Matilde Elizabeth Teno Martínez

Expediente 993/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
993/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Matilde Elizabeth Teno Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. T{engase por recibido el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el que remite el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 1111/2022 de su índice, así como el expediente citado al rubro, acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes que el tribunal colegiado resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión. NOTIFÍQUESE;." De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, realícense las anotaciones en el libro de control electrónico. Asimismo, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión, toda vez que son copia fiel de las constancias que integran este sumario. Atento a lo resuelto por el citado órgano colegiado, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. Ahora, de la resolución dictada el veintiocho de abril de dos mil veintidós, se advierte que los efectos de la concesión del amparo fueron para lo siguiente: "(.) DÉCIMO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que el Titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Asociación Civil (CIDE), realicen lo siguiente: Deberá dejar insubsistente la aplicación del artículo 3, párrafo segundo, Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, durante el tiempo en que tuvo vigencia dicha porción normativa, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades que dejó de pagarle a la parte quejosa, por concepto de "PRIMA DE ANTIGÜEDAD" y "HORAS CLASE", a fin de que se le reintegren las referidas cantidades como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, ello, con motivo del derecho adquirido que tenía antes de dicha aplicación. La concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa para que se le hagan pagos de conceptos o prestaciones que no venía percibiendo antes de la presentación de la demanda, ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia. (.)" Se requiere cumplimiento de sentencia En tales condiciones, con fundamento en lo que se establece en los artículos 192, párrafo segundo, en el 193 y en el 194 de la Ley de Amparo, se requiere al titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas, asociación civil (CIDE), para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumplan con dichos efectos de la sentencia y remitan copia certificada y legible de las constancias que lo acrediten. Apercibimientos por incumplirla sentencia de amparo En caso de no cumplir con lo indicado se realizará lo siguiente: a) Se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo expuesto, se hace del conocimiento que aun cuando deje su puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y por tal razón, podrá ser consignada en términos de lo previsto en el artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido que: 1. La autoridad responsable deberá cumplir la totalidad de lo requerido en la sentencia ejecutoria en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo y b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa no se acordó en el plazo legal con motivo de la declaratoria de los días inhábiles del dieciséis al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, ante las manifestaciones llevadas a cabo en diversas entidades federativas, por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, así como por causas de fuerza mayor. En consecuencia, se procede a acordar lo conducente en los términos siguientes: Causa estado la sentencia Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha trascurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las quejosas, hubieran interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este expediente, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Archivo del asunto Háganse las anotaciones en el libro electrónico y dado que este expediente se encuentra integrado, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es conservable, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a) del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio y se negó la protección de la justicia Federal, en consecuencia, procédase a su cumplimiento una vez que haya trascurrido el plazo de tres años que se prevé en dicho numeral. Cuadernos incidentales En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el acuerdo citado, por lo que hace al duplicado, con fundamento en lo previsto en el artículo 19, fracción II, inciso a), una vez que haya trascurrido el término de seis meses que establece dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en lo previsto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del acuerdo general en cita, se determina que es conservable, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, en razón de lo acordado en líneas precedentes, se ordena agregar copia autorizada de este acuerdo al cuaderno incidental. Asimismo, atento a lo ordenado por el artículo 34 del aludido acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula del expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los oficios suscritos por ******************** en su carácter de delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato y por ********************, titular de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Bienestar por sí y en representación de la citada Secretaría, por los que realizan manifestaciones relativas al cumplimiento de la ejecutoria emitida en autos. Por lo que en relación a las manifestaciones de cumplimiento vertidas, primeramente debe precisarse que la concesión del amparo fue para el efecto siguiente: "[.] Una vez que las quejosas ******************** entreguen a la Delegación de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Guanajuato, las listas de registro de asistencia de los menores que durante los meses de enero y febrero de dos mil diecinueve se encontraban registrados para acudir a las estancias infantiles de las que son responsables, se realice el pago correspondiente a dichos meses a cada una de ellas, conforme se venía haciendo, acorde con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2018; pues aun cuando dicho acuerdo fue abrogado por el diverso Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019, que entró en vigor a partir del uno de marzo de dos mil diecinueve (un día después de su publicación), en las disposiciones transitorias de éste, se ordenó entregar los apoyos correspondientes a los meses de enero y febrero de ese año conforme a lo ahí previsto. [.]" De lo trascrito, se advierte que el efecto protector consiste en que se realice el pago a las quejosas conforme se venía haciendo, correspondiente a los meses de enero y febrero de dos mil diecinueve, acorde con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. En ese sentido, en los oficios del delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato, así como del abogado general y comisionado para la Transparencia y en representación de la titular, todos de la Secretaría de Bienestar, señalan y reiteran nuevamente: 1) Que de acuerdo a lo ordenado en la sentencia por el tribunal colegiado, era necesario que la quejosa exhibiera las listas de asistencia de los meses de enero y febrero de dos mil diecinueve, ante la delegación de la Secretaría de Bienestar de Guanajuato, lo cual no aconteció, por lo que este juzgado por acuerdo de ocho de marzo de este año, le requirió el cumplimiento con las listas que le envió y que obran en el tomo de pruebas. 2) Que los pagos correspondientes a los meses de enero y febrero de dos mil diecinueve, se efectuaron durante el mes de marzo de dos mil diecinueve a los beneficiarios (madres, padres y tutores) que se encontraban dados de alta en el padrón de beneficiarios del extinto Programa de Estancias Infantiles a diciembre de dos mil dieciocho, de acuerdo al artículo tercero transitorio de la reglas de operación vigentes para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, y que las quejosas continuaron prestando los servicios de estancias infantiles en los meses de enero y febrero de dos mil diecinueve, aun cuando no existía un convenio de concertación vigente, por lo que al otorgar pago alguno a éstas, se estaría reconociendo un derecho que ya fue ejercido por los derechohabientes legítimos de conformidad con las reglas de operación. 3) Que dados los pagos realizados a las personas contempladas en las Reglas de Operación como beneficiarias directas y que obran en copia certificada, se encuentran materialmente imposibilitados para emitir un doble pago a las personas responsables de las estancias infantiles. 4) Que en el ejercicio dos mil diecinueve no existió ninguna relación contractual entre esa Secretaría y las personas a cargo de alguna estancia infantil, por lo que se está materialmente y jurídicamente imposibilitada en cumplir la ejecutoria. 5) Por último, manifiestan como hecho notorio que en diversos órganos jurisdiccionales, en relación con el cumplimiento, sólo se han reconocido el pago a las madres, padres o tutores, haciendo énfasis que no sólo las reglas de operación señalan a quienes corresponde el pago, por lo que solicitan se realice la vinculación y notificación como autoridades responsables para dar cumplimiento al fallo protector a las madres, padres o tutores que indican. Al respecto, dígase a las autoridades que, en un primer aspecto, el tribunal colegiado resolvió que las quejosas ******************** debían entregar a la Delegación de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Guanajuato, las listas de registro de asistencia de los menores que durante los meses de enero y febrero de dos mil diecinueve, que se encontraban registrados para acudir a las estancias infantiles de las que son responsables, lo cual ya aconteció. En consecuencia, las autoridades responsables deben realizar el pago correspondiente a dichos meses a cada una de las quejosas, conforme se venía haciendo, acorde con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. Así, este juzgado solicitó el cumplimiento consistente en realizar el pago correspondiente a dichos meses (enero y febrero de dos mil diecinueve) a cada una de ellas, conforme se venía haciendo (del ejercicio fiscal dos mil dieciocho) el cual no se ha efectuado. Requerimiento a la autoridad responsable y vinculada al cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en lo que se establece en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a ******************** en su carácter de delegado de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Guanajuato, como autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector y a ******************** abogado general y comisionado para la Transparencia de dicha secretaría, como autoridad vinculada al cumplimiento, para que en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, cumplan la ejecutoria de amparo en los términos señalados por el tribunal de colegiado, esto es, realicen lo siguiente: Con las listas de registro de asistencia de los menores que durante los meses de enero y febrero de dos mil diecinueve se encontraban registrados para acudir a las estancias infantiles de las que son responsables, realice el pago correspondiente a dichos meses a cada una de las quejosas ********************, conforme se venía haciendo, acorde con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, pues aun cuando dicho acuerdo fue abrogado por el diverso Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, que entró en vigor a partir del uno de marzo de dos mil diecinueve (un día después de su publicación), en las disposiciones transitorias de éste, se ordenó entregar los apoyos correspondientes a los meses de enero y febrero de ese año conforme a lo ahí previsto. Una vez hecho lo anterior, remita copian certificada de las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar la imposibilidad para hacerlo: Se hará del conocimiento al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el incidente de inejecución de sentencia 788/2023, para los efectos legales procedentes. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a las responsables que aun cuando dejen de ostentar el cargo que desempeñan seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de lo establecido en la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Requerimiento al superior jerárquico. Con fundamento en lo establecido en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a ********************, en su carácter de titular de la Secretaría de Bienestar, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades responsables obligadas al cumplimiento del fallo, para que dentro del mismo plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, ordene a sus subordinados cumplir la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden en dicho plazo, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida de actualización, en términos de lo que se establece en el artículo 258, de la Ley de Amparo, además que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades obligadas al cumplimiento. En el entendido que: 1. Las autoridades responsables y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos de los que se establece en el artículo 195, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Se informa a tribunal colegiado Se ordena hacer del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el incidente de inejecución de sentencia 788/2023 esta determinación, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

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