Maryfe Garfias Dominguez
Expediente 1260/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1260/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maryfe Garfias Dominguez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de octubre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Ignacia Noeli Estrella Linares, quien se ostenta como representante de los menores Maryfe Garfias Domínguez y Emiliano Garfias Domínguez, contra actos de la Secretaria Técnica de la Comisión Dictaminadora de pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde 1260/2019-III. DESECHAMIENTO. De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: 1) Resolución dictada el 01 de agosto de 2019, que determina por no subsanada la prevención advertida a la solicitud de pensión por orfandad en favor de mis menores nietos Maryfe Garfias Domínguez y Emiliano Garfias Domínguez y en consecuencia determina desechar de plano la solicitud de pensión.)" (SIC) Causa de improcedencia. En ese sentido, al tratarse de una prestación de seguridad social en términos de los artículos 43, fracción XV, y 45, fracción XV, inciso c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por constituir una controversia que se suscita en el plano laboral, no puede considerarse tal actuación u omisión de las autoridades señaladas como responsables como actos de autoridad para efectos del amparo. En esas condiciones, se advierte de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Lo anterior, debe relacionarse con la jurisprudencia del Pleno en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito, derivada de la Contradicción de tesis 2/2016, con registro 2014236, publicada el doce de mayo de dos mil diecisiete, que dispone: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS.". Ahora, de los dispositivos legales previamente transcritos se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Sobre el particular resultan ilustrativas la tesis 2a. XXXVI/99 publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, Página: 307, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máxima intérprete de la ley, a través de diversos criterios, ha definido lo que debe entenderse por autoridad para los efectos del juicio constitucional, estableciendo sus características o notas distintivas en la tesis 2a. CCIV/2001, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Página: 39, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Respecto a la primera nota distintiva que refiere la citada jurisprudencia, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Ahora bien de lo narrado por la quejosa, así como de las constancias que anexó a su escrito de demanda, permite establecer que, en el caso, la quejosa reclama el acuerdo de uno de agosto de dos mil diecinueve, por el cual la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, tuvo por no subsanada la prevención realizada el veintidós de julio de dos mil diecinueve, y desechó su solicitud de pensión por orfandad que ejerció en favor los menores Maryfe y Emiliano, ambos de apellidos Garfias Domínguez, en términos del artículo 20 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal de Yautepec, Morelos. Artículo cuyo texto establece lo siguiente: "ARTÍCULO 20. El Secretario Técnico del conozca del Expediente de Jubilación examinara el escrito de solicitud y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano." De lo anterior se advierte que el acto que se reclama en el presente juicio de amparo deriva de una controversia que se ciñe exclusivamente a un derecho social derivado de una prestación de índole laboral existente entre tal autoridad y la allá solicitante, hoy quejosa. Luego, es evidente que el derecho social que pretende la parte quejosa le sea reconocido por la autoridad municipal, deriva necesariamente de un vínculo empleado-patrón, atendiendo a la relación laboral que existe o existió entre el trabajador al servicio del Municipio de Yautepec y éste, y que ahora se solicita sea reconocido a sus beneficiarios, por ende, nos encontramos ante una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno-gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional, ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes (Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje) pues el acto impugnado, no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ellos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados o sus beneficiarios. Lo anterior, ya que la determinación que deben emitir los Ayuntamientos cuando reciban una solicitud de pensión se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado o sus beneficiarios. Al respecto, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en los artículos 108 fracción I y 114, establece que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el Municipio, con sus trabajadores o beneficiarios y que el plazo de la prescripción de tal acción se interrumpe con la presentación de la reclamación o solicitud ante dicho tribunal en los casos de pensiones. Por consiguiente, el acto combatido en el presente juicio de amparo se circunscribe exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de garantías; lo cual implica que la parte quejosa, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice, se le vulneran con la determinación reclamada, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011343, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. Cabe señalar que la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores o beneficiarios, y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso, si una omisión o retardo relacionados con dicha prestación se encuentran justificados. Por tanto, no se trata de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos resuelva la solicitud de pensión que realice el trabajador o sus beneficiarios, pues, ello es facultad de los Ayuntamientos en tanto que el tribunal tiene competencia para dirimir los conflictos que surjan con motivo de esa solicitud, o incluso la omisión en otorgarle o de cubrir el pago de la pensión concedida. Lo anterior determinación es acorde con el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el recurso de queja 200/2019 de su índice, en el cual estableció que las pensiones jubilatorias tienen su origen en la relación laboral establecida entre el trabajador y la dependencia en la cual haya laborado, pues esa naturaleza no se extiende más allá de la concesión de la pensión, en el entendido de que cuando no hay duda del derecho social adquirido, se constituye entonces una nueva relación de naturaleza administrativa de supra a subordinación entre el pensionario y el órgano que la otorga, quedando en ella inmersos los actos u omisiones que acontezcan después de otorgada la pensión, y en la cual el interesado, como gobernado, se somete al imperio de quien esté a cargo de otorgar el pago de dicho emolumento, quien adquiere el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir ante sí y por sí la situación jurídica derivada del acto de otorgamiento de la pensión, el que constituye un derecho adquirido. Sin embargo, también se sostiene en la ejecutoria de mérito, que es el Tribunal Laboral quien tiene competencia para dirimir los conflictos relativos a la pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez que surjan con motivo de la solicitud y la eventual negativa a recibirla, la omisión de acordarla o el acuerdo denegatorio que recaiga a ésta, condiciones que únicamente pueden actualizarse cuando se pretende el reconocimiento de tal derecho. En ese sentido, en el particular la quejosa reclama el acuerdo de uno de agosto de dos mil diecinueve, por el cual la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, tuvo por no subsanada la prevención realizada el veintidós de julio de dos mil diecinueve, y desechó su solicitud de pensión por orfandad que ejerció en favor los menores Maryfe y Emiliano, ambos de apellidos Garfias Domínguez; y en ese sentido, son actos previos al otorgamiento de la pensión, de ahí que no se trate de actos inmersos en una relación de supra a subordinación a que se refiere la ejecutoria aludida. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diverso 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, por tanto SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA promovida por Ignacia Noeli Estrella Linares, quien se ostenta como representante de los menores Maryfe Garfias Domínguez y Emiliano Garfias Domínguez, contra actos de la Secretaria Técnica de la Comisión Dictaminadora de pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de cuenta; asimismo se tiene como autorizados con las facultades que refiere a las personas y profesionistas propuestos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
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