Matilde Vallesteros Ramírez
Expediente 151/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 151/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Matilde Vallesteros Ramírez
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos, de la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, toda vez que se NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 13 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, devuélvanse a su lugar de origen las copias certificadas del juicio laboral 422/2009 que adjunto a su informe justificado la entonces Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con las que se ordenó formar un legajo de pruebas por separado en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veinte. Sin necesidad de acusar recibo, toda vez que no se trata de actuaciones originales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL 151/2020 Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a las nueve horas con veinticinco minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo promovido por Matilde Vallesteros Ramírez, por propio derecho; en audiencia pública Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa con César Iván Rendón Patricio, Secretario que da fe, declara legalmente abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente. El Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las cuales destacan: No. Constancias Foja 1 Escrito de demanda 2-12 2 Auto admisorio 14-16 3 Emplazamiento del Agente del Ministerio Público Federal 17 4 Emplazamiento del tercero interesado Primer Sindico y Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco, Guerrero 33 Asimismo, el Secretario da cuenta a la Juez con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, con el cual se dio vista a las partes y que se relaciona en la tabla siguiente: No. Autoridad Responsable Foja Sentido del Informe 1 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. 28 Niega El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron las siguientes: No. Parte oferente Pruebas Fojas 1 Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Documentales I tomo de pruebas El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas, que se desahogan en este preciso instante en atención a su propia y especial naturaleza, por no requerir de preparación alguna. El secretario certifica: que no quedan pruebas pendientes por desahogar y que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado para emitir sentencia. El Juez acuerda: Vista la certificación y al no quedar pruebas pendientes que desahogar, se declara cerrado este periodo. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, mediante pedimento recibido en este juzgado el dieciocho de febrero de dos mil veinte (fojas 22-25), efectuó diversas manifestaciones en vía de alegatos; así como el tercero interesado en tanto que las demás partes no los produjeron. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, por realizadas sus manifestaciones en vía de alegatos, así como al tercero interesado, los cuales serán considerados el momento de dictar la sentencia respectiva; y por precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Se cierra el periodo de alegatos; sin existir promoción pendiente por acordar, al tener en cuenta todo lo actuado, se da por terminada la presente audiencia constitucional y se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 604/2020, promovido por Matilde Vallesteros Ramírez, por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veinte (fojas 2-12), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, remitida el mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Matilde Vallesteros Ramírez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se indican: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: A).- H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero... IV.- ACTO RECLAMADO: A).- Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, reclamo EL INDEBIDO PROCESO DE EJECUCION POR APLICAR UNA LEY NO VIGENTE PARA MI CASO EN PARTICULAR Y EN CONSECUENCIA EL RETARDO EN LA MISMA EJECUCION DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LAS PARTES Y ELEVADO A LA CATEGORIA DE LAUDO EJECUTORIADO, DE FECHA 30 DE MAYO DE 2012, QUE CONLLEVAN A LA PRIVACION DE LA SUSCRITA A OBTENER UN ACCESO PLENO Y EFECTIVO A LA JUSTICIA, QUE AMPARA EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". SEGUNDO. Admisión y trámite. El seis de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo (fojas 14-16); se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a una autoridad con residencia dentro del territorio en que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se tiene que Matilde Vallesteros Ramírez, por propio derecho, reclama del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad: La indebida multa realizada al Síndico Procurador del Ayuntamiento demandado fundando su acuerdo en el artículo 95 de la Ley 51 del estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados en el Estado de Guerrero, reformada mediante decreto número 851, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el día veinticinco de agosto de dos mil quince y no así en el que se encontraba vigente en el año de la presentación de la demanda que fue en el año dos mil nueve . TERCERO. Certeza de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, es oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos tildados de inconstitucionales, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. En ese sentido, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Guerrero, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del juicio laboral 422/2009, promovido por Matilde Vallesteros Ramírez contra el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; pero, negó violación de derechos, ya que ha realizado las gestiones necesarias para que se dé cumplimiento al convenio de treinta de mayo de dos mil doce. Al efecto, remitió copias certificada de constancias relativas al juicio laboral 422/2009; a las cuales se les asigna pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia de la demanda. De conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público examinable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. Al respecto, no existe alguna causal de improcedencia hecha valer por las partes, y de un estudio oficioso tampoco se advierte alguna que imposibilite el análisis de la litis constitucional, sin ser obligatorio abordar el estudio de cada una de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el artículo 62 de la misma ley no lo establece así. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Es infundado el concepto de violación vertido por el quejoso, con base en los razonamientos que se exponen a continuación. En principio, en sus motivos de queja, el amparista alega violación al artículo 17 Constitucional, ello en virtud de entorpecer la justicia pronta y expedita que debe imperar en el juicio laboral, puesto que la autoridad responsable no debió aplicar como medida de apremio la consistente en una multa de doscientos días de salarios vigentes, establecidas en el artículo 95 de la Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado vigente a partir de las reformas del dos mil quince, sino la vigente en el dos mil nueve que fue cuando se presentó la demanda, consistente en una multa de mil pesos. En efecto, el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, fue garantizado por el Constituyente a fin que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que estos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendentes a hacerla pronta y expedita. Ahora, es pertinente señalar que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, en lo que interesa, acordó: ".Chilpancingo, Guerrero, a tres de diciembre de dos mil diecinueve. .por lo que en este acto se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de fecha dieciséis de julio del año en curso, consistente en una multa de DOSCIENTOS días de salarios mínimos vigentes en la Capital del Estado, que asciende a la cantidad de $16,898.00 pesos a razón de la unidad de medida actualizada, por lo que se ordena girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, para efectos de que haga efectiva dicha multa a la parte demandada, la que deberá hacer dentro del término de QUINCE días hábiles (término que le otorga para dar lapso a las gestiones que deberá realizar para lograr la liberación del pago requerido, esto con fundamento en el artículo 91 del la Ley 51 del Estado)." (énfasis añadido). De la transcripción anterior, se aprecia que en el auto materia de análisis de esta sentencia, la responsable, de forma implícita, determinó procedente aplicar como medida de apremio la multa de doscientos días de salario vigente. Ahora bien, debe dejarse patente que el artículo 95 de la Ley 51 del Estado de Guerrero, antes de la reforma establecía lo siguiente: "ARTÍCULO 95.- El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta por mil pesos." Esto es, anterior a la reforma de veinticinco de agosto de dos mil quince, dicha ley mandaba que el Tribunal burocrático podía imponer una multa hasta por mil pesos, para hacer cumplir sus determinaciones. Sin embargo, por decreto 851 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el veinticinco de agosto de dos mil quince, se reformó el artículo 95, de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado para quedar como sigue: "ARTÍCULO 95.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas de 200 a 500 días de salarios mínimo vigente en la capital del Estado de Guerrero." Es decir, en la actualidad el legislador determinó que el Tribunal laboral responsable puede aplicar multas de doscientos a quinientos días de salarios mínimos vigente en la capital del Estado de Guerrero, para hacer cumplir sus determinaciones. Y para ello, el decreto referido en sus puntos transitorios ordena lo que sigue: "PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. SEGUNDO. Comuníquese el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para los efectos legales conducentes. TERCERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para el conocimiento general." De lo anterior se advierte que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, siendo que dicha reforma fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero número 68 alcance I, de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, y entró en vigor el veintiséis siguiente. Por tanto, la determinación de la responsable de declarar procedente la aplicación de dicha medida de apremio (multa de 200 días), resulta ser correcta, en virtud de encontrarse actualmente reformado el aludido precepto legal, por lo queno se viola con ello el artículo 16 Constitucional, ya que el auto impugnado está debidamente fundamentado, ello, dado que si bien es cierto el juicio laboral del que deriva el acto que se reclama en esta vía constitucional se radicó en el año dos mil nueve, y el artículo 95, de la Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, fue reformado con posterioridad, es decir cuando estaba en trámite el juicio de origen, no prohíbe la aplicación de éste, dado que el precepto aludido y en los artículos transitorios del propio estatuto, no indica que en lo concerniente a las multas no deba aplicarse a juicios laborales iniciados antes de esas reformas y las multas son susceptibles de imponerse a la fecha de incumplimiento. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis 2ª. XLIX/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, public+ada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 273, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "NORMAS PROCESALES. SON APLICABLES LAS VIGENTES AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA ACTUACIÓN RELATIVA, POR LO QUE NO PUEDE ALEGARSE SU APLICACIÓN RETROACTIVA. Tratándose de normas procesales, las partes no adquieren el derecho a que la contienda judicial en la que intervienen se tramite al tenor de las reglas del procedimiento en vigor al momento en que haya nacido el acto jurídico origen del litigio, ni al de las vigentes cuando el juicio inicie, toda vez que los derechos emanados de tales normas nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa, de ahí que cada una de sus fases se rija por la regla vigente al momento en que se desarrolla, excepto en los casos en que en el decreto de reformas relativo se hayan establecido disposiciones expresas sobre su aplicación en otro sentido. En consecuencia, cuando se trata de normas de carácter adjetivo no puede alegarse la aplicación retroactiva de la ley, proscrita en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De igual forma por identidad jurídica, la tesis I.3º.C.181 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Octubre de 2000, página 1311, de rubro y texto siguientes: "NORMAS PROCESALES. SE APLICAN CONFORME A LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE CONTIENE LAS REFORMAS A LA LEY. Las partes en un juicio no adquieren el derecho a que se apliquen las normas procesales vigentes al momento del inicio de su tramitación durante todo su curso, debido a que el procedimiento judicial se compone de diversas etapas y de una serie de actos sucesivos, por lo que los derechos adjetivos que concede la ley procesal sólo se van adquiriendo o concretando en la medida que se actualizan los supuestos normativos correspondientes, en el desarrollo de la secuela procesal, y con anterioridad sólo deben reputarse como expectativas de derecho o situaciones jurídicas abstractas. En consecuencia, las leyes del procedimiento no pueden producir efectos retroactivos, dado que los actos de esa naturaleza, se rigen por las disposiciones vigentes en la época en que tuvieron verificativo. Pero esa regla sólo opera cuando los artículos transitorios del decreto que contiene las reformas a una ley procesal, no precisan la manera de aplicarla a los asuntos que se encuentran en trámite, porque de existir, debe atenderse al estado en que se encuentre cada expediente en particular y así determinar si es jurídicamente posible la aplicación de las reformas". Aunado a lo anterior, el apercibimiento de imposición de multa, no es un derecho adquirido sino que solo constituye una expectativa de derecho, traducida en una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta. En ese orden de ideas, al resultar infundados los motivos de inconformidad propuestos por la parte quejosa, lo procedente es negar la protección constitucional. SEXTO. Publicación de sentencia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: RIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Matilde Vallesteros Ramírez, por propio derecho; respecto del acto reclamado precisado en el considerando SEGUNDO, y de acuerdo a lo expuesto en el diverso punto considerativo QUINTO de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Captúrese de inmediato la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Basilio Rojas Zimbrón Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, que actúa ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe. El suscrito César Iván Rendón Patricio, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero; certifico y hago constar que esta foja corresponde a la sentencia emitida el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 151/2020. Conste.
- Principal
********************Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de octubre de dos mil veintiuno.****************************************A los autos el escrito firmado por ******************** en su carácter de Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento Constitucional ********************mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, informa que el siete de febrero de dos mil veinte, recibió el oficio 2335/2020 por el cual se ordenó su emplazamiento al aludido tercero interesado.****************************************Atento a su contenido, se tiene al citado tercero interesado por desahogando el requerimiento formulado en auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno; asimismo, debidamente emplazado al tercero interesado Ayuntamiento Constitucional ********************al presente juicio lo anterior para los efectos legales conducentes. ****************************************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto, el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible desahogarla, en razón que no obra en autos el acuse de recibo del oficio 2335/2020 de seis de febrero de dos mil veinte, dirigido al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco Guerrero. En consecuencia, se requiere al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco, Guerrero, para que en el término de tres días hábiles siguientes al en que reciba la presente notificación, informe a este Juzgado Federal (incluso por vía telegráfica) la fecha en que haya recibido el oficio 2335/2020, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 238 y 259, de la de Ley de Amparo, se le impondrá UNA MULTA de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Finalmente, para dar margen a lo anterior, la referida audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
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