Mathilde Sophie Ricard

Expediente 675/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
675/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Mathilde Sophie Ricard

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón del día quince de noviembre de dos mil veintidós, de cuyo contenido se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial para hacer entrega del oficio 8624/2022, dirigido a la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, toda vez que, al constituirse en el domicilio proporcionado por la parte quejosa, esto es, el ubicado en calle 47, esquina con la calle 26, de la colonia Santa Margarita, se percató que las instalaciones de la mencionada Junta se encontraban cerradas y apoderadas, ya que en la puerta de acceso un grupo de abogados litigantes laboristas le obstruyeron el paso; por lo que, al no poder encontrar personal que la pudiera recibir, se retiró del lugar. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este juzgado, para que a primera hora del día hábil en que se reanuden las labores de las aludidas autoridades responsables, haga entrega de los oficios relativos, para los efectos legales que haya lugar, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa Mathilde Sophie Ricard, interpusiera recurso de revisión contra del auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional el presente juicio, transcurrió del veintiséis de septiembre al siete de octubre de dos mil veintidós, con exclusión del uno y dos de octubre del año en curso, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S.A./4075/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado y como justificación a su informe remite copias certificadas de diversas constancias del expediente laboral 436/2020. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Bajo ese contexto, en el caso, mediante escrito presentado vía electrónica, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), José Daniel Nápoles Flores, apoderado legal de Mathilde Sophie Ricard, promovió demanda de amparo contra el acto de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Carmen, consistente en la abierta dilación al procedimiento ante la omisión de emplazar a juicio a los demandados en el juicio laboral 436/2020. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se radicó con el número de expediente 675/2022, se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, entre otras determinaciones condignas. Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, en su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado y señaló que ya obran los emplazamientos efectuados a los demandados (i) SUBTEC, S.A. DE C.V.; (ii) SERVICIOS INTEGRALES RETHCIL, S.A. DE C.V.; y (iii) BLUE MARINE TECHNOLOGY GROUP en el juicio laboral 436/2020. Para corroborar su dicho la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, remitió copia certificada de los citatorios y emplazamientos practicados a las demandadas (i) SUBTEC, S.A. DE C.V.; (ii) SERVICIOS INTEGRALES RETHCIL, S.A. DE C.V.; y (iii) BLUE MARINE TECHNOLOGY GROUP.(fojas 24 a 31). Documentales a la que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documento público en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Carmen. Ahora bien, de las documentales remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, se advierte que el once de marzo de dos mil veintiuno, se llevaron a efecto los emplazamientos de las demandadas, esto es, con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Por consiguiente, al estar claramente demostrado que son inexistentes los actos reclamados consistente en la abierta dilación al procedimiento ante la omisión de emplazar a juicio a los demandados en el juicio laboral 436/2020, en relación a la fecha de la presentación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Por otra parte, no pasa desapercibido que la entonces Secretaria de Juzgado encargada del trámite de este expediente, no giró oficio a la autoridad responsable Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Carmen, para que rindiera su informe justificado, sin embargo, resulta innecesario ordenar la regularización del procedimiento para solicitar dicho informe, dado que ello ningún efecto práctico tendría, pues con o sin el informe de la mencionada autoridad responsable, el sentido del presente proveído sería el mismo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas del catorce de octubre de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente al quejoso, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S.A./4075/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado y como justificación a su informe remite copias certificadas de diversas constancias del expediente laboral 436/2020. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Bajo ese contexto, en el caso, mediante escrito presentado vía electrónica, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), José Daniel Nápoles Flores, apoderado legal de Mathilde Sophie Ricard, promovió demanda de amparo contra el acto de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Carmen, consistente en la abierta dilación al procedimiento ante la omisión de emplazar a juicio a los demandados en el juicio laboral 436/2020. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se radicó con el número de expediente 675/2022, se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, entre otras determinaciones condignas. Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, en su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado y señaló que ya obran los emplazamientos efectuados a los demandados (i) SUBTEC, S.A. DE C.V.; (ii) SERVICIOS INTEGRALES RETHCIL, S.A. DE C.V.; y (iii) BLUE MARINE TECHNOLOGY GROUP en el juicio laboral 436/2020. Para corroborar su dicho la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, remitió copia certificada de los citatorios y emplazamientos practicados a las demandadas (i) SUBTEC, S.A. DE C.V.; (ii) SERVICIOS INTEGRALES RETHCIL, S.A. DE C.V.; y (iii) BLUE MARINE TECHNOLOGY GROUP.(fojas 24 a 31). Documentales a la que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documento público en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Carmen. Ahora bien, de las documentales remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, se advierte que el once de marzo de dos mil veintiuno, se llevaron a efecto los emplazamientos de las demandadas, esto es, con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Por consiguiente, al estar claramente demostrado que son inexistentes los actos reclamados consistente en la abierta dilación al procedimiento ante la omisión de emplazar a juicio a los demandados en el juicio laboral 436/2020, en relación a la fecha de la presentación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Por otra parte, no pasa desapercibido que la entonces Secretaria de Juzgado encargada del trámite de este expediente, no giró oficio a la autoridad responsable Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Carmen, para que rindiera su informe justificado, sin embargo, resulta innecesario ordenar la regularización del procedimiento para solicitar dicho informe, dado que ello ningún efecto práctico tendría, pues con o sin el informe de la mencionada autoridad responsable, el sentido del presente proveído sería el mismo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas del catorce de octubre de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente al quejoso, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

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