Mauricio Castillo Cristobal

Expediente 374/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
374/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
12/03/2019

Partes del expediente

  • Mauricio Castillo Cristobal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de marzo de dos mil diecinueve. Autoridad acusa Agréguese, para que obre como corresponda, el oficio del Juez Decimoprimero Especializado en asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual acusa de recibido las copias certificadas del expediente 1795/2011 de su índice, lo anterior para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el secretario Alejandro Sánchez Sánchez, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    ... Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veinte de febrero de dos mil diecinueve por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documento(s). No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubican en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, pues anexó copias simples de diversas constancias. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requiera la devolución de los documentos antes precisados, deberá solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Devolución de constancias. Devuélvase al Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, copia certificada del expediente *** de su índice; que remitió en desahogo a lo ordenado por auto de trece de febrero del año en curso, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Copias. Finalmente, visto el escrito de ***, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita, previa razón que por su entrega se asiente en autos de las personas autorizadas para recibirlas; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificado con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Notifíquese y cúmplase. ...

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 20 DE FEBRERO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): "San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Quejoso desahoga prevención Agréguese, el escrito de ***, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de trece de febrero de dos mil diecinueve, para lo cual señala que no suscribió el convenio otorgado el juicio de origen, así como el monto liquidado. ? Autoridad remite constancias Visto el oficio de cuenta signado por el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual, en desahogo a lo ordenado por auto de trece del mes y año en curso, remite copia certificada del expediente 1795/2011 de su índice; en atención a su contenido, agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda. Formación de anexo. Visto el volumen de las constancias remitidas, se ordena formar el legajo de pruebas I, para que obren por cuerda separada y para su mejor manejo y conservación, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad oficiante. ? Desechamiento de demanda. Ahora, del escrito de demanda se desprende que el solicitante de amparo reclama esencialmente el emplazamiento que le fue practicado en el juicio ordinario mercantil 1795/2011 del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción . Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen . En el caso, del estudio de las constancias que remitió la Juez señalada como responsable, en cumplimiento al requerimiento formulado por auto del trece de febrero cursante, para mejor proveer, se advierte que de manera notoria y manifiesta, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" En relación con la citada causa de improcedencia, puede decirse que, a diferencia de la diversa consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, ésta no requiere de un acto de autoridad que haga cesar los efectos del acto reclamado, sino que puede derivar de que exista un hecho que impida que una potencial concesión del amparo pueda surtir efectos por haber desaparecido el objeto sobre el que recaerían. En efecto, dicha causa de improcedencia parte de la base de que, ante la existencia del acto reclamado, éste no puede materializarse o no se puedan llevar a cabo sus consecuencias jurídicas en la esfera jurídica del particular, por haber sobrevenido un hecho nuevo que motiva que el objeto o materia de ese acto de autoridad haya desaparecido, aunque formalmente subsista; por lo que ya no es posible que lesione o afecte al quejoso; en consecuencia, esa causa de improcedencia del juicio de amparo tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Es decir, que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional, lo que podría ocurrir cuando el acto reclamado no se ha concretado, ni se concretará, por haberse modificado el entorno jurídico en que se emitió, y aunque formalmente existe, no produce ni puede producir efecto alguno sobre la esfera jurídica del quejoso. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En este orden de ideas, la actualización de la referida causa de improcedencia parte de la noción de que la concesión del amparo no podría producir sus efectos en la esfera jurídica del quejoso, al haber desaparecido el objeto o materia sobre la que habría de recaer. Ahora, con el propósito de corroborar la actualización de la causa de improcedencia señalada, conviene precisar los antecedentes destacados que se desprenden del tomo de pruebas formado con las constancias que remitió la Juez señalada como responsable, relativas al juicio ordinario mercantil 1795/2011, y que son los siguientes: a. El veintiséis de octubre de dos mil once, la tercera interesada ***, por conducto de su entonces apoderada ****, promovió juicio ordinario mercantil en contra ****. b. El tres de noviembre de esa anualidad se radicó y admitió a trámite el citado juicio (fojas 86 y 87), por lo que se ordenó el emplazamiento de los demandados, de los que destaca el realizado al quejoso mediante diligencia del veintiuno de marzo de dos mil doce, previo citatorio del día anterior (fojas 144 y 118). c. El veinte de marzo de dos mil doce, la apoderada de la actora y los codemandados ****, exhibieron un convenio judicial de pago a fin de dar por concluido el juicio (fojas 96 a 99), el cual ratificaron en la diligencia del veintiocho de marzo siguiente, en la que además, la Juez del conocimiento aprobó y elevó a categoría de cosa juzgada (foja 95). d. Por auto del seis de junio de dos mil trece, se denunció el incumplimiento de ese convenio, por lo que se ordenó requerir a sus otorgantes para que acreditaran haberlo cumplido, y de no hacerlo, se procedería a su ejecución forzada (foja 214). e. Ante la falta de cumplimiento a tal prevención, se inició la ejecución forzada del citado convenio judicial, por lo que se ordenó requerir únicamente a sus otorgantes ***, en contra de quienes se ha continuado ese procedimiento ejecutivo e, incluso, se embargó un inmueble de su propiedad para garantizar el pago. En las anotadas condiciones, se pone de manifiesto que aun cuando en el expediente de origen subsiste el emplazamiento practicado al quejoso el veintiuno de marzo de dos mil doce, lo cierto es que ya no puede surtir efecto alguno en su contra, pues el juicio ordinario de origen se concluyó mediante un convenio judicial otorgado únicamente por los codemandados ***, en contra de quienes se sigue el procedimiento de ejecución forzada de ese convenio. Esto es, en el juicio de origen se llamó al quejoso a través del emplazamiento que pretende impugnar; sin embargo, ya no puede resentir alguna afectación con motivo de ese emplazamiento, por haber sido excluido de la secuela procesal con motivo del convenio judicial otorgado únicamente por los referidos codemandados, y que fue elevado a categoría de cosa juzgada, por lo que sólo puede vincular a quienes lo otorgaron, y no a personas diversas como el quejoso, aun cuando fue demandado en el juicio de origen. Por tanto, es evidente que no podría restituirse al quejoso respecto del emplazamiento reclamado, pues la condena de pago derivada del convenio judicial elevado a categoría de cosa juzgada, no le puede resultar exigible al quejoso, por no haber participado en su otorgamiento. No resulta obstáculo a lo anterior, que en el citado convenio judicial, específicamente en su cláusula Décima Tercera , la sociedad mercantil actora se haya reservado el derecho para llamar a juicio a los restantes codemandados; sin embargo, no se le podría llamar a ese juicio por encontrarse concluido mediante ese convenio judicial, lo que implica que, en su caso deba realizarse tal llamamiento pero en un diverso procedimiento. Y aun para el caso que la actora quiera incorporar al quejoso en ese expediente, tendría que ser sólo a la etapa de ejecución, lo que implicaría que deba realizarse una nueva notificación, pero no sería a partir del emplazamiento practicado. Tampoco resultan obstáculo para acreditar la causa de improcedencia invocada, los criterios contenidos en la tesis jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número 52/2018 (10a.) de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. LO TIENE EL DEMANDADO QUE NO FUE DEBIDAMENTE LLAMADO AL JUICIO DE ORIGEN EN EL QUE FUE CONDENADO, AUN CUANDO LA SENTENCIA SE HAYA EJECUTADO MATERIALMENTE EN SU TOTALIDAD EN LOS BIENES DE DIVERSO CODEMANDADO." , así como la diversa 53/2018 (10a.), de rubro: "GARANTÍA DE AUDIENCIA DEL DEMANDADO QUE NO FUE DEBIDAMENTE LLAMADO AL JUICIO DE ORIGEN EN EL QUE FUE CONDENADO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO." , en los que se prevé, en esencia, que los codemandados que fueron condenados en el juicio de origen, conservan interés jurídico para reclamar el emplazamiento que les fue practicado, aun cuando ya se hubiera ejecutado en su totalidad la sentencia dictada, sobre bienes de otros codemandados. Lo anterior es así, ya que en el presente caso, si bien quejoso fue emplazado como codemandado, lo cierto es que no fue condenado en ese juicio, pues como ha quedado precisado, el convenio judicial otorgado únicamente vincula a los que lo otorgaron, y no a diversas personas. En consecuencia, es procedente desechar la demanda de amparo promovida por el quejoso, por actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa".

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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