Mauricio Abraham Covarrubias Ayala

Expediente 1883/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1883/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
03/01/2017

Partes del expediente

  • Mauricio Abraham Covarrubias Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio y anexo que remite la Juez Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento realizado el quince de diciembre de dos mil dieciséis. Sin embargo, agréguese únicamente para que obre como constancia, en virtud de que el dos de enero de los actuales, causó estado el auto por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa en el presente juicio...I

  2. Principal

    V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...I

  3. Principal

    REGISTRO DE EXPEDIENTE Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de quince de diciembre de dos mil dieciséis, en relación con el diverso de nueve del mismo mes y año, remitiendo copias certificadas de la resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, al efecto se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO Ahora, independientemente de que la parte quejosa no haya dado aún cumplimiento a la prevención de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, atento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución, que prevé la celeridad y expedites en los actos judiciales, lo correspondiente es proveer respecto de la presente demanda. Así las cosas, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por su parte, el artículo 61, fracción XXI, de la ley de amparo dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Del precepto legal parcialmente transcrito, se advierte que es improcedente el juicio de amparo, cuando los efectos del acto reclamado han cesado en sus efectos, es decir, que hayan quedado insubsistentes de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, quedando restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en relación con los efectos que pudiese tener la determinación establecida en dicho acuerdo. En ese sentido, la improcedencia del juicio de amparo por cesación de los efectos del acto reclamado, se sustenta en el hecho de que al haber desaparecido el motivo originador del juicio, no es dable entrar al estudio de la constitucionalidad de dicho acto, ya que de lo contrario, se tornaría ocioso el dictado de una resolución en la que se declarara la inconstitucionalidad de un acto que es inexistente, persiguiéndose algo que ya está logrado, que es la reparación de la infracción, es decir la restitución del derecho fundamental violado, al volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada. Para efectos del juicio de amparo se estima, que los efectos del acto reclamado han cesado: a) Cuando el acto reclamado se deje sin efectos por la misma autoridad señalada como responsable y ésta emita uno nuevo que lo substituya procesalmente y que no deje huella en la esfera jurídica del gobernado; b) Cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada; y, c) Cuando contra el acto de la autoridad impugnado, se interpuso recurso ordinario al cual recayó resolución, que sustituyó los efectos del primero. ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: la omisión por parte del Juez Cuarto de Primera Civil del Distrito Judicial de Querétaro, de emitir la resolución relativa al recurso de revocación promovido en contra del auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 723/2014, dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 1335 del Cogido de Comercio. Para dar una mayor claridad al caso conviene citar los principales antecedentes del acto: El seis de mayo de dos mil dieciséis, la parte quejosa promovió demanda en la vía ejecutiva mercantil en contra de *****, reclamando diversas prestaciones, de la cual conoció el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, quien lo radicó bajo el número 723/2014. El veinticinco de enero de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva en dicho juicio, la cual causó ejecutoria el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Ante dicha circunstancia, la parte quejosa solicitó ante la autoridad responsable la ejecución de tal sentencia y solicitó se trabara formal embargo sobre los bienes de la parte demandada. Por lo que, ante dicha solicitud el trece de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez responsable determinó que no era procedente. Inconforme con la precitada determinación, el diecinueve de septiembre del actual, el quejoso interpuso recurso de revocación, del cual una vez seguido sus cauce legal, a la fecha de la presentación de la presente demanda de amparo, la resolución no se había resuelto. Siendo esta última, la resolución que se combate por vía de amparo. En ese contexto, de las copias certificadas remitidas por la Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, consistentes en la resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se advierte que el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 723/2014 del índice del Juzgado responsable, ha sido resuelto el catorce de diciembre del presente año y notificado el día siguiente; documentales que gozan de valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2 de la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa se ha consumado en sus efectos de forma irreparable. Aplica a lo anterior la jurisprudencia 226, del anterior pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Quinta Época, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En esa tesitura, se hace patente que la omisión reclamada por la parte quejosa ha sido extinta, en virtud de que la Juez responsable el catorce de los corrientes resolvió el recurso de revocación promovido por el quejoso en contra del auto de trece de septiembre del presente año dentro de los autos del juicio de origen, por lo cual, se considera, la parte quejosa se encuentra en la hipótesis marcada con el inciso b). Lo anterior se estima así, pues el acto reclamado ha quedado insubsistentes de manera absoluta, como si se hubiere otorgado el amparo y protección de la justicia federal, pues al emitirse la resolución correspondiente al recurso de revocación que la parte quejosa aducía no se había resuelto, tal situación extingue la omisión que dio motivo al presente juicio y repone al quejoso en el goce de su derecho violado, cesando los efectos del acto reclamado. Ya que estimar lo contrario y admitir la presente demanda, y en su caso, concederse el amparo, existiría la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del amparo, que es obtener la reparación del acto reclamado, a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia; en la especie, el de obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho vulnerado, dado que la omisión reclamada ya no existe. Es aplicable por analogía, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, Décima Época, con número de registro 2012413, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI.1o.T.6 K (10a.), visible en la página 2522, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente." Asimismo, resulta aplicable la tesis número 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al actualizarse la referida causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes" (Notifíquese personalmente a la parte quejosa)

  4. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 19/12/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO MAURICIO ABRAHAM COVARRUBIAS AYALA EL AUTO DE 16/12/2016, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: REGISTRO DE EXPEDIENTE Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de quince de diciembre de dos mil dieciséis, en relación con el diverso de nueve del mismo mes y año, remitiendo copias certificadas de la resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, al efecto se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO Ahora, independientemente de que la parte quejosa no haya dado aún cumplimiento a la prevención de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, atento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución, que prevé la celeridad y expedites en los actos judiciales, lo correspondiente es proveer respecto de la presente demanda. Así las cosas, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por su parte, el artículo 61, fracción XXI, de la ley de amparo dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Del precepto legal parcialmente transcrito, se advierte que es improcedente el juicio de amparo, cuando los efectos del acto reclamado han cesado en sus efectos, es decir, que hayan quedado insubsistentes de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, quedando restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en relación con los efectos que pudiese tener la determinación establecida en dicho acuerdo. En ese sentido, la improcedencia del juicio de amparo por cesación de los efectos del acto reclamado, se sustenta en el hecho de que al haber desaparecido el motivo originador del juicio, no es dable entrar al estudio de la constitucionalidad de dicho acto, ya que de lo contrario, se tornaría ocioso el dictado de una resolución en la que se declarara la inconstitucionalidad de un acto que es inexistente, persiguiéndose algo que ya está logrado, que es la reparación de la infracción, es decir la restitución del derecho fundamental violado, al volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada. Para efectos del juicio de amparo se estima, que los efectos del acto reclamado han cesado: a) Cuando el acto reclamado se deje sin efectos por la misma autoridad señalada como responsable y ésta emita uno nuevo que lo substituya procesalmente y que no deje huella en la esfera jurídica del gobernado; b) Cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada; y, c) Cuando contra el acto de la autoridad impugnado, se interpuso recurso ordinario al cual recayó resolución, que sustituyó los efectos del primero. ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: la omisión por parte del Juez Cuarto de Primera Civil del Distrito Judicial de Querétaro, de emitir la resolución relativa al recurso de revocación promovido en contra del auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 723/2014, dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 1335 del Cogido de Comercio. Para dar una mayor claridad al caso conviene citar los principales antecedentes del acto: El seis de mayo de dos mil dieciséis, la parte quejosa promovió demanda en la vía ejecutiva mercantil en contra de *****, reclamando diversas prestaciones, de la cual conoció el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, quien lo radicó bajo el número 723/2014. El veinticinco de enero de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva en dicho juicio, la cual causó ejecutoria el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Ante dicha circunstancia, la parte quejosa solicitó ante la autoridad responsable la ejecución de tal sentencia y solicitó se trabara formal embargo sobre los bienes de la parte demandada. Por lo que, ante dicha solicitud el trece de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez responsable determinó que no era procedente. Inconforme con la precitada determinación, el diecinueve de septiembre del actual, el quejoso interpuso recurso de revocación, del cual una vez seguido sus cauce legal, a la fecha de la presentación de la presente demanda de amparo, la resolución no se había resuelto. Siendo esta última, la resolución que se combate por vía de amparo. En ese contexto, de las copias certificadas remitidas por la Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, consistentes en la resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se advierte que el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 723/2014 del índice del Juzgado responsable, ha sido resuelto el catorce de diciembre del presente año y notificado el día siguiente; documentales que gozan de valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2 de la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa se ha consumado en sus efectos de forma irreparable. Aplica a lo anterior la jurisprudencia 226, del anterior pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Quinta Época, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En esa tesitura, se hace patente que la omisión reclamada por la parte quejosa ha sido extinta, en virtud de que la Juez responsable el catorce de los corrientes resolvió el recurso de revocación promovido por el quejoso en contra del auto de trece de septiembre del presente año dentro de los autos del juicio de origen, por lo cual, se considera, la parte quejosa se encuentra en la hipótesis marcada con el inciso b). Lo anterior se estima así, pues el acto reclamado ha quedado insubsistentes de manera absoluta, como si se hubiere otorgado el amparo y protección de la justicia federal, pues al emitirse la resolución correspondiente al recurso de revocación que la parte quejosa aducía no se había resuelto, tal situación extingue la omisión que dio motivo al presente juicio y repone al quejoso en el goce de su derecho violado, cesando los efectos del acto reclamado. Ya que estimar lo contrario y admitir la presente demanda, y en su caso, concederse el amparo, existiría la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del amparo, que es obtener la reparación del acto reclamado, a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia; en la especie, el de obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho vulnerado, dado que la omisión reclamada ya no existe. Es aplicable por analogía, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, Décima Época, con número de registro 2012413, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI.1o.T.6 K (10a.), visible en la página 2522, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente." Asimismo, resulta aplicable la tesis número 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al actualizarse la referida causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes" ...I

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