Mateo Rojas Ramírez

Expediente 1191/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1191/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
12/02/2019

Partes del expediente

  • Mateo Rojas Ramírez
  • magistrados integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mesa de Amparo II-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil diecinueve. Se advierte que la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca acusa recibo del juicio de amparo 1191/2018, de los cuadernos del incidente de suspensión derivado de ese asunto y de cuatro tomos de pruebas; acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de ese sumario; y, solicita se autorice la vinculación del juicio de amparo 1191/2018 del índice propio al diverso 85/2019 de su estadística. En consecuencia, este órgano jurisdiccional toma nota de lo anterior y se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional para que realice la vinculación correspondiente por un lapso de diez días. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado por los puntos vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto por 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal archívese el presente asunto como concluido. En razón de que el presente expediente se considera como un cuaderno auxiliar acorde a lo dispuesto por el punto segundo, fracción XX, del aludido acuerdo, ya que es un cuaderno de antecedentes que contiene actuaciones procesales vinculadas a los procedimientos que conoció este órgano jurisdiccional y no se resolvió el asunto planteado por haberse declarado este Juzgado incompetente para conocer de éste. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en razón de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo señalado. De igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta en este expediente no existen documentos considerados como originales en términos del punto segundo, fracción XVIII, del mencionado acuerdo. Por tanto, transcurridos más de seis meses contados a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, del estado procesal de los autos se advierte que en proveído de seis de febrero del año en curso, se reservó proveer respecto del escrito con huellas digitales de Paula Román y firma autógrafa a su ruego de I. Jaime Hernández Sosa hasta en tanto la Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca aceptara la competencia; en consecuencia, previa copia que se deduzca remítase el original y una copia del citado ocurso al Juzgado Federal en mención a efecto de que esté en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda respecto de su contenido por ser quien ahora conoce del presente asunto. Cúmplase.

  2. Principal

    " . . . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. El análisis de las constancias que integran este sumario conduce a sostener que ha sobrevenido una hipótesis de inejercicio de la acción de amparo cuya actualización indudable y manifiesta impide continuar con la substanciación del juicio constitucional, de acuerdo con las consideraciones siguientes: I. Identificación de la litis constitucional. En principio es necesario establecer que el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme Mateo Rojas Ramírez reclama la falta de pronunciamiento del fallo correspondiente en el toca penal 146/2017 de la Sala de Justicia Indigena y Quinta Sala Penal del tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. II. Consideraciones para decretar el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional. Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causal de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, debe indicarse que la doctrina ha conceptualizado al sobreseimiento como el acto a través del cual se da por concluido un proceso sin que se haga un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo por falta de alguno de sus elementos constitutivos de carácter fundamental, o bien, por el surgimiento de una circunstancia que hace imposible o innecesario el análisis de la acción ejercida. También debe precisarse que en las diversas ramas procesales el sobreseimiento se decreta en el momento en el que se actualiza la causal correspondiente, ya que ésta impide la continuación del procedimiento relativo, lo cual significa que el sobreseimiento da por concluido el proceso sin que se haga pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo debatida. En el juicio de amparo no es la excepción para decretar el sobreseimiento en el momento en el que se actualice una causal de improcedencia, con la única condicionante de que ésta sea manifiesta e indudable porque como se ha mencionado el sobreseimiento pone fin al procedimiento y, por ello, debe decretarse tan luego como aparezca la hipótesis de inejercicio correspondiente, ya que ningún objetivo práctico tendrá continuar con un procedimiento cuyo deceso ha ocurrido. Ahora, se dice que una causal de improcedencia es manifiesta e indudable cuando salta a la vista de la simple lectura de las constancias de autos y por más elementos de pruebas que se ofrezcan en su contra, éstas no desaparecerán. En ese sentido, es de explorado derecho que para decretar el sobreseimiento en el juicio de protección de los derechos fundamentales, las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo que sirvan de apoyo para ello necesariamente tienen que reunir tales características, es decir, deben ser manifiestas e indudables porque de lo contrario este órgano jurisdiccional estará obligado a pronunciarse sobre el tema de fondo, concediendo o negando la protección constitucional solicitada. De acuerdo con lo anterior es pertinente precisar que las causales de improcedencia atendiendo al momento en el que sean detectadas por el Juzgador conducen al desechamiento de la demanda de amparo, o bien, a decretar el sobreseimiento del medio extraordinario de defensa. En este punto, precisa señalar que de lo establecido por el ordinal 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia se advierte que el sobreseimiento del juicio de amparo puede ser decretado en una resolución que se dicte fuera de la audiencia constitucional, ya que ese dispositivo establece que procede el recurso de revisión en contra de las resoluciones que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, lo cual significa que se trata de un acto judicial distinto a la sentencia que se pronuncia en esa diligencia. Lo anterior evidencia la intención del legislador de que los Jueces de amparo no continúen con un juicio que no va rendir frutos cuando se actualicen las causales de improcedencia con las características antes precisadas. De lo anterior se sigue que el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional es permitido legalmente, ya que en los casos como el que se alude ningún efecto práctico tiene esperar a que se celebre esa diligencia para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o la inconstitucionalidad del acto reclamado porque la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta e indudable no es posible que con los elementos de prueba sea desvirtuada y se tenga que emitir una sentencia en un sentido distinto. Lo expuesto permite concluir que en los casos en los que las hipótesis de improcedencia sean manifiestas e indudables de manera que con algún elemento de prueba se pueda desvirtuar esa situación es procedente decretar el sobreseimiento del juicio constitucional sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar elementos probatorios que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia; además, de que esa circunstancia no provoca indefensión en el gobernado porque tiene a su alcance el recurso de revisión, por lo que esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que traería consigo es retardar la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al arábigo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo expuesto tiene respaldo en las razones establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." III. Improcedencia Estudio oficioso del supuesto de inejercitabilidad de la acción constitucional previsto por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último dispositivo interpretado a contrario sensu. Con fundamento en el arábigo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que en relación con el acto reclamado a los magistrados Integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistente en la resolución de doce de diciembre de dos mil dieciocho dictada en el toca penal 146/2017 se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último numeral interpretado en sentido contrario, dado que esas actuaciones no constituyen actos de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de ese precepto estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Superioridad puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este país y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: ? La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, ? La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación , que expone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. También es preciso invocar la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de ser 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: 'VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.' y 'ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse un fallo favorable los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por el Pacto Supremo o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos el particular debe esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva o de la determinación que ponga fin al proceso para poder combatir en la vía directa las eventuales violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de la decisión final. En el caso, la solicitante del amparo reclama de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el recurso de apelación substanciado bajo el toca familiar 491/2015, en tanto que a la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con domicilio en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, atribuye la ejecución de ese fallo en el juicio de controversias del orden familiar de pensión alimenticia y de guarda y custodia 57/2013, en el que la justiciable tiene la calidad de parte en sentido formal y material, dado que fue quien promovió ese contradictorio; por tanto, se trata de la accionante en dicho asunto. Ahora, del contenido de la resolución atacada se advierte que el Tribunal responsable estableció que eran inoperantes los agravios que la disidente expresó en tal medio de impugnación en contra de las determinaciones que la Juez primigenia adoptó en la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el tres de marzo de dos mil quince en el juicio de origen , en las que esta última decidió no tener por justificada la inasistencia de aquélla a esa diligencia; en consecuencia, hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra y procedió por un lado a desahogar algunos de los medios de convicción que fueron admitidos a los litigantes -como las documentales, las confesionales (en cuanto a la titular de la acción de amparo se tuvo por confesa de las posiciones calificadas de legales porque no compareció), un estudio socioeconómico, un informe, las presunciones legales y humanas- sin la presencia de la quejosa y, por otro, declaró la deserción de las testimoniales ofrecidas por los contendientes porque no presentaron a sus atestes; por tanto, confirmó las determinaciones apeladas, lo cual implica que la Juez del primer grado está en aptitud de continuar con la substanciación del juicio natural en razón de que las decisiones que adoptó en la audiencia de ley se estimaron correctas. Lo anterior evidencia que las actuaciones reprochadas a las autoridades responsables no constituyen actos de imposible reparación en la medida en que no producen una afectación material a derechos sustantivos, como el domicilio, la propiedad, la posesión, etcétera, aun cuando la disconforme alega una transgresión en su perjuicio a los derechos fundamentales de debido proceso, de legalidad, de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva previstos por los normativos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. En efecto, la resolución reclamada es un acto intraprocesal que no causa una afectación de imposible reparación, dado que la determinación del Tribunal de alzada responsable de confirmar los acuerdos que la Juez primaria dictó en la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el tres de marzo de dos mil quince en el juicio de origen, en los que esta última decidió no tener por justificada la inasistencia de la inconforme a esa diligencia; en consecuencia, hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra y procedió por un lado a desahogar algunos de los medios de prueba que fueron admitidos a los litigantes -como las documentales, las confesionales (en cuanto a la promovente se tuvo por confesa de las posiciones calificadas de legales porque no compareció), un estudio socioeconómico, un informe, las presunciones legales y humanas- sin la presencia de la quejosa y, por otro, declaró la deserción de las testimoniales ofrecidas por los contendientes porque no presentaron a sus testigos eventualmente entrañaría una transgresión a sus derechos adjetivos que tendría efectos formales o intraprocesales, los cuales se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia definitiva, o bien, cuando se pronuncie la resolución que ponga fin a esa controversia y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió al sentido de la determinación final correspondiente y afectó las defensas de la peticionaria del amparo. Es así, porque por regla general cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando aleguen violaciones a los normativos 14 y 17 del Pacto Federal -como en la especie sucede-, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetiva, ya que no se trata de una afectación autónoma o independiente, sino que se da dentro del procedimiento en el que la solicitante de la protección constitucional es parte, por lo que no se actualiza el supuesto de excepción previsto por el arábigo 107, fracción V, de la ley de la materia para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Lo anterior adquiere mayor relieve si se tiene presente que la violación procedimental alegada consistente en confirmar las determinaciones que el órgano jurisdiccional de primera instancia dictó en la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el tres de marzo de dos mil quince en el contradictorio de origen, en las que esta última decidió no tener por justificada la inasistencia de la quejosa a esa diligencia; por consiguiente, hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra y procedió por un lado a desahogar algunos de los medios de convicción que fueron admitidos a las partes -como las documentales, las confesionales (en cuanto a la justiciable se tuvo por confesa de las posiciones calificadas de legales porque no compareció), un estudio socioeconómico, un informe, las presunciones legales y humanas- sin la presencia de la disidente y, por otro, decretó el desechamiento de las testimoniales ofrecidas por los litigantes porque no presentaron a sus atestes, por el momento procesal en el que se produce sólo ocasiona una afectación a los derechos adjetivos de la promovente al obligarla a soportar las consecuencias de las decisiones que la Juzgadora primigenia adoptó respecto del desahogo y la deserción del material probatorio enunciado. Pero con esa situación no se afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal, o bien, por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tan sólo hace nacer la posibilidad de que esa circunstancia ocurra al momento de resolverse la controversia de manera definitiva -esto es, cuando se dicte la sentencia-, o bien, cuando se emita la resolución que ponga fin al asunto, en la medida en que las determinaciones adoptadas -desahogo y desechamiento- en la audiencia de ley señalada en relación con las citadas probanzas influyan en sentido negativo para que el resultado del fallo respectivo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva para poder combatir esa violación adjetiva mediante el juicio de amparo directo, siempre que haya afectado las defensas de la justiciable trascendiendo al resultado de la sentencia, en términos de lo prescrito por el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" En esa línea, el hecho de que se hayan confirmado los acuerdos dictados en la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el tres de marzo de dos mil quince en la controversia de origen, en los que la Juez responsable determinó: a) no tener por justificada la inasistencia de la inconforme a esa diligencia; b) hacer efectivo el apercibimiento decretado en su contra; y, c) proceder por un lado a desahogar algunas pruebas que fueron admitidas a los contendientes -como las documentales, las confesionales (en cuanto a la titular de la acción de amparo se tuvo por confesa de las posiciones calificadas de legales porque no compareció), un estudio socioeconómico, un informe, las presunciones legales y humanas- sin la presencia de la quejosa y, por otro, declaró la deserción de las testimoniales ofrecidas por las partes porque no presentaron a sus testigos, no puede conducir a considerar que se está frente a actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que las actuaciones combatidas no producen de manera inmediata una afectación material a un derecho sustantivo tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, sino la probable violación a derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales porque puede ocurrir que la afectada obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedaría reparada la violación alegada y los posibles perjuicios que se le hayan causado con las decisiones indicadas. En esa línea, lo decidido por la Sala responsable en la resolución combatida eventualmente entrañaría una transgresión a diversos derechos adjetivos que tiene efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia definitiva, o bien, cuando se pronuncie la determinación que ponga fin al juicio natural y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió al sentido de la decisión correspondiente y afectó las defensas de la solicitante de la tutela constitucional. Por tanto, si el fallo impugnado y su ejecución no afectan materialmente algún derecho sustantivo de la peticionaria del amparo tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte es inconcuso que no se actualiza el supuesto previsto por el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que pueda ser considerado como un acto que produce efectos de imposible reparación. Por las consideraciones expuestas se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último precepto interpretado a contrario sensu. IV. Decisión En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último dispositivo interpretado en sentido contrario, este Juzgador determina decretar el sobreseimiento en el presente asunto fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el normativo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de los actos que la justiciable reclamó a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y a la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistentes en la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete dictada en el recurso de apelación substanciado bajo el toca familiar 491/2015 y la ejecución de ese fallo en el juicio de controversias del orden familiar de pensión alimenticia y de guarda y custodia 57/2013. Esta resolución tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.", cuyo texto y datos de localización se indicaron en los párrafos precedentes. V. Consecuencias jurídicas derivadas de la determinación adoptada. En razón de la decisión adoptada se dejan sin efectos la fecha y la hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas con veinte minutos del once de febrero de dos mil diecinueve). Notifíquese personalmente. SE NOTIFICÓ EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

  3. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Agréguese la comunicación señalada en la cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la secretaria de acuerdos adscrita a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca en atención al requerimiento formulado en el proveído de nueve de enero del año en curso remite los autos originales del toca penal 146/2017 del índice de ese órgano jurisdiccional y del proceso criminal 11/2015 de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca; en consecuencia, téngase a la autoridad judicial responsable por cumplido el requerimiento formulado. Asimismo, en aras de observar el derecho de defensa consagrado por el numeral 14, segundo párrafo, de la Carta Magna en beneficio de las partes dese vista a esos sujetos del proceso con los instrumentos señalados. En otro aspecto, para un mejor manejo de este expediente fórmese por separado los cuadernos I y II de pruebas y guárdense en la mesa II de la secretaría de este Juzgado, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese. Así lo determinó el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante el secretario de acuerdos Felipe Hernández López, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de enero de dos mil diecinueve. Agréguense el comunicado y el anexo señalados en la cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo ténganse a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado y por anunciada la documental que allega, sin perjuicio de admitirla, relacionarla y desahogarla en la etapa relativa de la audiencia constitucional; en consecuencia, con dicho informe y la copia certificada de la resolución de doce diciembre del año próximo pasado pronunciada en el toca penal 146/2017 dese vista a las partes. En otro punto, dado que las actuaciones del toca penal 146/2017 y del proceso criminal 11/2015 resultan necesarias para la resolución de este juicio constitucional, con apoyo en lo previsto por el arábigo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento citado en primer orden requiérase a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca para que dentro del plazo de tres días remita copia certificada completa, ordenada y legible de las constancias que integran esos asuntos. En ese sentido, se apercibe al Tribunal responsable que de no cumplir con el requerimiento formulado o en el supuesto de no informar el impedimento legal o material que tenga para ello se impondrá en su contra una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido por los arábigos 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 17/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese. Así lo determinó el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante el secretario de acuerdos Felipe Hernández López, quien autoriza y da fe.

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