Mauricio Castillo Gonzalez
Expediente 1013/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Mauricio Castillo Gonzalez
- Juez Quinto del Ramo Familiar En el Estado de San Luis Potosi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, particularmente la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución de treinta de septiembre del año en curso, en la que se sobreseyó en este juicio, fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el veintitrés de agosto de la presente anualidad, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, toda vez que en este asunto se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó la medida cautelar solicitada, respecto de todos los actos reclamados, por tanto, el cuaderno original de dicho incidente también es susceptible de destrucción, por lo que deberá glosarse al cuaderno principal. Sin que en el caso obre en los referidos expedientes algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años y cumplido aquél, deberá destruirse dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, archívese por separado el duplicado del incidente, con la indicación de que al contar con su original, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; sin que existan en dicho cuaderno documentos originales. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse al Juez Quinto de lo Familiar de esta ciudad, las constancias que exhibió en este asunto. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se le informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte tercero interesada Sonia Isela Yáñez Rubino, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha realizara manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en autos y con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Por otra parte, vista la comparecencia de cuenta, se advierte que el veintiocho de los presentes mes y año, el quejoso Mauricio Castillo González, ratificó el contenido del escrito recibido ante este Juzgado de Distrito el diecinueve de los referidos mes y año; y, en ese sentido, se acuerda lo siguiente: Téngase a la parte promovente ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del ocurso de referencia, por virtud del cual se desiste de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, téngase por desistido del presente juicio de amparo y, por tanto, con apoyo en la propia disposición legal, se sobresee en el mismo. Ahora bien, es menester precisar que con lo determinado en líneas que preceden, no se causa perjuicio al interés superior de los niños con iniciales M.C.Y., A.C.Y. y A.C.Y., mismos que se encuentran involucrados en el presente asunto. Ello, toda vez que de un análisis del escrito inicial de demanda, así como de las constancias remitidas por el Juez Quinto Familiar de esta ciudad, como apoyo de su informe justificado; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, al tratarse de actuaciones judiciales certificadas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; se tiene que el acto reclamado se hace consistir en el auto de radicación, la orden de emplazamiento y embargo de bienes para garantizar los alimentos de los niños de referencia, dictada en el expediente 631/2022 de la estadística de las responsables, relativo a la vía de tramitación especial de divorcio incausado promovido por Sonia Isela Yáñez Rubino, en contra del aquí quejoso Mauricio Castillo González. Asimismo, de las constancias de que se habla, se desprende que en dicho auto se decretó por concepto de pensión alimenticia provisional en favor de los menores de edad M.C.Y., A.C.Y. y A.C.Y, respectivamente, el cuarenta y cinco por ciento mensual de los ingresos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el entonces demandado y aquí quejoso, en la actividad que desempeña. Por otro lado, se ordenó la desocupación de Mauricio Castillo González del domicilio ubicado en calle Cronos número 435, Fraccionamiento Villa Magna, en esta ciudad, decretando la posesión exclusiva del mismo a favor de los menores y su progenitora, por el tiempo que dure el juicio. De igual modo, se ordenó girar oficio al Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, solicitando hacer la anotación preventiva, respecto a que los inmuebles correspondientes a los folios 18843, 124093, 437526, 437527, 437528 y 215692, se encuentran en litigio. Al igual que al Director del Registro Público de Santa María del Río, San Luis Potosí, solicitando hacer esa anotación preventiva en ese sentido, en los inmuebles correspondientes a los folios R13-050559; R13-050560 y R13-048853. Así, de las consideraciones anteriores se tiene que dichas medidas provisionales y de protección fueron emitidas en uso de sus facultades como Juez Familiar, tratándose de menores de edad, alimentos y cuestiones relacionadas con violencia familiar, con el fin de preservar a la familia y proteger a sus miembros, así como velar por el interés superior de los niños con iniciales M.C.Y., A.C.Y. y A.C.Y.; pues, con ellas, se presume, se pretenden garantizan las pensiones provisionales alimenticias decretadas a favor de los referidos niños, por lo que con el sobreseimiento decretado no se causa perjuicio a los mismos. Ello, sin que se exteriorice pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dichas determinaciones. Al caso se cita, como criterio orientador, la jurisprudencia 2a./J. 82/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece en la página 462 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 32, tomo I, de julio de 2016, Décima Época, con registro digital 2012059, que dispone lo siguiente: DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios. Así como la diversa tesis VII.1o.A.21 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1595, Tomo XXXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de junio de 2011, Décima Época, con registro digital 161742, que dispone lo siguiente: SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 95, FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA LEY, RESPECTIVAMENTE, SI DE AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA CUALQUIERA DE AQUÉLLAS. El artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, al disponer que las causales de improcedencia en el juicio de amparo deberán ser examinadas de oficio, alude a una causal de sobreseimiento de las previstas en el precepto 74 del propio ordenamiento, el cual estatuye, en sus diferentes fracciones, que procede el sobreseimiento: "I. Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda; II. Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona; III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior; IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley ... V. ... En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado -trescientos días-, producirá la caducidad de la instancia. ...". En estas condiciones, el estudio de las hipótesis de sobreseimiento referidas, aunque no se señale expresamente, es de orden público, preferente y de oficio, en cualquier momento, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito debe realizarlo al resolver los recursos de queja o de revisión, previstos por los artículos 95, fracción I y 83, fracción IV, de la mencionada ley, respectivamente, si de autos aparece plenamente demostrada cualquiera de ellas, en el entendido de que el de las previstas en las fracciones I, II, IV y V, es previo al de la III, que alude a las de improcedencia, que se producen, partiendo del supuesto que no se da alguna de las anteriores. Asimismo es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Consecuentemente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada. Por otra parte, glósese a los autos el ocurso remitido vía electrónica Ana Karina Reyna Rodríguez, representante especial de los menores de los niños de iniciales M.C.Y., A.C.Y. y A.C.Y.; y, en atención a su contenido, como lo solicita, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley en cita, a las personas que refiere, quienes tienen registrada su respectiva cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como en términos restringidos a las diversas personas que mención, por así haberlo solicitado. De la misma manera, con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I); se autoriza a la representante especial, la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio, así como las notificaciones respectivas por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, con los usuarios que proporciona. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA SONIA ISELA YÁÑEZ RUBINO, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte tercero interesada Sonia Isela Yáñez Rubino, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha realizara manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en autos y con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Por otra parte, vista la comparecencia de cuenta, se advierte que el veintiocho de los presentes mes y año, el quejoso Mauricio Castillo González, ratificó el contenido del escrito recibido ante este Juzgado de Distrito el diecinueve de los referidos mes y año; y, en ese sentido, se acuerda lo siguiente: Téngase a la parte promovente ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del ocurso de referencia, por virtud del cual se desiste de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, téngase por desistido del presente juicio de amparo y, por tanto, con apoyo en la propia disposición legal, se sobresee en el mismo. Ahora bien, es menester precisar que con lo determinado en líneas que preceden, no se causa perjuicio al interés superior de los niños con iniciales M.C.Y., A.C.Y. y A.C.Y., mismos que se encuentran involucrados en el presente asunto. Ello, toda vez que de un análisis del escrito inicial de demanda, así como de las constancias remitidas por el Juez Quinto Familiar de esta ciudad, como apoyo de su informe justificado; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, al tratarse de actuaciones judiciales certificadas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; se tiene que el acto reclamado se hace consistir en el auto de radicación, la orden de emplazamiento y embargo de bienes para garantizar los alimentos de los niños de referencia, dictada en el expediente 631/2022 de la estadística de las responsables, relativo a la vía de tramitación especial de divorcio incausado promovido por Sonia Isela Yáñez Rubino, en contra del aquí quejoso Mauricio Castillo González. Asimismo, de las constancias de que se habla, se desprende que en dicho auto se decretó por concepto de pensión alimenticia provisional en favor de los menores de edad M.C.Y., A.C.Y. y A.C.Y, respectivamente, el cuarenta y cinco por ciento mensual de los ingresos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el entonces demandado y aquí quejoso, en la actividad que desempeña. Por otro lado, se ordenó la desocupación de Mauricio Castillo González del domicilio ubicado en calle Cronos número 435, Fraccionamiento Villa Magna, en esta ciudad, decretando la posesión exclusiva del mismo a favor de los menores y su progenitora, por el tiempo que dure el juicio. De igual modo, se ordenó girar oficio al Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, solicitando hacer la anotación preventiva, respecto a que los inmuebles correspondientes a los folios 18843, 124093, 437526, 437527, 437528 y 215692, se encuentran en litigio. Al igual que al Director del Registro Público de Santa María del Río, San Luis Potosí, solicitando hacer esa anotación preventiva en ese sentido, en los inmuebles correspondientes a los folios R13-050559; R13-050560 y R13-048853. Así, de las consideraciones anteriores se tiene que dichas medidas provisionales y de protección fueron emitidas en uso de sus facultades como Juez Familiar, tratándose de menores de edad, alimentos y cuestiones relacionadas con violencia familiar, con el fin de preservar a la familia y proteger a sus miembros, así como velar por el interés superior de los niños con iniciales M.C.Y., A.C.Y. y A.C.Y.; pues, con ellas, se presume, se pretenden garantizan las pensiones provisionales alimenticias decretadas a favor de los referidos niños, por lo que con el sobreseimiento decretado no se causa perjuicio a los mismos. Ello, sin que se exteriorice pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dichas determinaciones. Al caso se cita, como criterio orientador, la jurisprudencia 2a./J. 82/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece en la página 462 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 32, tomo I, de julio de 2016, Décima Época, con registro digital 2012059, que dispone lo siguiente: DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios. Así como la diversa tesis VII.1o.A.21 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1595, Tomo XXXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de junio de 2011, Décima Época, con registro digital 161742, que dispone lo siguiente: SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 95, FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA LEY, RESPECTIVAMENTE, SI DE AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA CUALQUIERA DE AQUÉLLAS. El artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, al disponer que las causales de improcedencia en el juicio de amparo deberán ser examinadas de oficio, alude a una causal de sobreseimiento de las previstas en el precepto 74 del propio ordenamiento, el cual estatuye, en sus diferentes fracciones, que procede el sobreseimiento: "I. Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda; II. Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona; III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior; IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley ... V. ... En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado -trescientos días-, producirá la caducidad de la instancia. ...". En estas condiciones, el estudio de las hipótesis de sobreseimiento referidas, aunque no se señale expresamente, es de orden público, preferente y de oficio, en cualquier momento, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito debe realizarlo al resolver los recursos de queja o de revisión, previstos por los artículos 95, fracción I y 83, fracción IV, de la mencionada ley, respectivamente, si de autos aparece plenamente demostrada cualquiera de ellas, en el entendido de que el de las previstas en las fracciones I, II, IV y V, es previo al de la III, que alude a las de improcedencia, que se producen, partiendo del supuesto que no se da alguna de las anteriores. Asimismo es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Consecuentemente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada. Por otra parte, glósese a los autos el ocurso remitido vía electrónica Ana Karina Reyna Rodríguez, representante especial de los menores de los niños de iniciales M.C.Y., A.C.Y. y A.C.Y.; y, en atención a su contenido, como lo solicita, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley en cita, a las personas que refiere, quienes tienen registrada su respectiva cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como en términos restringidos a las diversas personas que mención, por así haberlo solicitado. De la misma manera, con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I); se autoriza a la representante especial, la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio, así como las notificaciones respectivas por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, con los usuarios que proporciona.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y A LA LIC. AURORA LEYVA GUZMÁN (TUTORA INTERINA DE LOS MENORES DE IDENTIDAD RESERVADA CON INICIALES M.C.Y., A.C.Y. Y A.C.Y., LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte tercero interesada Sonia Isela Yáñez Rubino, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha realizara manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en autos y con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Por otra parte, vista la comparecencia de cuenta, se advierte que el veintiocho de los presentes mes y año, el quejoso Mauricio Castillo González, ratificó el contenido del escrito recibido ante este Juzgado de Distrito el diecinueve de los referidos mes y año; y, en ese sentido, se acuerda lo siguiente: Téngase a la parte promovente ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del ocurso de referencia, por virtud del cual se desiste de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, téngase por desistido del presente juicio de amparo y, por tanto, con apoyo en la propia disposición legal, se sobresee en el mismo. Ahora bien, es menester precisar que con lo determinado en líneas que preceden, no se causa perjuicio al interés superior de los niños con iniciales M.C.Y., A.C.Y. y A.C.Y., mismos que se encuentran involucrados en el presente asunto. Ello, toda vez que de un análisis del escrito inicial de demanda, así como de las constancias remitidas por el Juez Quinto Familiar de esta ciudad, como apoyo de su informe justificado; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, al tratarse de actuaciones judiciales certificadas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; se tiene que el acto reclamado se hace consistir en el auto de radicación, la orden de emplazamiento y embargo de bienes para garantizar los alimentos de los niños de referencia, dictada en el expediente 631/2022 de la estadística de las responsables, relativo a la vía de tramitación especial de divorcio incausado promovido por Sonia Isela Yáñez Rubino, en contra del aquí quejoso Mauricio Castillo González. Asimismo, de las constancias de que se habla, se desprende que en dicho auto se decretó por concepto de pensión alimenticia provisional en favor de los menores de edad M.C.Y., A.C.Y. y A.C.Y, respectivamente, el cuarenta y cinco por ciento mensual de los ingresos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el entonces demandado y aquí quejoso, en la actividad que desempeña. Por otro lado, se ordenó la desocupación de Mauricio Castillo González del domicilio ubicado en calle Cronos número 435, Fraccionamiento Villa Magna, en esta ciudad, decretando la posesión exclusiva del mismo a favor de los menores y su progenitora, por el tiempo que dure el juicio. De igual modo, se ordenó girar oficio al Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, solicitando hacer la anotación preventiva, respecto a que los inmuebles correspondientes a los folios 18843, 124093, 437526, 437527, 437528 y 215692, se encuentran en litigio. Al igual que al Director del Registro Público de Santa María del Río, San Luis Potosí, solicitando hacer esa anotación preventiva en ese sentido, en los inmuebles correspondientes a los folios R13-050559; R13-050560 y R13-048853. Así, de las consideraciones anteriores se tiene que dichas medidas provisionales y de protección fueron emitidas en uso de sus facultades como Juez Familiar, tratándose de menores de edad, alimentos y cuestiones relacionadas con violencia familiar, con el fin de preservar a la familia y proteger a sus miembros, así como velar por el interés superior de los niños con iniciales M.C.Y., A.C.Y. y A.C.Y.; pues, con ellas, se presume, se pretenden garantizan las pensiones provisionales alimenticias decretadas a favor de los referidos niños, por lo que con el sobreseimiento decretado no se causa perjuicio a los mismos. Ello, sin que se exteriorice pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dichas determinaciones. Al caso se cita, como criterio orientador, la jurisprudencia 2a./J. 82/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece en la página 462 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 32, tomo I, de julio de 2016, Décima Época, con registro digital 2012059, que dispone lo siguiente: DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios. Así como la diversa tesis VII.1o.A.21 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1595, Tomo XXXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de junio de 2011, Décima Época, con registro digital 161742, que dispone lo siguiente: SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 95, FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA LEY, RESPECTIVAMENTE, SI DE AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA CUALQUIERA DE AQUÉLLAS. El artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, al disponer que las causales de improcedencia en el juicio de amparo deberán ser examinadas de oficio, alude a una causal de sobreseimiento de las previstas en el precepto 74 del propio ordenamiento, el cual estatuye, en sus diferentes fracciones, que procede el sobreseimiento: "I. Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda; II. Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona; III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior; IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley ... V. ... En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado -trescientos días-, producirá la caducidad de la instancia. ...". En estas condiciones, el estudio de las hipótesis de sobreseimiento referidas, aunque no se señale expresamente, es de orden público, preferente y de oficio, en cualquier momento, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito debe realizarlo al resolver los recursos de queja o de revisión, previstos por los artículos 95, fracción I y 83, fracción IV, de la mencionada ley, respectivamente, si de autos aparece plenamente demostrada cualquiera de ellas, en el entendido de que el de las previstas en las fracciones I, II, IV y V, es previo al de la III, que alude a las de improcedencia, que se producen, partiendo del supuesto que no se da alguna de las anteriores. Asimismo es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Consecuentemente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada. Por otra parte, glósese a los autos el ocurso remitido vía electrónica Ana Karina Reyna Rodríguez, representante especial de los menores de los niños de iniciales M.C.Y., A.C.Y. y A.C.Y.; y, en atención a su contenido, como lo solicita, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley en cita, a las personas que refiere, quienes tienen registrada su respectiva cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como en términos restringidos a las diversas personas que mención, por así haberlo solicitado. De la misma manera, con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I); se autoriza a la representante especial, la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio, así como las notificaciones respectivas por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, con los usuarios que proporciona.
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