Mauricio Alberto Parra Bernal
Expediente 44/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Mauricio Alberto Parra Bernal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 56, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos únicamente para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la Directora General de Procedimientos Constitucionales, en suplencia por ausencia de la Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en representación del Presidente de la República; toda vez que mediante proveído de dieciséis de marzo del año en curso, se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe relativo a la suspensión de plano rendido por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en suplencia por ausencia de la Directora General de Procedimientos Constitucionales, con su contenido, de conformidad con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Mauricio Alberto Chacón Parra, en su escrito de demanda señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Del Titular, Subdirector de Control y Verificación Migratoria y Subdirector, todos de la Estación Migratoria de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí: 1. La orden escrita con la que se hubiese determinado su aseguramiento, alojamiento, privación de su libertad o detención dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, por más de treinta y seis horas, derivada de la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. 2. La omisión de emitir la orden de salida de la Estación Migratoria toda vez que transcurrió en exceso el plazo de treinta y seis horas. 3. La deportación o regreso asistido. Todo ello derivado del procedimiento migratorio instaurado en su contra. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Secretario de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Migración, específicamente a su artículo 111. Asimismo, mediante proveído de tres de enero de dos mil veintidós, se decretó de plano la suspensión de los actos reclamados. Así, respecto de los actos reclamados al Titular, Subdirector de Control y Verificación Migratoria, Subdirector, todos de la Estación Migratoria en las Oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, consistentes en los actos de aplicación relativos a la orden y ejecución de la retención prolongada del quejoso en la estación migratoria, así como la omisión de emitir en su favor la orden de salida de la referida estación, derivado del procedimiento migratorio instaurado en su contra, se comulga con las responsables de mérito, en el sentido de considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues está demostrado que en la especie ocurrió un cambio de situación jurídica. En el caso, tales presupuestos se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: a) Los actos reclamados de que se trata derivan de un procedimiento administrativo migratorio instaurado al quejoso. b) Con motivo de la suspensión de plano concedida por este órgano tutelar de derechos fundamentales, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, exhibió copia certificada de la resolución definitiva de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictada en el expediente 7993, de la que se observa que ordenó la salida de la estación migratoria, del aquí quejoso, para la regularización por tener documento vencido o realizar actividades no autorizadas, de conformidad con el numeral 52 de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios. c) Derivado de lo anterior, deviene innegable que este órgano no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la determinación de conclusión del procedimiento administrativo, que es la que actualmente rige el estadío procesal; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. d) El auto de conclusión del procedimiento no guarda vinculación directa con el presente juicio de amparo. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata, quedaron afectados por la resolución de conclusión del procedimiento; de ahí que, en su caso, las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica. Fijada la postura respecto de la procedencia del amparo en contra del acto de aplicación, en relación con el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Migración, específicamente a su artículo 111, esta instancia constitucional estima que resulta improcedente porque cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, la procedencia del juicio de amparo en su contra, se encuentra supeditada a que el acto de aplicación puede ser sujeto de examen constitucional, ya que la estrecha vinculación entre la norma y el acto concreto de su aplicación impide examinar uno prescindiendo del otro. En ese sentido, al ser improcedente el juicio de amparo en contra del acto de aplicación, resulta igualmente improcedente la de dicho precepto legal. En consecuencia, conforme a lo anterior y al haber cambiado la situación jurídica en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia respecto a dichos actos reclamados; dejándose sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, UN AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acuerdo: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe relativo a la suspensión de plano rendido por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en suplencia por ausencia de la Directora General de Procedimientos Constitucionales, con su contenido, de conformidad con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Mauricio Alberto Chacón Parra, en su escrito de demanda señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Del Titular, Subdirector de Control y Verificación Migratoria y Subdirector, todos de la Estación Migratoria de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí: 1. La orden escrita con la que se hubiese determinado su aseguramiento, alojamiento, privación de su libertad o detención dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, por más de treinta y seis horas, derivada de la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. 2. La omisión de emitir la orden de salida de la Estación Migratoria toda vez que transcurrió en exceso el plazo de treinta y seis horas. 3. La deportación o regreso asistido. Todo ello derivado del procedimiento migratorio instaurado en su contra. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Secretario de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Migración, específicamente a su artículo 111. Asimismo, mediante proveído de tres de enero de dos mil veintidós, se decretó de plano la suspensión de los actos reclamados. Así, respecto de los actos reclamados al Titular, Subdirector de Control y Verificación Migratoria, Subdirector, todos de la Estación Migratoria en las Oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, consistentes en los actos de aplicación relativos a la orden y ejecución de la retención prolongada del quejoso en la estación migratoria, así como la omisión de emitir en su favor la orden de salida de la referida estación, derivado del procedimiento migratorio instaurado en su contra, se comulga con las responsables de mérito, en el sentido de considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues está demostrado que en la especie ocurrió un cambio de situación jurídica. En el caso, tales presupuestos se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: a) Los actos reclamados de que se trata derivan de un procedimiento administrativo migratorio instaurado al quejoso. b) Con motivo de la suspensión de plano concedida por este órgano tutelar de derechos fundamentales, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, exhibió copia certificada de la resolución definitiva de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictada en el expediente 7993, de la que se observa que ordenó la salida de la estación migratoria, del aquí quejoso, para la regularización por tener documento vencido o realizar actividades no autorizadas, de conformidad con el numeral 52 de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios. c) Derivado de lo anterior, deviene innegable que este órgano no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la determinación de conclusión del procedimiento administrativo, que es la que actualmente rige el estadío procesal; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. d) El auto de conclusión del procedimiento no guarda vinculación directa con el presente juicio de amparo. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata, quedaron afectados por la resolución de conclusión del procedimiento; de ahí que, en su caso, las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica. Fijada la postura respecto de la procedencia del amparo en contra del acto de aplicación, en relación con el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Migración, específicamente a su artículo 111, esta instancia constitucional estima que resulta improcedente porque cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, la procedencia del juicio de amparo en su contra, se encuentra supeditada a que el acto de aplicación puede ser sujeto de examen constitucional, ya que la estrecha vinculación entre la norma y el acto concreto de su aplicación impide examinar uno prescindiendo del otro. En ese sentido, al ser improcedente el juicio de amparo en contra del acto de aplicación, resulta igualmente improcedente la de dicho precepto legal. En consecuencia, conforme a lo anterior y al haber cambiado la situación jurídica en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia respecto a dichos actos reclamados; dejándose sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
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