Mateo Nava Flores
Expediente 711/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mateo Nava Flores
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de cinco de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, toda vez que se desechó la demanda instaurada. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de julio de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho, quien promueve demanda de amparo contra actos del [1] Agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad (ordenadora), [2] Coordinador Regional Zona Centro de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (ejecutora) y [3] Coordinador de Zona de la Policía Ministerial, adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y violencia Familiar (ejecutora); todas residentes en esta ciudad capital. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 711/2022 y fórmese expediente físico y electrónico. DESECHAMIENTO. Ahora, este Juzgado Federal procede a analizar la demanda de amparo, para determinar la procedencia de su admisión o no; y, CONSIDERANDO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De ello se sigue que el Juzgado de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resultan improcedentes. En la inteligencia que por manifiesta se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la tesis jurisprudencial: I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa reclama lo siguiente: "III. ACTOS RECLAMADOS: la inconstitucional ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN que giró en mi contra, y que es violatoria de mis más elementales derechos, así como a los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, la cual se traduce en un acto violatorio a los artículos 1,14,16 y 20 de nuestra máxima carta magna, acto reclamado que fue dictada en mi contra por la autoridad señalada como ordenadora dentro de la carpeta de investigación con número 12020170200419270522 y que pretenden cumplimentar las ejecutoras, por el supuesto delito de violación en agravio presuntamente de la C. C. REYNA FLORES CAPULLIN, motivo por el cual interpongo el presente amparo indirecto." Precisado lo anterior, debe decirse que respecto a dichos actos, la demanda de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla, de conformidad con lo previsto en el arábigo 113 en relación con el diverso 62, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que en relación con ellos se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XII, en relación directa con el diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo, los que a la letra prevén: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. .". De la lectura e interpretación de dichos artículos se tiene que la ley de la materia prescribe que el juicio de amparo es improcedente cuando no existe un agravio directo, real y actual, que impacte en la esfera jurídica de la parte quejosa, es decir, la vía constitucional no es procedente si el acto que se reclama no afecta su interés jurídico, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior tiene un sustento constitucional, que se ha instituido como uno de los pilares fundamentales del juicio de amparo, y que es el denominado "agravio personal y directo", establecido en el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". En efecto, los preceptos referidos establecen que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de amparo, ya que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente, es decir, para que sea procedente la demanda presentada por el impetrante, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. En este sentido, en relación con el acto consistente en integración de la carpeta de investigación_12020170200419270522, debe decirse que el mismo no le causa afectación alguna, ya que no transgrede de manera directa, real y actual su esfera jurídica, esto es, no le irroga perjuicio alguno. En este sentido, resulta conveniente destacar que, por regla general, todos aquellos actos que el Ministerio Público emita en ejercicio de sus facultades, en la etapa de investigación inicial, no son generadores de afectación jurídica, ello, porque precisamente dichos actos son realizados por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un hecho que la ley señala como delito, así como, la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. Al efecto, debe señalarse que la facultad de investigación encuentra su sustento constitucional en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. .". En ese sentido, los actos que emita en la etapa de investigación, en sí mismos, no vulneran la esfera de derechos del indiciado, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que, aun en el caso que sea la misma promovente, la persona a quien se dirige la investigación de los hechos denunciados, tal actuación de la autoridad no le afecta directamente, por ser la investigación de los delitos de orden público conforme al artículo 21 constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Además, ni con el inicio de la investigación, ni su integración o con los actos que se emitan en dicha fase, le irrogan al promovente perjuicio alguno, pues aún no concluye en definitiva con la función constitucional de investigar los hechos denunciados, y ambas circunstancias constituyen actuaciones del Ministerio Público que están sujetas a la revisión del Juez de Control, sea que se determine una forma de terminación de la investigación, siendo en todo caso, éste último quien podría materializar el perjuicio y afectar los derechos del inculpado al determinar si resulta o no procedente librar la orden de aprehensión que en su caso solicite, y no así el Ministerio Público en ejercicio de sus facultades constitucionales de investigación para sustentar algún hecho, lo cual está sujeto a la valoración del juzgador, ello, sin dejar de lado que en el caso de judicializarse la carpeta respectiva, será ante el juez de control, en donde el imputado tendrá la oportunidad de contrarrestar dicha determinación ministerial a fin de que no se le vincule a proceso. Máxime que en el presente caso, no se advierte que se esté en un caso de excepción a la regla general indicada -improcedencia del juicio contra actos del ministerio público en la fase de investigación-, esto es, que se concluya que con la emisión del acto reclamado, se estén violando derechos fundamentales del quejoso, que hagan procedente la admisión de la demanda, por existir una afectación jurídica real, actual y directa que incida en su esfera de derechos; se dice lo anterior, ya que de su lectura, se advierte que la parte quejosa en forma genérica reclama la citada integración, por lo que no se advierte en ninguna de sus partes, que se pretenda afectar, como ya se mencionó algún derecho sustantivo en específico. Por tanto, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación directa con el diverso 5° de la Ley de Amparo, pues la integración de la mencionada indagatoria e incluso, la acción penal que se llegare a ejercer con motivo de dicha integración, no transgreden de manera alguna derechos sustantivos de la promovente; estimar lo contrario afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público que le fueron conferidas por disposición Constitucional, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En consecuencia, con base en lo establecido en el artículo 113 en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda, por ser notoriamente improcedente. Al respecto es aplicable la tesis (X Región)2o.1 P (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, en la página 2592, que establece: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." De la misma manera, resulta aplicable en el presente caso la tesis II.2o.P.51 P (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, viernes 20 de octubre de 2017 10:30 h, que establece: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente.". Asimismo, respecto del citatorio que anexó a su escrito de demanda (oficio 4476), en el cual citan al aquí quejoso para que comparezca a las once horas con treinta minutos del trece de junio de dos mil veintidós, a efecto de que tenga verificativo la ratificación del escrito presentado el seis de junio de dos mil veintidós, mediante el cual designó a sus defensores particulares dentro de la carpeta de investigación 12020170200419270522, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación por parte del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para que ratifique su escrito de designación de defensores particulares, a efecto de que lo representen dentro de la carpeta de investigación que se sigue en su contra. Además respecto de la omisión por parte del [1] Agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad (ordenadora), de expedir copias integra de la carpeta de investigación, 12020170200419270522, esto dicho acto puede ser impugnado ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del código nacional de procedimientos penales, como se advierte de las tesis jurisprudenciales que en seguida se citan. Tienen aplicación al caso, las tesis jurisprudenciales de rubro y contenido siguiente: Registro digital: 2018828 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239 Tipo: Jurisprudencia "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo" , Registro digital: 2017641 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 27/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945 Tipo: Jurisprudencia "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. DOMICILIO. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica para tal efecto. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas ********************, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de acuerdo a la certificación de cuenta. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Por otro lado, en acatamiento al artículo 2º del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de ser posible y de así considerarlo, continúen con la tramitación del juicio en línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. .
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes
- Marvin Leonel Ruano Sagastume y Otros.389/2023
- Mary Carmen Miranda Godinez1557/2019
- Mateo Cruz Guzmán y Otros.1313/2023
- Mateo García Tlanipateco389/2016
- Mateo Martínez Bolaños584/2020
- Mateo Nava Flores591/2022
- Mathías Contreras Casimiro y Otros.389/2019
- Mathías Contreras Casimiro1084/2015
- Matilde Martínez Bahena714/2017
- Matilde Vallesteros Ramírez448/2017
- Matilde Vallesteros Ramirez401/2014
- Matilde Vallesteros Ramírez151/2020