Matianthy Grizel Guzman Sánchez
Expediente 595/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/04/2016
Partes del expediente
- Matianthy Grizel Guzman Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto; por cuanto de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de catorce de marzo de dos mil dieciséis, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...III
- Incidental
...Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponde, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, y en relación a su contenido se acuerda; dígasele al citado promovente que se este a lo acordado en proveído de quince de marzo de dos mil dieciséis...III
- Incidental
Querétaro, Querétaro, quince de marzo de dos mil dieciséis. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 169/2016-IV, promovido por Miguel Nava Alvarado, Presidente y representante legal de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, contra actos de la Legislatura del Estado de Querétaro y otras autoridades; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 130, 131 y 140 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el referido Diario oficial, el dos de abril de dos mil trece. AUTORIDADES RESPONSABLES Pídase a las autoridades responsables sus informes previos en términos de la fracción III del artículo 138 en relación con el 140 de la referida ley, que deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, enviándoles al efecto copia simple de la demanda. Informe en el cual, las autoridades se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes en caso de que así se determine. Hágase del conocimiento de las responsables, que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 260 en relación con el 238 de la ley de la materia referida, EN CASO DE OMITIR RENDIR SU INFORME PREVIO SE HARÁN ACREEDORES A UNA MULTA DE CIEN DÍAS MULTA y en términos del numeral 142 de dicho cuerpo de leyes, se presumirá cierto el acto reclamado al momento de resolver sobre la suspensión definitiva. AUDIENCIA INCIDENTAL Asimismo, con fundamento en el numeral 138 citado en último término, fracción II, se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. SUPENSIÓN PROVISIONAL De la lectura de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten esencialmente en: El Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", el 17 de diciembre de 2015, en específico el artículo 11, en la porción normativa relativa al presupuesto asignado y fraccionado a este Defensoría, por lo que hace a la cantidad aprobada la cual es menor a la del año 2015 y el rubro correspondiente a "Jubilaciones y pensiones". El oficio SPF/0063/2015, de 31 de diciembre de 2015, documental que constituye el primer acto de aplicación del "DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016", mismo que fue notificado a esta Defensoría el 4 de enero de 2016, oficio con el que se informa la calendarización definida en forma "unilateral" por dicho funcionario, de los recursos aprobados en el referido presupuesto. La omisión de liberar y entregar en su totalidad los recursos asignados a este Organismo en el "DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE QUERETARO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015", correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, los cuales se calendarizaron en el oficio SPF/00325/2014, de 31 de diciembre de 2014." Así en primer término, respecto del acto reclamado, consistente en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, no cabe conceder la suspensión provisional, pues tienen el carácter de consumados, de modo tal que no puede retrotraerse los efectos de la medida a eventos sucedidos con anterioridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1335, publicada en la página 781, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1995, que señala: "LEYES, SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICION Y PROMULGACION DE LAS.- No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron a cabo." Así como la jurisprudencia número 354, visible a foja 407, del Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-2000, que señala: "LEYES, SUSPENSION CONTRA LA, IMPROCEDENTE.- Las leyes que arreglan el patrimonio del Estado o atañen a las funciones esenciales del mismo, así como las que tocan a su organización conforme a las bases fundamentales establecidas por la constitución, o que interesan de un modo directo a la comunidad, no pueden ser materia de suspensión por lo que toca a sus efectos." Del mismo modo, en lo que respecta a la emisión del ooficio con folio SPF/0063/2015, de 31 de diciembre de 2015, del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, debe negarse la suspensión provisional solicitada, contra tal acto toda vez que este se encuentra consumado en lo que se refiere a la suspensión, al haberse emitido con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por tanto, de concederse, se darían efectos restitutorios a dicha medida cautelar, propios en su caso, de la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo. De conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 1090, visible en la página 756, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, misma que dice: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados, es improcedente conceder la suspensión pues equivaldría a darle efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". De acuerdo a lo anterior, aun cuando en el caso se advierte que la suspensión provisional fue solicitada por la parte quejosa, que no se sigue perjuicio al interés social, esto es, que con la medida no se daña un interés colectivo, sin embargo, por lo que se refiere a la ejecución del Decreto materializado en el oficio SPF/00325/2014, de treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, que se traduce en la no liberación de los montos presupuestarios completos para dos mil dieciséis, en el caso, se niega la suspensión provisional solicitada, en razón de que, es evidente que en el caso se está en presencia de actos negativos, lo que implica un rechazo a una petición de la parte quejosa y dada su naturaleza, no admite suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar. Apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la tesis I. 3º. C 25 K, sustentada por el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, que aparece en la foja 1468, del Tomo XV, Marzo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender. De igual manera, sirve de apoyo en lo que cabe, la tesis 1. 6º. T 3 K, sustentada por el SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, publicada en la foja 1912, del Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." AUTORIDADES INEXISTENTES Por otro lado, el artículo 116, fracción III, de la anterior Ley de Amparo, establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables; en consecuencia, se apercibe a los incidentistas, que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde al impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a la licenciada Brenda Torres García, y a los licenciados José Agustín Bolio Hallorán, Lita Meribet Montoya Acosta, Carlos Guillermo León Rodríguez, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, por no contar con cédula profesional de licenciados en derecho debidamente inscrita en el Registro correspondiente, según se advierte de la certificación de cuenta, y de igual manera, solo para recibir notificaciones e imponerse de los autos en términos del artículo 24 de la ley de la materia, a las personas que indica en el proemio de la demanda. HABILITA DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Oscar Palomo Carrasco, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, asistido de la Secretaria de Acuerdos, licenciada Ma. Guadalupe Xicoténcatl Pérez, quien autoriza y da fe. Doy fe.WS/Sheerley*
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se aprecia que transcurrió el plazo otorgado al quejoso HERNANDO SADDOT GONZÁLEZ ROCHA, mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil dieciséis, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a los oficios a través del que las autoridades responsables informaron que dieron cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que realizara manifestación alguna, no obstante estar apercibido que ante esa conducta este tribunal resolvería sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. En esa medida, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre si las autoridades responsables dieron o no, cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de catorce de enero de dos mil dieciséis, este juzgado determinó en su único punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a HERNANDO SADDOT GONZÁLEZ ROCHA, en contra del acto que reclamó a la Legislatura Constitucional del Estado de Querétaro y otras autoridades, para los efectos apuntados en el considerando octavo de la sentencia, que señala: "[.] El primero de ellos es para que se desincorpore de la parte quejosa, la obligación tributaria prevista en los artículos 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro; publicada en el citado Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el diecisiete de octubre de dos mil trece; esto es, para que no se le apliquen las normas declaradas inconstitucionales durante el lapso de su vigencia. [.] Como consecuencia, de lo anterior, se le devuelva al quejoso la cantidad enterada en aplicación de las contribuciones referidas, por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, pues la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación, por tanto, deberá devolverse las cantidad que pagó del Impuesto para la Educación y Obras Públicas Municipales ($12,588.86 doce mil quinientos ochenta y ocho pesos 86/100 Moneda Nacional), según obra en el recibo T-11582, de catorce de octubre de dos mil quince. [.]" Mediante acuerdo de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, así como al Titular de esa Secretaría, en su carácter de superior jerárquico, el cumplimiento de la sentencia. En ese sentido, a través de los oficios SF/CNF/1585/2016 y SF/CNF/1919/2016 recibidos en este juzgado los días diecinueve y veintinueve de febrero de dos mil quince, los representantes de esas autoridades informaron que se desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de los numerales 41, 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, así como que en las instalaciones de la autoridad quedó a disposición de dicha quejosa el cheque número 0030116 librado a favor de éste por la cantidad de $7,964.61 (SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.). Es así, que quien esto resuelve estima que las autoridades obligadas al cumplimiento de la sentencia la cumplieron sin excesos ni defectos, ya que restituyeron a la parte quejosa el numerario enterado con motivo del pago de la obligación tributaria declarada inconstitucional en sentencia al librar el cheque mencionado a su favor, además de que desincorporaron de la esfera jurídica del quejoso la aplicación de los numerales cuya inconstitucionalidad se declaró en sentencia, lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa, siendo aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza, sin que obste a lo anterior, el hecho de que no obre constancia en autos que revele que la parte quejosa ya acudió ante las autoridades a recoger el monto líquido a su favor, toda vez que la calificación del cumplimiento no puede estar supeditada a la voluntad del promovente de acudir o no a recibir el numerario aludido, pues los efectos del fallo protector obligan a que la autoridad fiscal ponga a disposición de la parte agraviada el monto susceptible de devolución, actuación que por su parte ya satisfizo la autoridad exactora, de manera que es carga del peticionario acudir cuando lo estime conveniente a recoger dicho monto, sin que este juzgado pueda ejercer medios coactivos para tal efecto, pues se está frente a la esfera de derechos dispositivos del gobernado. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su Representación Social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...III
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