, ampliaciones de demanda, y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa y por los que se realizará el análisis relativo, son: 1º La omisión de acordar el escrito de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, por el que el quejoso solicita el pago indemnizatorio por daños a causa de actividad administrativa irregular, presentado en la misma fecha. Reclamada a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca. 2º El acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve dictado en el expediente administrativo número DQDI-A/1008/08/2019, por el que se declara incompetente para conocer de la demanda promovida por la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial, y determina que debe conocer del asunto el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, al que le remitió dicho expediente. 3º La omisión de remitir al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, el expediente administrativo originado con la demanda de responsabilidad patrimonial que promovió el quejoso, por considerar que esa autoridad era competente para conocer del asunto. 4º La omisión de dar cumplimiento a la determinación de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo DQDI-A/1008/08/2019 y solicitar al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, se pronunciara respecto de la competencia declinada. Atribuidos a las autoridades responsables: a) Director de Quejas, Denuncias e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. b) Jefa del Departamento de Quejas y Denuncias adscrita a la Dirección de Quejas y Denuncias adscrita la Dirección de Quejas, Denuncia e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 5º La omisión de acordar el escrito de demanda de responsabilidad patrimonial de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, y de notificarle el acuerdo recaído. Reclamada a la jefa del Departamento de Inconformidades de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. I. La autoridad responsable, Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, a través del director jurídico, residente en Tlalixtac de Cabrera, al rendir su informe justificado (fojas 18 y 19), negó la existencia del acto que se le atribuye, pues señaló que el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, ya había acordado el escrito que le presentó el quejoso el nueve de agosto de ese año. Así, se determina que, en el caso, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento del juicio prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia del acto reclamado. En efecto, los preceptos 1°, fracción I, 63, fracción IV, 75 y 77 de la ley invocada, en lo conducente, disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. . "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. . "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. . Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. .". El trascrito artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo procede por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos, refiriéndose a los actos autoritarios concretos, existentes a la fecha en que se presente la demanda de amparo; disposición que es congruente con lo establecido por el diverso 75 de la referida ley, al señalar que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Esta conclusión igualmente se justifica, dado que con la demanda de amparo la parte quejosa pretende la protección de la Justicia Federal a efecto de que, en su caso, se le restituya en el goce del derecho fundamental violado en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, pero no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio, salvo los casos de excepción previstos en la ley; sostener lo contrario, generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no contra actos concretos. En concordancia con lo anterior, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé el sobreseimiento del juicio cuando se demuestre no existe el acto reclamado, o cuando no se acredite su existencia en la audiencia constitucional. En el caso, de las constancias que remitió esa autoridad responsable como justificación a su informe, con pleno valor probatorio, en términos de los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2°, se advierte que: 1° El nueve de agosto de dos mil diecinueve fue recibido el escrito del quejoso por la Oficialía de Partes de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (foja 8). 2º. Dicho escrito fue remitido el doce de agosto siguiente a la Dirección de Quejas e Investigación, dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (foja 21). 3° El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve esa Dirección de denucias e Investigación responsable ordenó formar el expediente DQD1-A/1008/08/2019, y se pronunció sobre la demanda de nueve de agosto de dos mil diecinueve, presentada en la misma fecha, por la que el quejoso reclamó de la Secretaría de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca el pago indemnizatorio por daños causados por actividad administrativa irregular y, al respecto, declaró que no era competente para conocer del asunto, por lo que declinó competencia al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca (fojas 24 a 27). 4° Determinación que hizo del conocimiento del quejoso, a través del oficio SCTG/SRAA/DQDI/IQD-A/3196/2019, firmado por el director de Quejas, Denuncias e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (fojas 31 a 34). Ahora, mediante acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte (fojas 90 y 91) se previno al quejoso para que manifestara si señalaba como acto reclamado la notificación realizada el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, que había efectuado el director de Quejas, Denuncias e Investigación de referencia (foja 91); sin que el quejoso realizara manifestación al respecto. Por tanto, prevalece esa notificación realizada en el domicilio señalado para tal efecto, a las once horas con quince minutos del dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve (foja 31), por lo que desde ese momento la parte quejosa tenía conocimiento de que ya existía pronunciamiento respecto de la demanda que en la vía de procedimiento administrativo interpuso. Entonces, al presentar la promoción inicial constitucional, ese mismo día, a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, ya no existía la omisión reclamada. Por lo anterior, queda corroborada la negativa que sobre la existencia del acto reclamado realizó la responsable. II. Las diversas autoridades: a) Director de Quejas, Denuncias e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (fojas 158 a 162) y b) Jefa de Departamento de Investigación, Quejas y Denuncias A de dicha Secretaría (fojas 163 a 167). Al rendir su informe justificado, a través del director jurídico, negaron la existencia de los actos consistentes en: 1º La omisión de remitir al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, el expediente administrativo originado con la demanda de responsabilidad patrimonial que promovió el quejoso, al considerar que era autoridad competente para conocer del asunto (fojas 160 reverso y 165 reverso). 2º La omisión de dar cumplimiento a la determinación de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo DQDI-A/1008/08/2019 y solicitar al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, se pronunciara respecto de la competencia declinada (fojas 160 reverso y 165 reverso). Esa negativa se corrobora con la copia certificada del oficio número SCTG/SRAA/DQDI/IQD-A/3197/2019, de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, por el que remitió el expediente administrativo de que se trata, al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, por haber declinado competencia a su favor para conocer de la demanda de responsabilidad patrimonial que promovió el quejoso mediante escrito de nueve de agosto del referido año, oficio en el que aparece el sello de haber sido recibido el expediente (foja 41 del tomo anexo). Así también, mediante oficio número SLC/CIM/037/2019 (foja 57 del tomo anexo), el contralor interno municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, comunicó a esa autoridad responsable que el diez de octubre de dos mil diecinueve emitió acuerdo de no admisión del expediente de presunta responsabilidad administrativa identificado con el número DQDI-A/1008/08/2019, iniciado por la Dirección de Quejas y Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, derivado del reclamo del pago indemnizatorio por la vía del procedimiento patrimonial por parte de Mauricio Alejandro Vásquez Torres y ordenó su devolución a esta última autoridad (fojas 58 a 67 del tomo anexo). Oficio que fue recibido por dicha responsable, junto con el expediente, el quince de octubre de dos mil diecinueve (foja 57 del tomo anexo). En esas condiciones, a la fecha en que fue presentada la ampliación de la demanda de amparo, respecto de esos actos y autoridades responsables, ocho de diciembre de dos mil veinte (fojas 107 a 110), no existía 1º la omisión de remitir al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, el expediente administrativo formado con la demanda de responsabilidad patrimonial que interpuso el quejoso, como autoridad que estimó competente para conocer del asunto; ni la omisión de dar cumplimiento a la determinación de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo DQDI-A/1008/08/2019 y solicitar al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, se pronunciara respecto de la competencia declinada. Así, ante la inexistencia de las abstenciones reclamadas, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. El director jurídico de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca (fojas 155 y 156), remitió los informes justificados de las responsables: 1º Director de Quejas, Denuncias e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (fojas 158 a 162); y, 2º Jefa del Departamento de Quejas y Denuncias adscrita a la Dirección de Quejas y Denuncias adscrita la Dirección de Quejas, Denuncia e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. En los que negaron el acto relativo a la emisión del acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente administrativo número DQDI-A/1008/08/2019, por el que se declara incompetente para conocer de la demanda promovida por la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial (foja 158 y 163). Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, ya que manifestaron que ese proveído fue pronunciado de manera legal, conforme a los preceptos y motivos que menciona; de ahí que se tiene por cierto dicho acto, pues si se ajustó o no a las normas legales relativas, como lo alegan, sería motivo de estudio, en su caso, pero no respecto de la existencia del acto que se le atribuye. Sin embargo, ello se basó en que, a su vez, dichas responsables le enviaron los oficios por los cuales rendían el informe justificado respectivo. Y como justificación de su informe se tiene la copia certificada de diversas constancias con las que se ordenó formar los tomos anexos relativos. III. La jefa del Departamento de Inconformidades de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado a través del director jurídico de dicha Secretaría (fojas 208 a 212), convino en la existencia de la omisión de acordar el escrito de demanda de responsabilidad patrimonial de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, y de notificarle el acuerdo recaído. Quinto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente administrativo número DQDI-A/1008/08/2019, por el que se declara incompetente para conocer de la demanda promovida por la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial (foja 158 y 163). Que se atribuyó a las responsables: 1º Director de Quejas, Denuncias e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (fojas 158 a 162); y, 2º Jefa del Departamento de Quejas y Denuncias adscrita a la Dirección de Quejas y Denuncias adscrita la Dirección de Quejas, Denuncia e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé la fracción XXI del numeral 61 de la ley invocada, mismo que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De las constancias que en copia certificada remitieron dichas autoridades, con pleno valor probatorio en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que: 1° Mediante escrito recibido el nueve de agosto de dos mil diecinueve por la Oficialía de Partes de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (fojas 8 a 10), Mauricio Alejandro Vásquez Torres demandó, en la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial, a la Secretaría de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, el pago indemnizatorio por daños causados por la actividad administrativa irregular en que incurrieron, con motivo de los hechos acontecidos el diez de agosto de dos mil dieciocho. 2º. Dicho escrito fue remitido el doce de agosto siguiente a la Dirección de Quejas e Investigación, dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (foja 21). 3° El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve el director de Quejas, Denuncias e Investigacion responsable, ordenó formar el expediente DQD1-A/1008/08/2019, y se pronunció sobre la demanda de nueve de agosto de ese mismo año, por la que el quejoso reclamó del ente público Secretaría de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, el pago indemnizatorio por daños causados por actividad administrativa irregular; y, consideró, que no era competente para conocer del asunto, por lo que declinó competencia al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y ordenó enviar el expediente administrativo relativo, para que determinara lo procedente (fojas 24 a 27). 4º En resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve el contralor interno Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, estableció que era la Dirección de Quejas y Denuncias e Investigación, dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, la competente para conocer, investigar, sustanciar y resolver sobre ese asunto, por lo que tuvo por no admitido ese asunto y ordenó devolver el expediente administrativo (fojas 58 a 67 del tomo anexo). 5º Por acuerdo de siete de febrero de dos mil veintiuno el director de Quejas e Investigación de dicha Secretaría ordenó turnar el expediente a la jefa del Departamento de Inconformidades de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que conociera y resolviera sobre el asunto planteado, para lo cual debía remitirse el expediente original (foja 72 del tomo anexo). 6º El veinte de mayo de dos mil veintiuno se tuvo por recibido en el Departamento de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de dicha Secretaría, el expediente DQDI-A/1008/08/2019, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Mauricio Alejandro Vásquez Torres, de nueve de agosto de dos mil diecinueve, por lo cual se: a) Ordenó formar el expediente administrativo de indemnización de responsabilidad patrimonial con ese ocurso; b) Registró su ingreso con el número DQDI-IPC-RP/03/02/2021; c) Determinó que era competente para conocer del asunto, d) Tuvo al promovente reclamando en la vía del procedimietno de responsabilidad patrimonial al ente público relativo. e) Correr traslado con el escrito presentado, a la Secretaría de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, por el término de nueve días hábiles, para que contestara lo que correspondiera y ofreciera las pruebas respectivas. f) Tuvo al promovente ofreciendo las probanzas a que se refirió el escrito relativo. Así, han cesado los efectos de ese acto reclamado, toda vez que el acuerdo reclamado de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por la Dirección de Quejas e Investigación, dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, en el que se declaró la incompetencia para conocer del asunto planteado por el quejoso, quedó insubsistente mediante proveídos de a) diez de octubre de dos mil diecinueve, por el que el contralor interno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, declaró no admitir esa competencia planteada y por b) el diverso de veinte de mayo de dos mil veintiuno, en el que el Departamento de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de esa Secretaría, ordenó admitir la demanda planteada en la vía de indemnización de responsabilidad administrativa. Por lo que aquélla fue sustituida por esta última determinación, que es la que rige ahora en el procedimiento administrativo relativo. Apoya lo anterior, por tratar sobre el tema, la jurisprudencia siguiente: "Novena Época. Registro: 176051 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: III.2o.C. J/22. Página: 1579 ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO". Por lo que, al haber cesado los efectos del acto reclamado, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Causa de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo que su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, por cuanto al acto consistente en la omisión de acordar el escrito de demanda de responsabilidad patrimonial de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, y de notificarle el acuerdo recaído, reclamado a la jefa del Departamento de Inconformidades de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos de los actos reclamados. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .." De la interpretación del citado precepto, se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Por lo que al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, registro 212413, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente". De las constancias remitidas en copia certificada por las autoridades responsables, a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos, se advierte que: 1° Mediante escrito recibido el nueve de agosto de dos mil diecinueve por la Oficialía de Partes de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (fojas 8 a 10), Mauricio Alejandro Vásquez Torres, demandó en la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial, a la Secretaría de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, el pago indemnizatorio por daños causados por la actividad administrativa irregular en que incurrieron, con motivo de los hechos acontecidos el diez de agosto de dos mil dieciocho. 2º. Dicho escrito fue remitido el doce de agosto siguiente a la Dirección de Quejas e Investigación, dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (foja 21). 3° El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve el director de Quejas, Denuncias e Investigacion responsable, ordenó formar el expediente DQD1-A/1008/08/2019, y se pronunció sobre la demanda de nueve de agosto de ese mismo año, por la que el quejoso reclamó del ente público Secretaría de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, el pago indemnizatorio por daños causados por actividad administrativa irregular; y, consideró, que no era competente para conocer del asunto, por lo que declinó competencia al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y ordenó enviar el expediente administrativo relativo, para que determinara lo procedente (fojas 24 a 27). 4º En resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve el contralor interno Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, estableció que era la Dirección de Quejas y Denuncias e Investigación, dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, la competente para conocer, investigar, sustanciar y resolver sobre ese asunto, por lo que tuvo por no admitido ese asunto y ordenó devolver el expediente administrativo (fojas 58 a 67 del tomo anexo). 5º Por acuerdo de siete de febrero de dos mil veintiuno el director de Quejas e Investigación de dicha Secretaría ordenó turnar el expediente a la jefa del Departamento de Inconformidades de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que conociera y resolviera sobre el asunto planteado, para lo cual debía remitirse el expediente original (foja 72 del tomo anexo). 6º El veinte de mayo de dos mil veintiuno se tuvo por recibido en el Departamento de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de dicha Secretaría, el expediente DQDI-A/1008/08/2019, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Mauricio Alejandro Vásquez Torres, de nueve de agosto de dos mil diecinueve, por lo cual se: a) Ordenó formar el expediente administrativo de indemnización de responsabilidad patrimonial con ese ocurso; b) Registró su ingreso con el número DQDI-IPC-RP/03/02/2021; c) Determinó que era competente para conocer del asunto, d) Tuvo al promovente reclamando en la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial al ente público relativo. e) Correr traslado con el escrito presentado, a la Secretaría de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, por el término de nueve días hábiles, para que contestara lo que correspondiera y ofreciera las pruebas respectivas. f) Tuvo al promovente ofreciendo las probanzas a que se refirió el escrito relativo. 7º Lo que fue notificado al quejoso en el domicilio señalado para tal efecto (foja 215). Como se ve, se estima que cesaron los efectos de los actos reclamados, pues se extinguió la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido con la abstención atribuida y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración, ya que la responsable admitió el escrito de nueve de agosto de dos mil diecinueve, y ordenó formar el expediente administrativo de indemnización de responsabilidad patrimonial con el número DQDI-IPC-RP/03/02/2021, determinando que era competente para conocer del asunto, y tuvo al promovente reclamando en la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial al ente público relativo. En consecuencia, conforme con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. Se invoca en apoyo la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE". Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley". El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Octavo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mauricio Alejandro Vásquez Torres, contra: 1º La omisión de acordar el escrito de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, por el que el quejoso solicita el pago indemnizatorio por daños a causa de actividad administrativa irregular, presentado en la misma fecha. Reclamada a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca. 2º El acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve dictado en el expediente administrativo número DQDI-A/1008/08/2019, por el que se declara incompetente para conocer de la demanda promovida por la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial, y determina que debe conocer del asunto el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, al que le remitió dicho expediente. 3º La omisión de remitir al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, el expediente administrativo originado con la demanda de responsabilidad patrimonial que promovió el quejoso, por considerar que esa autoridad era competente para conocer del asunto. 4º La omisión de dar cumplimiento a la determinación de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo DQDI-A/1008/08/2019 y solicitar al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, se pronunciara respecto de la competencia declinada. Atribuidos a las autoridades responsables: a) Director de Quejas, Denuncias e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. b) Jefa del Departamento de Quejas y Denuncias adscrita a la Dirección de Quejas y Denuncias adscrita la Dirección de Quejas, Denuncia e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 5º La omisión de acordar el escrito de demanda de responsabilidad patrimonial de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, y de notificarle el acuerdo recaído. Reclamada a la jefa del Departamento de Inconformidades de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. En términos de los considerandos tercero, quinto y sexto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta de junio de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado lo permitieron. Conste.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. - PRAL.818/2019.MESA-1 a resolver el juicio de amparo número 818/2019; y, R e s u l t a n d o: Primero. Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 5 a 7) en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio y remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Mauricio Alejandro Vásquez Torres, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión de acordar el escrito de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, por el que solicita el pago indemnizatorio por daños a causa de actividad administrativa irregular, presentado en la misma fecha ante la responsable, Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca. Narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 5 a 7). Segundo. Registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno y admisión. Por auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 11 a 13) se ordenó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 818/2019, se admitió la misma, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; y se citó a las partes para la audiencia constitucional. Tercero. El diecisiete de octubre de dos mil diecinueve se dictó sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo (fojas 39 a 43). Cuarto. En acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecinueve se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra esa sentencia de amparo (foja 55). Quinto. En proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte (fojas 90 y 91) se tuvo por recibido el oficio 3551/2021, del secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito (foja 66), por el que remitió a) el juicio de amparo 818/2019, promovido por Mauricio Alejandro Vásquez Torres y b) testimonio de la ejecutoria dictada el tres de julio de dos mil veinte, en el amparo en revisión 480/2020 por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, residente en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del oficiante, derivado del expediente auxiliar 355/2020 (fojas 67 a 88), por la que la superioridad revocó la sentencia de amparo y ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que se: Dejara insubsistente la sentencia recurrida. Repusiera el procedimiento en este juicio de amparo a partir del proveído de once de octubre de dos mil diecinueve. Previniera a la parte quejosa para que, si lo deseaba, ampliara su demanda de amparo en los términos ahí precisados. Notificara personalmente el auto que da vista a la parte quejosa por la ampliación de demanda. Se observara el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, una vez que llegara la fecha de la audiencia constitucional; y, Realizado lo anterior, se continuara con la secuela procesal hasta dictar la sentencia que en derecho procediera. Sexto. Primera ampliación de la demanda de amparo. Ante ello, el quejoso Mauricio Alejandro Vásquez Torres amplió la demanda de amparo por cuanto a las autoridades responsables (foja 108): a) Director de Quejas, Denuncias e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. b) Jefa del Departamento de Quejas y Denuncias adscrita a la Dirección de Quejas y Denuncias adscrita la Dirección de Quejas, Denuncia e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Y como actos reclamados (foja 108): I. El acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve dictado en el expediente administrativo número DQDI-A/1008/08/2019, por el que se declara incompetente para conocer de la demanda promovida por la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial. II. La omisión de justificar la remisión del expediente iniciado al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, con motivo de la demanda de responsabilidad patrimonial que interpuso. III. La omisión de dar cumplimiento a la determinación que reclama, por cuanto a la colaboración que solicitó al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, respecto a la determinación que al efecto realizara por cuanto a la declinatoria pronunciada (sic). Séptimo. Admisión de la ampliación de la demanda de amparo. Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte (fojas 113 a 116) se admitió la ampliación de la promoción inicial constitucional y se solicitó informe justificado a las autoridades responsables. Octavo. Se previno para que amplíe demanda de amparo. Mediante auto de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno (fojas 173 y 175) se previno al quejoso para que manifestara si ampliaba la demanda de amparo respecto de la nueva autoridad responsable, jefa del Departamento de Inconformidades de Proveedores y Contratistas, adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a la que se le turnó el expediente administrativo con motivo de la reclamación que realizó, en la vía de procedimiento de responsabilidad administrativa. Noveno. Segunda ampliación de la demanda de amparo. En escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno (fojas 191 a 194) el quejoso Mauricio Alejandro Vásquez Torres amplió la demanda de amparo y señaló como autoridad responsable a la jefa del Departamento de Inconformidades de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a la que reclamó la omisión de a) acordar el escrito de demanda de responsabilidad patrimonial de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, y b) de notificarle el acuerdo recaído. Décimo. Admisión de la ampliación de la demanda de amparo. Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintiuno (fojas 199 a 202) se admitió la ampliación de la promoción inicial constitucional y se solicitó informe justificado a la autoridad responsable. Decimoprimero. Audiencia constitucional. Y, previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y el acto se reclama de autoridades con residencia en la ciudad de Oaxaca, y en la que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que de la demanda de amparo, ampliaciones de demanda, y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa y por los que se realizará el análisis relativo, son: 1º La omisión de acordar el escrito de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, por el que el quejoso solicita el pago indemnizatorio por daños a causa de actividad administrativa irregular, presentado en la misma fecha. Reclamada a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca. 2º El acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve dictado en el expediente administrativo número DQDI-A/1008/08/2019, por el que se declara incompetente para conocer de la demanda promovida por la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial, y determina que debe conocer del asunto el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, al que le remitió dicho expediente. 3º La omisión de remitir al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, el expediente administrativo originado con la demanda de responsabilidad patrimonial que promovió el quejoso, por considerar que esa autoridad era competente para conocer del asunto. 4º La omisión de dar cumplimiento a la determinación de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo DQDI-A/1008/08/2019 y solicitar al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, se pronunciara respecto de la competencia declinada. Atribuidos a las autoridades responsables: a) Director de Quejas, Denuncias e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. b) Jefa del Departamento de Quejas y Denuncias adscrita a la Dirección de Quejas y Denuncias adscrita la Dirección de Quejas, Denuncia e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 5º La omisión de acordar el escrito de demanda de responsabilidad patrimonial de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, y de notificarle el acuerdo recaído. Reclamada a la jefa del Departamento de Inconformidades de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. I. La autoridad responsable, Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, a través del director jurídico, residente en Tlalixtac de Cabrera, al rendir su informe justificado (fojas 18 y 19), negó la existencia del acto que se le atribuye, pues señaló que el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, ya había acordado el escrito que le presentó el quejoso el nueve de agosto de ese año. Así, se determina que, en el caso, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento del juicio prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia del acto reclamado. En efecto, los preceptos 1°, fracción I, 63, fracción IV, 75 y 77 de la ley invocada, en lo conducente, disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. . "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. . "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. . Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. .". El trascrito artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo procede por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos, refiriéndose a los actos autoritarios concretos, existentes a la fecha en que se presente la demanda de amparo; disposición que es congruente con lo establecido por el diverso 75 de la referida ley, al señalar que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Esta conclusión igualmente se justifica, dado que con la demanda de amparo la parte quejosa pretende la protección de la Justicia Federal a efecto de que, en su caso, se le restituya en el goce del derecho fundamental violado en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, pero no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio, salvo los casos de excepción previstos en la ley; sostener lo contrario, generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no contra actos concretos. En concordancia con lo anterior, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé el sobreseimiento del juicio cuando se demuestre no existe el acto reclamado, o cuando no se acredite su existencia en la audiencia constitucional. En el caso, de las constancias que remitió esa autoridad responsable como justificación a su informe, con pleno valor probatorio, en términos de los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2°, se advierte que: 1° El nueve de agosto de dos mil diecinueve fue recibido el escrito del quejoso por la Oficialía de Partes de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (foja 8). 2º. Dicho escrito fue remitido el doce de agosto siguiente a la Dirección de Quejas e Investigación, dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (foja 21). 3° El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve esa Dirección de denucias e Investigación responsable ordenó formar el expediente DQD1-A/1008/08/2019, y se pronunció sobre la demanda de nueve de agosto de dos mil diecinueve, presentada en la misma fecha, por la que el quejoso reclamó de la Secretaría de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca el pago indemnizatorio por daños causados por actividad administrativa irregular y, al respecto, declaró que no era competente para conocer del asunto, por lo que declinó competencia al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca (fojas 24 a 27). 4° Determinación que hizo del conocimiento del quejoso, a través del oficio SCTG/SRAA/DQDI/IQD-A/3196/2019, firmado por el director de Quejas, Denuncias e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (fojas 31 a 34). Ahora, mediante acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte (fojas 90 y 91) se previno al quejoso para que manifestara si señalaba como acto reclamado la notificación realizada el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, que había efectuado el director de Quejas, Denuncias e Investigación de referencia (foja 91); sin que el quejoso realizara manifestación al respecto. Por tanto, prevalece esa notificación realizada en el domicilio señalado para tal efecto, a las once horas con quince minutos del dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve (foja 31), por lo que desde ese momento la parte quejosa tenía conocimiento de que ya existía pronunciamiento respecto de la demanda que en la vía de procedimiento administrativo interpuso. Entonces, al presentar la promoción inicial constitucional, ese mismo día, a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, ya no existía la omisión reclamada. Por lo anterior, queda corroborada la negativa que sobre la existencia del acto reclamado realizó la responsable. II. Las diversas autoridades: a) Director de Quejas, Denuncias e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (fojas 158 a 162) y b) Jefa de Departamento de Investigación, Quejas y Denuncias A de dicha Secretaría (fojas 163 a 167). Al rendir su informe justificado, a través del director jurídico, negaron la existencia de los actos consistentes en: 1º La omisión de remitir al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, el expediente administrativo originado con la demanda de responsabilidad patrimonial que promovió el quejoso, al considerar que era autoridad competente para conocer del asunto (fojas 160 reverso y 165 reverso). 2º La omisión de dar cumplimiento a la determinación de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo DQDI-A/1008/08/2019 y solicitar al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, se pronunciara respecto de la competencia declinada (fojas 160 reverso y 165 reverso). Esa negativa se corrobora con la copia certificada del oficio número SCTG/SRAA/DQDI/IQD-A/3197/2019, de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, por el que remitió el expediente administrativo de que se trata, al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, por haber declinado competencia a su favor para conocer de la demanda de responsabilidad patrimonial que promovió el quejoso mediante escrito de nueve de agosto del referido año, oficio en el que aparece el sello de haber sido recibido el expediente (foja 41 del tomo anexo). Así también, mediante oficio número SLC/CIM/037/2019 (foja 57 del tomo anexo), el contralor interno municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, comunicó a esa autoridad responsable que el diez de octubre de dos mil diecinueve emitió acuerdo de no admisión del expediente de presunta responsabilidad administrativa identificado con el número DQDI-A/1008/08/2019, iniciado por la Dirección de Quejas y Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, derivado del reclamo del pago indemnizatorio por la vía del procedimiento patrimonial por parte de Mauricio Alejandro Vásquez Torres y ordenó su devolución a esta última autoridad (fojas 58 a 67 del tomo anexo). Oficio que fue recibido por dicha responsable, junto con el expediente, el quince de octubre de dos mil diecinueve (foja 57 del tomo anexo). En esas condiciones, a la fecha en que fue presentada la ampliación de la demanda de amparo, respecto de esos actos y autoridades responsables, ocho de diciembre de dos mil veinte (fojas 107 a 110), no existía 1º la omisión de remitir al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, el expediente administrativo formado con la demanda de responsabilidad patrimonial que interpuso el quejoso, como autoridad que estimó competente para conocer del asunto; ni la omisión de dar cumplimiento a la determinación de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo DQDI-A/1008/08/2019 y solicitar al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, se pronunciara respecto de la competencia declinada. Así, ante la inexistencia de las abstenciones reclamadas, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. El director jurídico de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca (fojas 155 y 156), remitió los informes justificados de las responsables: 1º Director de Quejas, Denuncias e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (fojas 158 a 162); y, 2º Jefa del Departamento de Quejas y Denuncias adscrita a la Dirección de Quejas y Denuncias adscrita la Dirección de Quejas, Denuncia e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. En los que negaron el acto relativo a la emisión del acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente administrativo número DQDI-A/1008/08/2019, por el que se declara incompetente para conocer de la demanda promovida por la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial (foja 158 y 163). Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, ya que manifestaron que ese proveído fue pronunciado de manera legal, conforme a los preceptos y motivos que menciona; de ahí que se tiene por cierto dicho acto, pues si se ajustó o no a las normas legales relativas, como lo alegan, sería motivo de estudio, en su caso, pero no respecto de la existencia del acto que se le atribuye. Sin embargo, ello se basó en que, a su vez, dichas responsables le enviaron los oficios por los cuales rendían el informe justificado respectivo. Y como justificación de su informe se tiene la copia certificada de diversas constancias con las que se ordenó formar los tomos anexos relativos. III. La jefa del Departamento de Inconformidades de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado a través del director jurídico de dicha Secretaría (fojas 208 a 212), convino en la existencia de la omisión de acordar el escrito de demanda de responsabilidad patrimonial de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, y de notificarle el acuerdo recaído. Quinto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente administrativo número DQDI-A/1008/08/2019, por el que se declara incompetente para conocer de la demanda promovida por la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial (foja 158 y 163). Que se atribuyó a las responsables: 1º Director de Quejas, Denuncias e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (fojas 158 a 162); y, 2º Jefa del Departamento de Quejas y Denuncias adscrita a la Dirección de Quejas y Denuncias adscrita la Dirección de Quejas, Denuncia e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé la fracción XXI del numeral 61 de la ley invocada, mismo que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De las constancias que en copia certificada remitieron dichas autoridades, con pleno valor probatorio en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que: 1° Mediante escrito recibido el nueve de agosto de dos mil diecinueve por la Oficialía de Partes de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (fojas 8 a 10), Mauricio Alejandro Vásquez Torres demandó, en la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial, a la Secretaría de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, el pago indemnizatorio por daños causados por la actividad administrativa irregular en que incurrieron, con motivo de los hechos acontecidos el diez de agosto de dos mil dieciocho. 2º. Dicho escrito fue remitido el doce de agosto siguiente a la Dirección de Quejas e Investigación, dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (foja 21). 3° El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve el director de Quejas, Denuncias e Investigacion responsable, ordenó formar el expediente DQD1-A/1008/08/2019, y se pronunció sobre la demanda de nueve de agosto de ese mismo año, por la que el quejoso reclamó del ente público Secretaría de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, el pago indemnizatorio por daños causados por actividad administrativa irregular; y, consideró, que no era competente para conocer del asunto, por lo que declinó competencia al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y ordenó enviar el expediente administrativo relativo, para que determinara lo procedente (fojas 24 a 27). 4º En resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve el contralor interno Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, estableció que era la Dirección de Quejas y Denuncias e Investigación, dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, la competente para conocer, investigar, sustanciar y resolver sobre ese asunto, por lo que tuvo por no admitido ese asunto y ordenó devolver el expediente administrativo (fojas 58 a 67 del tomo anexo). 5º Por acuerdo de siete de febrero de dos mil veintiuno el director de Quejas e Investigación de dicha Secretaría ordenó turnar el expediente a la jefa del Departamento de Inconformidades de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que conociera y resolviera sobre el asunto planteado, para lo cual debía remitirse el expediente original (foja 72 del tomo anexo). 6º El veinte de mayo de dos mil veintiuno se tuvo por recibido en el Departamento de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de dicha Secretaría, el expediente DQDI-A/1008/08/2019, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Mauricio Alejandro Vásquez Torres, de nueve de agosto de dos mil diecinueve, por lo cual se: a) Ordenó formar el expediente administrativo de indemnización de responsabilidad patrimonial con ese ocurso; b) Registró su ingreso con el número DQDI-IPC-RP/03/02/2021; c) Determinó que era competente para conocer del asunto, d) Tuvo al promovente reclamando en la vía del procedimietno de responsabilidad patrimonial al ente público relativo. e) Correr traslado con el escrito presentado, a la Secretaría de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, por el término de nueve días hábiles, para que contestara lo que correspondiera y ofreciera las pruebas respectivas. f) Tuvo al promovente ofreciendo las probanzas a que se refirió el escrito relativo. Así, han cesado los efectos de ese acto reclamado, toda vez que el acuerdo reclamado de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por la Dirección de Quejas e Investigación, dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, en el que se declaró la incompetencia para conocer del asunto planteado por el quejoso, quedó insubsistente mediante proveídos de a) diez de octubre de dos mil diecinueve, por el que el contralor interno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, declaró no admitir esa competencia planteada y por b) el diverso de veinte de mayo de dos mil veintiuno, en el que el Departamento de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de esa Secretaría, ordenó admitir la demanda planteada en la vía de indemnización de responsabilidad administrativa. Por lo que aquélla fue sustituida por esta última determinación, que es la que rige ahora en el procedimiento administrativo relativo. Apoya lo anterior, por tratar sobre el tema, la jurisprudencia siguiente: "Novena Época. Registro: 176051 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: III.2o.C. J/22. Página: 1579 ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO". Por lo que, al haber cesado los efectos del acto reclamado, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Causa de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo que su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, por cuanto al acto consistente en la omisión de acordar el escrito de demanda de responsabilidad patrimonial de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, y de notificarle el acuerdo recaído, reclamado a la jefa del Departamento de Inconformidades de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos de los actos reclamados. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .." De la interpretación del citado precepto, se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Por lo que al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, registro 212413, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente". De las constancias remitidas en copia certificada por las autoridades responsables, a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos, se advierte que: 1° Mediante escrito recibido el nueve de agosto de dos mil diecinueve por la Oficialía de Partes de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (fojas 8 a 10), Mauricio Alejandro Vásquez Torres, demandó en la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial, a la Secretaría de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, el pago indemnizatorio por daños causados por la actividad administrativa irregular en que incurrieron, con motivo de los hechos acontecidos el diez de agosto de dos mil dieciocho. 2º. Dicho escrito fue remitido el doce de agosto siguiente a la Dirección de Quejas e Investigación, dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (foja 21). 3° El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve el director de Quejas, Denuncias e Investigacion responsable, ordenó formar el expediente DQD1-A/1008/08/2019, y se pronunció sobre la demanda de nueve de agosto de ese mismo año, por la que el quejoso reclamó del ente público Secretaría de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, el pago indemnizatorio por daños causados por actividad administrativa irregular; y, consideró, que no era competente para conocer del asunto, por lo que declinó competencia al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y ordenó enviar el expediente administrativo relativo, para que determinara lo procedente (fojas 24 a 27). 4º En resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve el contralor interno Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, estableció que era la Dirección de Quejas y Denuncias e Investigación, dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, la competente para conocer, investigar, sustanciar y resolver sobre ese asunto, por lo que tuvo por no admitido ese asunto y ordenó devolver el expediente administrativo (fojas 58 a 67 del tomo anexo). 5º Por acuerdo de siete de febrero de dos mil veintiuno el director de Quejas e Investigación de dicha Secretaría ordenó turnar el expediente a la jefa del Departamento de Inconformidades de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que conociera y resolviera sobre el asunto planteado, para lo cual debía remitirse el expediente original (foja 72 del tomo anexo). 6º El veinte de mayo de dos mil veintiuno se tuvo por recibido en el Departamento de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de dicha Secretaría, el expediente DQDI-A/1008/08/2019, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Mauricio Alejandro Vásquez Torres, de nueve de agosto de dos mil diecinueve, por lo cual se: a) Ordenó formar el expediente administrativo de indemnización de responsabilidad patrimonial con ese ocurso; b) Registró su ingreso con el número DQDI-IPC-RP/03/02/2021; c) Determinó que era competente para conocer del asunto, d) Tuvo al promovente reclamando en la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial al ente público relativo. e) Correr traslado con el escrito presentado, a la Secretaría de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, por el término de nueve días hábiles, para que contestara lo que correspondiera y ofreciera las pruebas respectivas. f) Tuvo al promovente ofreciendo las probanzas a que se refirió el escrito relativo. 7º Lo que fue notificado al quejoso en el domicilio señalado para tal efecto (foja 215). Como se ve, se estima que cesaron los efectos de los actos reclamados, pues se extinguió la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido con la abstención atribuida y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración, ya que la responsable admitió el escrito de nueve de agosto de dos mil diecinueve, y ordenó formar el expediente administrativo de indemnización de responsabilidad patrimonial con el número DQDI-IPC-RP/03/02/2021, determinando que era competente para conocer del asunto, y tuvo al promovente reclamando en la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial al ente público relativo. En consecuencia, conforme con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. Se invoca en apoyo la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE". Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley". El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Octavo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mauricio Alejandro Vásquez Torres, contra: 1º La omisión de acordar el escrito de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, por el que el quejoso solicita el pago indemnizatorio por daños a causa de actividad administrativa irregular, presentado en la misma fecha. Reclamada a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca. 2º El acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve dictado en el expediente administrativo número DQDI-A/1008/08/2019, por el que se declara incompetente para conocer de la demanda promovida por la vía del procedimiento de responsabilidad patrimonial, y determina que debe conocer del asunto el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, al que le remitió dicho expediente. 3º La omisión de remitir al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, el expediente administrativo originado con la demanda de responsabilidad patrimonial que promovió el quejoso, por considerar que esa autoridad era competente para conocer del asunto. 4º La omisión de dar cumplimiento a la determinación de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo DQDI-A/1008/08/2019 y solicitar al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, se pronunciara respecto de la competencia declinada. Atribuidos a las autoridades responsables: a) Director de Quejas, Denuncias e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. b) Jefa del Departamento de Quejas y Denuncias adscrita a la Dirección de Quejas y Denuncias adscrita la Dirección de Quejas, Denuncia e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción perteneciente a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 5º La omisión de acordar el escrito de demanda de responsabilidad patrimonial de fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, y de notificarle el acuerdo recaído. Reclamada a la jefa del Departamento de Inconformidades de Proveedores y Contratistas adscrita a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. En términos de los considerandos tercero, quinto y sexto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta de junio de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado lo permitieron. Conste.

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