Matylde Martínez Santos
Expediente 866/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 866/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/09/2018
Partes del expediente
- Matylde Martínez Santos
- Matylde Martínez Santos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los oficios de cuenta enviados por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, atento a su contenido; al respecto se provee: Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que mediante auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, este órgano recibió las demandas de amparo que fueron registradas de la siguiente manera: JUZGADO DE ORIGENJUICIO DE AMPARO QUEJOSO JUICIO DE AMPARO DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO JUZGADO DECIMOCUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS 132/2017 ********** 866/2017 JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS ********* 868/2017 JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS 130/2017 ********* 871/2017 JUZGADO DECIMOCUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS 169/2017 ********** 876/2017 JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS 111/2017 ********** 893/2017 De las cuales en dicho proveído se ordenó la acumulación de los mismos al juicio de amparo 866/2017 y se decretó la separación de los juicios respeto del acto reclamado que se señala a continuación: "1. La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, específicamente por lo que refiere a los artículos 2, fracción I, inciso D), puntos 1 y 2 y 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios" Lo anterior, al considerar que las hipótesis normativas de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios reclamadas por la parte quejosa en este asunto, no guardan relación con las reglas para que los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinen bajo condiciones de mercado durante dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. Asimismo, mediante sentencia de trece de febrero de dos mil dieciocho, se resolvió respecto de los actos reclamados que a continuación se transcriben: "a) La iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos Décimo Segundo y Décimo Cuarto Transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del dos mil diecisiete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre del dos mil dieciséis; actos que se atribuyen a las Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión, al Presidente de la República y al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación; b) El Acuerdo A/059/2016 que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre del dos mil dieciséis; acto que se atribuye a la Comisión Reguladora de Energía; c) El Acuerdo 98/2016 por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre del dos mil dieciséis; acto que se atribuye al Secretario de Hacienda y Crédito Público; d) La opinión OPN-013-2016 de cinco de diciembre del dos mil dieciséis; acto que se atribuye a la Comisión Federal de Competencia Económica; y, e) La ejecución de las disposiciones reclamadas, traducida en la autorización de la comercialización y/o comercialización de la gasolina en diversas estaciones de servicio del país en los precios que se establecieron en el Decreto de liberación vigente a partir del uno de enero de dos mil diecisiete; actos que se atribuyen al Secretario de Energía, al Director General de Petróleos Mexicanos y a las estaciones de servicio denominadas: **********". Dicha resolución causó ejecutoria el seis de marzo de dos mil dieciocho, ordenándose el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que mediante acuerdo de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio 1005/2018 librado en el juicio de amparo 611/2017 del índice del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, de cuyo contenido se advierte que recibió la papeleta de turno de demanda a la que se anexaba el oficio 113908/2017 y un legajo de copias certificadas relativos a los juicios de amparo 866/2017 y sus acumulados, del índice de este juzgado, informando entre otras cosas que previno a los promoventes y transcurrido el plazo concedido tuvo por no presentada la demanda de amparo, causando estado dicho auto y ordenó el archivo del asunto. Asimismo, del estado procesal que guarda el expediente se desprende que el auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, no se hizo del conocimiento de los juzgados Noveno, Décimo y Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, todos con residencia en Coatzacoalcos, en los juicios respectivos; por tanto, notifíqueseles el presente acuerdo a fin de que provean lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PÚBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL PROVEÍDO DE UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO 3541/2014, QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, uno de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede y considerando que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa se haya inconformado con lo proveído en auto de uno de febrero del año en curso, en el que se determinó que no existía materia para el cumplimiento; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, negó y concedió la protección de la Justicia Federal, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Por lo que hace a los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténgase por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que precede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo, fracción XV y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada. Ahora, no obstante que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en el presente asunto no obran documentos originales exhibidos por las partes; sin embargo, toda vez que se exhibieron diversos documentos consistentes en impresiones y/o copias certificadas y/o simples, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata. Finalmente, del estado procesal que guardan los autos se advierte que en proveído de veintiuno de mayo de dos mil quince, se ordenó notificar por medio de lista a la quejosa XXXXXXXXXXXXXX; sin embargo, constituye un hecho notorio para este juzgador, que en el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; por lo tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir, el que refiere. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.". NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, nueve de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede y considerando que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa se haya inconformado con lo proveído en auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, en el que se determinó que no existía materia para el cumplimiento; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, negó y concedió la protección de la Justicia Federal, así como la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo en revisión, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Por lo que hace a los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténgase por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que precede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo, fracción XV y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada. Ahora, no obstante que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en el presente asunto no obran documentos originales exhibidos por las partes; sin embargo, toda vez que se exhibieron diversos documentos consistentes en impresiones y/o copias certificadas y/o simples, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, trece de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el telegrama de cuenta remitido por la Administradora Desconcentrada Jurídica de Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual solicita la remisión de copia en la cual se haya decretado que la sentencia dictada en este expediente ha causado ejecutoria y se ordenó el archivo como asunto concluido. En atención a su contenido, dígase a la autoridad oficiante, que en este asunto la sentencia dictada fue impugnada a través del recurso de revisión, mismo que fue radicado con el número 382/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, sin que a la fecha se haya recibido el testimonio de la resolución correspondiente, de ahí que este juzgado auxiliar se encuentra imposibilitado para acordar de conformidad su solicitud. Notifíquese.
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