Marvel Casanova Pérez

Expediente 392/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
392/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Marvel Casanova Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, cuatro de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 19588-IX, del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto número 61/2022 (número de orden 75/2022), derivado del presente juicio de amparo, en el que se le solicitó notificar al quejoso Marvel Casanova Pérez, el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin que resulte necesario remitir el acuse de recibo respectivo, toda vez que al haberse recibido vía electrónica, este se genera de manera automática. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa, las subsecuentes determinaciones, aún las de carácter personal, por lista que se fije en el local de este juzgado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, dieciséis de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Se tiene por recibido el oficio 6014/2022, del Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, mediante el cual, transcribe el acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo directo 779/2022, por el que el Magistrado Presidente de ese órgano jurisdiccional, determinó que el auto de uno de esos mismos mes y año, por el que declaró que ese órgano colegiado carece de competencia legal, por razón de vía, para conocer de la demanda de amparo promovida por Manuel de Atocha Novelo Chávez, en su carácter de asesor jurídico de Marvel Casanova Pérez, contra actos de la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Campeche con residencia en Ciudad del Carmen y de otra autoridad, ha causado estado y ordena remitir el expediente formado con motivo de la demanda de amparo y anexos consistentes en el original del toca número 77/21-2022/S.M., duplicado del expediente 466/15-2016/1F-II relativo al juicio sumario de guardia y custodia, así como del duplicado del incidente de modificación de convivencias dentro del juicio sumario civil 466/15-2016/1F-II. En consecuencia, acúsese recibo y radíquese la demanda de amparo con el número de expediente 392/2022-IV, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Con el original del toca número 77/21-2022/S.M., duplicado del expediente 466/15-2016/1F-II relativo al juicio sumario de guardia y custodia, así como con el duplicado del incidente de modificación de convivencias dentro del juicio sumario civil 466/15-2016/1F-II., fórmense los anexos I, II y III, respectivamente. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 5, fracción I, 6 y 11 de la legislación citada en primer término, los cuales disponen lo siguiente: Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (.)" De los preceptos legales transcritos, se advierte lo siguiente: 1. Que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. 2. Entre otros, el quejoso es parte en el juicio de amparo, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 3. El quejoso puede promover la demanda de amparo por sí, por su representante legal o por su apoderado. 4. Cuando quien comparezca al juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso y afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. 5. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por otro lado, los artículos 49-A, 49-B, 49-C y 49-D, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche establecen: Artículo 49-A. La asistencia técnica a quienes comparezcan ante los tribunales del Estado sólo podrá prestarse por licenciados en derecho o abogados con título profesional registrado. El asesor técnico se encuentra facultado para oír y recibir notificaciones en nombre de su asistido; formular peticiones de mero trámite; ofrecer pruebas e intervenir en el desahogo de ellas con las mismas facultades que la ley confiere a su asistido; formular alegatos; interponer recursos; y formular promociones para evitar la consumación de la caducidad de la instancia. El asesor técnico no podrá delegar en un tercero las anteriores facultades, ni podrá absolver posiciones en nombre de su asistido. Artículo 49-B. En su caso el compareciente estará obligado a expresar por escrito el nombre, domicilio, número de cédula profesional y clave del Registro Federal de Causantes de su asesor técnico, quien firmará también el escrito. Artículo 49-C. Los tribunales, cuando lo consideren conveniente, quedan en aptitud de requerir la exhibición de la cédula y la ratificación de la firma del asesor técnico. Artículo 49-D. Los pasantes de la carrera de licenciado en derecho y los estudiantes de los dos últimos años de la misma, podrán fungir como asesores técnicos cuando presten sus servicios bajo el patrocinio de un organismo oficial de asistencia jurídica gratuita y así lo acrediten con la documentación respectiva. De los artículos transcritos se prevé la posibilidad de que las partes autoricen en el juicio a un licenciado en derecho, pasante de derecho o estudiante de los dos últimos años de la carrera en su caso, para que a su nombre reciba notificaciones, elabore promociones de trámite, ofrezca y desahogue pruebas, presente alegatos, interponga recursos y formule promociones para evitar la consumación de la caducidad de la instancia. Bajo ese contexto, en el caso que nos ocupa, del escrito inicial de demanda y original del expediente 466/15-2016/1°F-II se advierte que Manuel de Atocha Novelo Chávez, promueve demanda de amparo como asesor técnico de Marvel Casanova Pérez. Ahora bien, en términos de los artículos 5, fracción I, 6 y 11 de la Ley de Amparo, el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, o apoderado. Lo anterior, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo. Ciertamente, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción (excepción hecha de los supuestos normativos establecidos); se obtiene que el asesor técnico nombrado en el procedimiento civil del Estado de Campeche, en términos del artículo 49 apartados A y B de la ley aplicable, no tiene el carácter de apoderado o representante legal del titular de la acción de amparo, sino que únicamente es un asistente legal, con las facultades que se le otorgan, para ejercerlas dentro del procedimiento civil ordinario y no fuera del mismo, pues la designación como asesor técnico, no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de este, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso civil de origen, por ser una figura de tipo procesal en la que el legislador no previó que el asesor técnico adquiriera el carácter de representante legal. Además, la acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien plantea una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, por lo que los actos vinculados directamente con la fijación de tal pretensión inicial, como lo es la formulación de la demanda, son exigibles al titular del derecho de acción o a su representante legal o apoderado. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XXX.19 C (10a.), del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 6, Octubre de 2021, Tomo IV, que dice: ASESOR TÉCNICO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN NOMBRE DE ALGUNA DE LAS PARTES A QUIENES REPRESENTA EN LOS JUICIOS DEL ORDEN CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). Los artículos 49-A, 49-B, 49-C y 49-D del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche prevén la posibilidad de que las partes autoricen en el juicio a un licenciado en derecho, pasante en derecho o estudiante de los dos últimos años de esa carrera, en su caso, para que en su nombre reciba notificaciones, elabore promociones de trámite, ofrezca y desahogue pruebas, presente alegatos, interponga recursos y formule promociones para evitar la consumación de la caducidad de la instancia; sin embargo, para interponer la demanda de amparo directo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada; lo anterior, adminiculado con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5o., fracción I, 6o. y 11 de la Ley de Amparo, ya que la promoción del juicio de amparo directo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal y directo, es decir, por quien figura como quejoso o por un representante legal o apoderado. En consecuencia, el juicio de amparo directo que se promueva por conducto del asesor técnico de alguna de las partes en los juicios del orden civil, es improcedente, porque la representación prevista en el artículo 49-A del propio código, sólo autoriza a actuar dentro del juicio natural y no así en el juicio de amparo directo, que reviste la característica de ser una acción autónoma. Por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 5, fracción I, 6 y 11 de la legislación citada en primer término, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Manuel de Atocha Novelo Chavez, quien se ostenta asesor técnico de Marvel Casanova Pérez. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. toda vez que el quejoso tiene su domicilio ubicado fuera del lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce su competencia territorial, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en los numerales 1, 27, 28, 79 a 82 y 101, párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en el Estado de Campeche con sede en San Francisco de Campeche , en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notifique a Marvel Casanova Pérez, a través de su asesor jurídico Manuel de Atocha Novelo Chávez, en el domicilio; Calle Gómez, Farías, Número 04, del Barrio de San Francisco, de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche. Asimismo, lo prevenga para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este juzgado, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de ese juzgado, como lo establecen los artículos 26, fracción III y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, devuelva por la misma vía las actuaciones que realice, sin que se requiera el acuse de recibo correspondiente, toda vez que el sistema lo genera al momento del envío. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la quejosa.

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