Mauricio Alejandro Casarrubias Hernández
Expediente 1674/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1674/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/09/2019
Partes del expediente
- Mauricio Alejandro Casarrubias Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito de cuenta de los autorizados en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual interponen recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de ser cierto que este Juzgado de Distrito dictó el acuerdo recurrido. Ahora bien, tomando en consideración que el auto recurrido lo constituye la determinación que desechó la demanda, se estima innecesario otorgar plazo a la parte quejosa para que señale las constancias que en copia certificada deban remitirse para resolver el recurso de queja. En ese sentido, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, el escrito de agravios original, así como el expediente en que se actúa. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copia de la papeleta de turno, de la demanda de amparo, del escrito de agravios, así como el auto que al efecto se emite.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): "San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Estudio de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo indirecto 1674/2019-IV, asimismo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. ***, por propio derecho. Tercero(s) interesado(s). 1. ***Autoridad responsable. Juzgado Civil del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla. Acto reclamado. La omisión de dictar el auto admisorio o primer auto de la demanda civil de rectificación de superficie, medidas y colindancias, presentada el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve y registrada como juicio 374/2019 del índice del juez responsable. Desechamiento Del artículo 113 de la Ley de Amparo , se desprende la facultad del juez de distrito de desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia . Precisado lo anterior, respecto del acto impugnado se advierte que se actualiza de forma patente, notoria y absolutamente clara la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la omisión reclamada aún no irroga un agravio actual y directo a la parte quejosa. Para sustentar dicha aseveración, conviene precisar el contenido de las disposiciones referidas, que son del tenor siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". De los preceptos legales transcritos, se desprende uno de los principios que rigen la procedencia del juicio de control constitucional, relativo a la existencia de un agravio actual y directo, entendido como la lesión o afectación de los derechos de una persona, mediante una resolución judicial o cualquier acto de autoridad, es decir, se trata del perjuicio o afectación de un derecho. En efecto, el juicio de amparo, como medio de control constitucional, es procedente contra actos que producen una afectación actual y cierta respecto de la esfera jurídica de las personas. En torno de las características del agravio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Asimismo, la Suprema Corte ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado y no por quien solo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona pues, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio constitucional, tal como se advierte de las siguientes tesis. "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará.". "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo.". Conforme a los criterios transcritos, el agravio que da pauta a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. Así, se tiene que el agravio es presente cuando los efectos del mismo operan al promoverse el amparo, mientras que se considera que el agravio es pasado cuando sus efectos ya han concluido, e inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En el caso concreto, el promovente reclama del Juez responsable la omisión de dictar el auto admisorio o primer auto de la demanda civil de rectificación de superficie, medidas y colindancias, presentada el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve y registrada como juicio 374/2019. Con la finalidad de corroborar que la omisión reclamada no actualiza la existencia de un agravio actual y directo, es necesario precisar que al resolver la contradicción de tesis 294/2018 en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la procedencia de la demanda de amparo indirecto contra dilaciones en el dictado de proveídos y laudos está sujeta a que hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. La determinación anterior se sustentó en que el legislador dispuso en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo que el periodo máximo en que el juicio laboral podía permanecer inmóvil era precisamente esos cuarenta y cinco días. De dicha contradicción de criterios derivó la jurisprudencia de contenido siguiente. "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Cabe señalar que aunque la jurisprudencia mencionada con anterioridad es en materia laboral, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 50/2019 de su índice, se pronunció acerca de una dilación procesal en materia civil, aplicando analógicamente dicho criterio, en el que se sostuvo lo siguiente: "De ahí que, se insiste, lo interpuesto contra violaciones de naturaleza adjetiva, es por regla general, notoriamente improcedente a menos que el juez federal advierta del contenido de la demanda de amparo que exista una abierta demora del procedimiento o su paralización total, situación que a juicio del inconforme acontece, al señalar que ante la falta de análisis del acto reclamado el juicio de origen quedaría paralizado. Empero, de las constancias que remitió el juez de distrito se advierte que el acto reclamado se emitió el siete de enero de dos mil diecinueve y la presentación del escrito de demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se realizó el treinta y uno de enero siguiente. (Foja 15 del cuaderno de queja). Por tanto, es evidente que no existe una demora excesiva por parte de la autoridad responsable, que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento, en virtud de que sobre este tema la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación complementó la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.) con un criterio en el que determinó que a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse actos procesales respectivos, lo que aplicado analógicamente al presente asunto, no se configura." En este contexto, debe considerarse que el artículo 50 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, prevé que los autos, deberán dictarse dentro del tercer día. Dicho precepto es del tenor siguiente. "Artículo 50.- Las sentencias definitivas, una vez turnado el expediente al Juez, deberán dictarse dentro de quince días, salvo el caso de que el volumen excesivo de las actuaciones, su consecuente lectura y estudio no lo permitan, en cuyo caso se deberá ampliar el término hasta por un periodo igual. Las sentencias interlocutorias se dictarán dentro de ocho días. Los autos, dentro del tercer día." Por tanto, si el quejoso reclama la omisión de dictar el auto admisorio o primer auto de la demanda civil de rectificación de superficie, medidas y colindancias registrada como juicio civil 374/2019; resulta evidente que no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales a que se refiere el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -más los tres días hábiles que tiene la autoridad responsable para realizarlo-; en tanto que entre la fecha en que se presentó la demanda civil - diecinueve de agosto de dos mil diecinueve- y la fecha en que se presentó la demanda de amparo -veintiocho de agosto de dos mil diecinueve-, sólo transcurrieron ocho días naturales; por tanto, es manifiesta la improcedencia del juicio de amparo indirecto, máxime que la existencia de los actos reclamados en el juicio constitucional debe analizarse en relación con la fecha en que se presentó la demanda. Lo anterior encuentra sustento en la siguiente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Consecuentemente, siguiendo la lógica argumentativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso, no se considera que se está ante una abierta dilación por parte de la autoridad señalada como responsable, pues si bien existe un derecho legítimamente tutelado a favor del promovente, lo cierto es que no ha transcurrido el periodo de cuarenta y cinco días naturales a que se ha hecho referencia, que configure la procedencia del juicio de amparo indirecto. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª/J 48/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente. "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". De ahí que respecto del acto reclamado se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de la referida ley. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s). Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015 , respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa".
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Responsable informa gestiones de cumplimiento. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo remitido por la Presidenta de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el cual, en atención al proveído del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, informa las gestiones que realizó a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. En esa tesitura, la autoridad responsable remite copia certificada del acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve dictado en el juicio laboral *** de su índice, del que se advierte que no se desahogó la prueba pericial en las materias de caligrafía, grafoscopía, documentoscopía y grafometría toda vez que el perito oficial no compareció a la audiencia de mérito, por lo cual señaló las diez horas con cuarenta minutos del día once de septiembre del año dos mil diecinueve para que tenga verificativo el desahogo de la prueba en mención En consecuencia, requiérase a la responsable para que remita en el término de cuarenta y ocho horas siguientes las constancias con las cuales justifique que giró oficio a la Procuraduría General de la Republica Delegación Puebla, notificándole de la data señalada para la audiencia mencionada en el párrafo que antecede. En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de siete de junio de dos mil diecinueve, el cual comprende la imposición de una multa, la remisión del expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en su caso, la separación de su cargo y su consignación ante un Juez de Distrito Notifíquese.
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