Matias Arellanes Sorrosa
Expediente 33/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 33 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Matias Arellanes Sorrosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que negó el amparo en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b, de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se estima que es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la sentencia emitida en este juicio de amparo y el presente auto. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en virtud que resulta innecesario conservar el disco versátil digital (DVD) que remitió la autoridad responsable juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, en apoyo a su informe justificado, mediante oficio se ordena devolver el mismo. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se concedió la suspensión definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón a que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo Asimismo, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno e interlocutoria de veinticinco de enero de ese mismo año, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 33/2021 III-B, promovido por Matías Arellanes Sorrosa, en contra de actos del Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Pinotepa Nacional, Oaxaca, y otras autoridades. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO En audiencia de dieciséis de abril de dos mil veinte, la Agente del Ministerio Público, solicitó al Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Pinotepa Nacional, Oaxaca, se librara orden de aprehensión en contra de Matías Arellanes Sorrosa, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violación, cometido en agravio de la menor de edad Y.O.S. Una vez que la citada representante social expuso los hechos delictivos, datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y necesidad de la cautela, el citado juzgador resolvió librar orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por el delito antes citado. Determinación que constituye uno de los actos reclamados TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Matías Arellanes Sorrosa, presentó un escrito el quince de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por cuestión de turno correspondió conocer del asunto a este órgano de control constitucional, el que por auto de dieciocho de enero del año en curso, admitió a trámite la demanda; se registró bajo el consecutivo 33/2021; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por autoridades de la jurisdicción del propio juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama lo siguiente: Autoridades responsables ordenadoras. Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Pinotepa Nacional, Oaxaca. La orden de aprehensión librada en su contra. Autoridades responsables ejecutoras. Fiscal General del Estado de Oaxaca. Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Comandante o Encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en Pinotepa Nacional, Oaxaca. La ejecución de la orden privativa de libertad. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO El Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Pinotepa Nacional, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, toda vez que en audiencia de dieciséis de abril de dos mil veinte, libró orden de aprehensión en contra de Matías Arellanes Sorrosa, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violación, cometido el primero en agravio de Y.O.S. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La anterior circunstancia, se corrobora con el disco versátil digital relativo al registro en audio y video de la audiencia privada de orden de aprehensión dentro de la causa penal 115/2020; medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Respecto a los informes de ley de las autoridades responsables señaladas como ejecutoras Fiscal General del Estado de Oaxaca, por conducto del Director de Asuntos Jurídicos y Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, a través del Servidor Público designado, también aceptaron la ejecución de la orden de captura reclamada. Por su parte, el Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en Pinotepa Nacional Oaxaca, omitió rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificado; por tanto, se presume cierto el acto que se le atribuye (ejecución de orden de captura), en términos del artículo 117, párrafo cuarto, aunado a que la autoridad ordenadora aceptó el acto que se le reclamó. LEGITIMACIÓN Matías Arellanes Sorrosa, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6° de la Ley de Amparo, ya que la orden de captura fue emitida en su contra, lo que a su consideración vulnera sus derechos fundamentales al considerar que no ha cometido ilícito alguno. OPORTUNIDAD Se estima que la promoción del juicio es oportuna, debido a la naturaleza de los actos reclamados, ya que al tratarse de una orden de aprehensión, cuya ejecución debe guardar sigilo, es inconcuso que el quejoso no tiene conocimiento cierto de aquélla hasta que las autoridades responsables rindan sus informes justificados y, en su caso, acepte la existencia de dichos mandamiento de captura. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." ESTUDIO DE FONDO El quejoso señala que las autoridades responsables transgreden en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que pretenden ejecutarle una orden de aprehensión de manera injusta, sin haber participado en la comisión de delito alguno. Asimismo, que no basta que la orden de aprehensión sea dictada por una autoridad competente, pues también se necesita que el hecho denunciado realmente pueda constituir un delito sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado. Los motivos de disenso antes expuestos resultan infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como se adelantó, en el presente asunto se controvierte la orden de aprehensión librada por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Pinotepa Nacional, Oaxaca, lo que implica que la causa penal de origen se encuentra en la etapa preliminar o de investigación. Ahora bien, la orden de aprehensión al igual que todo acto de autoridad debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, previstos por el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual en observancia a tal derecho fundamental, el juez de la causa debe establecer de manera fundada y motivada si obran o no datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; en tanto que este órgano jurisdiccional, a su vez, como garante de los derechos fundamentales de los gobernados, tiene el deber de examinar que las responsables cumplan con tal obligación constitucional. Así, para justificar la calificativa del motivo de disenso (infundado), se considera oportuno precisar que el artículo 16 de la Carta Magna, además de los requisitos de fundamentación y de motivación que todo acto de autoridad debe contener precisa las exigencias para su dictado se deben cumplir, según establece: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". De la transcripción que antecede se aprecia que los requisitos que deben colmarse para que la autoridad judicial libre la orden de aprehensión son los siguientes: Que sea dictada por autoridad judicial; Que esté precedida por denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; Que el ilícito sea sancionado con pena privativa de libertad; y, Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Se advierta necesidad de cautela. A su vez, los dispositivos 141, fracción III, y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.) III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." Primer requisito. En la especie se considera que se encuentra colmado, porque de la consulta del disco versátil digital que exhibió la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, se advierte que la orden de captura fue emitida por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Pinotepa Nacional, Oaxaca, quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerce sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica. Segundo requisito. Se encuentra satisfecho relativo a que la orden de aprehensión esté precedida por una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Cierto, de la consulta del disco digital se advierte que existe la denuncia de Faustina Sandoval López, quien es la madre de la víctima menor de edad Y.O.S., quien al enterarse de los hechos ocurridos, acudió a levantar denuncia en contra del aquí quejoso. Tercer requisito. Se encuentra cumplido consistente en que el ilícito respecto del cual el Agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión sea sancionado con pena privativa de libertad, toda vez que en el caso, se trata del hecho que la ley señala como el delito de violación. Ilícito que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 246 del Código Penal para el Estado de Oaxaca. Dicho precepto es del tenor literal siguiente: "Artículo 246. Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo, se le impondrá prisión de catorce a veinte años y multa de seiscientos a un mil doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo." Cuarto requisito. Es oportuno destacar que para que se actualice el hecho que la ley señala como el delito de violación, se requiere de los elementos siguientes: Que se haya impuesto la cópula. Que se haya cometido con violencia física o moral. Sin el consentimiento de la víctima. Para tener por configurados tales elementos, el resolutor de origen tomó en consideración los datos de prueba siguiente: Denuncia de Faustina Sandoval López (víctima indirecta), de veinte de febrero de dos mil veinte, quien relató ante la autoridad ministerial que llevó a su hija Y.O.S. de trece años al médico, ya que no comía y le daba mucho sueño. Que después de haberla examinado, éste le dijo que su hija se encontraba embarazada, por lo que después de hablar con ella, le confesó que Matías Arellanos Sorrosa la había violado el diez de agosto de dos mil diecinueve, cuando la habían mandado a la tienda a comprar. Declaración de la menor Y.O.S., de veinte de febrero de dos mil veinte, llevada a cabo en presencia de su progenitora y de una perito en psicología. La menor precisó que el diez de agosto de dos mil diecinueve, aproximadamente a las once de la mañana, su mamá la mandó a la tienda del pueblo a comprar zanahorias; que después de ingresar a dicho lugar ubicado en calle cinco de mayo, barrio abajo de la comunidad de San Juan Bautista Lo de Soto, Jamiltepec, Oaxaca, se cayó una reja de metal, que al agacharse a recogerla, el imputado la jaló del brazo derecho y la llevó a un cuarto, donde la metió y le puso seguro a la puerta. Refiere que después, el imputado la acostó en la cama y le quitó su ropa interior color rosa, metió su pene en su vagina y se movía fuertemente, lo que duró aproximadamente veinte minutos; ella manifestó que trató de gritar para pedir ayuda, pero Matías Arellanes Sorrosa le tapó la boca con la mano; cuando terminó la agresión le dijo que se vistiera y se fuera a su casa, que no dijera nada porque la mataría a ella y a sus hermanos. Que después de dos meses de la agresión, se dio cuenta que no le bajaba la regla y que en febrero de dos mil veinte, su mamá la llevó al doctor, donde le dijeron que estaba embarazada. Certificado médico ginecológico, proctológico y de lesiones, de veinte de febrero de dos mil veinte, llevado a cabo por el médico Lázaro Ramírez Jiménez. Al examinar a la menor víctima estableció que contaba con datos de penetración antigua y que contaba con 26.4 semanas de gestación. Dictamen psicológico, de veinte de febrero de dos mil veinte, llevado a cabo por la perito Melissa Isabel Lavariega Leyva, quien determinó que la menor víctima tiene ansiedad y síntomas depresivos, angustia por su embarazo, por lo que recomendó tratamiento psicoterapéutico. Inspección ocular de seis de marzo de dos mil veinte. Acta de nacimiento de la menor Y.O.S. Los datos de prueba que anteceden, el suscrito considera que fueron correctamente valorados por el Juez de Control en términos de lo dispuesto por los artículos 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se justifica lo anterior, toda vez que respecto de la denuncia de Faustina Sandoval López, madre de la víctima directa Y.O.S. y declaración de ésta última, fueron realizadas acorde con las formalidades que establecen los artículos 221 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, emitidas ante la autoridad ministerial, siendo que la menor de edad estuvo asistida de su madre y de una perito en psicología. Estableció que no se advirtió violación de algún derecho para su obtención o ánimo injustificado para perjudicar al imputado, pues resulta lógico y coherente que la denunciante lo que busca es proteger a su menor hija. Así, por lo que hace a la denuncia de Faustina Sandoval López, precisó que si bien no le constan los hechos por sí misma, no sobrepuso algo que no le constara; fue puntual en establecer que en febrero de dos mil veinte, llevó a su hija Y.O.S., de trece años de edad, al médico, quien le indicó que estaba embarazada, motivo por el cual la cuestionó que quién era el padre del bebé que esperaba, así fue la manera en la cual se enteró de la agresión que sufrió la menor, pues hasta ese momento le contó, ya que tenía miedo de decirlo, al haber sido amenazada por el imputado. Por su parte, respecto de la declaración de la menor Y.O.S., el Juez responsable indicó que es coincidente con lo denunciado por su progenitora, que da razón del porqué compareció a denunciar hasta febrero de dos mil veinte (casi seis meses después de la agresión), que era algo común que su mamá la mandara a comprar a la tienda y que sabe quién es su agresor porque es la tienda del pueblo. El Juez de la causa concedió valor probatorio a los datos de prueba antes relacionados, pues estableció que ambos se relataron de forma lógica, coherente y creíble; aunado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por la naturaleza del ilícito, la declaración de la víctima tiene valor preponderante. Además, estableció que al cursar la semana 26.4 de gestación, es coincidente con la fecha en la cual fue sexualmente agredida. Respecto del certificado médico, la autoridad responsable indicó que es creíble y le concedió valor probatorio, en razón que el perito que lo efectuó explicó a la víctima lo que le realizaría y concluyó que existe desgarre antiguo, es decir, penetración antigua; asimismo, que cursaba la semana 26.4 de gestación, lo que estableció con base a sus conocimientos. Al dictamen psicológico también le concedió valor probatorio, pues la perito indicó que después de analizar a la menor víctima, ésta se encontraba en un estado de angustia y zozobra derivado de la agresión y de su embarazo, por lo que tenía una afectación psicoemocional. Seguidamente, el dato de prueba consistente en la inspección ocular de seis de marzo de dos mil veinte, realizada en la calle donde ocurrieron los hechos denunciados, se coincide con el juzgador de la causa al otorgarle valor probatorio. Ello al ser practicadas por agentes de investigaciones que asientan se constituyeron en calle cinco de mayo, barrio abajo, de la comunidad de San Juan Lo de Soto, Jamiltepec, Oaxaca, lugar donde sucedieron los hechos, detallando todo lo que percibieron. Por ende, como lo precisó el juzgador primario, ese dato de prueba hasta ese momento procesal es idóneo para tener establecido que materialmente existe el lugar donde acontecieron los hechos que nos ocupan. De ahí que este Juzgador Federal coincide en el acertado valor probatorio concedido, ya que genera convicción porque se trata de un acto de investigación sobre el cual tiene facultad en términos de lo que establece el artículo 132 en su fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues actuó como un auxiliar del Ministerio Público, se constituyó de manera directa en el lugar inspeccionado, es decir, tuvo a la vista el lugar de los hechos delictivos (vía pública, no así el interior del domicilio donde la menor refiere ocurrió la agresión). También se coincide con el juzgador al otorgarle valor probatorio al acta de nacimiento de la menor Y.O.S., de la cual se desprende que nació el diecisiete de julio de dos mil seis, pues se trata de una documental pública, expedida por autoridad competente. Con base en estos datos de prueba, se coincide con el juez de control en el sentido de que de su valoración individual y conjunta, hasta ese momento procesal, se justifica lo siguiente: Que el diez de agosto de dos mil diecinueve, aproximadamente a las once horas, la adolescente Y.O.S. fue a la tienda del imputado, en calle cinco de mayo, barrio abajo, de la comunidad de San Juan Bautista Lo de Soto, Jamiltepec, Oaxaca. Al interior de la tienda se cayó una reja de metal, al agacharse a recogerla, Matías Arellanes Sorrosa la jaló de la mano derecha, llevándosela al interior de un cuarto, cerró la puerta, le puso seguro, la acostó en la cama boca arriba, le quitó la ropa interior color rosa que tenía puesta, se encimó en ella y metió su pene en su vagina, se movió fuertemente por aproximadamente veinte minutos, le dijo que se vistiera y se fuera a su casa, que si decía algo mataría a su familia. Que la adolescente nació el diecisiete de julio de dos mil seis, por lo que tenía trece años cumplidos al momento de la agresión. Que cuando denunció, tenía 26.4 semanas de gestación. Es decir, el suscrito considera que con dichos datos de prueba se configuran los elementos que integran el hecho que la ley señala como el ilícito de violación. Por lo que respecta al primer elemento que es la imposición de la cópula, como acertadamente lo refiere el Juez, se encuentra colmado, pues esto se llevó a cabo en el cuerpo de la víctima, después de que el imputado le quitara la ropa e introdujera su pene en la vagina de la menor, como se obtuvo de la declaración de Y.O.S. Lo que concatenó con el certificado médico, del que se desprendió que la víctima presentaba desgarres vaginales antiguos y cursaba la semana 26.4 de gestación, lo que coincide con la fecha en la cual fue agredida sexualmente. Por lo que respecta al segundo elemento, consistente en que se haya ejecutado con violencia física o moral, indicó que el ilícito se cometió ejerciendo violencia física sobre la víctima, pues de la declaración de la menor se obtuvo que el imputado para imponerle la cópula la jaló del brazo derecho, la acostó en la cama, le quitó la ropa interior y le tapó la boca para que no gritara; lo que resulta creíble haya sido lo necesario para imponerle la cópula, derivado de su edad (trece años). Por lo que hace al tercer elemento, consistente a que el ilícito se cometa sin el consentimiento de la víctima, el Juez responsable indicó que se colmó porque la menor trató de evitar que se cometiera la agresión sexual, al intentar pedir auxilio, pero el imputado le tapó la boca para evitarlo, aunado a que hasta denunció los hechos ocurridos, lo que denota que no consintió lo sucedido. En ese tenor, el Juez de Control también estableció que la conducta desplegada por el imputado fue de manera dolosa, en términos del artículo 8, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, ya que tenía la intención de agredir sexualmente a la menor, pues de la declaración de esta se obtuvo que le refirió le traía ganas desde la primaria. En diverso orden, en relación a la probable responsabilidad del aquí quejoso Matías Arellanes Sorrosa, se encuentra justificada hasta ese momento procesal, con la declaración emitida por la víctima directa Y.O.S., pues hace un señalamiento directo y categórico hacia el imputado como la personas la agredió sexualmente, lo que se concatena con lo denunciado por su progenitora. Lo que se estima correcto, pues al respecto, la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/93, visible en la página trescientos cuarenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación VI, segunda parte, julio a diciembre de mil novecientos noventa, expresa: "CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Si bien es cierto que cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona; también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia una violación de garantías." Quinto requisito. Consistente en la necesidad de la medida dictada, el juez de control responsable, en el dictado del mandamiento de captura, advirtió su necesidad, atendiendo a que por la pena que pudiera llegarse a imponer al sujeto activo, de conformidad con el artículo 246 del Código Penal del Estado, respecto del ilícito de violación que es una punibilidad como mínima de catorce años y como máximo veinte años de prisión, máxime que en el supuesto de dictarse auto de vinculación a proceso, ameritaría prisión preventiva oficiosa. En las relatadas consideraciones, se estima correcto el razonamiento relacionado con la necesidad de dictar la orden de aprehensión, pues es muy probable que el quejoso no se someta al procedimiento debido a la pena que pudiera imponérsele en caso de resultar culpable; además de que en el caso no se advierte, conforme a la ley del acto ninguna salida alterna o anticipada de terminación del proceso que pudiera beneficiarles; y, en caso de sentencia condenatoria, no podría concedérsele algún beneficio preliberacional como el de sustitución de la pena o la condena condicional; por lo que, como se dijo, es necesaria la medida dictada por el juez responsable. Por ello, es que se considera que hasta este momento, existen datos de prueba (valorados de forma individual y en su conjunto) que justifican que probablemente Matías Arellanes Sorrosa participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación, ilícito previsto y sancionado por el numeral 246 del Código Penal del Estado de Oaxaca. Esto es, que existe la probabilidad de que Matías Arellanes Sorrosa, haya perpetrado el ilícito en estudio, ya que se estableció que el diez de agosto de dos mil diecinueve, aproximadamente a las once horas, la adolescente Y.O.S. fue a la tienda del nombrado, ubicada en calle cinco de mayo, barrio abajo, en la comunidad de San Juan Bautista Lo de Soto, Jamiltepec, Oaxaca; en el interior, se cayó una reja de metal que cuando se agachó a recogerla, el imputado la jaló del brazo derecho para llevarla a un cuarto, la metió y cerró la puerta, la acostó en la cama, boca arriba, le quitó la ropa interior color rosa, se le encimó y metió su pene en la vagina de la menor, moviéndose fuertemente por alrededor de veinte minutos; luego, le dijo que se vistiera y se fuera a su casa, pero que no dijera nada de lo sucedido, porque si decía algo, mataría a su familia. Resta destacar que para el libramiento de la orden de aprehensión la ley solo exige datos o indicios y no pruebas plenas para acreditar la probable responsabilidad del incoado en la comisión del ilícito que se le atribuye. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. LVII/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 514, Tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN, PARA SU LIBRAMIENTO NO ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA PLENA EL CUERPO DEL DELITO. De la interpretación auténtica del segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1999, se desprende que para el libramiento de la orden de aprehensión no se requiere que se encuentre acreditado plenamente el cuerpo del delito. Ciertamente, del proceso legislativo que dio origen a la redacción actual del referido artículo, se advierte que la intención del Poder Reformador fue buscar el equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las facultades de la autoridad para perseguir y castigar delitos y, en consecuencia, flexibilizar los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público a través del ejercicio de la acción penal, cuestión que se hizo patente, en principio, en la Cámara de Senadores (Cámara de Origen), que puntualizó que debía dejarse para el proceso y la sentencia definitiva la acreditación plena del hecho delictivo, por lo que se consideró que para librar una orden de aprehensión se requería que existieran datos que acreditaran el cuerpo del delito, posición que fue compartida por la Cámara de Diputados (Cámara Revisora), que aludió a las dificultades del Ministerio Público para integrar la averiguación previa y el Juez para librar la orden de aprehensión, refiriéndose a la redacción anterior de dicho dispositivo constitucional. Ahora bien, conviene destacar que el hecho de que el Ministerio Público y el Juez no deban acreditar plenamente el cuerpo del delito, en los términos precisados, no significa que puedan actuar a su libre arbitrio en cada una de esas etapas procedimentales, puesto que tienen la insoslayable obligación de observar los restantes requisitos exigidos para ello, además de respetar todas las garantías que consagra la Carta Magna, a las cuales deben ceñir su actuación las autoridades en la emisión de dichos actos, por lo que el hecho de que se hayan flexibilizado los requisitos de referencia, no implica su desconocimiento por las autoridades que procuran o administran justicia." Por todo lo anterior, se concluye que la orden de captura reclamada cumple con las exigencias establecidas por el artículo 16 Constitucional, ya que la autoridad responsable citó los fundamentos legales aplicables al caso concreto y los motivos por los cuales consideró que los hechos sometidos a su conocimiento se adecuaban a la hipótesis del antisocial de que se trata y que existían medios de convicción que denotan, hasta ese momento, que existe la probabilidad de que el imputado -aquí quejoso- participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación. DECISIÓN Consecuentemente, al resultar ineficaces los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Matías Arellanes Sorrosa. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen a las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, en razón de que no se le reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia del diverso pronunciado por la juez de control. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/338, visible en la página 69, volumen 83, Noviembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". No obsta arribar a la anterior decisión, el hecho que no se haya emplazado a la víctima directa Y.O.S., por conducto de su progenitora, ya que el sentido del fallo no le irroga perjuicio. Robustece lo aseverado la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 2428, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE a Matías Arellanes Sorrosa, por los motivos expuestos en el apartado X del presente fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, hace del conocimiento que no se localizó información a nombre de Faustina Sandoval López. En consecuencia, téngase a la citada autoridad cumpliendo con lo solicitado. Ahora bien, del estado procesal de los autos, se desprende que en auto de dieciocho de junio de la presente anualidad, al no encontrarse diverso domicilio en el cual pueda ser localizada la tercero interesada de iniciales Y.O.S., se procedió a hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticuatro de mayo del año en curso y este Juzgado Federal se avocó a la investigación del domicilio de la citada parte procesal. En ese sentido, se requirió a las siguientes autoridades: 1.- Comisión Federal de Electricidad. 2.- Gerente Comercial de Teléfonos de México. 3.- Vocal del Instituto Nacional Electoral. 4.- Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 5.- Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Subdelegación de Prestaciones en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca. 6.- Encargado del Registro Público de la Propiedad. Para que proporcionaran el domicilio que en los archivos de las instituciones y dependencias a su cargo existiera a nombre de Faustina Sandoval López, quien resulta representante legal madre de la tercero interesada de iniciales Y.O.S. Por lo tanto, al cumplir con lo solicitado, únicamente la jefa del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, encontró un domicilio en su base de datos; sin embargo, es el mismo que el juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, remitió y que al girar despacho para realizar el emplazamiento regresó sin diligenciar ya que la tercera interesada ya no habita en ese domicilio. En consecuencia, se tiene informando lo anterior para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
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