Mathiup Arellano Vázquez

Expediente 2013/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2013/2017
Año
2017
Actuaciones
21
Última actuación
22/05/2018

Partes del expediente

  • Mathiup Arellano Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2013/2017-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de abril de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer resolutivo determinó sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la sentencia de veintiséis de abril del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ...Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 2013/2017-IV, promovido por MATHIUP ARELLANO VÁZQUEZ contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el doce de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado ese mismo día a este Juzgado de Distrito, MATHIUP ARELLANO VÁZQUEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Previo desahogo de prevención, por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada bajo el expediente de amparo 2013/2017-IV; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde se verificó el acto de aplicación de las leyes combatidas. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se tratan de: 1.- El proceso legislativo y contenido del artículo 71 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos y el decreto 351 por el que se expidió la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base al ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el cobro de los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad número 4542 el veintiocho de junio de dos mil siete. 2.- El acto de aplicación de las referidas normas legales. 3.- El proceso legislativo y contenido de los artículos 1, 2, 5, 6 y 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Se estima pertinente establecer que si bien el quejoso en su demanda señaló como acto reclamado la fracción I del artículo 5, la fracción II del artículo 6 y la fracción VIII del artículo 7 de la referida Ley de Ingresos; sin embargo, las disposiciones legales en comento no contienen fracciones. 4.- El acto de aplicación de las referidas normas legales. 5.- El proceso legislativo y contenido del artículo 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 6.- El acto de aplicación de la referida norma legal. 7.- El proceso legislativo y contenido de los artículos 94 ter al 94 ter 11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 8.- El cobro de la cantidad de $10,060.00 (DIEZ MIL SESENTA PESOS 00100 M.N), en aplicación de las normas legales citadas en el punto que antecede. 9.- El proceso legislativo y contenido de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, todos relativos al impuesto adicional sobre impuestos y derechos municipales. 10.- El cobro de la cantidad de $2,515.00 (DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de las disposiciones descritas en el punto que antecede. 11.- El proceso legislativo y contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos vigente en noviembre de dos mil diecisiete. 12.- El cobro de 85 (ochenta y cinco) UMA (Unidad de Medida y Actualización) equivalentes a la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de la norma legal citada en el punto que antecede. 13.- El proceso legislativo y contenido del artículo 77, fracción III, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos vigente en noviembre de dos mil diecisiete. 14.- El cobro de 85 (ochenta y cinco) UMA (Unidad de Medida y Actualización) equivalentes a la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de la norma legal citada en el punto que antecede. TERCERO. No son ciertos los actos de aplicación del artículo 71 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos ni del decreto 351 por el que se expidió la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base al ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el cobro de los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria, que se atribuyó al Tesorero del Municipio de Juitepec, Morelos, en virtud de que así lo manifestó dicha autoridad responsable al rendir su informe justificado (fojas 62 a 67), sin que el quejoso hubiese desvirtuado la negativa que sostuvo la autoridad responsable, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de dichos actos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. De igual forma, no son ciertos los actos de aplicación de los artículos 1, 2, 5, 6, y 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, que se reclamaron al Tesorero del Municipio de Juitepec, Morelos, toda vez que al rendir su informe justificado negó la aplicación de mencionadas normas legales (fojas 62 a 67), sin que el quejoso, hubiese desvirtuado la negativa, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de dichos actos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tampoco es cierto el acto de aplicación del artículo 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que se reclamaron al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, Morelos, toda vez que dicha disposición legal se refiere a los derechos de inscripción de contratos, demandas o resoluciones judiciales o administrativas que se refieran a prestaciones periódicas, lo que en el caso concreto no acontece, toda vez que la escritura pública 79,559 no contienen ningún acto jurídico de esa naturaleza, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO.- Es cierto el acto reclamado al Ayuntamiento y Tesorero del Municipio de Jiutepec, Morelos, consistente en el cobro de la cantidad de $10,060.00 (DIEZ MIL SESENTA PESOS 00100 M.N), en aplicación de los artículos 94 ter a 94 ter 11, de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y en el cobro de la cantidad de $2,515.00 (DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, lo cual está demostrado con la copia certificada de la escritura pública 79,559, del protocolo del Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, de la que se desprende que en el apartado de certificaciones fiscales se asentó lo siguiente: "I.- DECLARA "LA PARTE COMPRADORA", QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, SE DETERMINA PARA SU ENTERO CONFORME AL FUNDAMENTO LEGAL PREVISTO EN LOS ARTICULOS 94 TER (NOVENTA Y CUATRO TER), 94 TER-1 (NOYENTA y CUATRO TER UNO), INCISOS DEL I (UNO ROMANO) AL XIII (TRECE ROMANO), AL 94 TER 11 (NOVENTA Y CUATRO TER ONCE) Y EL IMPUESTO ADICIONAL CONFORME A LOS ARTÍCULOS 119 (CIENTO DIECINUEVE) AL 125 (CIENTO VEINTICINCO), TODOS DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.- CONFORME A LA SIGUIENTE LIQUIDACION.- OPERACIÓN.- COMPRAVENTA.- BASE SEGÚN EL ARTÍCULO NOVENTA CUATRO TER DOS.- $503,000.00- TASA 2% (DOS POR CIENTO).-$10,060.00.- MAS 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE ADICIONALES.- $2,515.00.-IMPUESTO A PAGAR.- $12,575.00". Cantidad que fue retenida por el Notario Público como se desprende de la impresión del comprobante fiscal serie/folio 098439E, expedido por el Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, del que se advierte el cobro de la cantidad de $12,575.00 (DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de "ADQ DE BIENES IN,M. (IMPTOS Y DER. A CTA. TERCEROS" (fojas 36). Al comprobante fiscal de referencia se le atribuye valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior consideración por identidad de razones jurídicas la tesis de la Novena Época, con número de registro 182439, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, Materia: Administrativa Tesis: I.1o.A.120 A, Página: 1492 del rubro: "CONTRIBUCIONES. LA COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS OBTENIDA MEDIANTE IMPRESORA, FAX O CUALQUIER OTRO MEDIO ANÁLOGO ES APTA PARA ACREDITAR EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL TRES." Ahora bien, el Notario Público es auxiliar de la administración pública municipal en la recaudación tributaria, cuando con motivo de la formalización de una escritura pública respectiva calcula, retiene y entera los impuestos que se generen, pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94, TER 5, párrafo primero, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, tiene el deber de calcular el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, bajo su responsabilidad, y enterarlo a la Tesorería Municipal que corresponda a la ubicación del inmueble. Lo cual realizó el Notario como se advierte del recibo 40458 expedido por el Municipio de Jiutepec, en el que se advierte el entero de los montos por los conceptos de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su impuesto adicional (fojas191). Documental pública a la que se le atribuye valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, están acreditados los actos reclamados al Ayuntamiento y Tesorero del Municipio de Jiutepec, Morelos y por consiguiente desvirtuada la negativa que sostuvieron al rendir su informe justificado. Son ciertos los actos reclamados al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, consistentes en el cobro de 85 (ochenta y cinco) UMA (Unidad de Medida y Actualización) equivalentes a la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos y el cobro de 85 (ochenta y cinco) UMA (Unidad de Medida y Actualización) equivalentes a la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación del artículo 77, fracción III, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos. Lo anterior, en virtud de que así se desprende de la impresión del comprobante fiscal digital 098439 E expedido por el Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial en el Estado de Morelos del que se advierte el cobro de la cantidad de $12,834.00 (DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) por concepto de "DERECHOS DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, COMPRAVENTA (IMPTOS Y DER A CTA. DE TERCEROS)", dicha cantidad corresponde a la suma de las cantidades de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, más $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación del artículo 77, fracción III, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos. Al comprobante fiscal de referencia se le atribuye valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior consideración la tesis de la Novena Época, con número de registro 182439, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, Materia: Administrativa Tesis: I.1o.A.120 A, Página: 1492 del rubro: "CONTRIBUCIONES. LA COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS OBTENIDA MEDIANTE IMPRESORA, FAX O CUALQUIER OTRO MEDIO ANÁLOGO ES APTA PARA ACREDITAR EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL TRES. Ahora bien, el Notario Público es auxiliar de la administración pública estatal en la recaudación tributaria, cuando con motivo de la formalización de una escritura pública respectiva calcula, retiene y entera los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad, pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, bis, párrafo segundo, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, tiene el deber legal de enterarlo en un plazo que quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se hubiera realizado el pago de Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. Con lo cual cumplió el Notario Público, como se desprende de los recibos con número de folio 2681623 y 2681621 expedidos por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, expedidos, cada uno, por la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de las fracciones II y III, respectivamente, del artículo 77, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos (fojas 159 y 161). Consecuentemente, está acreditado el acto reclamado al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Son ciertos los actos que se le reclaman al Congreso, Gobernador, y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, y sanción, respectivamente, en la esfera de su competencia, de los artículos 71 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 1, 2, 5, 6 y 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, 94 ter al 94 ter 11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 77, fracciones II y III y 78, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos y el decreto 351 por el que se expidió la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base al ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el cobro de los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria. Lo anterior está acreditado de acuerdo con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales extensivo a las leyes estatales y normas respectivas, que se encuentra implícito en lo dispuesto por los artículos 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica, se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". QUINTO.- Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. En relación al Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ..." "Artículo 5. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Se actualiza dicha causal, en virtud de que dicha autoridad no realizó el cobro de las cantidades de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación del artículo 77, fracción II, y $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación del artículo 77, fracción III, ambos de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, por lo que no se le puede considerar como autoridad responsable en el presente juicio de amparo. Máxime que en la especie se acreditaron dichos actos reclamados respecto de la diversa autoridad responsable Subsecretario de Ingresos de la Hacienda del Estado de Morelos. Sirve de apoyo la Jurisprudencia emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Novena Época), identificada con el número I.5o.P. J/3 consultable en la página 1363, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Septiembre de 2005, registro número 177141, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS.". En conclusión, al actualizarse la causal de improcedencia antes descrita, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías respecto del Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Respecto a los actos reclamados al Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, consistentes en la expedición, promulgación, y sanción, en el ámbito de sus respectivas competencias, de los artículos 71 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 1, 2, 5, 6 y 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y decreto 351 por el que se expidió la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base al ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el cobro de los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, con relación al artículo 107, fracción I, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." A efecto de explicar la actualización de la referida causal de improcedencia, se estima conveniente puntualizar que, cuando una norma se combate con motivo de un acto concreto de aplicación, en primer lugar, resulta necesario que se acredite la existencia de tal acto de aplicación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio relativo a que el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento impugnado de inconstitucional, del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. Sobre el mismo aspecto, agregó que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación. El criterio que se ha citado está contenido en la Jurisprudencia 90, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60 del Tomo III, del Apéndice de 1995, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación". En ese orden de ideas debe precisarse que no se demostró el acto de aplicación de los artículos 71 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 1, 2, 5, 6 y 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y decreto 351 por el que se expidió la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base al ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el cobro de los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria, por las consideraciones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. Por tanto, al no encontrarse acreditado el acto de aplicación de las normas impugnadas, debe sobreseerse respecto a dichas disposiciones legales, ya que resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través del acto de aplicación, se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio la hipótesis normativa, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, de su plena demostración. Orientan el criterio expresado, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 79 del Semanario Judicial de la Federación 199-204 Primera Parte, del rubro y texto siguiente: "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACION, ESTE DEBE PROBARSE. De lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere que cuando se reclama una ley, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe acreditarse, para probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama." Así como la jurisprudencia 2a./J.71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, del Tomo: XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En ese orden de ideas, respecto a los artículos 71 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 1, 2, 5, 6 y 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y decreto 351 por el que se expidió la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base al ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el cobro de los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, con relación al artículo 107, fracción I, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación por identidad de razón jurídica la jurisprudencia 2a./J.12/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 323, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia." Consecuentemente con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo por lo que se refiere a las mencionadas normas impugnadas. Por otra parte, de oficio de advierte que respecto de los artículos 94 ter al 94 ter 11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que prevén el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y el impuesto adicional municipal, respectivamente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo porque la demanda de amparo fue presentada fuera del plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Las disposiciones legales invocadas son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En efecto, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que de la copia certificada de la escritura pública número 79,559, del protocolo del Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial, de tres de noviembre de dos mil diecisiete, (fojas 87 a 97), específicamente del apartado de certificaciones fiscales se desprende lo siguiente: I.- DECLARA "LA PARTE COMPRADORA", QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, SE DETERMINA PARA SU ENTERO CONFORME AL FUNDAMENTO LEGAL PREVISTO EN LOS ARTICULOS 94 TER (NOVENTA Y CUATRO TER), 94 TER-1 (NOYENTA y CUATRO TER UNO), INCISOS DEL I (UNO ROMANO) AL XIII (TRECE ROMANO), AL 94 TER 11 (NOVENTA Y CUATRO TER ONCE) Y EL IMPUESTO ADICIONAL CONFORME A LOS ARTÍCULOS 119 (CIENTO DIECINUEVE) AL 125 (CIENTO VEINTICINCO), TODOS DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.- CONFORME A LA SIGUIENTE LIQUIDACION.- OPERACIÓN.- COMPRAVENTA.- BASE SEGÚN EL ARTÍCULO NOVENTA CUATRO TER DOS.- $503,000.00- TASA 2% (DOS POR CIENTO).-$10,060.00.- MAS 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE ADICIONALES.- $2,515.00.-IMPUESTO A PAGAR.- $12,575.00. De lo anterior, se advierte claramente que la quejosa tuvo conocimiento el tres de noviembre de dos mil diecisiete, de la aplicación de los artículos 94 ter al 94 ter 11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que fueron el fundamento para el cobro de la cantidad de $10,060.00 (DIEZ MIL SESENTA PESOS 00100 M.N), por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y $2,515.00 (DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), por concepto del impuesto adicional, es decir, desde esa fecha, tuvo conocimiento de la aplicación, en su perjuicio, de las leyes tributarias que reclama y por tanto desde esa fecha inició el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo contra dichas normas. Consecuentemente, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo inició el día hábil siguiente, es decir, el seis de noviembre y feneció el veintisiete de noviembre, ambos, de dos de dos mil diecisiete, descontando los días inhábiles (once, doce dieciocho a veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre) por tanto, al haber presentado la demanda de amparo hasta el doce de diciembre de dos mil diecisiete, resulta claro que, resulta extemporánea al plazo de los quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. No impide, arribar a la anterior determinación, el hecho de que la quejosa hubiese expresado que tuvo conocimiento de la aplicación de las normas el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en virtud de que tal manifestación está desvirtuada con el contenido de la escritura pública de referencia, de la que se advierte que el Notario le hizo de su conocimiento el fundamento y monto de los impuestos impugnados. Además, las manifestaciones del quejoso no se encuentran probadas en el juicio, pues le corresponde la carga procesal de acreditar, fehacientemente, la afirmación de que se coloca en un supuesto de excepción, en atención al principio de distribución probatoria, derivado del artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del contenido de los artículos 94 ter al 94 ter 11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que prevén el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y el impuesto adicional municipal, respectivamente, que se reclamaron al Congreso, Gobernador y, Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, así como respecto al cobro de la cantidad de $10,060.00 (DIEZ MIL SESENTA PESOS 00100 M.N), por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y $2,515.00 (DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), por concepto del impuesto adicional, en aplicación de las normas citadas que se reclamó al Tesorero, y Ayuntamiento, ambos de Jiutepec, Morelos, en virtud de que no se reclamaron por vicios propios sino su inconstitucionalidad se hizo depender de las normas reclamadas. Las autoridades responsables, Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, señalaron en su respectivo informe justificado que el presente juicio de amparo es improcedente porque el quejoso no acreditó el primer acto de aplicación de las normas que reclama. Tales manifestaciones implican la invocación de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.." No les asiste la razón, en virtud de que los actos de aplicación del artículo 77, fracciones II y III, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, se encuentran demostrados con la impresión del comprobante fiscal digital 098439 E expedido por el Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial en el Estado de Morelos del que se advierte el cobro de la cantidad de $12,834.00 (DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) por concepto de "DERECHOS DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, COMPRAVENTA (IMPTOS Y DER A CTA. DE TERCEROS)", dicha cantidad corresponde a la suma de las cantidades de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, más $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación del artículo 77, fracción III, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos. Dicho medio de convicción tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior consideración la tesis de la Novena Época, con número de registro 182439, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, Materia: Administrativa Tesis: I.1o.A.120 A, Página: 1492 del rubro: "CONTRIBUCIONES. LA COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS OBTENIDA MEDIANTE IMPRESORA, FAX O CUALQUIER OTRO MEDIO ANÁLOGO ES APTA PARA ACREDITAR EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL TRES. Luego, el Notario Público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, bis, párrafo segundo, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, enteró dichas cantidades a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, quien expidió los recibos con número de folio 2681623 y 2681621, cada uno por la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de las fracciones II y III, respectivamente, del artículo 77, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos (fojas 159 y 161). Consecuentemente, contrariamente a lo señalado por las autoridades responsables está acreditado el primer acto de aplicación de las normas impugnadas, motivo por cual no se actualiza la causal de improcedencia analizada. SEXTO.- Al no actualizarse alguna otra causal de improcedencia que se advierta de oficio o que hubiesen argumentado las partes, se procede al análisis de la constitucionalidad del artículo 77, fracciones II y III de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, a la luz de los conceptos de violación. El quejoso argumenta en vía de conceptos de violación que las normas impugnadas vulneran los principios de equidad y proporcionalidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, ya que la fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, determina el pago de derechos por servicios de inscripción en el registro público, a través de una cuota fija en la que se toma como parámetro el valor del acto jurídico a registrar pues en dicho dispositivo legal se establece que por derechos de inscripción se pagará 12 al millar sobre el valor mayor que resulte entre la operación, catastral, avalúo bancario, o de factura, en esos términos. Incluso el importe por los derechos de registro de documentos y actos a que se refiere la fracción y el numeral en comento, está determinado de acuerdo al valor del acto respectivo, por lo que ese precepto legal viola los principios de equidad y proporcionalidad tributaria ya que no atiende la relación entre el costo de servicio sino toma en consideración un elemento extraño, como es el valor de los actos que se inscriben, de tal suerte que los contribuyentes enteran mayor o menor cantidad dependiendo siempre del valor de la operación a registrar, originando que por un mismo servicio se cobren cantidades distintas lo que evidentemente rompe con los principios de equidad y proporcionalidad. Apoyó sus argumentos en las tesis: "DERECHOS POR INSCRIPCIONES REGISTRALES. EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003 QUE ESTABLECE Y REGULA SU COBRO ES VIOLATORIO DE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 2/98, con el rubro siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.", esencialmente estableció que en tratándose de derechos por servicios, el criterio de proporcionalidad y equidad se refiere al costo del servicio que específicamente presta el Estado. En ese sentido, el artículo 13, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil tres, que regula el cobro de derechos por inscripciones registrales de documentos públicos o privados por virtud de los cuales se establezca, declare, reconozca, transmita, modifique o extinga el dominio o la propiedad de bienes muebles e inmuebles, a razón de 5.0 al millar sobre el monto de la operación, resulta violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad tributarias pues no obstante que se recibe el mismo servicio, paga más derechos aquel contribuyente que tiene una operación de mayor costo, siendo que este aspecto nada tiene que ver con la prestación del servicio." "INSCRIPCIONES REGISTRALES. ES INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 271 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, POR CONTRARIAR LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS. Conforme a lo dispuesto por el artículo 271, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, los particulares están obligados a pagar, por concepto de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de cualquier documento o acto jurídico que sea motivo de registro: "... a) Hasta N$50,000.00, por cada millar o fracción ... N$4.00" y "b) Por el excedente de N$50,000.00, por cada millar o fracción ... N$5.00". Es decir, conforme a la regla anterior, los derechos por inscripción se regulan cuantificándolos sobre un porcentaje, dependiendo del valor de la operación contenida en el documento motivo de inscripción y no, como justa y debidamente corresponde, del costo del servicio que presta el Estado por esa operación registral, contrariándose con ello los principios de equidad y proporcionalidad que contempla el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal." "DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS O ACTOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL TRES, QUE ESTABLECE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. La naturaleza de los derechos por servicios exige un concepto propio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio relativo y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Sobre esas premisas se advierte que si bien en la fracción I del artículo 213 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil tres, se determina el pago de derechos por servicios de inscripción en el registro público, precisándose una serie de documentos y actos susceptibles de inscripción y se establece una cuota fija para cada uno de ellos de $8,149.00 (cuando se trate de los actos a que en dicha fracción se precisan), del contexto integral del citado precepto legal se desprende que para el establecimiento de dicha cuota, en realidad, se toma como parámetro el valor del acto jurídico a registrar. En efecto, en la fracción II se establece que por derechos de inscripción se pagará la cuota precisada en el párrafo primero de $813.00, siempre que los actos a registrar (que son los mismos que se señalan en la fracción I), no tengan un valor determinado, o bien, su valor sea menor al monto establecido para las viviendas de interés social. Además, la aludida fracción II, también en relación con las hipótesis de la fracción I, precisa otros dos supuestos que igualmente atienden al valor de la operación a inscribir y que son: a) si el valor del acto respectivo es de hasta dos veces el monto señalado para las viviendas de interés social, la cuota de $813.00, aumentará en dos tantos por cada 25% adicional; y, b) En relación con actos derivados de bienes muebles, si su valor es de hasta 4.5 veces el monto establecido para la vivienda de interés social, la cuota de $813.00, prevista en el párrafo primero, aumentará en un 30% por cada 10% adicional. En esos términos, es inconcuso que el importe de los derechos por registro de documentos y actos a que se refiere la fracción I del artículo 213 del citado ordenamiento tributario, está determinado de acuerdo al valor del acto respectivo, por lo que ese precepto legal viola los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, ya que no atiende para la determinación de la cuota correspondiente de los derechos, a la relación entre el costo del servicio y la cuota misma, sino a un elemento extraño al servicio como es el valor de los actos que se inscriben, de tal manera que los contribuyentes enteran mayor o menor cantidad dependiendo siempre del valor de la operación a registrar, originando que por un mismo servicio se cobren cantidades distintas." "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS EN QUE SE CONSIGNE LA CONSTITUCIÓN O EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL. EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL TRES, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. La tarifa establecida en la fracción III del artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal de 2003, para el pago de derechos por inscripción de documentos en los cuales se consigne la constitución, aumento o disminución de capital social, fusión o escisión de las sociedades mercantiles, que los causantes deberán pagar con base en la tasa del "0.6%", sobre el importe del capital social, viola los principios de proporcionalidad y equidad instituidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues para determinar el monto de los derechos por inscripción de documentos, toma en cuenta elementos extraños al costo del servicio, como es el capital social en giro de las sociedades mercantiles y no el costo aproximado del servicio individual que presta el Estado, a través del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el cual se traduce en la suma de recursos materiales que se invierten para la prestación del servicio de inscripción de documentos en sus diferentes aspectos; de manera que las personas que acudan a solicitar ese trámite, pagarán una mayor o menor cantidad, dependiendo siempre del capital social que se consigne en los instrumentos cuya inscripción gestionen, ocasionando con ello que por un servicio igual los particulares paguen tarifas diferentes y, en consecuencia, el derecho se vuelva desproporcionado e inequitativo, pues la diferencia que pueda existir en cuanto al capital social, su incremento o disminución, es una cuestión ajena al costo del servicio individual, el cual no se incrementa o disminuye por otorgarse a personas morales constituidas por un determinado capital social, ni porque se incremente o disminuya el mismo; además, el beneficio obtenido por el servicio, es idéntico en cualquiera de esos casos, por lo que no hay razón alguna para establecer distinción, como desproporcional e inequitativamente lo hace el citado dispositivo legal." Es inoperante el sintetizado concepto de violación, en virtud de que el quejoso parte de una premisa equivocada, pues, sostiene que la norma impugnada establece el pago de derechos de inscripción en el Registro Público, con base en el valor de los inmuebles objeto de inscripción; lo cual resulta errado por que el artículo 77, fracciones II y III, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, vigente en noviembre de dos mil diecisiete, establece el pago de derechos de inscripción en el Registro Público, en cada fracción, en 85 UMA (Unidades de Medida y Actualización), como se advierte de la siguiente transcripción: "Artículo 77. Los servicios que se presten en materia de registro público de la propiedad causarán derechos y se pagarán previamente por los interesados conforme a esta Ley, con base en los términos siguientes: Tarifa en UMA II. Por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, 85.00 incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, por cada inmueble a que se refiere esta fracción: La primera inscripción de la propiedad será gratuita y los derechos por el registro de los actos traslativos subsecuentes se causarán en términos de esta fracción: Esta misma tarifa aplicará a la compraventa con reserva de dominio; a la compraventa de la nuda propiedad con reserva del usufructo; así como a la adjudicación de bienes por disolución de la sociedad conyugal o aplicación de bienes por gananciales cuando el adquiriente no sea titular registral; III. Por inscripción de hipoteca, por cada inmueble en que se deba hacer el registro: 85.00 Consecuentemente, resultan inaplicables las tesis que el quejoso invoca, porque, en cada una de ellas, se analizan normas que establecen el cobro de derechos con base en el valor del acto jurídico materia de la inscripción, lo que en la especie no acontece, ya que, se reitera, cada una de las porciones normativas impugnadas establecen una tarifa de 85 UMA (Unidades de Medida y Actualización) y no atiende el valor del inmueble, de ahí que resultan inaplicables las tesis invocadas por el quejoso. En ese sentido, al encontrarnos en un juicio de amparo cuyo estudio debe realizarse de estricto derecho, atento a la causa de pedir efectivamente planteada de la cual se observa que el impetrante hace descansar la inconstitucionalidad de la norma en un supuesto decreto que conforme al texto impugnado no se encuentra previsto es inconcuso que la presunción de constitucionalidad de la ley no fue efectivamente destruida y atento a dicho principio debe seguir rigiendo la situación jurídica del quejoso. Sirve de apoyo a la anterior conclusión la jurisprudencia 1a./J. 121/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 177264, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia(s): Común, página 143, del rubro y texto siguiente: LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con expresar la causa de pedir; sin embargo, ello no significa que los quejosos o recurrentes puedan limitarse a realizar afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman inconstitucionales los actos reclamados. Por tanto, en virtud de que toda ley goza de la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, corresponde a quienes la impugnan, la carga de la prueba, pues sólo así es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, al resultar inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia de la Unión respecto del artículo 77, fracciones II y III de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como respecto del cobro de la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de la fracción II, del referido artículo y del cobro de la cantidad $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de la fracción III, del dispositivo legal de que se trata, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO promovido por MATHIUP ARELLANO VÁZQUEZ, por cuanto a los artículos 71 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 1, 2, 5, 6 y 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y decreto 351 por el que se expidió la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base al ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el cobro de los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria que se reclamaron al Congreso, Gobernador y, Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, así como respecto de sus actos de aplicación; por lo que respecta al Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, y en cuanto al contenido de los artículos 94 ter al 94 ter 11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que prevén el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y el impuesto adicional municipal, respectivamente, que se reclamaron al Congreso, Gobernador y, Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, así como respecto al cobro de la cantidad de $10,060.00 (DIEZ MIL SESENTA PESOS 00100 M.N), por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y $2,515.00 (DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), por concepto del impuesto adicional, en aplicación de las normas citadas que se reclamó al Tesorero, y Ayuntamiento, ambos de Jiutepec, Morelos, por las consideraciones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A MATHIUP ARELLANO VÁZQUEZ, respecto del artículo 77, fracciones II y III, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que se reclamaron al Congreso, Gobernador y, Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, así como respecto a los cobros de las cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de la fracción II, del artículo mencionado y $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de la fracción III, del artículo referido, que reclamó Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiséis de abril de dos mil dieciocho, fecha en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 2013/2017-IV, promovido por MATHIUP ARELLANO VÁZQUEZ contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el doce de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado ese mismo día a este Juzgado de Distrito, MATHIUP ARELLANO VÁZQUEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Previo desahogo de prevención, por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada bajo el expediente de amparo 2013/2017-IV; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde se verificó el acto de aplicación de las leyes combatidas. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se tratan de: 1.- El proceso legislativo y contenido del artículo 71 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos y el decreto 351 por el que se expidió la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base al ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el cobro de los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad número 4542 el veintiocho de junio de dos mil siete. 2.- El acto de aplicación de las referidas normas legales. 3.- El proceso legislativo y contenido de los artículos 1, 2, 5, 6 y 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Se estima pertinente establecer que si bien el quejoso en su demanda señaló como acto reclamado la fracción I del artículo 5, la fracción II del artículo 6 y la fracción VIII del artículo 7 de la referida Ley de Ingresos; sin embargo, las disposiciones legales en comento no contienen fracciones. 4.- El acto de aplicación de las referidas normas legales. 5.- El proceso legislativo y contenido del artículo 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 6.- El acto de aplicación de la referida norma legal. 7.- El proceso legislativo y contenido de los artículos 94 ter al 94 ter 11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 8.- El cobro de la cantidad de $10,060.00 (DIEZ MIL SESENTA PESOS 00100 M.N), en aplicación de las normas legales citadas en el punto que antecede. 9.- El proceso legislativo y contenido de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, todos relativos al impuesto adicional sobre impuestos y derechos municipales. 10.- El cobro de la cantidad de $2,515.00 (DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de las disposiciones descritas en el punto que antecede. 11.- El proceso legislativo y contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos vigente en noviembre de dos mil diecisiete. 12.- El cobro de 85 (ochenta y cinco) UMA (Unidad de Medida y Actualización) equivalentes a la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de la norma legal citada en el punto que antecede. 13.- El proceso legislativo y contenido del artículo 77, fracción III, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos vigente en noviembre de dos mil diecisiete. 14.- El cobro de 85 (ochenta y cinco) UMA (Unidad de Medida y Actualización) equivalentes a la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de la norma legal citada en el punto que antecede. TERCERO. No son ciertos los actos de aplicación del artículo 71 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos ni del decreto 351 por el que se expidió la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base al ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el cobro de los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria, que se atribuyó al Tesorero del Municipio de Juitepec, Morelos, en virtud de que así lo manifestó dicha autoridad responsable al rendir su informe justificado (fojas 62 a 67), sin que el quejoso hubiese desvirtuado la negativa que sostuvo la autoridad responsable, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de dichos actos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. De igual forma, no son ciertos los actos de aplicación de los artículos 1, 2, 5, 6, y 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, que se reclamaron al Tesorero del Municipio de Juitepec, Morelos, toda vez que al rendir su informe justificado negó la aplicación de mencionadas normas legales (fojas 62 a 67), sin que el quejoso, hubiese desvirtuado la negativa, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de dichos actos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tampoco es cierto el acto de aplicación del artículo 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que se reclamaron al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, Morelos, toda vez que dicha disposición legal se refiere a los derechos de inscripción de contratos, demandas o resoluciones judiciales o administrativas que se refieran a prestaciones periódicas, lo que en el caso concreto no acontece, toda vez que la escritura pública 79,559 no contienen ningún acto jurídico de esa naturaleza, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO.- Es cierto el acto reclamado al Ayuntamiento y Tesorero del Municipio de Jiutepec, Morelos, consistente en el cobro de la cantidad de $10,060.00 (DIEZ MIL SESENTA PESOS 00100 M.N), en aplicación de los artículos 94 ter a 94 ter 11, de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y en el cobro de la cantidad de $2,515.00 (DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, lo cual está demostrado con la copia certificada de la escritura pública 79,559, del protocolo del Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, de la que se desprende que en el apartado de certificaciones fiscales se asentó lo siguiente: "I.- DECLARA "LA PARTE COMPRADORA", QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, SE DETERMINA PARA SU ENTERO CONFORME AL FUNDAMENTO LEGAL PREVISTO EN LOS ARTICULOS 94 TER (NOVENTA Y CUATRO TER), 94 TER-1 (NOYENTA y CUATRO TER UNO), INCISOS DEL I (UNO ROMANO) AL XIII (TRECE ROMANO), AL 94 TER 11 (NOVENTA Y CUATRO TER ONCE) Y EL IMPUESTO ADICIONAL CONFORME A LOS ARTÍCULOS 119 (CIENTO DIECINUEVE) AL 125 (CIENTO VEINTICINCO), TODOS DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.- CONFORME A LA SIGUIENTE LIQUIDACION.- OPERACIÓN.- COMPRAVENTA.- BASE SEGÚN EL ARTÍCULO NOVENTA CUATRO TER DOS.- $503,000.00- TASA 2% (DOS POR CIENTO).-$10,060.00.- MAS 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE ADICIONALES.- $2,515.00.-IMPUESTO A PAGAR.- $12,575.00". Cantidad que fue retenida por el Notario Público como se desprende de la impresión del comprobante fiscal serie/folio 098439E, expedido por el Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, del que se advierte el cobro de la cantidad de $12,575.00 (DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de "ADQ DE BIENES IN,M. (IMPTOS Y DER. A CTA. TERCEROS" (fojas 36). Al comprobante fiscal de referencia se le atribuye valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior consideración por identidad de razones jurídicas la tesis de la Novena Época, con número de registro 182439, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, Materia: Administrativa Tesis: I.1o.A.120 A, Página: 1492 del rubro: "CONTRIBUCIONES. LA COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS OBTENIDA MEDIANTE IMPRESORA, FAX O CUALQUIER OTRO MEDIO ANÁLOGO ES APTA PARA ACREDITAR EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL TRES." Ahora bien, el Notario Público es auxiliar de la administración pública municipal en la recaudación tributaria, cuando con motivo de la formalización de una escritura pública respectiva calcula, retiene y entera los impuestos que se generen, pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94, TER 5, párrafo primero, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, tiene el deber de calcular el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, bajo su responsabilidad, y enterarlo a la Tesorería Municipal que corresponda a la ubicación del inmueble. Lo cual realizó el Notario como se advierte del recibo 40458 expedido por el Municipio de Jiutepec, en el que se advierte el entero de los montos por los conceptos de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su impuesto adicional (fojas191). Documental pública a la que se le atribuye valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, están acreditados los actos reclamados al Ayuntamiento y Tesorero del Municipio de Jiutepec, Morelos y por consiguiente desvirtuada la negativa que sostuvieron al rendir su informe justificado. Son ciertos los actos reclamados al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, consistentes en el cobro de 85 (ochenta y cinco) UMA (Unidad de Medida y Actualización) equivalentes a la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos y el cobro de 85 (ochenta y cinco) UMA (Unidad de Medida y Actualización) equivalentes a la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación del artículo 77, fracción III, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos. Lo anterior, en virtud de que así se desprende de la impresión del comprobante fiscal digital 098439 E expedido por el Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial en el Estado de Morelos del que se advierte el cobro de la cantidad de $12,834.00 (DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) por concepto de "DERECHOS DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, COMPRAVENTA (IMPTOS Y DER A CTA. DE TERCEROS)", dicha cantidad corresponde a la suma de las cantidades de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, más $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación del artículo 77, fracción III, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos. Al comprobante fiscal de referencia se le atribuye valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior consideración la tesis de la Novena Época, con número de registro 182439, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, Materia: Administrativa Tesis: I.1o.A.120 A, Página: 1492 del rubro: "CONTRIBUCIONES. LA COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS OBTENIDA MEDIANTE IMPRESORA, FAX O CUALQUIER OTRO MEDIO ANÁLOGO ES APTA PARA ACREDITAR EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL TRES. Ahora bien, el Notario Público es auxiliar de la administración pública estatal en la recaudación tributaria, cuando con motivo de la formalización de una escritura pública respectiva calcula, retiene y entera los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad, pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, bis, párrafo segundo, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, tiene el deber legal de enterarlo en un plazo que quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se hubiera realizado el pago de Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. Con lo cual cumplió el Notario Público, como se desprende de los recibos con número de folio 2681623 y 2681621 expedidos por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, expedidos, cada uno, por la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de las fracciones II y III, respectivamente, del artículo 77, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos (fojas 159 y 161). Consecuentemente, está acreditado el acto reclamado al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Son ciertos los actos que se le reclaman al Congreso, Gobernador, y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, y sanción, respectivamente, en la esfera de su competencia, de los artículos 71 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 1, 2, 5, 6 y 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, 94 ter al 94 ter 11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 77, fracciones II y III y 78, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos y el decreto 351 por el que se expidió la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base al ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el cobro de los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria. Lo anterior está acreditado de acuerdo con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales extensivo a las leyes estatales y normas respectivas, que se encuentra implícito en lo dispuesto por los artículos 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica, se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". QUINTO.- Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. En relación al Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ..." "Artículo 5. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Se actualiza dicha causal, en virtud de que dicha autoridad no realizó el cobro de las cantidades de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación del artículo 77, fracción II, y $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación del artículo 77, fracción III, ambos de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, por lo que no se le puede considerar como autoridad responsable en el presente juicio de amparo. Máxime que en la especie se acreditaron dichos actos reclamados respecto de la diversa autoridad responsable Subsecretario de Ingresos de la Hacienda del Estado de Morelos. Sirve de apoyo la Jurisprudencia emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Novena Época), identificada con el número I.5o.P. J/3 consultable en la página 1363, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Septiembre de 2005, registro número 177141, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS.". En conclusión, al actualizarse la causal de improcedencia antes descrita, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías respecto del Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Respecto a los actos reclamados al Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, consistentes en la expedición, promulgación, y sanción, en el ámbito de sus respectivas competencias, de los artículos 71 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 1, 2, 5, 6 y 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y decreto 351 por el que se expidió la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base al ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el cobro de los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, con relación al artículo 107, fracción I, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." A efecto de explicar la actualización de la referida causal de improcedencia, se estima conveniente puntualizar que, cuando una norma se combate con motivo de un acto concreto de aplicación, en primer lugar, resulta necesario que se acredite la existencia de tal acto de aplicación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio relativo a que el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento impugnado de inconstitucional, del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. Sobre el mismo aspecto, agregó que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación. El criterio que se ha citado está contenido en la Jurisprudencia 90, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60 del Tomo III, del Apéndice de 1995, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación". En ese orden de ideas debe precisarse que no se demostró el acto de aplicación de los artículos 71 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 1, 2, 5, 6 y 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y decreto 351 por el que se expidió la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base al ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el cobro de los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria, por las consideraciones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. Por tanto, al no encontrarse acreditado el acto de aplicación de las normas impugnadas, debe sobreseerse respecto a dichas disposiciones legales, ya que resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través del acto de aplicación, se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio la hipótesis normativa, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, de su plena demostración. Orientan el criterio expresado, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 79 del Semanario Judicial de la Federación 199-204 Primera Parte, del rubro y texto siguiente: "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACION, ESTE DEBE PROBARSE. De lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere que cuando se reclama una ley, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe acreditarse, para probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama." Así como la jurisprudencia 2a./J.71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, del Tomo: XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En ese orden de ideas, respecto a los artículos 71 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 1, 2, 5, 6 y 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y decreto 351 por el que se expidió la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base al ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el cobro de los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, con relación al artículo 107, fracción I, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación por identidad de razón jurídica la jurisprudencia 2a./J.12/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 323, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia." Consecuentemente con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo por lo que se refiere a las mencionadas normas impugnadas. Por otra parte, de oficio de advierte que respecto de los artículos 94 ter al 94 ter 11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que prevén el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y el impuesto adicional municipal, respectivamente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo porque la demanda de amparo fue presentada fuera del plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Las disposiciones legales invocadas son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En efecto, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que de la copia certificada de la escritura pública número 79,559, del protocolo del Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial, de tres de noviembre de dos mil diecisiete, (fojas 87 a 97), específicamente del apartado de certificaciones fiscales se desprende lo siguiente: I.- DECLARA "LA PARTE COMPRADORA", QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, SE DETERMINA PARA SU ENTERO CONFORME AL FUNDAMENTO LEGAL PREVISTO EN LOS ARTICULOS 94 TER (NOVENTA Y CUATRO TER), 94 TER-1 (NOYENTA y CUATRO TER UNO), INCISOS DEL I (UNO ROMANO) AL XIII (TRECE ROMANO), AL 94 TER 11 (NOVENTA Y CUATRO TER ONCE) Y EL IMPUESTO ADICIONAL CONFORME A LOS ARTÍCULOS 119 (CIENTO DIECINUEVE) AL 125 (CIENTO VEINTICINCO), TODOS DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.- CONFORME A LA SIGUIENTE LIQUIDACION.- OPERACIÓN.- COMPRAVENTA.- BASE SEGÚN EL ARTÍCULO NOVENTA CUATRO TER DOS.- $503,000.00- TASA 2% (DOS POR CIENTO).-$10,060.00.- MAS 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE ADICIONALES.- $2,515.00.-IMPUESTO A PAGAR.- $12,575.00. De lo anterior, se advierte claramente que la quejosa tuvo conocimiento el tres de noviembre de dos mil diecisiete, de la aplicación de los artículos 94 ter al 94 ter 11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que fueron el fundamento para el cobro de la cantidad de $10,060.00 (DIEZ MIL SESENTA PESOS 00100 M.N), por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y $2,515.00 (DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), por concepto del impuesto adicional, es decir, desde esa fecha, tuvo conocimiento de la aplicación, en su perjuicio, de las leyes tributarias que reclama y por tanto desde esa fecha inició el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo contra dichas normas. Consecuentemente, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo inició el día hábil siguiente, es decir, el seis de noviembre y feneció el veintisiete de noviembre, ambos, de dos de dos mil diecisiete, descontando los días inhábiles (once, doce dieciocho a veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre) por tanto, al haber presentado la demanda de amparo hasta el doce de diciembre de dos mil diecisiete, resulta claro que, resulta extemporánea al plazo de los quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. No impide, arribar a la anterior determinación, el hecho de que la quejosa hubiese expresado que tuvo conocimiento de la aplicación de las normas el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en virtud de que tal manifestación está desvirtuada con el contenido de la escritura pública de referencia, de la que se advierte que el Notario le hizo de su conocimiento el fundamento y monto de los impuestos impugnados. Además, las manifestaciones del quejoso no se encuentran probadas en el juicio, pues le corresponde la carga procesal de acreditar, fehacientemente, la afirmación de que se coloca en un supuesto de excepción, en atención al principio de distribución probatoria, derivado del artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del contenido de los artículos 94 ter al 94 ter 11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que prevén el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y el impuesto adicional municipal, respectivamente, que se reclamaron al Congreso, Gobernador y, Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, así como respecto al cobro de la cantidad de $10,060.00 (DIEZ MIL SESENTA PESOS 00100 M.N), por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y $2,515.00 (DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), por concepto del impuesto adicional, en aplicación de las normas citadas que se reclamó al Tesorero, y Ayuntamiento, ambos de Jiutepec, Morelos, en virtud de que no se reclamaron por vicios propios sino su inconstitucionalidad se hizo depender de las normas reclamadas. Las autoridades responsables, Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, señalaron en su respectivo informe justificado que el presente juicio de amparo es improcedente porque el quejoso no acreditó el primer acto de aplicación de las normas que reclama. Tales manifestaciones implican la invocación de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.." No les asiste la razón, en virtud de que los actos de aplicación del artículo 77, fracciones II y III, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, se encuentran demostrados con la impresión del comprobante fiscal digital 098439 E expedido por el Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial en el Estado de Morelos del que se advierte el cobro de la cantidad de $12,834.00 (DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) por concepto de "DERECHOS DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, COMPRAVENTA (IMPTOS Y DER A CTA. DE TERCEROS)", dicha cantidad corresponde a la suma de las cantidades de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, más $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación del artículo 77, fracción III, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos. Dicho medio de convicción tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior consideración la tesis de la Novena Época, con número de registro 182439, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, Materia: Administrativa Tesis: I.1o.A.120 A, Página: 1492 del rubro: "CONTRIBUCIONES. LA COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS OBTENIDA MEDIANTE IMPRESORA, FAX O CUALQUIER OTRO MEDIO ANÁLOGO ES APTA PARA ACREDITAR EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL TRES. Luego, el Notario Público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, bis, párrafo segundo, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, enteró dichas cantidades a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, quien expidió los recibos con número de folio 2681623 y 2681621, cada uno por la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de las fracciones II y III, respectivamente, del artículo 77, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos (fojas 159 y 161). Consecuentemente, contrariamente a lo señalado por las autoridades responsables está acreditado el primer acto de aplicación de las normas impugnadas, motivo por cual no se actualiza la causal de improcedencia analizada. SEXTO.- Al no actualizarse alguna otra causal de improcedencia que se advierta de oficio o que hubiesen argumentado las partes, se procede al análisis de la constitucionalidad del artículo 77, fracciones II y III de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, a la luz de los conceptos de violación. El quejoso argumenta en vía de conceptos de violación que las normas impugnadas vulneran los principios de equidad y proporcionalidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, ya que la fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, determina el pago de derechos por servicios de inscripción en el registro público, a través de una cuota fija en la que se toma como parámetro el valor del acto jurídico a registrar pues en dicho dispositivo legal se establece que por derechos de inscripción se pagará 12 al millar sobre el valor mayor que resulte entre la operación, catastral, avalúo bancario, o de factura, en esos términos. Incluso el importe por los derechos de registro de documentos y actos a que se refiere la fracción y el numeral en comento, está determinado de acuerdo al valor del acto respectivo, por lo que ese precepto legal viola los principios de equidad y proporcionalidad tributaria ya que no atiende la relación entre el costo de servicio sino toma en consideración un elemento extraño, como es el valor de los actos que se inscriben, de tal suerte que los contribuyentes enteran mayor o menor cantidad dependiendo siempre del valor de la operación a registrar, originando que por un mismo servicio se cobren cantidades distintas lo que evidentemente rompe con los principios de equidad y proporcionalidad. Apoyó sus argumentos en las tesis: "DERECHOS POR INSCRIPCIONES REGISTRALES. EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003 QUE ESTABLECE Y REGULA SU COBRO ES VIOLATORIO DE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 2/98, con el rubro siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.", esencialmente estableció que en tratándose de derechos por servicios, el criterio de proporcionalidad y equidad se refiere al costo del servicio que específicamente presta el Estado. En ese sentido, el artículo 13, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil tres, que regula el cobro de derechos por inscripciones registrales de documentos públicos o privados por virtud de los cuales se establezca, declare, reconozca, transmita, modifique o extinga el dominio o la propiedad de bienes muebles e inmuebles, a razón de 5.0 al millar sobre el monto de la operación, resulta violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad tributarias pues no obstante que se recibe el mismo servicio, paga más derechos aquel contribuyente que tiene una operación de mayor costo, siendo que este aspecto nada tiene que ver con la prestación del servicio." "INSCRIPCIONES REGISTRALES. ES INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 271 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, POR CONTRARIAR LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS. Conforme a lo dispuesto por el artículo 271, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, los particulares están obligados a pagar, por concepto de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de cualquier documento o acto jurídico que sea motivo de registro: "... a) Hasta N$50,000.00, por cada millar o fracción ... N$4.00" y "b) Por el excedente de N$50,000.00, por cada millar o fracción ... N$5.00". Es decir, conforme a la regla anterior, los derechos por inscripción se regulan cuantificándolos sobre un porcentaje, dependiendo del valor de la operación contenida en el documento motivo de inscripción y no, como justa y debidamente corresponde, del costo del servicio que presta el Estado por esa operación registral, contrariándose con ello los principios de equidad y proporcionalidad que contempla el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal." "DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS O ACTOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL TRES, QUE ESTABLECE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. La naturaleza de los derechos por servicios exige un concepto propio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio relativo y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Sobre esas premisas se advierte que si bien en la fracción I del artículo 213 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil tres, se determina el pago de derechos por servicios de inscripción en el registro público, precisándose una serie de documentos y actos susceptibles de inscripción y se establece una cuota fija para cada uno de ellos de $8,149.00 (cuando se trate de los actos a que en dicha fracción se precisan), del contexto integral del citado precepto legal se desprende que para el establecimiento de dicha cuota, en realidad, se toma como parámetro el valor del acto jurídico a registrar. En efecto, en la fracción II se establece que por derechos de inscripción se pagará la cuota precisada en el párrafo primero de $813.00, siempre que los actos a registrar (que son los mismos que se señalan en la fracción I), no tengan un valor determinado, o bien, su valor sea menor al monto establecido para las viviendas de interés social. Además, la aludida fracción II, también en relación con las hipótesis de la fracción I, precisa otros dos supuestos que igualmente atienden al valor de la operación a inscribir y que son: a) si el valor del acto respectivo es de hasta dos veces el monto señalado para las viviendas de interés social, la cuota de $813.00, aumentará en dos tantos por cada 25% adicional; y, b) En relación con actos derivados de bienes muebles, si su valor es de hasta 4.5 veces el monto establecido para la vivienda de interés social, la cuota de $813.00, prevista en el párrafo primero, aumentará en un 30% por cada 10% adicional. En esos términos, es inconcuso que el importe de los derechos por registro de documentos y actos a que se refiere la fracción I del artículo 213 del citado ordenamiento tributario, está determinado de acuerdo al valor del acto respectivo, por lo que ese precepto legal viola los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, ya que no atiende para la determinación de la cuota correspondiente de los derechos, a la relación entre el costo del servicio y la cuota misma, sino a un elemento extraño al servicio como es el valor de los actos que se inscriben, de tal manera que los contribuyentes enteran mayor o menor cantidad dependiendo siempre del valor de la operación a registrar, originando que por un mismo servicio se cobren cantidades distintas." "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS EN QUE SE CONSIGNE LA CONSTITUCIÓN O EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL. EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL TRES, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. La tarifa establecida en la fracción III del artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal de 2003, para el pago de derechos por inscripción de documentos en los cuales se consigne la constitución, aumento o disminución de capital social, fusión o escisión de las sociedades mercantiles, que los causantes deberán pagar con base en la tasa del "0.6%", sobre el importe del capital social, viola los principios de proporcionalidad y equidad instituidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues para determinar el monto de los derechos por inscripción de documentos, toma en cuenta elementos extraños al costo del servicio, como es el capital social en giro de las sociedades mercantiles y no el costo aproximado del servicio individual que presta el Estado, a través del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el cual se traduce en la suma de recursos materiales que se invierten para la prestación del servicio de inscripción de documentos en sus diferentes aspectos; de manera que las personas que acudan a solicitar ese trámite, pagarán una mayor o menor cantidad, dependiendo siempre del capital social que se consigne en los instrumentos cuya inscripción gestionen, ocasionando con ello que por un servicio igual los particulares paguen tarifas diferentes y, en consecuencia, el derecho se vuelva desproporcionado e inequitativo, pues la diferencia que pueda existir en cuanto al capital social, su incremento o disminución, es una cuestión ajena al costo del servicio individual, el cual no se incrementa o disminuye por otorgarse a personas morales constituidas por un determinado capital social, ni porque se incremente o disminuya el mismo; además, el beneficio obtenido por el servicio, es idéntico en cualquiera de esos casos, por lo que no hay razón alguna para establecer distinción, como desproporcional e inequitativamente lo hace el citado dispositivo legal." Es inoperante el sintetizado concepto de violación, en virtud de que el quejoso parte de una premisa equivocada, pues, sostiene que la norma impugnada establece el pago de derechos de inscripción en el Registro Público, con base en el valor de los inmuebles objeto de inscripción; lo cual resulta errado por que el artículo 77, fracciones II y III, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, vigente en noviembre de dos mil diecisiete, establece el pago de derechos de inscripción en el Registro Público, en cada fracción, en 85 UMA (Unidades de Medida y Actualización), como se advierte de la siguiente transcripción: "Artículo 77. Los servicios que se presten en materia de registro público de la propiedad causarán derechos y se pagarán previamente por los interesados conforme a esta Ley, con base en los términos siguientes: Tarifa en UMA II. Por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, 85.00 incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, por cada inmueble a que se refiere esta fracción: La primera inscripción de la propiedad será gratuita y los derechos por el registro de los actos traslativos subsecuentes se causarán en términos de esta fracción: Esta misma tarifa aplicará a la compraventa con reserva de dominio; a la compraventa de la nuda propiedad con reserva del usufructo; así como a la adjudicación de bienes por disolución de la sociedad conyugal o aplicación de bienes por gananciales cuando el adquiriente no sea titular registral; III. Por inscripción de hipoteca, por cada inmueble en que se deba hacer el registro: 85.00 Consecuentemente, resultan inaplicables las tesis que el quejoso invoca, porque, en cada una de ellas, se analizan normas que establecen el cobro de derechos con base en el valor del acto jurídico materia de la inscripción, lo que en la especie no acontece, ya que, se reitera, cada una de las porciones normativas impugnadas establecen una tarifa de 85 UMA (Unidades de Medida y Actualización) y no atiende el valor del inmueble, de ahí que resultan inaplicables las tesis invocadas por el quejoso. En ese sentido, al encontrarnos en un juicio de amparo cuyo estudio debe realizarse de estricto derecho, atento a la causa de pedir efectivamente planteada de la cual se observa que el impetrante hace descansar la inconstitucionalidad de la norma en un supuesto decreto que conforme al texto impugnado no se encuentra previsto es inconcuso que la presunción de constitucionalidad de la ley no fue efectivamente destruida y atento a dicho principio debe seguir rigiendo la situación jurídica del quejoso. Sirve de apoyo a la anterior conclusión la jurisprudencia 1a./J. 121/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 177264, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia(s): Común, página 143, del rubro y texto siguiente: LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con expresar la causa de pedir; sin embargo, ello no significa que los quejosos o recurrentes puedan limitarse a realizar afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman inconstitucionales los actos reclamados. Por tanto, en virtud de que toda ley goza de la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, corresponde a quienes la impugnan, la carga de la prueba, pues sólo así es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, al resultar inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia de la Unión respecto del artículo 77, fracciones II y III de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como respecto del cobro de la cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de la fracción II, del referido artículo y del cobro de la cantidad $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de la fracción III, del dispositivo legal de que se trata, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO promovido por MATHIUP ARELLANO VÁZQUEZ, por cuanto a los artículos 71 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 1, 2, 5, 6 y 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y decreto 351 por el que se expidió la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base al ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el cobro de los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria que se reclamaron al Congreso, Gobernador y, Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, así como respecto de sus actos de aplicación; por lo que respecta al Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, y en cuanto al contenido de los artículos 94 ter al 94 ter 11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que prevén el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y el impuesto adicional municipal, respectivamente, que se reclamaron al Congreso, Gobernador y, Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, así como respecto al cobro de la cantidad de $10,060.00 (DIEZ MIL SESENTA PESOS 00100 M.N), por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y $2,515.00 (DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), por concepto del impuesto adicional, en aplicación de las normas citadas que se reclamó al Tesorero, y Ayuntamiento, ambos de Jiutepec, Morelos, por las consideraciones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A MATHIUP ARELLANO VÁZQUEZ, respecto del artículo 77, fracciones II y III, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que se reclamaron al Congreso, Gobernador y, Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, así como respecto a los cobros de las cantidad de $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de la fracción II, del artículo mencionado y $6,417.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de la fracción III, del artículo referido, que reclamó Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiséis de abril de dos mil dieciocho, fecha en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de abril de dos mil dieciocho. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de veinte de marzo de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las ONCE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Comunicación del cambio del Titular de este Juzgado. Finalmente, se comunica a las partes que a partir del primero de abril de dos mil dieciocho el Titular del Juzgado es el Juez Jorge Isaac Lagunes Leano. Notifíquese y cúmplase...

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